Treinta mil pesos. Eso es lo que vale una vida para la Justicia de Tucumán. El reclamo había sido hecho por los hijos de Ana María Andrada, quien murió en la Tragedia de la Cuesta del Totoral, en Catamarca, la catástrofe vial más grave de la historia Argentina. Recientemente la Corte Suprema revirtió ese fallo, pero eso no enmienda en nada la pésima actuación de la Justicia en este caso que quedó absolutamente impune.

En la tragedia murieron 47 personas y 26 resultaron gravemente heridas. Pero no fue un accidente sino resultado de la negligencia y la corrupción que, a pesar de haber sido probadas judicialmente, no concluyeron con el debido castigo a los responsables. Es decir, hubo un trámite judicial donde se identifican claramente a los culpables, pero no hubo ninguna sanción para ellos como consecuencia.

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“¡Agárrense que me quedé sin frenos!“, gritó Juan José Soberón, el chofer del micro Loyola Hermanos que bajaba la Cuesta del Totoral en Catamarca, el 15 de septiembre de 2002 a las 10 de la noche. Inmediatamente después el colectivo se aceleró de manera incontrolable. Cuando ya no tenía margen de maniobra, entre la montaña y el barranco, el chofer se cruzó de carril y se encontró con un camión de frente.

Ese fue el último volantazo. Al chofer no le quedaron más opciones y el micro atravesó el guardarrail e inició su caída por un precipicio de más de 100 metros. Se clavó de punta, es decir, la parte trasera del micro se levantó por sobre la delantera y el colectivo quedó con las ruedas hacia arriba. Después empezó a dar vueltas sobre sus costados hasta llegar al fondo del barranco. Un lugar inaccesible en medio de una apretada vegetación. Las tareas de rescate fueron dramáticas.

Ana María Andrada murió en ese micro. Esa noche volvía de Catamarca, donde había participado de una procesión de la Virgen del Valle. Ana, como la gran mayoría de los pasajeros, era de Concepción, Tucumán. El micro transportaba 73 pasajeros cuando estaba habilitado para llevar a 48. Esa fue la primera de las irregularidades comprobadas en el juicio. Pero hay muchas más que tienen que ver con la mala fe, las imprudencias e, incluso, la corrupción.

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Cuando los hijos de Ana recurrieron ante la Justicia por la muerte de su madre, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán sentenció a los responsables de su muerte a pagar 30 mil pesos más intereses a cada uno de sus hijos en concepto de “daño moral”. Y ni siquiera los gastos extras de sepelio ordenaron pagar a los culpables.

El Tribunal estableció que el 60% de la responsabilidad estaría a cargo del propietario del micro (Raúl Oyola), el 25% de los agentes policiales, quienes horas antes habían dejado pasar al micro en un control caminero y el 15% del Estado provincial.

La Justicia ordenó que el monto de la condena debía ser distribuido entre los demandados en razón de la responsabilidad atribuida a cada uno de ellos. Es decir, el dueño del micro debía pagar $18.000, la provincia de Tucumán $4500 y cada uno de los policías que habían aceptado la coima, $7500.

Porque se probó que Oyola había coimeado a dos policías de la Provincia de Tucumán (Manuel Antonio Garzón y Héctor Rolando Luján) para evadir el control en el puesto caminero de Huacra, motivo por el cual los tres fueron condenados por cohecho activo y pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, respectivamente.

Los montos de la indemnización son insultantes. Son ofensivos, si tenemos en cuenta que en ese mismo expediente y en la causa penal se comprobó que el micro, propiedad de Oyola, no estaba en condiciones de circular: carecía de frenos adecuados, no contaba con seguro obligatorio ni permiso para el transporte de pasajeros.

Además, trasladaba un número de personas que excedía notoriamente su capacidad: estaban ubicadas de forma precaria en el pasillo. Y como si todo esto fuera poco, el chofer no tenía licencia de conducir. Con todos estos hechos probados en el expediente, la Cámara sentenció a Olaya a pagar $18.000 más intereses por la muerte de Ana María Andrada.

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Pasaron más de 20 años de la tragedia y recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara de Tucumán. Concluyó (era de sentido común) que la indemnización era “insignificante” en relación a los delitos de los acusados y le reprocho a los jueces de fijar una indemnización “desprovista de fundamentos reales y basada en la sola voluntad de los jueces”. En consecuencia, la Corte declaró la sentencia arbitraria y ordenó a la Justicia tucumana a dictar un nuevo fallo.

La Tragedia del Totoral tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 38, en la zona conocida como Cuesta del Totoral, en el departamento Paclín de la provincia de Catamarca. Allí murieron 47 personas, decenas de familias quedaron destruidas y todo el pueblo de la ciudad de Concepción fue sensiblemente afectado por años.

Pero hubo otra tragedia del Totoral que duró más de 20 años en los juzgados de Tucumán. Ahí, jueces, secretarios y abogados llenaron cientos de hojas de papeles que se amontonaron en los tribunales. Llamar Justicia a todo eso sería una burla.

Tucumán, Accidente