En el Teatro Colón se celebró el décimo aniversario de la Usina de Justicia, una asociación civil apartidaria que desde 2014 trabaja para acompañar a las víctimas de homicidio y femicidio y recuperar una Justicia justa que contemple a las víctimas. El evento consistió en varias exposiciones, entre las que se destacan algunos oradores.

Diana Cohen Agrest –filósofa e integrante de Usina de Justicia– recordó los comienzos, cuando unos pocos padres se unieron para darle sentido a la pérdida de un hijo y el dolor. Y describió cómo esa comunión de apoyo y asistencia se convirtió con los años en una entidad que consagra horas a construir una mejor justicia argentina. «Sin homenajes, sin épica alguna, los muertos de la democracia fueron invisibilizados«, expuso Agrest, al criticar que los Derechos Humanos fueran solo para «las víctimas de la Dictadura Militar».

«¿Y qué sucede en el presente? Hoy vivimos un tiempo en que todos quieren ser víctimas. Y respondiendo a un enrarecido clima de época, se continúan privilegiando unas víctimas sobre otras», agregó la filósofa.

En su discurso, Cohen Agrest revisó la idea de que el delincuente también es una víctima. Acepta que en muchos casos lo es, pero explica que «reconocer esta realidad exige trazar una línea que distinga a quien, siendo víctima de condiciones estructurales, ha delinquido y, por tanto, es culpable, de la víctima inocente». Dijo que al no reconocer ese límite, se cae en el error de considerar al delincuente víctima y a la víctima, victimario. «Así, el Estado sigue errando en su política penal».

Enumera tres fallas. Deja indefensas a las víctimas de delitos violentos, favorece al delincuente armado y busca reinsertarlo en una sociedad a la que el victimario, al vulnerar la integridad de un inocente, ha renunciado.

También abordó el problema del dogma de principio de inocencia. Lo considera obsoleto cuando se sostiene a pesar de contar con elementos probatorios como cámaras e imágenes. Criticó la famosa «calesita procesal» que termina, en muchos casos, con las prescripciones de las causas. «Una cosa es el respeto por la garantía de acceso a la doble instancia como lo ordena la ley y otra es el doble conforme, al que se aspira a toda costa y da lugar a una serie de artilugios procesales».

Durante el evento se explicó que sólo el 3% de los delitos llegan a juicio y que, en la mayoría de los casos, los delincuentes son beneficiados con penas irrisorias en juicios abreviados o con penas en suspenso. También se abogó a la ética de los jueces, que deben actuar sin favoritismo ni prejuicios; decidiendo autónomamente frente a los otros poderes.

También participó en la gala el jurista francés Pierre-Marie Sève, director de Instituto por la Justicia. La ONG impulsa la presentación de un Libro Blanco ante la Asamblea Nacional de Francia con 24 medidas, entre ellas, respetar las condenas, endurecer las penas a menores, la expulsión de extranjeros que delinquen y reintroducir la perpetua real –hoy en Francia son 18 años–. «Una propuesta nuestra es que haya una abogado en las comisarías para atender a las víctimas cuando hagan la denuncia», contó a Clarín Pierre.

Cuenta que en Francia hay un gran problema con los jueces, ya que muchos siguen su ideología y no respetan la ley. «Muchos son de extrema izquierda y ponen sus ideas personales sobre la ley, y eso genera graves problemas a la hora de sentenciar. Por eso nosotros proponemos una medida que contrarreste estas actitudes, para evitar penas que favorezcan al delincuente y perjudiquen a la víctima».

Resaltó que hay problemas muy parecidos entre Argentina y Francia en el funcionamiento de la justicia. «Tenemos una justicia muy ideologizada, que sólo ve una parte del problema, sin preocuparse por las consecuencia de las malas decisiones que toman».

El evento tuvo como eje central a las víctima del delito, una figura que venía siendo relegada en la Justicia. Por eso, mediante este encuentro, Usina de Justicia enumeró una serie de propuestas que «perfilará los próximos diez años de nuestra historia a una justicia penal cuyo centro debe pasar a ser la víctima».

Entre las propuesta mencionadas se encuentran la Defensoría Pública de Víctimas, una web para ellas, la baja de la imputabilidad, limitar la presunción de inocencia, entre otros puntos polémicos.

A continuación, la lista completa de propuestas:

Derechos y garantías de las víctimas

1. Designación y funcionamiento de las Defensorías Públicas de Víctimas: La Ley 27.372 creó 24 cargos de Defensores Públicos de Víctimas, pero solo 8 han sido designados. Se propone: a) La designación inminente de los Defensores que faltan y la autonomía necesaria para que puedan desempeñar su rol de manera efectiva. puedan desempeñar su rol de manera efectiva. b) Implementar mecanismos de auditorías para evaluar su desempeño y asegurar su independencia. c) Coadyuvar para que las provincias readecuen su legislación para una implementación armonizada de la ley nacional.

2. Replicar la figura del Abogado de la Víctima, ya implementada en la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias, lo cual aseguraría el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de delitos graves, sin importar su capacidad económica.

3. Fondo reparatorio para las víctimas de delitos graves: Se sugiere destinar lo recaudado en multas penales a un fondo fiduciario reparatorio que compense a las víctimas directas o indirectas, incluyendo ganancias perdidas y daños morales.

4. Sanción de una Ley de capacitación obligatoria sobre la Ley de Víctimas N° 27.372: Se plantea una ley que obligue a los tres poderes del Estado a capacitarse sobre los derechos de las víctimas, para garantizar su cumplimiento. Se propone la creación de una misma ley para que sea aplicada en provincia de Buenos Aires.

5. Creación de un sitio web de atención a víctimas que brinde información clara y accesible, incluyendo datos de Juzgados, Fiscalías y Defensorías Públicas en todo el país.

6. Que la reforma del Código Penal contemple: a) Incorporar en el marco de los homicidios agravados (art. 80 del Cód. Penal), los asesinatos cometidos a las víctimas más vulnerables (niños, ancianos, discapacitados). b) Prohibir la excarcelación en delitos cometidos con armas de fuego. c) Limitar el juicio abreviado para delitos leves y asegurar la convocatoria y participación activa de las víctimas en este proceso. d) Modificar los alcances de la legítima defensa.

7. Baja de la edad de imputabilidad a los doce años ante la evidencia de que los adolescentes comprenden la gravedad de sus actos. Esta medida también busca proteger los derechos de las víctimas.

8. Suprimir del nuevo Código Procesal Penal Federal la facultad del condenado para solicitar la revisión de una sentencia firme si se dicta a su favor una sentencia de la Corte Interamericana o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual. El Estado no puede renunciar a su soberanía, menos hacerlo a favor de los criminales.

9. Limitar la presunción de inocencia, ampliada por el Código Procesal Federal, el que establece que nadie puede ser considerado ni «tratado»- subrayo el término «tratado»- como culpable hasta tanto exista una sentencia firme. Este refuerzo de la presunción puede dificultar aún más el cumplimiento efectivo de la pena de prisión e, incluso, de la aplicación de la prisión preventiva.

10. Modificar las leyes vigentes de juicios por jurados y el régimen penal juvenil para que las víctimas tengan legitimación para recurrir veredictos absolutorios.

Iniciativas internacionales

11. Proyecto legislativo internacional: se propone la difusión y puesta en marcha de la Convención Interamericana de Derechos de las Víctimas de Delitos, creada por Usina de Justicia, que garantice los estándares de protección y reparación a nivel regional.