Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), anunció este miércoles que el Partido Colorado acompañará el juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de la crisis desatada por la intervención y cierre del Ueno Bank, que dejó sin acceso a sus fondos a casi tres millones de clientes.

“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, el exmandatario confirmó el respaldo de la bancada oficialista al pedido de destitución: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.

El pronunciamiento adquiere una dimensión política especial: fue Cartes quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y quien controla la estructura del Partido Colorado, que hasta ahora detentaba mayoría propia en ambas cámaras del Congreso paraguayo.

Cartes enmarcó su decisión en un llamado a defender los valores del Partido Colorado

Para fundamentar su postura, el exmandatario apeló a la identidad del partido en el poder: “La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige”, cerró su mensaje en X.

La decisión de Cartes abre una fractura profunda dentro del oficialismo y coloca a Peña ante un cuestionamiento que ya no proviene únicamente de la oposición. El presidente no se ha pronunciado públicamente sobre el pedido de destitución.

El juicio político fue presentado por 35 legisladores y necesita 53 votos para avanzar

Un grupo de diputados opositores y disidentes del oficialismo presentó este miércoles ante la Cámara de Diputados un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, amparado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. El documento lleva 35 firmas, entre ellas las de los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, quienes solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para este jueves.

Para que la acusación avance al Senado, los impulsores deben reunir 53 apoyos sobre un total de 80 legisladores —una mayoría calificada de dos tercios—. En la Cámara Alta se requiere luego el voto favorable de 30 de los 45 senadores para declarar culpables a los mandatarios y abrir la puerta a su destitución.

El presidente de la Cámara baja, Raúl Latorre, convocó a dos sesiones extraordinarias para este jueves: la primera, fijada a las 10:00, tratará la acusación contra Peña; la segunda, la que apunta a Alliana.

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola, de la facción Añeteté, fue uno de los primeros en sumarse a las firmas del libelo y advirtió sobre el costo político de la crisis: “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”, declaró en referencia a las próximas elecciones presidenciales.

El Banco Central cerró el Ueno Bank tras detectar que su solvencia cayó a menos de la mitad del mínimo exigido

La crisis se desencadenó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank al comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, y sus depósitos incluían unos USD 850 millones en fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Tras el anuncio, se formaron largas filas frente a las sucursales y la capital, Asunción, fue escenario de protestas nocturnas. El BCP informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos USD 1.675) en la brevedad, con un tope de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de 75 salarios mínimos por persona.

Peña promulgó una ley de emergencia

En respuesta a la crisis, el Congreso aprobó en tiempo récord una norma de emergencia que Peña promulgó este miércoles. La ley establece un anticipo del FGD: cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales —equivalentes a 121,7 millones de guaraníes (unos USD 19.787)— en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor.

“A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”, publicó el mandatario en X. En paralelo, designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP, cargo que quedó vacante tras la renuncia de Carlos Carvallo, quien antes de llegar al banco central en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, entidad que dio origen al banco intervenido. El nombramiento deberá ser ratificado por el Senado.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para el fundador del banco y acusó a 27 personas

En el plano judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras vinculadas a operaciones realizadas entre 2025 y 2026, mediante las cuales se otorgaron préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico en condiciones que, según el Ministerio Público, no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación de riesgo crediticio.

El mayor accionista y uno de los fundadores de la entidad, Miguel Vásquez, compareció junto a otros siete directivos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para el resto de los ejecutivos. Los funcionarios fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y vistiendo chalecos antibalas, ante la presencia de manifestantes que los increpaban a las afueras de la sede fiscal.

Paraguay ya registró un precedente de destitución presidencial: en 2012, el Congreso apartó al entonces mandatario Fernando Lugo tras una masacre que dejó 11 campesinos y seis policías muertos a unos 250 kilómetros al noreste de Asunción.

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El Gobierno necesita que la actividad económica repunte antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Sin embargo, por mandato del presidente Javier Milei, no puede apartarse del equilibrio fiscal ni —según asegura— apela a un “plan platita”. En ese marco, desde agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya realizó siete anuncios que abarcan desde la flexibilización de los créditos en dólares hasta alivios para las pymes frente al fisco nacional. A la par, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabajan en otras cinco iniciativas.

El límite que plantea el Gobierno es fiscal. Caputo defendió ese criterio este miércoles durante su exposición en un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) donde rechazó la posibilidad de aumentar el gasto o incurrir en déficit para mejorar los ingresos de los hogares antes de las elecciones.

“También es muy difícil mantenerse. Escucho a ciertos colegas y veo cuán fácil pierden la convicción. Enseguida ya queremos movernos, dicen: ‘Ahora ya tenemos equilibrio; no están claras las elecciones, pongamos un poco de plata en el bolsillo de la gente’”, afirmó el ministro.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que una modificación de ese criterio tendría consecuencias sobre las necesidades de financiamiento del Estado. “Si tenemos un déficit de dos puntos, implica que vamos a tener que salir a buscar financiamiento por USD 14.000 millones. ¿Podemos? No”, señaló. También advirtió que abandonar el ancla fiscal afectaría las expectativas por los antecedentes de la economía argentina.

Esta semana, el equipo económico quedó más en evidencia respecto a sus intenciones para impulsar la actividad con la serie de medidas que Caputo comunicó durante su participación en el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Caputo anunció tres decisiones destinadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su relación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La primera estableció la suspensión de embargos hasta mayo de 2027.

También comunicó la extensión del plan de pagos hasta 18 cuotas. La modificación incluye deudas vencidas hasta el 31 de octubre, con lo que se amplía el alcance de esa alternativa de regularización. La tercera disposición habilita a las empresas a computar el 100% de sus saldos a favor contra impuestos aduaneros.

Los economistas consideran que esas tres medidas apuntaban a no empeorar aún más la situación de las pymes. Y que la única que podría llegar a tener un impacto sobre el nivel de actividad -aunque habría que analizar en que magnitud- es la nueva línea de créditos del Banco Nación para la compra de autos, cuya tasa será del 25% y los plazos previstos serán de tres, cuatro y cinco años.

Hasta ahora, las versiones extra oficiales indican que el financiamiento podría destinarse a vehículos de producción nacional. Esa condición todavía requiere una confirmación oficial y será relevante para determinar el alcance de la medida sobre la industria automotriz local.

Medidas para la construcción

Sin embargo, los anuncios comenzaron en agosto, cuando Caputo comunicó la flexibilización del acceso a créditos en dólares. La medida eliminó la condición que obligaba a los bancos a prestar en moneda estadounidense solo a quienes generaban divisas o contaban con la garantía de una empresa que cumplía esa condición.

La modificación amplió el universo de personas y compañías que pueden acceder a ese financiamiento. Si bien la flexibilización no tiene restricciones por sector, el ministro reconoció que apuntaban sobre todo a la construcción.

Esa medida se complementó, a posteriori, con el anuncio de licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Mediante esas licitaciones, el Gobierno busca fondear a los bancos con hasta $2 billones a largo plazo para que amplíen la oferta de créditos hipotecarios.

El esquema prevé licitaciones de hasta $200.000 millones. Los bancos pueden colocar fondos a un año a una tasa mínima de UVA +2,5%, o a cinco años con una tasa mínima de UVA +4,5%. La disponibilidad de recursos a plazos más extensos apunta a facilitar la originación de préstamos hipotecarios. Las entidades financieras deberán participar de las licitaciones para acceder a los fondos que ofrece el FGS dentro de este mecanismo.

Menos impuestos

Otra decisión se vinculó con el precio de los combustibles. En medio de la volatilidad internacional del petróleo y luego de los aumentos que las petroleras aplicaron en los surtidores tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el Gobierno resolvió postergar la actualización del impuesto a los combustibles.

La decisión quedó formalizada nuevamente mediante el Decreto 1305/2026, que fijó el 1° de diciembre como nueva fecha para aplicar la actualización. La ley establece que el impuesto debe revisarse cada tres meses según la inflación acumulada, pero el Ejecutivo decidió diferir ese traslado.

La medida buscó evitar una presión adicional sobre los consumidores y sobre la inflación. El impuesto forma parte de los componentes que inciden en el precio final de los combustibles, por lo que su actualización puede tener efecto sobre los valores de venta en los surtidores.

En camino

Además de los anuncios de Caputo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la CNV preparan cinco iniciativas para ampliar el crédito en pesos. El diagnóstico oficial fue expuesto por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante una ronda con inversores organizada en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia, en octubre de 2026.

La primera iniciativa se dirige a empleados públicos que cobran créditos personales mediante descuentos de haberes. El BCRA eliminará el tope de tasa de interés para esos préstamos y permitirá que el código de descuento se transfiera a otra institución que reúna las condiciones exigidas.

La intención es dar más seguridad a las entidades que adquieren una cartera ya otorgada y ampliar sus alternativas de fondeo. El cambio alcanzará a los préstamos que se cobran directamente a través del sistema de haberes de trabajadores estatales.

La segunda propuesta se concentra en empleados del sector privado que acceden a créditos con descuento salarial. El plan prevé centralizar los flujos de pagos con afectación específica por medio de la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa).

El trabajador conservará la facultad de asignar los fondos, mientras que el empleador no deberá asumir tareas administrativas asociadas con ese circuito. El objetivo es ordenar el flujo de cobros de los créditos con descuento de haberes en el sector privado.

La tercera medida que preparan el BCRA y la CNV apunta a los comercios. El Gobierno propone que los cupones de tarjetas sean reconocidos como instrumentos legales, digitales y transferibles. La iniciativa se dirige al tiempo que transcurre entre una venta con tarjeta y el cobro efectivo de los fondos. Con ese reconocimiento, los comercios podrán utilizar los cupones dentro de operaciones de financiamiento.

El proyecto también contempla que esos instrumentos puedan ejecutarse por procedimientos sumarísimos en caso de incumplimiento. El alcance de la medida se vincula con las ventas realizadas mediante tarjetas y con el acceso de los comercios a liquidez antes de la acreditación definitiva de los pagos.

La cuarta medida alcanzará a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), entidades que respaldan créditos de pequeñas y medianas empresas mediante avales. El BCRA busca que las SGR puedan sostener una mayor cantidad de créditos con el mismo fondo de garantía. La medida apunta a que más pymes accedan a préstamos o mejoren sus condiciones de financiamiento, como tasas y plazos.

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