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Tragedia en Venezuela: arribó un segundo contingente militar con ayuda humanitaria y al menos cuatro argentinos siguen desaparecidos

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En la madrugada de este miércoles arribó a territorio venezolano un segundo contingente de fuerzas militares de la Argentina para reforzar las tareas humanitarias que el país lleva adelante desde el pasado viernes en las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio. El nuevo despliegue es coordinado por el Ministerio de Defensa. A una semana de la catástrofe, el balance oficial es -por el momento- de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 50.000 desaparecidos.

El contingente viajó a bordo de aviones Embraer y Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y lleva equipamiento que el primer escalón no pudo transportar por la urgencia del despliegue inicial: una planta potabilizadora de ósmosis inversa con capacidad para producir 1.100 sachets de 500 ml de agua por hora, un grupo electrógeno mediano, duchas de campaña, una cocina móvil con víveres, carpas con catres para 40 personas y un puesto sanitario móvil.

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Se incorporan, además, dos nuevos binomios perro-guía de la brigada certificada USAR del Ejército Argentino: Jack, del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 de Mendoza, y Derek, del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan.

La llegada de este segundo escalón se produce en un momento en que el paso del tiempo reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Este martes, un niño de tres años fue rescatado con vida gracias al trabajo de un equipo de socorristas jordanos, un hallazgo que renovó la esperanza de los familiares que aún esperan noticias.

Personal militar argentino con uniformes de camuflaje sube a un avión de la Fuerza Aérea Argentina hacia Venezuela. (Ministerio de Defensa)

Según precisó el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, en las dos zonas más golpeadas —Caraballeda y Catia La Mar— había unas 30.000 personas al momento de los sismos; de ellas, 19.861 lograron salir por sus propios medios o fueron rescatadas con vida.

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El primer escalón argentino había partido a contrarreloj desde la Base Aérea de El Palomar con escalas en Viru Viru y Manaos, y llegó a la Base Aérea El Libertador, en el estado venezolano de Aragua. Ese contingente, al mando del Coronel Miguel Ángel Wissinger, comandante de Protección Civil y Emergencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, incluyó cuatro binomios de perros-guía de la Infantería de Marina de la Armada Argentina y una brigada especializada en estructuras colapsadas.

De acuerdo a lo que se informó, una vez en tierra, las autoridades venezolanas les asignaron la zona B2 de la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, donde actuaron en coordinación con equipos internacionales y representantes del Comando Sur de los Estados Unidos. Según el Ministerio de Defensa, la presencia de los canes en las primeras 96 horas resultó determinante para delimitar zonas con posibles sobrevivientes y optimizar los tiempos de búsqueda.

En paralelo, la Cancillería Argentina mantiene desplegada desde el 27 de junio una misión especial humanitaria y consular. Según el último reporte, la misión recibió 235 solicitudes de asistencia por correo electrónico y teléfono, registró 8 pedidos de búsqueda de paradero —con 4 ciudadanos ya localizados— y confirmó 6 argentinos fallecidos.

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Cuatro militares, incluyendo personal argentino, entre los escombros  (Ministerio de Defensa)

Además, identificó 7 personas en situación de especial vulnerabilidad, entre ellas cuatro grupos familiares con niños y un menor no acompañado, y realizó 12 gestiones documentales que incluyeron pasaportes de emergencia y autorizaciones de viaje para ciudadanos sin documentación. El número de emergencia consular en Venezuela es el +58 414-2387145.

La dimensión de la crisis humanitaria se agrava con cada balance. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Comité Internacional de Rescate (IRC) informaron que más de 50.000 personas continúan desaparecidas. El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, advirtió que “sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada” y reveló que la organización adquirió 10.000 bolsas para cadáveres.

Unicef estima que 1,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, de las cuales 680.000 son niños. El IRC señaló que “los servicios médicos están desbordados, los refugios se encuentran a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos”, y advirtió que “la respuesta no está a la altura de la magnitud de la necesidad humanitaria”.

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Los daños materiales también continúan en proceso de evaluación. Rodríguez informó que los terremotos dejaron 855 edificios con daños severos en todo el país, de los cuales 189 colapsaron por completo —158 de ellos en el estado de La Guaira—, mientras otros 666 sufrieron daños graves o derrumbes parciales. Desde el doble sismo se registraron casi 700 réplicas, aunque el funcionario aclaró que “eso no necesariamente quiere decir que se haya disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso”.

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Procesaron a Ariel Vallejo: deberá cumplir con la prisión preventiva y se le aplicó un embargo de $40.000 millones – Nexofin

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El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas. La resolución judicial dispuso su prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario y fijó un embargo por $40.000 millones.

La causa judicial involucró a 17 personas y nueve firmas comerciales con embargos totales por $215.900 millones. Según la investigación, la estructura delictiva operó desde septiembre de 2020 mediante la utilización de 15 sociedades financieras.

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Las maniobras ilícitas habrían canalizado fondos provenientes de transacciones informales a través del PSP virtual de la empresa. En ese lapso, una sola cuenta bancaria registró movimientos acreditados por $1,73 billones entre 2024 y 2025.

Sur Finanzas: operativos en dos bancos vinculados con el financista cercano a Chiqui Tapia

El fallo judicial incluyó el procesamiento de Graciela Beatriz Vallejo, madre del principal investigado, y del contador Gerardo Salvador Carrozza. Asimismo, el magistrado ordenó la prohibición de contacto con testigos y el secuestro preventivo de 24 vehículos.

Los activos presuntamente blanqueados incluyeron propiedades en Adrogué por USD 600.000 y un lote en San Vicente. Además, la pesquisa detectó la venta sospechosa de una Ferrari a favor de una jubilada sin capacidad patrimonial.

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El expediente penal continuará con el peritaje sobre otros bienes inmuebles y rodados imputados en la maniobra. La Policía Federal fiscalizará las comparecencias periódicas dispuestas para los directivos y empleados vinculados a la causa.

La entrada Procesaron a Ariel Vallejo: deberá cumplir con la prisión preventiva y se le aplicó un embargo de $40.000 millones se publicó primero en Nexofin.

Ariel Vallejo,Claudio «Chiqui» Tapia,procesado,Sur Finanzas

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Por qué la derrota de Trump no cambiará la política de América Latina

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La aplastante victoria de los demócratas en las elecciones de medio término cambió el mapa político de Estados Unidos. Con un Partido Republicano en shock, que debe empezar a pensar en la sucesión en 2028, Trump queda en la incómoda posición de “pato rengo”, es decir, un presidente sin reelección que deberá gobernar sus dos últimos años sin el control de ninguna de las cámaras.

¿Cuánto incidirá este escenario en el margen de maniobra internacional de Trump? En materia comercial, la nueva Cámara podrá someter a escrutinio la política arancelaria, por ejemplo, intercediendo en la revisión del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá (T-MEC), que Trump se niega a renovar.

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Pero el cambio más significativo seguramente se produzca en Medio Oriente. Según las encuestas a boca de urna, tres de cada cuatro votantes señalaron la guerra con Irán como un factor importante de su voto y un 62% la consideró un error. En septiembre, un intento de poner fin a la ofensiva militar había fracasado en el Senado por apenas dos votos, una diferencia que la nueva mayoría en esa Cámara está en condiciones de revertir.

Otra consecuencia de la derrota es que puede reconfigurar la puja entre las facciones que se disputan la política exterior del trumpismo. Por un lado, está el grupo de los “primacistas”, quienes sostienen que Estados Unidos debe ejercer un liderazgo global y actuar como gendarme del orden internacional, con presencia militar en todos los frentes y alianzas firmes, entre ellas la de Israel. Marco Rubio, el senador Tom Cotton (el congresista más joven del país) o el periodista y escritor Mark Levin son algunos de sus referentes. El segundo grupo, conocido como restrainers, está en el núcleo duro del movimiento MAGA y tiene como figuras al vicepresidente JD Vance, al gurú de la alt-right Steve Bannon y al comunicador Tucker Carlson. Este sector plantea que Estados Unidos debe terminar con las guerras lejanas libradas por motivos ideológicos o civilizacionales y concentrar los recursos en la rivalidad con China. En el último año la guerra con Irán se volvió el eje de la discordia, porque para los restrainers contradice la promesa del “America First” de no embarcar al país en nuevas guerras.

En esta disputa, el resultado electoral del martes parece darle aire a los restrainers. Al día siguiente de la elección, Vance escribió en X que la razón de la derrota era “obvia para casi todos” y citó una encuesta que ubicaba el fin de la guerra como la primera condición para recuperar a los votantes perdidos. Rubio, que llegó a definir la guerra como un “favor” a Estados Unidos y al mundo, sale en cambio golpeado, incluso en Florida, donde su antigua banca en el Senado fue retenida por menos de tres puntos en un estado que Trump había ganado por unos 13 en 2024.

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Ahora bien, que un giro en Medio Oriente resulte esperable no implica que vaya a ocurrir lo mismo en América Latina. Hay al menos cuatro razones que exceden el resultado electoral y permiten pensar que la Doctrina Donroe (la reedición del principio de Monroe que reivindica la total primacía estadounidense en la región frente a potencias como China) seguirá en pie e incluso podría profundizarse en los próximos dos años. Funcionan como círculos concéntricos, que van de lo individual a lo partidario, lo institucional y, finalmente, lo estratégico, el más amplio y el más difícil de revertir.

En primer lugar, Trump conserva margen y motivos para actuar en la región. Sin la presión de la reelección y con un Congreso hostil, los presidentes se sienten menos condicionados por la agenda doméstica y, a la vez, sin margen para avanzar en ella. Como mostró Philip Potter, director del Centro de Políticas de Seguridad Nacional de la Universidad de Virginia, esa combinación empuja a los “patos rengos” hacia afuera, con más diplomacia presidencial, más acuerdos ejecutivos y más uso de la fuerza. Por caso, George W. Bush respondió a la derrota legislativa de 2006 con el envío de más tropas a Irak y Barack Obama anunció el deshielo con Cuba seis semanas después de perder el Senado en 2014. Además, Trump conserva herramientas de coerción y chantaje que no requieren aval legislativo. Una son los aranceles, que ya fueron impuestos a casi 20 países de la región. La otra es la revocación de visas, que alcanzó al entonces presidente colombiano Gustavo Petro, al expresidente costarricense Óscar Arias y a jueces de la Corte Suprema brasileña.

A esto hay que sumar la personalidad de Trump, quien construyó su figura pública sobre la grandeza y la medición permanente de su lugar en la historia. El líder republicano, quien tiene un retrato de Monroe junto a su escritorio en el Salón Oval, podría buscar en la región el legado que Medio Oriente le niega. A diferencia de Irán, Europa o Asia, las acciones en la región son más “baratas”. En este marco, Cuba aparece como el candidato evidente. Tras la captura de Maduro, el presidente anticipó que la isla “es la siguiente”, y la caída del régimen comunista le permitiría atribuirse algo que ninguno de sus antecesores logró y, de paso, sepultar el legado de Obama.

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La segunda razón es partidaria. Las facciones republicanas, que disienten en cuestiones como la guerra en Ucrania o Medio Oriente, coinciden en su mirada sobre América Latina. Si bien los restrainers cuestionan las guerras lejanas e ideológicas, lejos están de rechazar la política intervencionista en la región. Steve Bannon, por caso, reclamó tras la reelección de Lula que Washington rompiera relaciones diplomáticas y cortara todo el comercio con lo que calificó como un régimen “marxista”. Para esta corriente, el Hemisferio es perímetro de seguridad propio y terreno central de la disputa con China. De allí que Rubio (quien impulsó la captura de Maduro, la presión por un cambio de régimen en Cuba y las sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes) pueda quedar debilitado en la interna republicana sin que eso afecte una agenda intervencionista que también es compartida por el bando opuesto.

En tercer lugar, la doctrina se apoya en la inercia institucional de agencias estatales alejadas de los focos de la política partidaria. Buena parte de la estrategia estadounidense hacia la región se diseña y ejecuta desde el Comando Sur, que en el último año reconvirtió la lucha contra el narcotráfico en una guerra contra el “narcoterrorismo” y donde la construcción de China como amenaza avanzó con independencia del partido gobernante. En los informes anuales de sus comandantes ante el Congreso, China aparecía apenas cuatro veces en 2015. En 2021, con Biden en la Casa Blanca, ya era la amenaza más nombrada, y en 2024 sumó 78 menciones, casi el doble que Rusia, la segunda. A ello se suma una arquitectura que se densificó este año, desde el Escudo de las Américas, que ya reúne a más de una decena de países, hasta el comando de guerra autónoma creado en abril por el Comando Sur y el nuevo Comando del Hemisferio Occidental del Ejército.

Por último, y sobre todo, la reedición de la Doctrina Monroe excede a Trump, al movimiento MAGA y a los republicanos. Su corazón es restringir la presencia china en sectores estratégicos como puertos, inteligencia artificial, infraestructura crítica, energía y minerales. Y la caracterización de China como principal amenaza es uno de los pocos consensos que sobreviven a la polarización política norteamericana. En efecto, el gobierno de Biden consolidó buena parte del giro iniciado por Trump, empezando por los aranceles contra Beijing.

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En el Congreso abundan, además, iniciativas bipartidarias como la resolución de la demócrata Jeanne Shaheen y el republicano Ted Budd para contrarrestar la influencia china en América Latina.

De esta forma, un Congreso demócrata podrá cuestionar los ataques contra lanchas en el Caribe, pero difícilmente discuta el objetivo de limitar la presencia china en la región. Por eso es el factor de mayor peso. Gane quien gane en 2028, la competencia con China seguirá ordenando la política hacia la región, aunque con otra intensidad y otros métodos.

Nada de esto implica que el escenario esté cerrado. El presupuesto de defensa le da a la Cámara de Representantes una palanca concreta y el costo de vida puede volver impopular cualquier nueva aventura militar. Pero esos frenos pesan menos en una región donde la coerción se ejerce sobre todo con aranceles, sanciones y visas. Lo más probable, entonces, es que un presidente frenado en Irán y sin agenda doméstica encuentre más incentivos que antes para endurecer la presión sobre la región, empezando por Cuba.

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En definitiva, la paliza electoral puede recortar el margen de maniobra de Trump en Medio Oriente o en materia comercial. En América Latina, en cambio, operan incentivos individuales, partidarios, institucionales y estratégicos que apuntan a la continuidad de la Doctrina Donroe y, posiblemente, a su profundización. Para los gobiernos latinoamericanos, lo más prudente sería planificar los próximos dos años sin esperar un repliegue de Washington en la región. Todo indica, más bien, lo contrario.

*El autor es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de San Martín e investigador del CONICET



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El Gobierno definió la comitiva que defenderá ante el Tribunal del Mar el reclamo por el petróleo de Malvinas

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El gobierno argentino se prepara para defender ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar su reclamo por la explotación petrolera en aguas circundantes a las Islas Malvinas en las audiencias previstas para los próximos 10 y 11 de noviembre. Según informó la Oficina del Presidente, la comitiva nacional que viajará a la sede en Hamburgo, Alemania, será encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.

El procedimiento se enmarca en la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para frenar el proyecto Sea Lion, que las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration planean desarrollar en la Cuenca Malvinas Norte, con perforaciones previstas para 2027 y producción comercial en 2028. No se discute sobre la soberanía de las islas, el reclamo puntual radica en los derechos sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

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La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy

Además de Ibarzabal Murphy, la representación también estará a cargo del embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que actúa como agente del Estado, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania, como coagente. Esta última designación responde a una lógica geográfica e institucional: Berlín, desde donde coordina el vínculo bilateral, se encuentra a menos de 300 kilómetros de Hamburgo, sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Oyarzábal es uno de los juristas internacionales más experimentados del Servicio Exterior. Abogado por la Universidad Nacional de La Plata y máster en Derecho por la Universidad de Harvard, integra desde 2023 la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (ONU) y fue agente del país en casos previos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el propio tribunal de Hamburgo. Fue además quien lideró la elaboración del escrito con el que el Gobierno inició el procedimiento arbitral contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco del Anexo VII de la Convemar.

Pasquali de Fonseca, primera mujer en representar a Argentina ante Alemania, egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) con medalla de oro y el Premio Elena Holmberg a la excelencia diplomática. A lo largo de su carrera ocupó destinos en Canadá, Austria, El Salvador y Noruega, y realizó estudios de posgrado en derecho penal económico en la Universidad de Freiburg.

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La delegación se completa con Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación. Las audiencias coinciden con los últimos dos días de la visita del papa León XIV a la Argentina, lo que explica que la comitiva esté integrada por cuadros técnicos y no por funcionarios de primera línea.

Además, y según se informó, el país tendrá un grupo de asesores externos: Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM, representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad, en el que el mismo tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque; Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, es una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales; y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

La presentación fue elaborada en conjunto por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.

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Las cuatro medidas que pide Argentina

Los pedidos centrales ante el TIDM son cuatro: impedir que el Reino Unido autorice o permita el avance de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte; restringir el uso de información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; exigir la protección del medio marino; y prohibir el otorgamiento de nuevas licencias mientras dure la controversia. La razón fundamental es que la explotación inminente de recursos del suelo y subsuelo de la zona en disputa produciría un daño irreparable e irreversible a los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.

Según el cronograma establecido por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, el martes 10 de noviembre la delegación argentina expondrá entre las 10 y las 13 horas (hora de Hamburgo). La representación británica tomará la palabra por la tarde, entre las 15 y las 18. El miércoles 11, Argentina tendrá una segunda intervención entre las 10.30 y las 12, y el Reino Unido cerrará el procedimiento entre las 17.30 y las 19.

Argentina cuenta con una representante propia entre los 21 magistrados del tribunal: la jueza Frida María Armas Pfirter, especialista en derecho internacional del mar, elegida vicepresidenta del organismo en octubre pasado.

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El Reino Unido, en tanto, designó al profesor emérito Vaughan Lowe como juez ad hoc, en uso de la facultad que la Convemar otorga a los Estados partes para incorporar un magistrado propio al panel cuando ninguno de los jueces permanentes posee su nacionalidad. Lowe, referente del derecho internacional del mar y del derecho de las inversiones, participará de las deliberaciones junto a los 21 jueces permanentes.

Una plataforma petrolera en mar abierto exhibe letreros de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres escenarios posibles

Una resolución sobre las medidas provisionales podría conocerse antes de fin de año, según fuentes diplomáticas. El plazo habitual ronda entre dos y cuatro semanas desde el cierre de las audiencias; en el caso de la ARA Libertad, el tribunal tardó un mes desde la solicitud.

Los escenarios posibles que analiza el gobierno argentino son tres, aunque aseguran que ninguno de ellos “implicaría otorgarle validez legal a la explotación británica de los recursos en disputa”. En el primero, el tribunal acepta el planteo argentino en su totalidad y ordena al Reino Unido cesar la actividad: Londres ya se comprometió a acatar la orden resultante del TIDM, lo que paralizaría la explotación hidrocarburífera hasta la resolución del arbitraje.

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En el segundo, el tribunal acoge parcialmente los argumentos de Argentina y rechaza otros, con resultados que dependerán de cada punto específico. En el tercero, el tribunal no hace lugar al planteo por considerar que las condiciones para una medida cautelar no estaban dadas o por falta de jurisdicción prima facie; en ese caso, el arbitraje internacional continuaría y Argentina podría volver a solicitar medidas cautelares ante el tribunal arbitral una vez constituido.

Tribunal Internacional del Derecho del Mar,sala de audiencias,derecho del mar

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