La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.

La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.

La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.

Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.

En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.

Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.

La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.

Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.

Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.

El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.

Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.

La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.

Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.

Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.

Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.

Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.

Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.

Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.

La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.

El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.

Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.

Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.

En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.

Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.

Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.

Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.

Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.

Un condecorado veterano de la guerra en las Islas Malvinas se perfila como candidato principal para asumir al frente de la Escueal de Inteligencia (ENI), con la misión de llevar adelante un nuevo modelo de formación de especialistas de la SIDE.

El coronel retirado Carlos Daniel Esteban es actualmente secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de la Defensa y, más allá de su conocida carrera militar y la medalla “Al Valor en Combate” obtenida por su desempeño en el conflicto en 1982, cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas cursado en la Universidad de El Salvador.

Aquellos que conocen el ambiente castrense destacan que desde su retiro Esteban sumó una importante participación en la vida universitaria, por lo que señalan que su posible llegada a la ENI apuntaría a consolidar un perfil técnico a la carrera de profesionales de inteligencia.

En septiembre pasado, el Gobierno presentó el cambio en el estatuto de formación de agentes de la SIDE, cuya base será la actualización de la ENI. “Por primera vez, tendrá un proceso de ingreso abierto y transparente y una carrera profesional basada en parámetros objetivos. [El nuevo estatuto] sentará las bases para construir un Cuerpo de Inteligencia integrado por los mejores perfiles, despolitizado y preparado para defender los intereses de la Argentina”, se fundamentó en el decreto presidente Javier Milei.

Y se estableció que “la Escueal de Inteligencia brindará una formación común obligatoria para todo el personal y capacitación específica según cada función. También podrá articular con universidades e instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y otorgar becas para promover la especialización”.

Justamente, el ámbito universitario no es desconocido para Esteban. No solo por los últimos años como secretario en la Undef, sino que cursó licenciatura y posgrados en varias casas de altos estudios, donde también es profesor titular. Además del consignado doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, entre sus antecedentes se incluyen un título de posgrado en la Escuela e Negocios de la UADE -donde luego fue director académico de los MBA- , una maestría en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica Argentina y una maestría en Conducción y Estrategia en la escuela de guerra de las fuerzas armadas de Alemania.

Durante varios años fue el representante del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) en seminarios realizados en La Haya.

Su medalla “Al Valor en Combate” fue obtenida por liderar a 60 oficiales, suboficiales y soldados que se enfrentaron al desembarco británico en San Carlos.

Superados 10 a 1, el por entonces teniente primero Esteban y su sección derribaron tres helicópteros con fuego de fusiles y resistieron los embates de batallones de paracaidistas. Lograron detener momentáneamente la cabeza de playa británica y no tuvieron bajas.

Ya en su rol de secretario de la Undef, en agosto pasado fue uno de los disertantes en el seminario sobre Inteligencia Artificial aplicada a la Defensa, la Seguridad y la Inteligencia, que se desarrolló en la ENI, la sede de la formación de agentes de la SIDE que, de acuerdo con diversas fuentes, quedaría bajo su conducción para iniciar el mencionado proceso de reforma.

Hasta ahora, esa posición está en manos de Juan Bautista Yofre, quien seguiría ligado al área por su experiencia, que incluye haber sido Señor 5, tal como se denomina al jefe de la SIDE.

El proceso de reforma es liderado por la actual conducción del espionaje nacional, con la jefatura a cargo de Cristian Auguadra.

El esquema previsto para la nueva formación es preparar niveles para tres áreas de agentes, aquellos que cuentan con títulos de grado o superiores, quienes tienen tecnicaturas o cursan estudios universitarios y quienes tienen títulos de nivel secundario.

La tarea de quien asuma como rector de la ENI -se reitera que en ese sentido Esteban aparece como el principal candidato- será consolidar los planes de estudios de cada nivel para que luego puedan establecerse sistemas de ascensos y capacitaciones por mérito.