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Uno de los sobrevivientes del choque en Playa del Carmen y el relato del horror: «Todavía no caigo que estoy vivo»

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Tiene la voz ronca y dice que le duele todo. Hasta las acciones más involuntarias, como respirar o pensar. Le duele respirar, porque tiene nueve fracturas en su torso, y le duele pensar, porque él es uno de los dos sobrevivientes del brutal choque en Playa del Carmen, de hace una semana, por el que además murieron cinco argentinos y pelea por su vida una sexta víctima. En diálogo con Clarín, Yamil Lucas Figallo cuenta detalles del choque y de su recuperación.

Llovía mucho. No era un día normal del Caribe, donde se cae el cielo durante una hora o dos y luego vuelve la normalidad. Ese día llovió todo el tiempo”, dice. Lucas, como prefiere ser llamado, hace referencia al domingo 18 de febrero. Elige, por respeto a quienes iban con él en el auto y murieron, no hacer referencia al viaje de ida. Sin embargo, Clarín pudo determinar que habían ido en busca de la renovación de las visas de turistas de seis argentinos en la frontera de México con Belice.

No se conocían entre sí: él, Micaela Papiermeister (que continúa en estado crítico), Nahuel López, Hernan Sibella, Gerónimo Amengual, Paula Silva y Maximiliano Laviano, cuyo propósito no era el de renovar su permiso de estadía sino el de conducir la Suzuki Artiga en que viajaban. “Ese día amanecimos con lluvia, en Playa del Carmen, y siguió lloviendo durante todo el trayecto de ida y el de vuelta. Yo viajaba en el asiento de acompañante, con el cinto de seguridad puesto”, precisa Figallo.

Tiene 30 años y desde hace tres meses está en Playa del Carmen. Nació y se crió en Mar del Plata, y hasta antes de ir a México, vivía desde hacía un año y medio en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires. Dice que conocer el Caribe era un sueño desde chico, y que pudo materializarlo laburando de entrenador físico y de modelo. Le gusta viajar: antes de México, pudo conocer Brasil y España. A México, asegura, fue con ese propósito: recorrer y conocer, no quedarse a vivir. Fue con ahorros que le permitían quedarse un tiempo más; esto no lo dice, pero quizás por eso buscaba renovar su visa de turista. Y lo logró el 18 de febrero.

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El argentino, que sobrevivió al accidente en el que murieron cinco argentinos y un mexicano, denunció que la empresa que contrató para el seguro de viaje «no se hizo cargo».

Estaba de retorno hacia Playa del Carmen, por la carretera federal 307, y continuaba lloviendo copiosamente. El viaje de varias horas, más de cinco, estaba cerca de culminar. Estaban por Puerto Aventuras, a una hora de distancia de Playa del Carmen, cuando había pasado media hora desde las doce del mediodía. “Yo estaba usando el celular y escuché: ¡No, no! ¡No!. Todo se resume a tres segundos: luego del grito del conductor, quien atinó a pegar un volantazo, la camioneta pegó contra el bulevar, dio vueltas en el aire y terminamos incrustados en la combi estacionada, en el carril contrario”, comenta Figallo.

Lucas Figallo es uno de los dos sobreviviente del choque de Playa del Carmen, en el que murieron cinco argentinos. Foto: InstagramLucas Figallo es uno de los dos sobreviviente del choque de Playa del Carmen, en el que murieron cinco argentinos. Foto: Instagram

Lo próximo que recuerda son gritos desde dentro de la camioneta, desde afuera de ésta y por parte de otros automovilistas que frenaron y pidieron auxilio. También las sirenas. Luego miró sus manos y sus pies, podía moverlos. Llegó a sacarse el cinturón de seguridad y cuando quiso mover su torso, el dolor intenso lo disuadió. Quiso romper el parabrisas con una débil patada, pero tampoco pudo. Quiso abrir la puerta, pero su fuerza no le alcanzó.

Según trascendió, la violencia del choque fue tal que los rescatistas tuvieron que trabajar más de tres horas sobre la camioneta en que viajaban. “Los bomberos tuvieron que abrir la puerta con una máquina neumática: entre que estaba trabada por la cerradura y la fuerza del choque, era imposible de abrir. Sólo después pudo asistirme el personal médico de emergencia”.

Estaba consciente cuando lo rescataron y cuando lo trasladaron en ambulancia hasta el Hospital La Joya, de Playa del Carmen. Cuando llegó allí, comenzó otra pesadilla. “Me ingresaron a la sala de urgencias y lo primero que me preguntaron fue si tenía cobertura médica que solventara la atención. Yo contraté un seguro de viaje antes de partir de Argentina, por lo que les pedí que contactaran a la empresa aseguradora. Les dijo que no cubriría los gastos y que éstos debían debitarse a las aseguradoras de los autos del choque”.

No movieron su camilla hacia adentro de la sala de atención médica hasta que Lucas abonó 8 mil dólares, prácticamente todos sus ahorros. Todo lo gestionó en soledad: nadie lo acompañaba en México, su madre y su hermana viven en España, y no tiene relación con su padre. Agrega Figallo: “Además de que estaba consciente, tuve la muchísima suerte de tener mi celular encima. Tuve que empezar a hacer movimientos de guita de aquí y de allá, juntar todos mis ahorros y, mientras estaba hecho mierda, pagar al hospital. Hasta que no vieron impactado el pago, no me ingresaron”.

Luego sí, le dieron el diagnóstico: tres vértebras quebradas, dos lumbares y una dorsal, además de seis costillas fracturadas, tres de cada lado. La policía lo visitó durante la primera hora de su internación para consultarle detalles del incidente vial, para poder esclarecer algo al respecto. Fue cuando entonces pudo relativizar su suerte, aunque algo intuía: supo que cinco de sus acompañantes resultaron fallecidos y que Micaela estaba grave.

Algunas horas más tarde pudo contactarse con su familia. Primero, envió un mensaje a su mamá y a su hermana, en España. Luego, otro mensaje hacia familiares de Mar del Plata, que celebraban el cumpleaños de una tía. Dilató el aviso tanto cuanto pudo, antes de pensar que sería mejor contar lo que pasó por cualquier eventualidad que pudiera pasar. Luego de los mensajes, su familia se enteró de la gravedad del hecho.

Cinco días y medio de internación antes del alta, que llegó el sábado pasado. “Todavía no me doy cuenta que estoy vivo y con todas las facultades: puedo hablar, puedo oír, no me falta ningún miembro. Sólo tengo, además de las fracturas, un raspón en el codo y un cortecito en la nuca. No creo en los milagros, por lo que digo que esto fue algo de película, una locura”.

Sin embargo, a pesar de que agradece enormemente seguir vivo y sin mayores secuelas, hay dos cuestiones que lo preocupan. Por un lado, la salud de Micaela Papiermeister, la otra sobreviviente, que aún lucha por su vida: además de múltiples fracturas, sufrió el colapso del bazo, por lo que tuvo que ser operada. Su salud, desde la intervención quirúrgica, aún no parece haber mejorado. Los papás de ella pudieron visitar a Lucas, mostrarle su apoyo y conocer el de él para la recuperación de Micaela. En su cuenta de Instagram (@lucas.yf), difunde noticias de la salud de ella, recibe mensajes de apoyo a ambos.

Pero por otro lado, a Lucas le preocupa su subsistencia económica. Varias son las aristas que se desprenden de esta cuestión. Para empezar, el seguro que pagó no lo asistió, aunque debía hacerse cargo de los costos de estas eventualidades. Por eso, está en litigio con la empresa que contrató, asunto que está en manos de un abogado en Buenos Aires. Si bien su voz es algo ronca y débil por su situación física, se alza cuando toca el tema.

“Casi todos mis ahorros tuve que ponerlos para la internación, aún cuando contraté un seguro en noviembre pasado, antes de viajar hacia México. ¿Para qué lo pagué? Me dejaron tirado”, dice, enojado. Su abogado presentó un recurso de amparo, y sostiene que hasta desde el consulado argentino de Playa del Carmen le dan la razón. Él cree que la aseguradora está dilatando el trámite y pateando la situación hasta que todas las excusas se esfumen.

Pero además de perder sus ahorros, que son poca cosa al lado de lo que le pasó y la fortuna que tuvo, está el problema de la subsistencia económica de aquí a futuro: casi no tiene plata. Está en otro país, ya casi sin dinero, encarando una rehabilitación que lo tendrá inmovilizado, literalmente, por varias semanas más. Algunas lesiones tomarán meses en curar. Por ende, se pregunta, ¿cómo mantenerse?

“Necesito que el seguro se haga cargo. Que me reintegre la plata que no debí haber tenido que poner y que también se hagan cargo de la mala sangre que me hice por la situación de descuido que me hicieron pasar”, expresa. Otra de las cosas que desea que el seguro costee es el viaje de retorno hacia Argentina, donde quiere terminar su recuperación. El problema es el siguiente: no puede viajar en un avión de clase turista, donde tendría que viajar en posturas incómodas, contraproducentes para su recuperación.

Aguarda, entonces, que el seguro haga lo que le corresponde y que pase la semana que le queda antes de volver a visitar nuevamente al médico. Aún le duele respirar profundo, estornudar, toser, moverse. Le duele también recordar las consecuencias del choque, un infortunio. “Desde que me internaron no paro de pensar que no tengo un minuto que perder. No nací de nuevo, como dicen algunos, pero cada instante ahora vale más”.



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Trata de personas: un empresario ganadero deberá pagarle 10 millones de pesos a una víctima de explotación laboral

Así lo resolvió un tribunal de la ciudad de Córdoba al homologar un acuerdo conciliatorio entre el imputado y la persona damnificada, quien realizó trabajos en su campo bajo condiciones precarias. A través de este “mecanismo alternativo de resolución de conflictos”, luego del pago se extinguirá la acción penal

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Un empresario agrícola ganadero deberá pagarle 10 millones de pesos a un hombre por contratarlo bajo condiciones precarias en un campo de su administración (Photographer: SERGIO VERGANO/)

Un tribunal de Córdoba homologó este martes un acuerdo dinerario entre un imputado y una víctima de explotación laboral con el que se extinguirá la acción penal. Se trata de un procedimiento de conciliación a través del cual un empresario agrícola ganadero deberá pagarle al damnificado diez millones de pesos por haberlo contratado para trabajar en su campo bajo condiciones precarias durante al menos siete meses.

La decisión estuvo a cargo del juez Jaime Díaz Gavier, miembro del Tribunal Oral Federal de Córdoba N°1, de la capital cordobesa, quien antes de avalar la procedencia del pacto entre el acusado, de 62 años, la víctima y el fiscal Carlos Casas Noblega, valoró al instituto conciliatorio como “un cambio de paradigma en el derecho penal, al propender a la solución de conflictos por mecanismos alternativos a la tradicional imposición de las sanciones penales (prisión, multa e inhabilitación)”.

Según la resolución judicial, a la que tuvo acceso Infobae, el acuerdo resarcitorio tuvo lugar a raíz de un presunto hecho delictivo que se describió en el requerimiento de elevación de la causa a juicio oral. Allí, en rigor, se consignó: “En un período de tiempo no determinado con exactitud, pero que se podría ubicar entre el mes de marzo y el 12 de octubre de 2022, en un establecimiento de cría de animales porcinos ubicado en un campo de 400 ha (…), aproximadamente a 7 km de la localidad de ‘Esquina’ de esta provincia -Río Primero, Córdoba-, V.E.S., en su calidad de propietario administrador del mismo, captó, recibió y acogió con fines de explotación laboral – finalidad que consumo – a A.E.A. oriundo de la localidad de Puerto Tirol, provincia de Chaco”.

Luego se precisó: “A tal efecto, en el mes de marzo de ese año, la víctima recibió una llamada del imputado -para quien habría trabajado anteriormente- ofreciéndole trabajo para el cuidado de animales porcinos a cambio de un sueldo de mensual de $60.000 y alojamiento para él, su esposa y su hijo menor de dos años. Bajo estas condiciones viajó hasta el lugar con su familia, donde fue recibido y acogido por el imputado. Una vez en el lugar fueron alojados por el imputado en una vivienda de construcción precaria, sin vidrios en las ventanas, sin calefacción, sin muebles, con un único foco como iluminación, un anafe a garrafa -que debía procurarse la víctima- y agua proveniente de un pozo que debían hervir próximo a una zona de desechos -entre los que había envases de químicos utilizados para la explotación del campo-”.

La víctima fue contratada bajo condiciones precarias en un criadero de cerdos (Foto ilustrativa: Reuters/Dominique Patton)
La víctima fue contratada bajo condiciones precarias en un criadero de cerdos (Foto ilustrativa: Reuters/Dominique Patton) (Dominique Patton/)

“Asimismo -se detalló en el requerimiento-, la víctima equipó la vivienda armando camas con palets y colchonetas sacadas de un galpón, y compró con sus propios ingresos comida, sábanas, cubiertos, platos y todo lo que iban necesitando para subsistir. De la misma manera las condiciones laborales prometidas por el imputado tampoco fueron cumplidas, teniendo la víctima que realizar también tareas de tipo veterinario -como colocar inyecciones, cortar la cola de los animales, sacarlos los colmillos o castrarlos- y otras ajenas a la cría de animales porcinos, como la limpieza de alambrados, movimientos de bolsones con tractores y máquinas, la reparación de rejas o la cosecha de maíz-. Tampoco el imputado proveyó a la víctima de ropa de trabajo o elementos de seguridad para llevar a cabo las tareas encomendadas. Así, la jornada laboral se extendió de lunes a lunes entre 14 y 16 horas, comenzando a las 8:00 hs y culminando entre las 22:00 hs y las 24:00 hs, no contando la víctima con tiempo de descanso suficiente para estar con su familia”.

Y concluyó: “El imputado no le permitió a la víctima asistir a las reuniones de su iglesia -evangélica- que se desarrollarían en horarios nocturnos. También, y bajo amenazas de quedarse sin trabajo, le indicó a la víctima que en caso de inspección del Ministerio de Trabajo debía negar que trabajara en el establecimiento y decir que estaban de paso. Finalmente, el 12 de octubre del corriente año, como consecuencia del allanamiento practicado sobre el campo, la víctima y su familia fueron trasladados para su asistencia por personal de la Subsecretaria de Asistencia y Prevención de Trata de Personas de la provincia de Córdoba”.

La conducta del empresario, radicado en la ciudad cordobesa de Colonia Caroya, fue encuadrada bajo el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Sin embargo, antes de ser juzgada, el fiscal presentó un acuerdo de conciliación donde el acusado se obligó a “reparar los eventuales daños ocasionados a la víctima por su proceder” a través de una “prestación dineraria” fijada en diez millones de pesos al contado más los honorarios de su abogado y el 21% del IVA. A cambio, la acción penal en su contra quedaría desactivada.

Juez Díaz Gavier
El juez Jaime Díaz Gavier, encargado de la homologación del acuerdo entre el empresario y la víctima de trata con fines de explotación laboral (Gentileza: La Voz)

Antes de definirse el juez Díaz Gavier evaluó las distintas normativas que avalan la posibilidad de un trato entre las partes del proceso para dirimir un conflicto penal sin llegar a la instancia de debate. En ese marco, trajo a colación al Código Procesal Penal Federal implementado por la ley 27.150, actualmente vigente en las provincias de Salta, Jujuy y, más recientemente, en la ciudad de Rosario, por medio del cual su artículo 22 dispuso: “Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.

Además, el magistrado afirmó: “asistimos a un cambio de paradigma en el derecho penal, al propender a la solución de conflictos por mecanismos alternativos a la tradicional imposición de las sanciones penales (prisión, multa e inhabilitación). Con el foco puesto en la víctima del delito, se abre a la par la posibilidad de una mejor situación procesal del imputado -quien de otro modo debería enfrentar un juicio oral con la posibilidad de sufrir una pena- y se favorece la dinámica de la praxis judicial”.

“Entonces -resumió el juez-, las partes –imputado y víctima- arribaron a un acuerdo conciliatorio para dar por finalizado el conflicto penal surgido a partir de la presunta actividad ilícita que se le atribuye al encausado. Según lo antes desarrollado, el Ministerio Público Fiscal consideró viable dicha proposición económica y de ser cumplida, solicitó el sobreseimiento por extinción de la acción penal”.

Luego dijo: “esta composición del conflicto permite alinearse a los objetivos de la norma y contribuir a la paz social. Cabe recordar que la justicia restaurativa parte de la concepción acerca de la cual, resolver el problema de la delincuencia es un proceso enfocado en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución del conflicto”. Y concluyó: “La participación de las partes es esencial al proceso y enfatiza la construcción de relaciones y reconciliaciones, así como el desarrollo de acuerdos entorno a un resultado deseado por las víctimas y los delincuentes”.

Bajo esos términos, el juez dictó la homologación del acuerdo “en pos de resolver el conflicto” y lograr “el restablecimiento de la armonía y la paz social”. El cumplimiento, dijo, deberá ser acreditado antes del 31 de julio del 2024 mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta que informe la víctima. Luego se resolverá sobre la vigencia de la acción penal.

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