Los libros cuestionados por su contenido sexual audaz, para algunos “pornográfico”, se enviraron a casi 2.800 escuelas de nivel secundario e institutos terciarios. Las protestas de padres o asociaciones civiles que incluso derivaron en una denuncia judicial por presunta “corrupción de menores” contra las autoridades educativas no modificaron el plan original del Gobierno de Axel Kicillof.

La colección “Identidades Bonaerenses” se distribuyó, como todo el material didáctico que envía la Dirección General de Escuelas provincial para el ciclo lectivo 2025. Las cajas con esos y otros contenidos pedagógicos están disponibles para la utilización (no obligatoria) de docentes o para la elección de los alumnos en las bibliotecas de toda la provincia, confirmaron a Clarín en el Gobierno.

“Se usa. Algunos profesores los piden. Están disponibles como cualquier otro texto”, dijo un directivo de la Escuela de Enseñanza Media 50, de 122 y 523, en Tolosa, La Plata. “No tenemos novedades de esos materiales”, dijeron en un establecimiento secundario de Necochea. Y lo mismo respondieron desde un centro de Tres Arroyos. Pero el operativo de logística para completar todo el territorio se inició junto con las actividades pedagógicas del año.

“Identidades Bonaerenses” es un bloque de 70 obras sugeridas para alumnos del ciclo orientado o superior del nivel secundario (4°, 5° y 6° año, es decir de 15 a 18 años). Para 11 de ellas se indica acompañamiento docente y mediación de un lector para su abordaje. Y otros 5, tienen como indicación la temática de “violencia de género”.

Pero algunos textos hicieron ruido en las aulas y fuera de ellas. Por caso, «Cometierra», de Dolores Reyes (2019). En un fragmento de la obra se lee: «Sacó su p… por encima del bóxer y me la acercó a la boca. Me dejé llevar a un beso tan suave como si lo que besara fuese una lengua. Le bajé el bóxer del todo. La piel que tocaba me gustaba. Podía apretarla con los labios…».

En “Las aventuras de la China Iron”, de Gabriela Cabezón Cámara, una versión tipo Martín Fierro, pero con el protagonismo de la mujer del gaucho, se puede leer: “Apoyó el hueco de su c… en la punta de la mía y empezó a moverse adelante y atrás, a resbalar sobre mis resbaladizas, sobre mis viscosas carnes íntimas, sobre mi c… que latía, echando burbujas como agua hirviendo y la veía a Liz desde abajo cuando se hamacaba para atrás y la seda del vestido no me cubría los ojos, las tetas meciéndose…”

En su momento, explicaron que se trata de escenas esporádicas. “Es un párrafo en todo un libro. Es una obra literaria, no se la puede juzgar por ese tramo”, dijo Alberto Sileoni, director de Educación provincial.

Kicillof ratificó la iniciativa. La defendió en público e incluso posteó una foto relajada donde se lo veía leer uno de esos materiales.

En total se adquirieron 554.000 ejemplares, que llevan una inscripción en donde se advierte que deben ser mediados por la intervención de un adulto. “Son herramientas para los docentes y los bibliotecarios de la provincia de Buenos Aires, y han sido distribuidos así: 2.350 escuelas secundarias, 443 escuelas secundarias técnicas, 195 institutos de formación docente y técnica. En 600 bibliotecas municipales populares y en 135 centros de investigación e información educativa de adultos.

“Pueden ser pensados por los docentes para usarlos en prácticas de lenguaje, lengua y literatura, filosofía, entre otras. Se hicieron más de 500 capacitaciones de docentes y bibliotecarios en distintas localidades de nuestra provincia a la que asistieron los autores de la colección, y sumamos una capacitación virtual a 25.000 docentes”, fueron los argumentos oficiales para sostener el proyecto.

Aunque la iniciativa es de mediados de 2023, fue a fines del año pasado que estalló la polémica cuando algunos padres detectaron el contenido de algunos textos. En un colegio de La Plata, el “Cristo Rey”, de 38 entre 22 y 23, hubo planteos ante las autoridades. Es una institución parroquial, con subvención del Estado que tiene –como lo indica su denominación- una orientación católica. La controversia era previsible en ese ámbito.

Hubo más en el Gran Buenos Aires y también se pronunciaron desde los colegios privados. “Valoramos el esfuerzo de la Provincia para aportar libros pero no tenemos obligación de utilizarlos. Y la ESI (Educación Sexual Integral) la abordamos según nuestros ideario y normativa”, dijeron desde Aiepa.

Y hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel se quejó. Desde las redes posteó: «Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Axel Kicillof les ofrece», posteó en X. Además, pidió retirar los libros de las aulas y que se respete «la inocencia» de los niños.

La controversia literaria tuvo otras derivaciones institucionales. Desde el Consejo General de Educación de la PBA, el órgano que delinea las políticas pedagógicas del sistema provincial elevaron un pedido de informes a Sileoni. Es que “Identidades bonaerenses” no pasó por ese órgano antes de iniciar la distribución. “No se comunicó bien el objetivo del programa. Y no contemplaron la reacción en las escuelas. Intentaron imponerlo porque creen que los que se oponen quieren destruir la ESI o son todos fascistas”, dijo a Clarín un consejero provincial.

No obstante, aclaró que, por cuerda separada la ESI tiene una colección que sí fue presentada en su oportunidad ante el Consejo. Son cuadernos de lectura y otros trabajos en los que «tal como piensa el gobierno, se insiste en la idea de no educar bajo el concepto de género y que cada individuo elige en algún momento su identidad», dijeron en el organismo.

También hubo un expediente que se abrió en el fuero penal. Lo instruye el fiscal Juan Menucci, quien convocó a los denunciantes y a autoridades de Escuelas. También citó a académicos y escritores que formaron parte del proceso de selección de las obras. “No aparecen indicios de un caso delictivo en todo esto”, dijeron en los Tribunales. Los denunciantes –una agrupación denominada “La Carlos Menem” y los abogados Nicolás Di Fabio y Adolfo Francisco Morán, en carácter de “particulares” no aportaron más pruebas que recortes periodísticos y menciones “vagas” sobre reclamos en colegios de Lanús, Quilmes y La Matanza.

Nada que pueda encuadrarse en la tipificación delictiva de presunta “corrupción de menores” o “difusión de pornografía”, por las que acusaron a las autoridades. Tampoco asomaría alguna transgresión a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.