INTERNACIONAL
Texas governor-elect’s plan to freeze electricity prices raises questions over legal authority

On her first day in office, Texas Democratic Gov.-elect Gina Hinojosa plans to freeze residential electricity rates in response to what she described as an affordability crisis.
«On Day One as governor, I’ll freeze residential electricity rates and make corporations finally pay their fair share,» Hinojosa said in an interview with a local energy data group. She reiterated the plan in an interview with the Texas Tribune, stating, «Within an hour of taking the oath of office, I will declare a high-cost emergency in the state of Texas and issue an emergency executive order to … freeze electricity rates.»
The plan is raising concerns that such a freeze will clash with Texas’ uniquely competitive energy sector, which relies heavily on free-market choice, and that it could inadvertently create energy shortages as suppliers are prevented from adjusting their prices.
DEMOCRAT GINA HINOJOSA STUNS ABBOTT, MAKES HISTORY AS FIRST LATINA TEXAS GOVERNOR
That’s the concern of Nick Loris, the president of C3 Solutions, a conservative coalition for climate solutions that focuses on energy, environment and agriculture policy.
He expects the emergency declaration will face legal challenges almost immediately from energy providers. In particular, he cast doubt on the scope of the emergency declaration.
«The Texas Disaster Act lets the governor declare disasters and suspend the regulatory laws and statutes that are in existence. But I think there is a high degree of skepticism, both from courts but also from state policymakers, that this warrants such a claim — and that it is such a disaster,» Loris told Digital.
«I would imagine if there were legal challenges, it would come from those affected parties,» he added.
Loris explained that Texas has fostered one of the most competitive energy environments in the country.
In 1999, the state passed Senate Bill 7 — a piece of legislation that opened most of the state to retail choice, allowing customer to pick their preferred retail electric providers (REPs), beginning in 2002.
«The legislature finds that the production and sale of electricity is not a monopoly warranting regulation of rates, operations, and services and that the public interest in competitive electric markets requires that, except for transmission and distribution services and for the recovery of stranded costs, electric services and their prices should be determined by customer choices and the normal forces of competition,» the Texas Legislature wrote in the law.
TEXAS GOV. GREG ABBOTT EFFECTIVELY PAUSES NEW DATA CENTER PROJECTS PENDING STATEWIDE GRID AUDIT
As a result of the law, Texas largely operates its own independent energy grid and runs an energy-only wholesale market in which generators are paid primarily for the electricity they produce rather than for standing capacity.
Texas has over 100 REPs that energy consumers can pick from, each competing for consumers’ business.
To Loris, the range of choices provides a remarkable amount of flexibility for consumers.
«It’s like shopping at a grocery store for cereal for your retail electricity. There’s so much choice that you can enter into. Short-term contracts, long-term contracts, use different fuel sources,» Loris said.
However, he warned that a utilitiesrfreeze undermines that competitive environment, causing providers to shoulder the burden of fluctuating supply.
«If the electricity suppliers are not covering the costs that they incur, that’s going to leave them worse off and make it more vulnerable for them to adequately provide that power,» Loris said.
AI’S MASSIVE APPETITE FOR POWER, WATER IGNITES FIGHT IN HIGH-STAKES TEXAS SENATE RACE
«Price signals really kind of act like a traffic light. They tell people when to speed up, when to slow down, or when to come to a full stop,» he added.
Having won her Nov. 3 gubernatorial race, Hinojosa will be sworn in on Jan. 19, 2027.
Her office did not immediately respond to requests for comment on what her response would be if the rate freezes resulted in an energy shortage.
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INTERNACIONAL
La secta que mataba de hambre a sus seguidores: 190 nenes muertos, tumbas masivas y una pena de 200 años de prisión

Paul Nthenge Mackenzie manejaba un taxi por Nairobi hasta que un día se convirtió en un módico telepredicador: obtuvo una hora de aire en un canal de cable desbordado de predicadores. Tuvo más éxito que el soñado. Dejó de recorrer con su auto las calles de la capital de Kenia para difundir la Biblia gracias a la promoción que le dio la televisión. De a poco fue convenciendo a fieles y sumándolos a su recientemente fundada Iglesia Internacional de las Buenas Noticias. Obtuvo seguidores, fama, un cierto poder, mucho dinero. De pronto todo se terminó. Unos años después, en 2023, la policía lo apresó y fue acusado de crímenes atroces.
El 6 de noviembre pasado fue condenado a 200 años de prisión por el asesinato de 190 niños, la mayoría menores de 10 años.
El modus operandi de los crímenes hace todavía más atroz la situación: los mataba de hambre. Los chicos morían de inanición tras ser sometidos a ayunos extremos. La mayoría de los padres no solo aceptaban el destino de sus hijos, sino que los entregaban gustosos. Mackenzie los había convencido de que era la manera más rápida de que los niños llegaran a estar junto a Jesús.
La prédica de Mackenzie era apocalíptica, pese a que su iglesia se llamaba “de las Buenas Noticias”. El fin del mundo, decía, era inminente. En su iglesia preparaba a los fieles y anticipaba su salida de este mundo; como si el que se apurara tuviera premio, como si cuando se produjera el fin del mundo un congestionamiento en las puertas del cielo impidiera el ingreso al paraíso.
Los que se negaban a dejar de comer, los que se resistían a las órdenes del líder y de su plana mayor, eran obligados por la fuerza a través de duros castigos, golpizas y hasta eran estacados al sol. Algunos fueron crucificados.
El camino era ofrecer la vida de los niños a través del ayuno total hasta que perdieran la vida. Lo que no se conseguía por la persuasión y por la fe ciega se lograba por la fuerza. Muchos de los que eran puestos a morir de hambre al sol fueron conminados a hacerlo; en el lugar quedaron esposas, cadenas y estacas como prueba. También están los golpes, las lesiones en muñecas y tobillos, en las palmas de las manos de los crucificados, los hematomas en el cuello, tanto en los cuerpos de los sobrevivientes como en los cadáveres hallados.
Shakahola es un poblado situado al este de Kenia; queda a pocos kilómetros de Malindi, la zona más turística del país africano. Allí se instaló en 2019 Peter Mackenzie, pastor y líder de la Iglesia Internacional de las Buenas Noticias, un eufemismo para denominar un culto que mataba a sus fieles de hambre, muy en especial a los hijos de estos. Una propiedad de más de 400 hectáreas en la que vivía junto a sus fieles. El lugar —según los dichos que Mackenzie utilizaba para atraer a la gente a vivir con él— los protegería del apocalipsis que era inminente.
En 2020, con la llegada del COVID, muchos más se sumaron a Shakahola. Doble premio: se aislaban del resto y además estaban protegidos del final cercano que la pandemia vaticinaba.
Era un lugar con leyes propias, al que ingresaban pocos forasteros. Hubo varios avisos a la policía del lugar sobre supuestos abusos y delitos cometidos por Mackenzie y sus seguidores, pero nadie quiso meterse.
Uno de los puntos en los que la jueza hizo hincapié en su sentencia fue en la falta de intervención estatal para detener antes los abusos. Subrayó que los testimonios y las denuncias de antiguos miembros del culto que habían logrado fugarse fueron subestimados o directamente no fueron escuchados. Esos reproches recuerdan que Paul Nthenge Mackenzie había sido detenido en 2017 por sus prédicas extremistas, pero fue dejado en libertad poco después por ser considerado inofensivo. Al ser arrestado en 2019 por segunda vez y bajo los mismos cargos, Mackenzie decidió cerrar su iglesia y trasladarse a la enorme finca de Shakahola junto a los fieles que quisieron acompañarlo. Allí podría moverse sin ser escrutado por las autoridades. De esa manera perpetró su masacre.
El allanamiento se produjo gracias a la presentación de un hombre que denunció la desaparición de su esposa y su hija. Cuando, en 2023, los policías ingresaron a la propiedad, se encontraron con un panorama desolador. No solo por los muertos. La mayoría de los que todavía estaban con vida presentaban un estado deplorable: eran espectros consumidos que vagaban sin rumbo. También se enfrentaron a un problema adicional que no habían previsto. Algunos no aceptaban la ayuda ni el alimento porque deseaban morir: eso les aseguraba, según la prédica de Mackenzie, la vida eterna.

Muchos creen que el Estado keniata no intervino antes porque su presidente, William Ruto, es muy creyente y su esposa es pastora evangélica. Después de los hallazgos macabros, Ruto dijo que lo que hacía Mackenzie era exactamente lo contrario a la religión. El presidente creó una comisión para investigar los crímenes y abrió una oficina estatal que debe regular y controlar los cultos religiosos.
Según la prédica del líder del culto, existía un orden de prelación entre los sacrificados o, según sus propios términos y creencias, entre los beneficiados. El que llegaba antes al cielo era el más afortunado. Primero debían partir los niños, luego las mujeres, después los hombres y, por último, convenientemente al menos para ellos, los jerarcas de la iglesia. Partir era un eufemismo para morir.
Uno de los casos más estremecedores fue el de una mujer que residía allí con sus seis hijos. Al dar a luz, le quitaron el séptimo a los pocos días del parto. El bebé no llegó a cumplir los 12 días de vida. Murió al sol en medio del bosque de Shakahola.
Hubo familias que perdieron siete integrantes.
En Kenia se conoce a estas muertes masivas como la Masacre de Shakahola. Algunos quisieron que Mackenzie fuera juzgado por genocidio, otros por crímenes contra la humanidad. Pero se lo señaló por los 191 homicidios que se pudieron probar.
El caso hace recordar a otras muertes y suicidios colectivos, como los impulsados por Jim Jones en Guyana en el 78, los de Waco, Texas, en 1993 o los producidos en Uganda en el año 2000, con un saldo de 780 muertos.
Las excavaciones en los terrenos de la secta produjeron un resultado macabro. Se encontraron más de 400 cuerpos. Debido a las pruebas recolectadas en el lugar y a los testimonios de los que lograron escapar y de los sobrevivientes, los investigadores estaban convencidos de que todos habían muerto de inanición. Pero las pericias forenses demostraron que varios de ellos fueron asesinados a golpes, por asfixia y estrangulamiento.

De esos 400 muertos, Mackenzie fue juzgado por 191. Uno solo de ellos era mayor de edad. Todos los otros, los 190 restantes, eran niños.
Hay todavía cientos de desaparecidos, personas y hasta familias enteras que ingresaron a Shakahola pero que nunca más aparecieron, ni siquiera en esas tumbas colectivas y clandestinas. Se supone que están en alguna otra tumba masiva que todavía no fue descubierta.
La condena fue de 200 años para Mackenzie. Sus tres colaboradores más cercanos recibieron entre 140 y 160 años de prisión. Los otros 23 condenados pasarán entre 10 y 30 años en prisión. Para los que eran padres de los chicos muertos, las condenas fueron más severas.
Uno solo de los juzgados se declaró culpable de cada uno de los crímenes imputados; además, colaboró con la fiscalía. Gracias a ese acuerdo, la sanción para él fue mucho más benigna. Debe realizar un proceso de rehabilitación y pasar entre 24 y 30 meses detenido.
Dan, el hijo mayor de Mackenzie, dejó la secta en su adolescencia. Logró escapar del ambiente de locura, hambre, mesianismo y muerte. Ahora, por las calles de la capital keniata, maneja un boda-boda, una bicicleta con motor que sirve para transportar pasajeros —un taxi ciclístico—. Contó que recién supo la magnitud de lo que ocurría en Shakahola después del arresto de su padre y de que se difundiera la magnitud de sus crímenes.
A los 12 años, lo sometieron a una semana de ayuno obligado y en la iglesia recibió varias palizas propinadas por un grupo de fieles por negarse a realizar tareas que le asignaban y que, hipotéticamente, lo acercarían a Dios.
Dan declaró en el juicio y fue entrevistado después de la sentencia: “Yo también fui una víctima. Ahora siento alivio, no estoy triste. Él es, sin dudas, culpable”.
Sus dos hermanos y sus tres hermanas fueron rescatados cuando se allanó el lugar. Se encuentran bajo cuidados institucionales y médicos.
Después de que se leyera la sentencia, Dan se acercó y saludó a su padre. El condenado se mostró enojado con su hijo y le gritó que era un traidor.
El fiscal de la causa había pedido la pena de muerte para Peter Mackenzie y para los otros principales acusados. En su alegato consideró que cualquier otro castigo no estaría a la altura de los crímenes cometidos.
En su sentencia, la jueza no se mostró de acuerdo. Dijo que lo más probable era que los acusados sintieran —tomaran— la muerte como una liberación, como su propia salvación y no como un castigo: “Sería un triunfo para ellos o una forma de martirizarse”, dijo la magistrada.
Kenia
INTERNACIONAL
La pelea que vio en un bar, tres días y medio de escritura frenética y el estudio que casi deja pasar otra obra maestra: así nació ‘Rocky’

Yo soy Rocky, el relato cómico y diseñado para complacer al público de Peter Farrelly sobre la realización de “Rocky”, podría parecer un doble golpe de nostalgia pura. Se cumplen casi exactamente 50 años desde que el clásico de boxeo que lanzó a Sylvester Stallone llegó por primera vez a los cines. Bastan unos escalones de Filadelfia o un grito de “¡Adrian!” para evocar una presencia cultural que sigue siendo omnipresente.
Sin embargo, aunque Yo soy Rocky no escatima sentimentalismo, apunta más al presente de lo que aparenta. La industria cinematográfica actual es tan corporativa y reacia al riesgo que la recuperación de “Rocky” a cargo de Farrelly resulta más disfrutable como recordatorio de que el cine es una empresa quijotesca, incluso disparatada. Algunas de sus mejores películas parten de ideas inherentemente malas.
El milagro de “Rocky” reside, en realidad, en que alguien aceptó hacerla. Stallone, con poco más de 20 años, apenas tenía en su haber algunas películas pornográficas de bajo presupuesto. Había pocos indicios de que el público reclamara un drama de boxeo. Y, sin embargo, Stallone, pese a su modesta posición en Hollywood y a su particular forma de hablar, no quería limitarse a vender el guion: insistía en protagonizarlo.
Por eso, aunque la convincente interpretación de Anthony Ippolito como Stallone está en el centro de Yo soy Rocky, la película pertenece a sus escépticos productores y a sus ejecutivos indignados. Tracy Letts interpreta a Sandy Maddox, el jefe de United Artists, un personaje compuesto. Los productores de “Rocky”, Irwin Winkler y Robert Chartoff, son encarnados por P. J. Byrne y Toby Kebbell, respectivamente. Todos quedan atónitos cuando Stallone, que había estado recientemente sin hogar, rechaza una suma que hoy equivaldría a millones, firme en su exigencia: “Yo interpreto a Rocky”.
Esta es la propia historia de superación de Stallone, una que refleja con precisión el improbable ascenso de Rocky Balboa. Pero la convicción de la película de que el cine desafía los algoritmos es lo que convierte a Yo soy Rocky en un entretenimiento divertido, aunque ligero.
Farrelly, que pasó su carrera haciendo comedias como “Dumb and Dumber” y “There’s Something About Mary” antes de pasar a filmes más dramáticos como la ganadora del Óscar a mejor película “Green Book”, realiza Yo soy Rocky con parte de ese mismo espíritu. Encadena escenas ágiles, casi improvisadas, y renuncia al preciosismo en favor de un ritmo de comedia disparatada. Según sugiere Yo soy Rocky, el cine debería ser una aventura.

El obstinado ascenso de Stallone, convertido ya en un mito, se condensa con ligereza en el guion de Peter Gamble. La historia comienza en Nueva York, donde Sylvester aún es Mike Stallone y avanza poco en las escasas audiciones que consigue. Pero sus sueños de triunfar en el espectáculo son sinceros. Esa sinceridad probablemente explica que Sasha, una empleada de taquilla interpretada por AnnaSophia Robb, acepte salir con él. Ella se convierte en la primera esposa de Stallone y, cuando ambos se mudan a Los Ángeles, en la mecanógrafa de sus guiones.
Y hay muchos guiones. Stallone escribió más de una docena antes de “Rocky”. El éxito no llegó de la noche a la mañana, y esa perseverancia vuelve entrañable su historia. ¿Cuántos aspirantes a protagonista musculoso en Hollywood, entonces o ahora, han trabajado tanto?
La base real de los hechos beneficia a “I Play Rocky”, que a veces se inclina hacia el cuento de hadas. Ippolito, conocido antes sobre todo por interpretar a Al Pacino en “The Offer”, reproduce los gestos y la voz de Stallone sin caer en la caricatura, una proeza si se considera la cantidad de imitaciones de Stallone que han surgido y desaparecido durante 50 años. Pero la interpretación resulta demasiado dulce y angelical. Stallone debió de ser algo más que un ingenuo dotado para lograr lo que consiguió. Ippolito interpreta a Rocky, no a Stallone.
Después de ver en un bar la pelea a 15 asaltos entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, Stallone vuelve tambaleándose a casa y, en solo tres días y medio, “Rocky” brota de él. “Ese soy yo en la página”, dice agotado.
“I Play Rocky” finalmente llega al rodaje de la película, pero para entonces empieza a perder impulso. El eje del filme es la negociación por el guion, con Winkler y Chartoff como intermediarios que trasladan ofertas de un lado a otro. Stallone trabaja estacionando autos cuando rechaza USD 360.000, una cifra cuatro veces mayor que la oferta inicial, para ceder una opción sobre el guion sin que él fuera elegido para el papel.
Byrne y Kebbell son notables como dos productores veteranos y astutos que apenas pueden creer en el proyecto al que han apostado, aunque mantienen la fe. El jefe del estudio interpretado por Letts, todavía resentido por haber dejado pasar “The Godfather”, otro éxito de los años 70 que al principio parecía un fracaso anunciado, atraviesa sus escenas con una furia memorable.

Finalmente acuerdan una cifra mucho menor y un presupuesto muy reducido, de USD 1 millón, para “Rocky”. Eso implica una producción austera que se traslada a Filadelfia para evitar a los sindicatos de Nueva York. El célebremente eficiente John G. Avildsen, interpretado por Jay Duplass, es convocado para dirigir.
Una vez que las cámaras empiezan a rodar, incluido, como reconoce la película, uno de los primeros usos de la Steadicam, “I Play Rocky” se orienta más hacia la recreación nostálgica. Pero aún se percibe el afecto de Farrelly por un cine guiado por el instinto. En ese sentido, “I Play Rocky” no es tan distinta de otro drama sobre la realización de una película: Nouvelle Vague, de Richard Linklater, sobre el iconoclasta francés Jean-Luc Godard y Breathless, de 1960.
Un chiste recurrente consiste en que los actores exageran sus capacidades para conseguir un papel. Cuando Carl Weathers, interpretado por Stephan James, llega para hacer de Apollo Creed, termina por admitir que no sabe boxear, una confesión que también debe hacer Stallone. Que aquello se convierta en la película más taquillera del año hace de “I Play Rocky” una afectuosa referencia a la frase, citada con frecuencia y olvidada a menudo, de William Goldman: “En el cine, nadie sabe nada”.
Fuente: AP
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INTERNACIONAL
Red counties with data center projects swung away from GOP in midterms, analysis finds

FIRST ON FOX: A new analysis from a conservative AI safety group found that deep-red counties with large data centers or proposed projects shifted further toward Democrats in last week’s midterm elections than comparable counties without such projects.
Humans First’s analysis, obtained by Digital, examined public election returns and data-center project records in 1,540 counties across 16 states. The memo used several comparisons to measure what the group describes as a «data center penalty.» Across all counties examined, those hosting large data centers shifted an additional 2.2 percentage points toward Democrats compared with non-host counties in the same states. The pattern appeared in 14 of the 16 states and 25 of the 27 governor and Senate races examined.
Restricting the analysis to deep-red counties — those President Donald Trump won by at least 20 points in 2024 — produced a 2.1-point raw gap between counties hosting large data centers and comparable counties without projects.
Among deep-red counties with projects still in the proposal stage, the gap was 1.1 percentage points after accounting for past voting patterns, rural or urban status, population size, racial and ethnic makeup and recent voting trends.
TEA PARTY FOUNDER LAUNCHES NATIONWIDE ‘DATA CENTER REVOLT’ AGAINST AI DATA CENTER EXPANSION
The group identified 114 proposed large data center projects across 92 deep-red counties, potentially setting up more local fights.
The memo found that Republican vote totals fell an additional 1.1% in deep-red host counties compared with comparable counties without large data centers, while Democratic vote totals showed no significant change.
The memo cautioned that its findings show an association rather than proof that data centers caused voters to change their behavior. County-level results also cannot determine whether Republicans switched their votes or simply stayed home.
«Our analysis looked at how counties with data centers voted and how those counties moved to the left,» Humans First Chairwoman Amy Kremer told Digital.
«I think this happened for the reason I’ve been warning conservatives and Republicans about for some time: People engage politically when issues affect them personally. There’s nothing more personal than your pocketbook, your health care, your kids and family, your home and your community. A data center involves all of those things, which is why I believe these counties moved away from Republicans,» she continued.
Humans First’s September «Data Center Revolt» bus tour made 35 stops in 27 states, including 14 stops in the states covered by the analysis. Nine of those stops were in deep-red counties, all of which hosted a large data center project. Those nine counties shifted 2.2 points further toward Democrats after the analysis accounted for its controls, compared with a 0.75-point shift among deep-red host counties overall. The group said those same nine counties showed no comparable gap from 2020 to 2024.
The findings do not establish whether the group’s visits influenced voting behavior or whether those counties already had stronger opposition to data center development.
Separately, voters favored restrictions on data center development or rejected measures supporting such projects in 46 of 47 local data center ballot measures in 2026, according to Ballotpedia. The measures included different types of proposals, including restrictions on development and advisory questions.
Kremer said this is a local control issue, stressing that Republicans should focus on protecting property rights and ensuring people have control over how things affect their lives.
«Whether you’re talking about AI technology or the infrastructure needed to build AI data centers, the American people have not had a seat at the table,» Kremer said. «They haven’t had a say in how the technology affects them or how the data center buildout affects their communities. In many places across the country, developers and companies have gone in and cut deals behind closed doors, under a cloak of darkness, using nondisclosure agreements and shell companies. By the time people in the community find out about the project, it’s too late to stop it.»
«These projects affect the quality of life and how much money people have. They can increase the cost of electricity and water, while tax abatements are given to trillion-dollar companies — some of the wealthiest companies in the world. That is money coming out of the pockets of the American people,» she continued.
Kremer added, «When you talk about Iran and gas prices, tariffs and now the AI data center buildout, all of these costs are coming out of people’s pockets. That’s when people engage politically, and I think that’s what we saw last Tuesday.»
The concerns come amid a broader debate over how data centers should pay for the electricity and grid infrastructure they require. The Energy Department estimates data centers used 4.7% of U.S. electricity in 2024 and, in its reference case, could account for 11.8% by 2030. The Federal Energy Regulatory Commission has directed regional grid operators to address safeguards against shifting the costs of serving large electricity users onto other customers. Those developments do not establish that data centers caused higher household rates in the counties examined by Humans First.
Tax incentives also vary by state. The National Conference of State Legislatures reported that at least 38 states offer incentives specifically for data centers, including equipment-tax exemptions and, in some states, exemptions involving electricity or property taxes. The Data Center Coalition, an industry trade group, says such incentives are similar to those offered to other capital-intensive industries and argues that data centers generate jobs, investment and tax revenue.
Humans First does not support a nationwide or statewide moratorium on data centers, but Kremer said individual communities should be free to approve or reject projects.
DATA CENTERS FORGOT THE CONSUMER — AND THAT COULD COST AMERICA THE AI RACE
«If a community comes together and votes for a moratorium, that is its prerogative. If a community wants a data center, that is its prerogative as well. It is all about local control,» she said.
Kremer said she learned that people engage more when it comes to issues that affect them personally, noting that data centers «encompass all of those issues.»
«Whether you’re talking about pocketbook issues, health care, kids and family, or your home and community, the data center battle is a physical manifestation of all those concerns,» she said. «When it comes to the economic impact on their communities, I think data centers absolutely played a role in the election.»
«I hope we can get on the right page and give local control back to communities. People should have a say in how they live and what goes into their communities. That is very personal, and I hope we can move in that direction,» Kremer added.
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