La causa que lleva adelante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°9 por el amparo que presentó el Gobierno contra 23 prepagas se ha vuelto un ring no exento de una inesperada grieta entre las propias empresas. Tras la denuncia oficial de “cartelización”, lejos de mostrarse ahora en una actitud abroquelada, las compañías de medicina privada parecen apelar al “sálvese quien pueda”.

Hay que recordar que la Unión Argentina de Salud (UAS), que aglutina a las prepagas, transita una especie de paréntesis desde que Claudio Belocopitt renunciara el cargo de presidente. A la vez, el Gobierno les prohibió a estas empresas reunirse e intercambiar información -producto de la denuncia-, lo que ha vuelto el escenario más inestable todavía.

Esa situación se observa especialmente en la presentación que en su defensa ante la Justicia ha hecho una de las principales prepagas, Sancor Salud. Es una de las 23 que, de prosperar la demanda de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), debería devolver el dinero de las cuotas en caso de haber excedido la inflación acumulada desde diciembre.

El abogado Raúl Ferreyra García, letrado de la Mutual Sancor Salud, decidió utilizar como argumento en su defensa los contrastes en la política empresaria que podría llegar a haber entre las diferentes prepagas: “La actora (n. de la R: la SSS) deduce una demanda ‘indiferenciada’ contra la accionada, cuando existe una marcada heterogeneidad en el litisconsorcio pasivo de nuestro caso”.

Agrega: “La situación de nuestra parte es diferente a la de cualquier otro accionado. O al menos una parte de ellos. No podemos ser arrastrados por el eventual abuso que alguno -o algunos- de los codemandados haya cometido”. Y completa: “En consecuencia, su Señoría debe diferenciar prolijamente la situación de cada una de las accionadas”.

En este sentido, la presentación judicial es diferente a la que hizo Andrés Aznar, abogado de Swiss Medical, ya que en este último caso todo su contenido parece más corporativo que a título de una sola empresa. Es decir, los argumentos que da involucran a toda la industria de medicina privada -sin matices- y no a su compañía en particular.

Lo último puede tener varias interpretaciones, entre las que aparece una posible reminiscencia del pasado. Como se dijo, hasta hace diez días Belocopitt, dueño de Swiss Medical, era presidente de la UAS, cargo al que decidió renunciar justamente tras el amparo presentado por el Gobierno en la Justicia para demandar la devolución del dinero cobrado de más, a lo que se sumó la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio para que la reducción de las cuotas se cumpliera de manera inmediata.

La titularidad de la UAS quedó ahora a cargo del vicepresidente 1° de la Cámara y dueño de Omint, Juan Carlos Villalaroudet. El futuro de esta organización empresaria es hoy una verdadera incógnita, que va de la mano de las chances de que un nuevo interlocutor pueda dialogar con el Gobierno para intentar salir de este laberinto por arriba, por la vía política.

“La UAS está adormeciéndose, se va a enfriar, va a tener otro estilo. Villalaroudet es perfil bajo y no le gusta salir en los medios”, dijo a Clarín un integrante de esa cámara que a su vez es dueño de otra prepaga, también incluida en la demanda judicial. Y completó el cuadro: “Esto es un Big Bang en el que los fragmentos todavía están volando por el aire. Cada empresa está tomando decisiones individuales”.

Nada, da la impresión, volverá a ser como era. Uno de esos fragmentos es el dueño de Swiss Medical, que en cuarteles de invierno no para de preguntarse cómo se va a resolver el problema del financiamiento de la medicina privada ahora que la receta de las cuotas desreguladas ha fracasado en tiempo récord, según ha dejado trascender su círculo de confianza.

Lo que dicen es que Belocopitt, además, tiene otras dos preocupaciones: la más obvia es la causa que se tramita en los tribunales federales y que involucra a sus dos prepagas, Swiss Medical y Medicus. La otra pasa por tratar de recuperar su desgastada imagen producto del abierto enfrentamiento con el Gobierno. Con ese fin acaba de contratar a un grupo de expertos en asuntos públicos con experiencia en resolver situaciones de crisis.