POLITICA
Sur Finanzas: ordenan unificar las causas contra Ariel Vallejo, el financista cercano a Tapia, en el juzgado de Lomas de Zamora
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este miércoles que se unifiquen las causas contra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella.
Con esta decisión, el juez Federico Villena, que tenía la otra causa iniciada contra el financista ligado al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, deberá enviar de inmediato el expediente a Armella.
Con la firma de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, el fallo consideró que “la separación de las investigaciones corre el riesgo de fragmentar artificialmente un fenómeno que, en su propia lógica de funcionamiento, aparece como integrado”.
Además, profundizaron los camaristas, que ambos expediente se investiguen por separado implican riesgos evidentes, “como la duplicación de medidas probatorias, la posibilidad de decisiones contradictorias y la pérdida de una visión integral del fenómeno delictivo”.
En ambos expedientes “se repiten los mismos nombres de empresarios, dirigentes y sociedades, existen relaciones contractuales y financieras cruzadas y en ese contexto Sur Finanzas podría haber operado como vehículo de circulación y blanqueo de fondos”, concluyó Casación.
Ayer, la fiscal Cecilia Incardona y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitaron la detención de Vallejo y su madre, Graciela Vallejo, porque debían presentarse a declarar al juzgado de Armella y no lo hicieron.
La fiscal pidió su detención, pero el juez le fijó una nueva fecha para el 26, bajo apercibimiento que si no concurre ordenará su captura.
La declaración de Vallejo está cargada de expectativa por las sospechas de los investigadores de que el financista habría manejado dinero de dirigentes del fútbol y de la política.
La causa contra Vallejo
El Juzgado Federal de Lomas de Zamora investiga un supuesto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
En ese periodo, según la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar “apariencia de legitimidad” a flujos económicos sin contraprestación real.
El expediente involucra movimientos por más de 800 mil millones de pesos y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
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En ese contexto, Armella y la fiscal Incardona buscan determinar si existió una asociación ilícita creada con el objetivo de “cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes”.
Entre los ilícitos que se investigan, la hipótesis incluye el lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.
Sur Finanzas, AFA, Justicia
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó este lunes a varios empresarios, despachantes de aduana y operadores logísticos por integrar la primera organización criminal investigada en la causa conocida como la “Mafia de los Contenedores”.
La maniobra de contrabando agravado se realizaba mediante documentación falsa que generó un perjuicio fiscal superior a los 18 millones de dólares entre agosto de 2015 y enero de 2016.
El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni, impuso penas de siete años de prisión a Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, a quienes consideró coautores del delito de contrabando agravado.
Jorge Carlos Fano, titular de la firma TT Cargo S.A., y Eduardo Urraco recibieron condenas de seis años de prisión. Otros integrantes de la organización fueron sentenciados a penas de entre cuatro y cinco años y 10 meses de cárcel.
El fallo dispuso también el retiro de la personería jurídica y la cancelación de la inscripción registral de las sociedades TT Cargo S.A. y Cuiper S.A., utilizadas como vehículos para la maniobra ilícita.
El tribunal rechazó todos los planteos de nulidad formulados por las defensas, incluyendo aquellos referidos a los allanamientos, los secuestros de prueba informática y la supuesta violación del plazo razonable del proceso.
El origen de la causa
La investigación acreditó que la organización operaba con un sofisticado sistema de doble circuito documental. Los documentos originales emitidos en China daban cuenta del embarque de telas y prendas de vestir, mientras que en la Argentina se generaba una documentación paralela que declaraba la mercadería como carbonato de calcio, un producto que tributa aranceles mínimos.
De esta forma se concretaron 31 operaciones de importación y se frustró un intento adicional detectado en el puerto de Buenos Aires.
El fiscal general ante el juicio oral, Gabriel Pérez Barberá, sostuvo que la prueba permitió acreditar “la existencia de una organización coordinada, con funciones perfectamente distribuidas y un doble circuito documental diseñado para engañar a la Aduana”.
El tribunal consideró acreditados los agravantes legales: la intervención de un funcionario aduanero, la participación de más de tres personas, el uso de documentación adulterada y el elevado valor económico de la mercadería.
La causa es considerada testigo dentro de un conjunto de expedientes que investigan maniobras similares de subfacturación y utilización de empresas pantalla para el ingreso de mercaderías desde Asia eludiendo los controles estatales.
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La investigación fue impulsada durante la gestión de Juan José Gómez Centurión en la Dirección General de Aduanas y tramitó ante el juez Marcelo Aguinsky, la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los fundamentos completos del veredicto serán dados a conocer el 22 de septiembre próximo.
Mafia de los contenedores, Justicia, Contrabando
POLITICA
La vicegobernadora de Mendoza rechazó las críticas de la embajada de Francia: “¿Por qué me rectificaría?“
MENDOZA.- Luego de que la embajada de Francia en Argentina repudiara y declarara “persona non grata” a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, que dijo que la selección gala de fútbol es un “equipo africano”, la funcionaria relativizó los cuestionamientos y rechazó retractarse.
Días atrás, Casado se quejó de que la acusaran de racismo y dijo que habló en el marco del folclore futbolero: “Hacen un mundo de todo”, minimizó. En las últimas horas, luego de que el embajador francés, Romain Nadal, la acusara de “persona racista”, Casado aseguró que no tuvo comentarios de esas características.
En diálogo con , la número dos del gobernador radical Alfredo Cornejo se defendió de las críticas y sentó nuevamente su postura. “No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad», expresó la funcionaria mendocina, y agregó: “Hay mucho wokismo y correctismo político que hace rato impide que la gente se exprese”.
Asimismo, Casado aclaró que no ha recibido ninguna presentación formal en su contra, más allá de las crónicas periodísticas. “Es lamentable que el embajador considere peyorativo ser africano. Para mí no es un calificativo racista”, sostuvo la vicegobernadora.
Por su parte, el diplomático francés dijo que esperan una comunicación de parte de Cornejo acerca de la polémica que generó la funcionaria provincial. Hasta ahora, según indicó Nadal, sólo recibió el contacto del diputado nacional mendocino Luis Petri y de la legisladora Patricia Holzman, presidenta del grupo de amistad con Francia en la Cámara de Diputados, que condenó los dichos de Casado.
“La declaré persona non grata porque no retiró su declaración racista y no puedo admitir en reuniones de cooperación bilateral con el Gobierno de la Provincia de Mendoza estar en presencia de una persona racista que hizo declaraciones abiertamente racistas”, aclaró Nadal durante una entrevista en el programa De Acá en Más, de Urbana Play, donde agregó: “No hay espacio para el racismo en la cooperación franco-argentina y el racismo no es una opinión, es un delito”.
El diplomático insistió en que Casado no será invitada a los eventos oficiales mientras mantenga su postura.
Casado también había dicho, sobre la figura del equipo, Kylian Mbappé: “No lo aguanto más”. Sus declaraciones fueron realizadas tras el tenso encuentro por octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay, que terminó con la eliminación de los sudamericanos y la clasificación de los europeos.
En su posteo en las redes sociales, Casado había felicitado primero al equipo paraguayo por su desempeño en la cancha, pero inmediatamente después cargó contra los franceses. “El equipo africano, flojo de modales”, se despachó la funcionaria mendocina, lo que generó gran cantidad de comentarios.
Días atrás, la vicegobernadora trató de explicar sus afirmaciones. “Si hay algo que deben aprender de la Argentina el resto de los países es que fuimos los primeros en abolir la esclavitud y eso permitió el mestizaje de razas, culturas y religiones. Debemos ser el país menos racista del mundo”, dijo Casado.
No es la primera vez que Hebe Casado, exdirigente de Pro, provoca polémicas en tierra cuyana que tienen alcance nacional. Sus declaraciones y posteos, alineados con la derecha y con posturas libertarias, suelen generar muchas interacciones.
En el pasado, acumuló críticas por varias declaraciones. Casado comparó los muertos por Covid-19 con los desaparecidos (“Son 30.000, no como los otros 30.000″, dijo), deseó que la expresidenta Cristina Kirchner se contagiara de coronavirus y, en alusión al uso de pirotecnia (algo prohibido) y los reclamos de los padres de chicos con autismo, dijo que la solución era “tapar los oídos de los niños” y advirtió: “No podemos estar en la puerta de cada casa”.
declarara “persona non grata”,“equipo africano”,,https://t.co/8NSFJsxl2X,July 12, 2026,los muertos por Covid-19 con los desaparecidos,Cristina Kirchner se contagiara de coronavirus,“tapar los oídos de los niños”,Pablo Mannino,Conforme a
POLITICA
El oficialismo negocia y busca aprobar en el Senado una ley que habilita desalojos en 20 días
El oficialismo apura las conversaciones en el Senado para llegar al próximo jueves con los votos necesarios para darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El proyecto, enviado por el Ejecutivo nacional y modificado en las conversaciones con los bloques dialoguistas, establece entre sus puntos principales que un inquilino puede ser desalojado en 20 días por falta de pago.
En los pasillos del Senado aseguran que “todavía” no están los votos y que si es cierto lo que afirma La Libertad Avanza —que cuenta con el número necesario— es “muy finito. Si alguien de los socios no viaja, se cae”.
Impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, la iniciativa llega al Senado el jueves 16 de julio con 13 versiones previas y reformas en seis grandes áreas.
Uno de los puntos más relevantes tiene que ver con los desalojos de inquilinos por falta de pago, capítulo en el que el oficialismo aceptó la mayor cantidad de cambios.
El proyecto establece que ante la falta de pago, el propietario debe intimar al inquilino con un mínimo de 10 días corridos —ampliado desde los 3 días del texto original— para regularizar la deuda. La notificación puede hacerse en el domicilio del contrato o por correo electrónico, y debe indicar el lugar exacto de pago.
Si persiste el incumplimiento, el propietario puede iniciar la acción de desalojo, que se tramita en 10 días hábiles. Solo se admite prueba documental y pericial para evitar dilaciones.
Quienes se oponen a la medida señalan que la ciudadanía atraviesa un proceso de pérdida de ingresos y de poder adquisitivo como consecuencia de paritarias a la baja y aumentos de los servicios, y que esto impactaría con fuerza en ciudades como Buenos Aires, donde más del 50% de los tres millones de habitantes paga alquiler.
En lo que se refiere a los desalojos en ocupaciones ilegales y de tenedores precarios —barrios populares y asentamientos, por ejemplo— se inicia un proceso sumarísimo en el que el juez puede ordenar la restitución anticipada del inmueble en cinco días si el derecho invocado es verosímil, bajo caución juratoria. Dentro de las primeras 72 horas de la primera providencia, el juez debe ordenar un reconocimiento judicial para identificar a todos los ocupantes —nombre, apellido y DNI—, con asistencia del Defensor Oficial.
Para la regularización de los dominios, se exige acreditar posesión pacífica, ostensible y continua durante 10 años. El beneficio queda limitado a inmuebles de vivienda única y permanente, con una previsión especial para agricultores familiares.
Compra de tierras
Otro de los puntos en conflicto tiene que ver con la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
El proyecto elimina el límite del 15% del territorio para la compra por parte de extranjeros y deja que cada provincia fije sus propias restricciones. Además, suprime el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
Se prohíbe la compra por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
Uno de los puntos en conflicto era la compra en zona de frontera, hoy vedada para los capitales extranjeros. De aprobarse la ley, esa restricción se elimina y se crea un sistema de doble autorización para la operación, con intervención de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional.
A pesar de esa doble intervención, que podría suponer un proceso burocrático mayor, se abre la puerta a que no supere los 180 días: si en ese plazo no hay una negativa de alguno de los estados, opera el silencio administrativo positivo y el comprador queda como propietario de pleno derecho.
El proyecto de La Libertad Avanza también deroga parte de la ley de Máximo Kirchner sobre el manejo del fuego. Elimina la restricción de 30 años para cambiar el uso de suelo en superficies incendiadas de zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas, pero mantiene la veda de 60 años para bosques nativos y humedales.
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