POLITICA
Sudamérica produce entre 3.800 y 4.000 toneladas de cocaína por año, reveló la ministra Alejandra Monteoliva
Argentina como sede de la cumbre antidrogas más grande del mundo y los preparativos para recibir al papa León XIV fueron los dos ejes de la extensa entrevista que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, concedió este miércoles a Eduardo Feinmann en radio Mitre.
En el tramo más denso de la charla, Monteoliva expuso datos que ubican a Sudamérica como el mayor productor de cocaína del planeta y explicó por qué la elección de Buenos Aires como sede de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas —el foro antinarcóticos más relevante del mundo, organizado por la DEA— representa, en sus propias palabras, “un voto de confianza muy importante para nuestro país” y “un mensaje al mundo”.
Argentina en el epicentro del combate global al narcotráfico
La ministra fue categórica al describir el escenario regional: “Sudamérica es identificada hoy como el epicentro de la cocaína, el epicentro de la cocaína mundial”. Y aportó la cifra que sostiene esa afirmación: el continente produce entre 3.800 y 4.000 toneladas de cocaína por año.
El crecimiento no es homogéneo, pero sí generalizado. “Colombia hoy produce cinco veces más que hace diez años atrás. Bolivia produce más, Perú produce más”, enumeró Monteoliva. “Es un fenómeno muy significativo”, remató.
Frente a ese cuadro, la ministra trazó una distinción técnica que considera central para entender el rol de Argentina en la cadena del narcotráfico: “La producción es local, el tránsito es regional y el consumo es global”. Argentina, aclaró, es un país de tránsito, no de producción. “No es de producción como tal, de plantaciones de hojas de coca”, precisó.
Pero la distinción no termina ahí. Monteoliva citó el último informe de la Organización Mundial de Aduanas para mostrar un cambio en el mapa de las incautaciones globales: cuando se analizan los puertos de procedencia de los cargamentos decomisados —ya sea en Sudáfrica, en puertos del norte de Europa o en el sudeste asiático— Argentina aparece en el último puesto del ranking.
“Antes era un colador, Argentina era una cosa impresionante”, intervino Feinmann. La ministra ratificó el contraste: “Argentina está en el último puesto. En el primer puesto está Brasil”. Uruguay, añadió, también se ubica por encima de Argentina en ese listado.
La nueva modalidad del “buque madre” y el cambio en la inteligencia criminal
Monteoliva describió una transformación en la logística del tráfico que obliga a repensar las estrategias de persecución. Los grandes cargamentos que antes llegaban completos a puerto cambiaron su dinámica. Ahora operan mediante lo que se denomina un “buque madre”: una embarcación que navega en alta mar cargada con grandes volúmenes de cocaína y, en pleno océano, distribuye porciones a distintos buques menores.
“A un buque madre, voy a poner un ejemplo, que vaya con x cantidad de toneladas de cocaína, se desprenden distintos buques en alta mar”, explicó. “Mil kilos, ¿sí? Y distintos buques hacen una distribución en alta mar”. La ministra subrayó que esta modalidad “era algo que hace años atrás no venía” y que está implicando “un trabajo de inteligencia criminal distinto”.
La 40ª conferencia de la DEA: “Esto no había sucedido nunca en Argentina”
En ese contexto, Monteoliva presentó la 40ª edición de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) —que se desarrolla entre el martes y el jueves de esta semana en Buenos Aires, con el Ministerio de Seguridad como coanfitrión junto a la DEA— como un hito sin precedentes. “Es la cuadragésima, la versión número cuarenta. Esto es histórico en el país”, afirmó. “Tenemos presencia de ciento veinte países. Está el director de la DEA. Eso no ocurrió nunca en Argentina, nunca en Argentina”. La ministra describió el evento como una conferencia donde, durante tres días a puerta cerrada, “se definen las políticas de drogas globales”. Y destacó el peso político de la sede: “Hoy Argentina es sede de esa referencia”.
En ese marco, Monteoliva aprovechó para exponer el caso de Rosario ante los delegados presentes. “En la región nos miran”, sostuvo. Más allá de las sesiones plenarias, la conferencia incluyó una ronda intensa de reuniones bilaterales. “Hoy me reúno con mi par de México, con el de Colombia, con el de Bolivia. Nos vamos reuniendo de a dos países, y eso ayuda muchísimo, porque es sobre todo intercambio de información”, detalló.
El mensaje que Argentina lleva a esas mesas bilaterales, según la ministra, tiene tres pilares: “Somos un socio que está, que colabora, somos un socio que comparte información y somos un socio que está dispuesto a actuar”. La organización del evento implicó además un operativo de seguridad de envergadura. “Tengo a los ministros de Seguridad de buena parte del mundo, están los jefes de policías, están todos los delegados, directores de la DEA de ciento veinte países”, describió Monteoliva.
La primera reunión en Casa de Gobierno por la visita del papa León XIV
El segundo bloque de la entrevista giró en torno a los preparativos para recibir al papa León XIV, cuya visita apostólica está prevista del 8 al 11 de noviembre próximo. Monteoliva participó de la primera reunión formal de coordinación celebrada en Casa de Gobierno, que definió como “bien importante” y “aclaratoria”. De la mesa participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello; el canciller Pablo Quirno; funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires; el nuevo nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach —presente en el país desde hace pocas semanas—; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; y otros sacerdotes con tareas específicas en la organización. El primer punto que la reunión dejó en claro fue la distribución de roles. “La agenda la termina y la cierra el Vaticano”, subrayó Monteoliva.
Ese fue, dijo, uno de los puntos centrales que hacía falta explicitar. El segundo: que el evento en su conjunto —desde la llegada del Santo Padre hasta el miércoles 11 de noviembre— lo organiza el Gobierno de la Nación Argentina, en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
Tres sedes para las misas masivas y una avanzada el 30 de agosto
La ministra confirmó los tres lugares que concentrarán las celebraciones eucarísticas multitudinarias: el Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires, la Basílica de Nuestra Señora de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) en Córdoba. Este último tiene para Monteoliva una resonancia personal: en 1987, cuando Juan Pablo II visitó el país, ese mismo predio fue sede de la misa cordobesa. Sobre la posibilidad de que el estadio Monumental de River Plate sea uno de los escenarios, la ministra fue escueta: “No está definido”. La próxima fecha clave en el cronograma de preparativos es el 30 de agosto, cuando llega al país la segunda avanzada vaticana. “Ahí vamos a definir con mayor precisión lugares específicos, porque cuando estuvieron a finales de junio hicimos un relevamiento de varios lugares, pero no todos se iban a utilizar”, explicó. Los horarios de las misas, aclaró, tampoco están fijados aún: “La hora de la misa todavía no la sé”.
El dispositivo de seguridad y las dos resoluciones que prepara Monteoliva
La ministra detalló la arquitectura del operativo de seguridad. La protección inmediata del Santo Padre estará a cargo de la Gendarmería del Vaticano y la Guardia Suiza. El Ministerio de Seguridad tendrá bajo su responsabilidad el diseño de los dispositivos a partir de los requerimientos del Vaticano, el control y manejo de multitudes, y el cuidado de “la investidura del Santo Padre” en conjunto con la seguridad vaticana. Pero el alcance del operativo excede ampliamente la Ciudad de Buenos Aires. “Va a implicar un despliegue especial en rutas, en fronteras. Van a venir personas de los países vecinos, en puertos, en aeropuertos”, enumeró. Y añadió que los movimientos por tierra de todas las provincias requerirán coordinación específica. Monteoliva señaló que está próxima a firmar dos resoluciones de “comandos unificados”, el instrumento legal que le permite organizar formalmente el despliegue. “Es lo que a mí me permite empezar a organizar el despliegue”, explicó. El pedido que la Iglesia llevó a la reunión fue, según la ministra, uno solo: coordinación entre todas las jurisdicciones. “Creo que se fueron muy satisfechos con la respuesta”, evaluó. “Es imposible hacerlo en solitario”.
“Nunca me imaginé que me tocaría tener esta tarea”
Monteoliva no ocultó la dimensión personal que tiene para ella la organización de esta visita. A los 17 años estuvo en Córdoba como “servidora” —una figura que se había instalado en el país desde el Encuentro Internacional de la Juventud de 1985— durante la visita de Juan Pablo II en 1987. Aquella noche, ella y otros jóvenes hicieron la vigilia cantando frente al arzobispado de avenida Hipólito Yrigoyen, donde el papa pernoctó antes de la misa en el predio de FADEA. “Yo no sé cómo durmió ese hombre, porque cantábamos toda la noche”, recordó entre risas. Casi cuatro décadas después, esa misma mujer integra la mesa que organiza la llegada de un nuevo pontífice. “Nunca me imaginé que me tocaría algún día tener esta tarea”, admitió. Y sobre lo que implica la visita más allá de su rol institucional: “Para mí es algo muy especial. Yo creo que para todos los argentinos es una bendición, independientemente de católico o no católico”. Feinmann sintetizó el arco: “A los diecisiete años estaba ahí en la visita de un papa. Y ahora usted está en la mesa de organización de la visita de un papa”. Monteoliva respondió con una sola palabra: “Exactamente”.
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POLITICA
El Gobierno tomó posición ante los dichos de Trump sobre Malvinas y anticipó una inversión de US$450 millones
El Gobierno de Javier Milei evitó confrontar con Donald Trump por sus recientes declaraciones sobre las Islas Malvinas y ratificó que la Argentina mantiene como objetivo recuperar la soberanía por medios pacíficos y diplomáticos.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, se refirió este domingo a las palabras del presidente estadounidense, quien había advertido sobre un “desastre potencial” entre la Argentina y el Reino Unido por la disputa del archipiélago y se había mostrado dispuesto a intervenir como mediador.
“No es en contra de nadie, sino a favor de una solución pacífica”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.
El ministro explicó que la posición del Gobierno debe analizarse de manera coordinada y señaló que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno estaban evaluando las declaraciones del líder norteamericano.
Mientras tanto, desde Defensa buscan poner el foco en una estrategia de largo plazo para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, con la construcción de infraestructura militar y logística en Tierra del Fuego.
Trump habló de una posible guerra por Malvinas y dijo que podría intervenir para resolverla
“Todos los argentinos sabemos que es una causa nacional y sabemos que la única manera de recuperar la soberanía sobre las islas es de manera pacífica y diplomática”, sostuvo el titular de la cartera de Defensa.
Presti también reivindicó el reclamo argentino sobre el archipiélago y recordó a los soldados que participaron de la guerra de 1982.
“Nuestro reclamo de soberanía es inclaudicable. Han perdido la vida 649 hombres en nuestras islas, de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea”, afirmó.
“Las relaciones internacionales se manejan por otros andariveles”, explicó.
La alianza con Estados Unidos, en el centro de la estrategia
A pesar de las diferencias que pueden surgir en torno a la cuestión Malvinas, Presti destacó la relación estratégica que el Gobierno de Milei mantiene con Washington.
El funcionario sostuvo que el vínculo con Estados Unidos permite a la Argentina mejorar sus capacidades militares y recuperar equipamiento después de décadas de deterioro.
“Nos permite equiparnos y posicionarnos a nivel hemisferio”, afirmó.
En ese sentido, definió a las Fuerzas Armadas como una herramienta de la política exterior y destacó que el Gobierno comenzó a aumentar la inversión en Defensa.
“Es la primera vez en 40 años que veo una inversión importante en Defensa. Es una herramienta de diplomacia del país”, sostuvo.
La estrategia oficial busca fortalecer las capacidades argentinas en el Atlántico Sur sin presentar ese proceso como una preparación para un eventual conflicto armado.
Ushuaia tendrá una nueva Base Naval
Dentro de ese plan, uno de los proyectos principales es la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra que el Gobierno considera estratégica para reforzar la presencia argentina en el extremo sur.
Presti confirmó que la construcción comenzará en enero de 2027 y anticipó una inversión estimada en US$450 millones, distribuida en cuatro etapas.
El proyecto apunta a convertir la zona en un polo logístico y operativo para las actividades argentinas en el Atlántico Sur y, especialmente, para la proyección hacia la Antártida.
La obra también fue incorporada entre las prioridades del Presupuesto 2027. El Gobierno ya reasignó US$142 millones para el proyecto, aunque las estimaciones oficiales ubican el costo total entre US$400 millones y US$500 millones, por lo que todavía resta definir cómo se financiará el resto.
Base Naval de Ushuaia: cuánto invertirá Milei y qué obras comenzarán en 2027
Además de reforzar las capacidades de Defensa, el Gobierno avanzó con sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.
También prepara un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será enviado al Congreso para establecer nuevas herramientas frente a actividades relacionadas con los territorios en disputa.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró que la construcción de la base es una decisión unilateral de la Argentina y que no existe un acuerdo con Estados Unidos para financiarla o construirla. También remarcó que el Gobierno sostiene una estrategia diplomática y no una hipótesis de conflicto militar.
El Gobierno busca reforzar su presencia en el Atlántico Sur
La visita de Quirno y Presti a Ushuaia en los últimos días mostró que la Base Naval Integrada pasó a ocupar un lugar central dentro de la agenda oficial sobre Malvinas.
El canciller y el ministro de Defensa visitaron el lugar en el que se construirá la Base Naval Integrada
Los funcionarios recorrieron el predio donde se desarrollará la infraestructura y se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, además de autoridades militares y legisladores nacionales.
El proyecto apunta a mejorar la capacidad logística argentina en el extremo sur y a fortalecer la conexión con las actividades antárticas.
En ese escenario, las declaraciones de Trump agregaron un nuevo elemento al debate internacional sobre las islas. Mientras Washington deja abierta la posibilidad de intervenir como mediador, el Gobierno argentino busca sostener el reclamo histórico por la soberanía y, al mismo tiempo, profundizar su vínculo estratégico con Estados Unidos.
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La senadora nacional Juliana Di Tullio acusó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de haberle mentido al Senado sobre el destino de las reservas de oro enviadas al exterior. Aseguró que los lingotes están depositados físicamente en Londres, aunque vinculados a una cuenta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza.
“Bausili le mintió al Senado. El oro está en Londres, en el Bank of England”, sostuvo la legisladora en diálogo con Infobae. La controversia se generó después de que el titular del BCRA afirmara ante los senadores que el oro había sido depositado en el BIS “en Suiza, donde sigue estando”.
Di Tullio anticipó dos medidas a partir de la documentación que recibió de la Auditoría General de la Nación (AGN): ampliará una denuncia penal presentada contra Bausili por el caso del oro y promoverá una nueva citación del funcionario a la Cámara alta.
“Vamos a ampliar la denuncia que ya le hicimos a Bausili”, afirmó la senadora. Precisó que se trata de una presentación penal realizada hace aproximadamente dos años, que será complementada con la nueva documentación de la AGN.
También adelantó: “Vamos a pedir la citación porque, según la Carta Orgánica del Banco Central, se puede pedir. Quiero que venga y que me diga en la cara otra vez lo que me dijo”.
La AGN aún analiza la trazabilidad de las reservas de oro
El nuevo elemento de la disputa es una nota oficial que el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, le envió este jueves a Di Tullio en respuesta a dos consultas sobre el estado de los balances del Banco Central y el avance de la auditoría específica sobre la trazabilidad del oro colocado en el extranjero.
El documento establece que la AGN aprobó los estados contables de 2023 y 2024 mediante las resoluciones 100/2024 y 40/2026. En cambio, el balance de 2025 “se encuentra en proceso de análisis” y todavía no fue tratado por el Colegio de Auditores Generales.
La nota agrega que el BCRA entregó toda la información solicitada para la evaluación específica sobre la trazabilidad de las reservas de oro del Estado colocadas en el exterior.
Sin embargo, Olmos aclaró que la revisión no terminó: “La información remitida por el BCRA se encuentra aún en proceso de análisis por la demora —más de un año— incurrida por la autoridad monetaria en dar acceso a la misma”.
“A pesar del carácter reservado de la información, no ha concluido el análisis pertinente de la documentación remitida por el BCRA”, completó el presidente de la AGN.
Para Di Tullio, esa respuesta contradice uno de los argumentos de Bausili durante su exposición en el Senado: que la operación había sido auditada y que no existían observaciones.
La senadora marcó una diferencia entre la auditoría de los estados contables generales del Banco Central de 2024 y la revisión específica que el Congreso encomendó a la AGN sobre los movimientos y la trazabilidad del oro.
“La de 2024 es solamente sobre los balances del Banco Central. No tiene nada que ver con el oro”, explicó. Según reconstruyó, la AGN no pudo completar durante más de un año el trabajo específico por las dificultades para acceder a la información requerida.
“Por eso me mintió. Nos mintió”, afirmó.
Di Tullio sostiene que los lingotes están bajo custodia en Londres
El punto central de la controversia es la ubicación física de los lingotes. Bausili sostuvo ante los legisladores que el oro había sido trasladado y depositado en el Banco de Pagos Internacionales, cuya sede se encuentra en Basilea.
Di Tullio afirma, en cambio, que la ubicación física es Londres. “Vos no me podés decir que está en Basilea cuando está en Londres. Vos lo que me podés decir es: está en el BIS, pero con asiento en Londres”, sostuvo.
“Nunca estuvo en Basilea, siempre estuvo en Londres”, añadió.
Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la información vinculada con la auditoría, la diferencia radicaría entre la titularidad o cuenta bajo la cual están registrados los activos y su custodia física. La trazabilidad analizada ubicaría el recorrido de los lingotes desde la Argentina hacia Londres, y no hacia Basilea.
Es decir, los activos pueden estar vinculados operativamente al BIS, pero el oro físico estaría depositado en el Bank of England. Ese es el punto que Di Tullio sostiene que Bausili omitió cuando respondió en el Senado.
La legisladora vinculó la forma en que el Gobierno presentó la información con el reciente endurecimiento del discurso oficial alrededor de la cuestión Malvinas. “Lo que yo creo es que con esta sobreactuación malvinera repentina no quieren decir que el oro no está en Basilea, sino que está en Londres”, dijo.
“No quieren decir que está en Londres”, insistió. Y agregó: “Que el oro tuyo lo tenga tu colonizador no está muy bueno”.
Durante su presentación ante el Senado, Bausili explicó que el Central mantuvo bajo reserva determinados detalles de la operación para impedir que otros participantes del mercado operaran contra la entidad.
“Cuando el Banco Central expone sus posiciones financieras, está invitando al resto de los agentes a operar en contra; le hace más difícil y costoso al Banco Central, entonces se resguarda cierta información para que no le operen en contra, se publica con rezago por los controles”, sostuvo.
El titular del Central aseguró que los movimientos estaban registrados y auditados. También explicó que el BCRA tenía distintos tipos y calidades de lingotes, algunos fundidos décadas atrás, y que a comienzos de 2024 surgió una oportunidad para mejorar esos activos a un costo inferior al habitual.
“En el mercado, cuando hay más o menos escasez, ese costo se achica o agranda. A nosotros se nos dijo que había alta demanda por lingotes de oro y, en ese contexto, se bajaron costos de aceptación de lingotes viejos de menor calidad. Al final, todos se analizan”, afirmó.
Luego dio la explicación que originó la nueva controversia: “Era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo más bajo que el histórico, convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta. Entonces se trasladó y depositó en el BIS de Suiza, donde sigue estando”.
Di Tullio cuestionó esa descripción y el argumento de que la operación buscaba mejorar la calidad de los lingotes. “¿Por qué no traés el oro? Si ya hiciste el negocio”, planteó.
Según la senadora, si el objetivo era cambiar o certificar lingotes de menor calidad y ese procedimiento ya finalizó, el BCRA debería explicar por qué el metal permanece fuera del país. “Traelo”, resumió.
La reforma de la Carta Orgánica abrió otra discusión sobre las garantías
La discusión coincide con el tratamiento legislativo de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya obtuvo media sanción en Diputados. Di Tullio puso especial atención sobre el artículo 13 de la iniciativa y las modificaciones relacionadas con las garantías que puede otorgar la autoridad monetaria.
La senadora sostiene que la normativa vigente prohíbe utilizar el oro como garantía y considera que el nuevo texto modificaría esa situación. “Hoy está prohibido usar el oro como garantía”, señaló.
Di Tullio planteó como hipótesis que los activos ya podrían haber sido utilizados para respaldar una operación financiera. “Yo creo que es lo que hicieron, obviamente”, afirmó. Luego aseguró: “Efectivamente, usaron el oro como garantía. Cosa que está prohibida”.
Ese último punto constituye una acusación de la senadora y no surge acreditado en la carta enviada por la AGN. Según explicó, será uno de los aspectos sobre los cuales buscarán profundizar tanto en sede judicial como en el Senado.
Di Tullio relacionó esa sospecha con el proceso de análisis y certificación de los lingotes. “Para eso, necesitás ver la calidad del oro, si no, ¿para qué va al Bank of England?”, sostuvo.
La utilización de las reservas como garantía fue uno de los temas planteados durante el debate parlamentario de la reforma. La oposición busca determinar si las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo habilitarían únicamente operaciones futuras o si podrían estar vinculadas con decisiones adoptadas desde 2024.
El traslado del oro había sido reconocido públicamente en julio de ese año por el ministro de Economía, Luis Caputo, después de una serie de pedidos de información del Congreso. “Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo”, sostuvo entonces para justificar la decisión.
Desde entonces hubo pedidos para conocer la cantidad trasladada, el destino de los lingotes, las empresas involucradas, las condiciones de custodia y el eventual rendimiento obtenido por el Central.
La controversia se profundizó porque la auditoría específica encargada por el Congreso no pudo completarse durante más de un año. La carta de Olmos establece ahora que el BCRA entregó toda la información solicitada, pero también que el análisis continúa y que la evaluación específica de la trazabilidad del oro todavía no concluyó.
Di Tullio considera que esa precisión alcanza para cuestionar la afirmación de Bausili de que el tema ya había sido auditado sin observaciones. “Bausili le mintió al Senado”, insistió.
La senadora exige que el funcionario vuelva al Congreso y responda sobre tres cuestiones: dónde están físicamente los lingotes, por qué siguen fuera del país y qué utilización tuvo el oro desde que salió de la Argentina.
La respuesta será reclamada por dos vías: la judicial, mediante la ampliación de la denuncia penal ya existente, y la parlamentaria, a través de un pedido formal para que el presidente del Banco Central vuelva a presentarse ante el Senado. “Quiero que venga y que me diga en la cara otra vez lo que me dijo”, resumió Di Tullio.
mario mosca / comunicación ins
El Tribunal Oral Federal 5, a cargo de Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, dará a conocer este lunes el veredicto en la causa Sueños Compartidos, que investiga el presunto desvío de fondos públicos del programa de viviendas sociales gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La sentencia, que estaba prevista para el viernes, quedó a 24 horas de la fecha que el Ministerio Público Fiscal considera límite para que prescriba la acción penal respecto de la mayoría de los acusados.
Sucede que, según el cómputo de la fiscalía, el martes 15 de septiembre se cumplen seis años desde el último acto procesal que esa parte considera válido. Las defensas, en cambio, sostienen que la acción penal ya se extinguió.
La prescripción sobrevuela el juicio desde su inicio. La causa comenzó en 2011 y recién llegó a debate oral en marzo de 2026, 15 años después, cuando la acción penal ya estaba cerca de extinguirse por el paso del tiempo. El plazo de prescripción es de seis años, tope previsto para el delito que se juzga en la causa y se cumple este martes.
Este lunes, la audiencia comenzará con las últimas palabras de Castellano, Freidin y los Nasif, y recién después se conocerá el veredicto.
Entre los nueve acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación, el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obra Pública, José López y el exsubsecretario de ese organismo, Abel Fatala. También están imputados los exfuncionarios Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano. Hebe de Bonafini estuvo procesada, pero falleció en 2022.
El único que habló el viernes fue Sergio Schoklender. Agradeció a sus abogados, defendió el alcance del programa de viviendas y, al pasar, aludió a la expresidenta Cristina Kirchner: “No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver”. De Vido, López, Pablo Schoklender y Fatala no hicieron uso de la palabra.
La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones. El juicio oral se desarrolló en seis meses.
Qué penas pidió la fiscalía
El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron que los nueve acusados sean condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Para Sergio y Pablo Schoklender, De Vido, López y el exfuncionario Abel Fatala solicitaron seis años de prisión.
Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin pidieron cuatro años. En el caso de los exfuncionarios, además, reclamaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los acusadores también solicitaron el decomiso de bienes por $206 millones, el monto que, según la investigación, fue desviado de los fondos destinados al programa. La Fiscalía pidió que esa cifra se actualice por inflación cuando la sentencia quede firme y que el dinero sea destinado a programas de viviendas sociales.
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