POLITICA
Sur Finanzas: dos imputados no se presentaron a indagatoria y la Policía los podría buscar si persisten en “rebeldía”
“En boca cerrada no entran moscas” parece ser la estrategia que adoptaron los principales acusados en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta. Los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña no se presentaron a declarar en indagatoria ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. El juez Luis Armella respondió con una resolución que les fija nuevas audiencias para el 15 de julio, bajo advertencia de que la incomparecencia injustificada derivará en su rebeldía y en la búsqueda a través de la fuerza pública.
No es la primera vez que el silencio se instala en esta causa. En mayo, cuando llegó el turno de Maximiliano Ariel Vallejo —dueño del holding y amigo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia—, su defensa también intentó esquivar la cita judicial. Sus abogados interpusieron una nulidad de la convocatoria a indagatoria y, ante su rechazo, presentaron una apelación. El argumento era que los tres cargos que pesaban sobre su cliente —lavado de activos vinculado al Fideicomiso Banfileño, la denuncia de ARCA y las operaciones con clubes de la AFA—correspondían a otros juzgados. Vallejo no se presentó el 5 de mayo, tal como informó este medio. La instancia revisora, no obstante, no avaló la estrategia de la defensa y el financista terminó ante el juez el 26 de mayo.
Esa comparecencia, sin embargo, fue acotada. Vallejo entregó un escrito, respondió únicamente preguntas de su propia defensa y cerró su intervención con una frase terminante: “Me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”. En el documento escrito había afirmado: “Rechazo enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”. Además, calificó al expediente como una causa “mediática” y no respondió sobre las operaciones con San Lorenzo, Argentinos Juniors, Temperley ni Estrella del Sur, entre otros equipos en los que Sur Finanzas actuó como sponsor u otorgó préstamos a tasas que la justicia califica de usurarias.
El silencio de los demás imputados fue más rotundo. Graciela Beatriz Vallejo, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza y Daniela Eliana Sánchez se negaron a declarar ante el tribunal. Ese silencio no produce efectos procesales adversos: el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 298 del Código Procesal Penal de la Nación impiden que sea interpretado como indicio de culpabilidad. Ahora, se suman a esa lista los representantes de las dos personas jurídicas que la fiscal Cecilia Incardona identifica como el núcleo del esquema de opacidad diseñado para reciclar los fondos desviados del club.
Ante la incomparecencia, Armella dispuso nuevas audiencias indagatorias. Lo hizo de esta manera: “Atento a la incomparecencia de los representantes de las personas jurídicas Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, desígnese nuevas audiencias indagatorias para el día 15 de julio de 2026 a las 10:30 y 11:30 hs respectivamente, bajo apercibimiento de en caso de incomparecencia injustificada, se ordenará su rebeldía en el proceso“. Y agregó: ”A tales fines, notifíquese a través de la preventora toda vez que aquellas personas jurídicas no han designado a la fecha, representante ni letrado. Oficíese y hágasele saber que deberán dichas personas jurídicas designar un representante para efectivizar la audiencias fijadas».
Para la fiscal que impulsa la causa la arquitectura del presunto entramado es la siguiente: a Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista, la acusación la ubica como integrante de la asociación ilícita y la vincula con 13 firmas del holding, entre ellas Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Sur Finanzas Group S.A., Sur Crypto S.A. y Sur Pagos S.A.. Según el expediente, administró fondos por $669.800.081 en el Banco Masventas entre octubre de 2022 y mayo de 2023 y tiene a su nombre un Mercedes Benz GLC 300, un BMW X2 valuado en $49.374.400 y un Alfa Romeo Stelvio Veloce valuado en $96.450.000.
La Fiscalía sostiene que María Fernanda Sena Argis ocupó presidencias en Roma Inversiones S.A., Sur Pagos S.A. y Sur Finanzas Group S.A. con “roles administrativos ficticios” por orden de Vallejo.
Desde esas posiciones, siempre según la acusación, canalizó fondos para comprar al menos 15 vehículos —entre ellos un Audi Q5 valuado en $87.820.000 y un BMW 320i valuado en $39.500.000— y para adquirir la sede central de la firma en Adrogué por $45.000.000. Su hermana Bárbara Denise Sena Argis, presidenta de Cluster Palace Beach S.A., figura en el expediente como pieza para disimular el patrimonio real de Vallejo: a través de esa empresa figuró como titular de un Ferrari California Descapotable valuado en $152.100.000 que la fiscalía atribuye al uso personal del financista. Tras los allanamientos, ese automóvil fue transferido a un tercero; la sociedad también compró tres inmuebles en Adrogué por USD 300.000 y otro en San Vicente por $395.400.000.
Gerardo Salvador Carrozza, vicepresidente de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP S.A., está acusado de certificar orígenes falsos de fondos. La imputación menciona $45.000.000 mediante un mutuo ficticio de Roma Inversiones para justificar la compra de la sede de la empresa, $109.800.000 de Graciela Vallejo ante REBA Compañía Financiera presentados como “anticipo de honorarios”, y fondos millonarios del propio Vallejo a través de préstamos cruzados entre firmas investigadas.
Daniela Eliana Sánchez, secretaria privada del financista, enfrenta cargos por encubrimiento y destrucción de pruebas: según la acusación, en la madrugada del 1 de diciembre de 2025 envió instrucciones a la tesorera de la firma para ocultar evidencia pocas horas antes de los allanamientos.
La causa también tiene en la mira a cuatro ex directivos de Banfield. Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del club e imputado como jefe u organizador de la asociación ilícita; y su hermano Federico José Spinosa, ex vicepresidente; Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero del club y actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT); y Oscar Fabián Tucker, ex vicepresidente.
A todos los imputados de la causa se les impuso prohibición de salida del país, retención de documentos de viaje, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y restricción para alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial.
La investigación —caratulada “Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303”— se originó en una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al club un préstamo de dos millones de euros que nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la pesquisa de Incardona fue desentrañando un esquema que, según la acusación, operó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, movió más de USD 108 millones a través de 16 clubes de fútbol y generó una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones, según una denuncia de ARCA. El volumen total de operaciones sospechosas asciende a $818.000 millones.
POLITICA
La CGT descartó un paro general, pero hará una movilización el 8 de octubre en defensa de la industria
Finalmente, ganaron los sindicalistas moderados: la CGT decidió esta tarde que su próxima medida de fuerza será una movilización callejera en defensa de la industria nacional, el 8 de octubre, y desechó por ahora realizar el quinto paro general contra Javier Milei.
Así se decidió en la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que delibera en la sede de la UOCRA, en avenida Belgrano al 1800, y de esa forma se diferenció de las dos CTA, que ya anunciaron una serie de marchas que terminarán a fines de octubre con un paro general.
La movilización de la CGT -anticipada por Infobae- se hará a las 15.30 ante la Secretaría de Industria de la Nación, en la avenida Julio Roca 651, en esta capital, y la propuesta fue aprobada por la treintena de dirigentes que se reunieron en la UOCRA, donde también se decidió un “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el 15 de octubre, a la que irán también las dos CTA.
Del encuentro participan Gerardo Martínez, el anfitrión; Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Rodolfo Daer (Alimentación), Amadeo Genta (municipales), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Julio Piumato (judiciales), Mario Lavia (petroleros), José Minaberrigaray (empleados textiles), Horacio Arreceygor (televisión), Omar Plaini (canillitas) y Hugo Benítez (textiles) entre otros, además de Alejandro Gramajo (UTEP) como invitado.
Hasta ahora, las 3 centrales obreras llevaron adelante un plan de lucha conjunto desde el 22 de julio y que consistió en movilizaciones y que por el momento no incluye otro paro general contra el Gobierno porque la CGT considera que no están dadas las condiciones para que la paralización de actividades sea importante.
Sin embargo, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma decidieron no esperar y ya anunciaron la continuidad de las protestas con otra serie de movilizaciones hasta llegar al paro general, que está previsto para fines de octubre.
Estas centrales obreras, de impronta dura, se sumarán el 3 de octubre con una importante participación de jóvenes a la peregrinación a Luján; el martes 6, la FENAT (Federación Nacional Territorial), enrolada en la CTA Autónoma, formará parte de las actividades de los distintos movimientos sociales, al cumplirse un mes de la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que alcanzaba a cerca de un millón de personas.
Además, se sumarán el 15 de octubre a la nueva marcha convocada por el Frente Universitario y apoyarán las acciones de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FTERA), que se movilizará el 26 de octubre frente a la central nuclear de Atucha “en defensa de la soberanía energética”.
Las CTA también participarán del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries, que se realizará del 10 al 12 de octubre en la ciudad de Córdoba.
En la reunión de la CGT que se desarrolla en la UOCRA, luego de que Gerardo Martínez abrió el debate, la propuesta de la movilización en defensa de la industria fue hecha por Jorge Sola, uno de los cotitulares cegetistas, y fue apoyada de inmediato por sus pares del triunvirato, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
Las tres centrales obreras habían anunciado protestas “a la francesa”, con paros sectoriales y alternados para aumentar su efecto frente a medidas de fuerza esporádicas. Sin embargo, las movilizaciones posteriores tuvieron una presencia limitada de la CGT.
La dirigencia cegetista tuvo una participación casi testimonial en las marchas al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el 6 de agosto; en la movilización por San Cayetano, el 7 de agosto, e incluso en la protesta por las familias y las pymes endeudadas, el 20 de agosto.
La marcha prevista para el 28 de agosto, cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo, fue suspendida porque el encuentro se hizo de forma virtual. Las dos CTA querían concentrarse de todos modos frente a la Secretaría de Trabajo, pero la CGT impuso su negativa con el argumento de que la deliberación sería por Zoom.
La CGT tampoco marchó el 2 de septiembre por el Día de la Industria, aunque esa posibilidad había sido discutida entre las 3 centrales. En cambio, en la sede de Azopardo 802 se realizó un acto para debatir “el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, con la participación de dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).
Las dos fracciones de la CTA privilegiaron la unidad con la central cegetista y desistieron de salir a la calle hasta ahora, a la espera de que los líderes de la CGT endurecieran su postura, pero su decisión de hacer un paro general vuelve a abrir una grieta sindical.
POLITICA
Los abogados de Cristina Kirchner hicieron una nueva presentación ante la ONU para que se revise la condena de la expresidenta
Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner hicieron este martes una nueva presentación formal ante la ONU para que se revise la condena de 6 años de prisión contra la exmandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en medio del operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo.
Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejecer cargos.
También denunciaron actos de “intimidación”, en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Fernández de Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron a desde en el entorno de la expresidenta.
“Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité”, dijo Valim en diálogo con la agencia Reuters.
Para el letrado, “eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité”.
Valim apostó además que el comité “va a reconocer las violaciones de derechos”. “Aquí la duda es cuándo”, se preguntó.
La presentación
La adenda introducida este martes, y a la que tuvo acceso , busca “poner en conocimiento del Comité tres hechos sobrevenidos de especial relevancia para la comunicación individual presentada por Fernández de Kirchner”.
En primer lugar, denunció una “serie de actos de intimidación contra la exmandataria posteriores a que se hiciera pública su presentación ante el Comité. Entre ellos se mencionan declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones del presidente Javier Milei contra la expresidenta”.
La adenda sostiene que “estas actuaciones son incompatibles con la obligación asumida por Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo, de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de presentar comunicaciones individuales ante el Comité”.
En segundo lugar, se presentó un nuevo elemento probatorio que se considera “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales” indicaron los letrados.
Pero agregaron que “en agosto de 2026, sin embargo, en la causa Cuadernos, un funcionario auditor convocado por la propia Fiscalía aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con recursos de la Fuente 14. A partir de esa documentación, la defensa encargó una pericia contable y auditora a Specs Consultoría”.
Según la Adenda, esos resultados “contradicen de manera sustancial la premisa utilizada en la condena: de las 51 obras de la causa Vialidad, solamente 17 fueron financiadas con la Fuente 14; de los 3.855 certificados pagados con esos recursos, únicamente 36 correspondieron a esas obras; y, de aproximadamente US$ 2.200 millones desembolsados, el Grupo Austral recibió US$ 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total”.
“Además, Austral no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias de la Fuente 14, mientras que el primer lugar corresponde a IECSA S.A., empresa vinculada a la familia Macri”, añadieron.
En tercer lugar, la adenda denunció “más intimidación después de conocerse estos nuevos elementos”. En particular, cuestionó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento de su departamento de Recoleta, en el que “aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales”.
La presentación consideró que esa difusión “constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto y recuerda que precisamente frente a ese domicilio Fernández de Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022”.
El caso
Fernández de Kirchner había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último para denunciar que durante el proceso judicial por el que terminó condenada se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso.
Valim explicó en aquella oportunidad que la comunicación enviada a Naciones Unidas no fue “un acto de agresión” al sistema judicial argentino, sino un “derecho constitucional” y un “mecanismo previsto por las normas del orden”.
El letrado, de ciudadanía brasileña, también participó en la defensa del presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa por corrupción Lava Jato.
Lugar: NH Hotel. Bolivar 160.
Soledad AznarezLa defensa de la exmandataria busca la “suspensión de la inhabilitación perpetua” para frenar la restricción de los derechos políticos de la expresidenta mientras se resuelve la condena, y la “modificación del régimen de prisión domiciliaria”, que incluiría el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de la restricción de visitas, el acceso al aire libre y un “tratamiento igualitario respecto a otros detenidos en idéntica condición”.
Y también una “integración legal de la Corte Suprema” con una “normalización” de la composición del máximo tribunal para “garantizar el Estado de Derecho y el derecho a un recurso judicial efectivo”.
La condena de la exmandataria data de junio de 2025, cuando fue sentenciada a 6 años de prisión -que cumple de forma domiciliaria- e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa por una maniobra de corrupción en torno a la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante su presidencia y la de Néstor Kirchner.
operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo,había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último,Cristina Kirchner,Conforme a
POLITICA
Un concejal de LLA dio positivo en un test de alcoholemia en Pinamar y le suspendieron la licencia de conducir por tres meses
El concejal de La Libertad Avanza en La Plata, Juan Pablo Allan, dio positivo en un test de alcoholemia durante un control de tránsito en Pinamar. El dirigente circulaba en un Toyota Yaris gris cuando fue detenido en la rotonda principal de la ciudad.
El resultado fue de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre. En la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero para quienes conducen, por lo que los agentes procedieron a retirarle la licencia.
Según informaron fuentes vinculadas al operativo, la licencia de conducir quedó suspendida por 90 días. El vehículo no fue secuestrado y una persona cercana a Allan se hizo cargo del auto y lo retiró del lugar.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir TN, Allan estaba en una cena con su esposa y su hijo, donde tomó “una copa de vino”. La intención del concejal era que maneje la mujer, pero según confiaron allegados al edil, “comenzó a sentirse muy mal y no podía conducir”.
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