“Toda Bahía Blanca va a saber que sos un cochino”. La amenaza llegó por WhatsApp, después de varios días de conversaciones e intercambio de imágenes íntimas. La mujer que hasta entonces se presentaba como “Karina Pilar” exigía una transferencia y advertía que había guardado capturas de las conversaciones e incluso de las fotos enviadas para verse una sola vez. Si el hombre no pagaba, las publicaría junto con su cara. El precio de su silencio aumentaba con los mensajes: primero eran 30 mil pesos; después, 50 mil. Si dejaba pasar el tiempo, serían 100 mil.

Detrás de ese perfil estaba Carina Pilar Gottau, una masajista de 50 años conocida como “La Pili”, condenada a cinco años y seis meses de prisión por extorsionar a dos hombres en Bahía Blanca.

La sentencia, a la que accedió Infobae, reconstruye las amenazas, los pagos exigidos y el terror de las víctimas. También reproduce la explicación con la que intentó defenderse: aseguró que el dinero correspondía a préstamos o a una sesión de masajes que nunca se concretó.

“Eso de: ‘Me das plata o te escracho’, quizás sí lo dije, pero no en el contexto de querer extorsionarlo. Nunca jamás haría eso”, declaró ante el fiscal.

El juez Eugenio Casas, del Tribunal en lo Criminal N° 2, rechazó su versión al contrastarla con las conversaciones y las transferencias. El fallo fue dictado el pasado 14 de septiembre, mediante un juicio abreviado, y dispuso que cumpliera la pena bajo arresto domiciliario por estar a cargo de un hijo con discapacidad.

“Yo le transfería y ella me volvía a pedir plata de nuevo”

El primero de los hechos comenzó el 22 de diciembre de 2025. Según la reconstrucción judicial, Gottau contactó a un hombre por Facebook y luego continuaron la conversación por WhatsApp. Allí lo instó a intercambiar fotografías íntimas. Una vez que las tuvo, empezó a exigirle dinero bajo la amenaza de difundirlas.

En tres días, la víctima hizo diez transferencias por un total de $255.500 a una cuenta de Mercado Pago a nombre de la mujer. Pero pagar no alcanzaba para terminar con los reclamos.

“Ella me llamaba todo el tiempo por WhatsApp, como para que yo le transfiriera, me pedía plata diciéndome: ‘Bueno dame esta plata, y no te jodo más’. Yo le transfería y ella me volvía a pedir plata de nuevo”, relató el hombre en una declaración incorporada al fallo.

Nunca llegaron a encontrarse personalmente. Después de denunciarla, la bloqueó. Sin embargo, el temor a que difundiera el material seguía presente cuando declaró: “Cuando empezó a pedirme plata, sentí miedo de que publicara todo. Todavía tengo miedo de que las publique”. Tampoco buscaba recuperar el dinero.Recurrió a la Justicia por temor a la publicación de las imágenes.

Meses después, la modalidad se repitió con otro hombre. El fallo estableció que el contacto comenzó el 2 de mayo de 2026, también por Facebook, y siguió por WhatsApp. Durante esos días mantuvieron conversaciones frecuentes e intercambiaron imágenes sexuales de manera voluntaria.

La madrugada del 8 de mayo, alrededor de las 2.20, empezaron los mensajes intimidatorios. Gottau le exigió dinero y le advirtió que podía publicar las imágenes y las conversaciones privadas. La amenaza incluía exponerlo en su entorno: decía que sabía dónde trabajaba y que también podía ir a escracharlo a su casa.

“M.pssas la plata o t escracho ya (SIC)”, escribió. A ese mensaje le siguieron otros que acortaban los plazos y elevaban las sumas: “No espero más. 5 minutos t doy y borros todo (SIC)”, “S m das mañana t sube a 100 mil. Y ojo CN lo que haces xq s dnd trab (SIC)” y “Mejor 150 vale eso q t respeten noo (SIC)”, según las transcripciones de la sentencia.

Entre las 3.27 y las 3.32, el hombre hizo cuatro transferencias por un total de $59.000. Los pagos quedaron registrados en su teléfono y fueron corroborados con los informes de Mercado Pago. Aun así, los reclamos continuaron.

En la denuncia contó que había recibido 16 llamadas por WhatsApp y otras dos por la línea telefónica. Dijo que su prioridad era que cesara el hostigamiento, pidió medidas de protección y anunció que cambiaría su número por temor a seguir recibiendo mensajes.

“No sé lo que es una extorsión”

Cuando declaró ante el fiscal Rodolfo de Lucía, Gottau reconoció los contactos con los dos denunciantes, el intercambio de imágenes y la recepción del dinero. Su explicación fue que esos pagos tenían otro motivo y que había amenazado con publicar el material para que dejaran de enviarle contenido sexual.

Sobre el primer hombre, sostuvo que le había consultado por sus servicios de masajista y que una parte del dinero correspondía al adelanto de un turno que no llegó a realizarse. El resto, aseguró, había sido ayuda económica.

“Yo realmente cuando le dije que necesitaba plata, yo ni para este caso ni para el otro, no entendí que estaba haciendo… no lo tomé como una extorsión”, dijo.

Al referirse al segundo denunciante, describió un vínculo en el que hablaban durante el día y la noche, y tenían planes de conocerse. Según su versión, él se había ofrecido a ayudarla porque tenía poco trabajo y ella pensaba devolverle el dinero.

“Él también me mandaba vídeos también tocándose, pidiéndome fotos. Y yo como que también me había cansado de todo el tiempo mandarme fotos, fotos desnudo, de su miembro, tocándose, como que me parecía que ya no lo quería conocer”, sostuvo.

“Yo le había dicho que si no la terminaba, lo iba a escrachar. Quería que se terminara la situación de que me mandara vídeos y cosas. (…) Yo la verdad no entendí… no sé cómo explicarme que yo no extorsioné a nadie, es más borré las cosas”, expresó.

Durante la declaración le exhibieron los mensajes en los que aumentaba las exigencias. La respuesta fue: “Eso de mejor 30 o 50 era lo que necesitaba… él me dijo que cobraba y me daba”. Sobre la amenaza de escracharlo, agregó: “No sé por qué dije eso de ‘Te escracho’… No lo dije con intención”.

Para el juez, esas explicaciones no resistían el contraste con las pruebas. Las conversaciones, los horarios de los mensajes y los movimientos de dinero permitían establecer que los pagos eran consecuencia de las amenazas.

“Puede ser que la señora Gottau no sepa lo que significa la palabra extorsión como concepto jurídico”, escribió Casas. Pero señaló que no podía desconocer el alcance de sus palabras ni que exigía dinero a cambio de no publicar las fotografías íntimas. “No puede desconocer que esta maniobra no es correcta, ni legal, independientemente del nombre jurídico que tenga la misma”, concluyó.

La revisión del teléfono de Gottau también permitió encontrar capturas de conversaciones e imágenes íntimas de otro hombre, junto con un mensaje que decía: “T aseguro q te van a conocer en White y alrededores”, en referencia a Ingeniero White.

El fallo señaló que ese hallazgo podría estar relacionado con otra posible víctima de maniobras similares, aunque la condena comprendió únicamente los dos hechos acreditados.

Al fijar la pena, el magistrado consideró como atenuante la falta de antecedentes penales. La prisión domiciliaria fue dispuesta mientras se mantenga la circunstancia que la fundamenta: el cuidado de su hijo con discapacidad, acreditado mediante un certificado y un informe social. Además, ordenó el decomiso del Motorola Moto E13 utilizado para cometer las extorsiones.

La visita de Javier Milei a Bahía Blanca dejó una postal inesperada que rápidamente se viralizó en redes sociales. Mientras el Presidente recorría la ciudad bonaerense y saludaba a militantes en la calle, una mujer apareció en el balcón de un departamento, recién salida de la ducha y envuelta en una toalla, para ver el paso del mandatario.

La llegada de Milei al sur de la provincia fue el viernes, con una agenda que incluyó la visita a tres empresas alcanzadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Más tarde, el Presidente tenía previsto un encuentro con militantes locales, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

Fue en ese contexto que, horas después, se difundió un video que captó la atención de todos.

En las imágenes que circularon en X se ve a la mujer con una toalla en la cabeza y un toallón que le cubre el cuerpo.

En el balcón, desde donde tenía a Milei en primer plano, un joven registra el paso de la comitiva. Mientras, desde abajo, tanto ella como el chico son grabados por otro de los seguidores.

Javier Milei, Bahía Blanca, toalla

En la Argentina se desecharon durante 2025 unos 73 millones de kilos de alimentos, con pérdidas estimadas en $370.520 millones, de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Entre los productos que terminaron fuera del circuito de consumo se encuentran los lácteos, fiambres y otros alimentos refrigerados.

El dato adquiere otra dimensión si se tiene en cuenta que, al mismo tiempo, miles de personas atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria y dependen de la asistencia de organizaciones sociales, comedores y bancos de alimentos.

El problema, según advierten desde el Banco de Alimentos Buenos Aires, no radica únicamente en la cantidad de comida que se desperdicia. También existe una cuestión económica que puede desalentar a las empresas a la hora de donar: bajo el régimen actual, determinados alimentos entregados en donación pueden generar un tratamiento fiscal menos conveniente que el descarte.

En otras palabras, una empresa puede encontrarse con una situación en la que recuperar, clasificar, transportar y donar un alimento termine siendo más costoso que descartarlo.

El IVA, en el centro de la discusión

Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos Buenos Aires, explicó que la organización trabaja para identificar cuáles son las condiciones que influyen en las decisiones de las empresas cuando deben disponer de productos que ya no pueden comercializarse, pero que todavía son aptos para el consumo.

“Es de suma importancia la donación de las empresas. Es por eso por lo que constantemente buscamos identificar aquellas condiciones que influyen en la decisión de nuestros aliados al disponer de su merma”, señaló.

Según Uranga, uno de los principales obstáculos está relacionado con el tratamiento que actualmente recibe el IVA. “Bajo el régimen legal actual, la decisión de donar alimentos implica que la empresa no podrá computar el crédito de IVA vinculado a la elaboración del mismo, mientras que, si ese alimento es descartado, sí es posible computar el referido crédito fiscal”, explicó.

Por ese motivo, desde el Banco de Alimentos Buenos Aires y la Red de Bancos de Alimentos plantean la necesidad de modificar el esquema vigente para evitar que la decisión de donar genere una desventaja económica frente al descarte.

“Promover la reforma legislativa necesaria para corregir esto es uno de los objetivos que trabajamos junto a la Red de Bancos de Alimentos”, agregó Uranga.

La Ley Donal existe, pero el problema sigue siendo económico

Argentina cuenta con un marco legal específico para las donaciones de alimentos. Se trata de la denominada Ley Donal, que establece condiciones para facilitar la entrega de productos y brinda seguridad jurídica a quienes realizan las donaciones.

Uno de los puntos centrales está contemplado en el Artículo 9, que establece un régimen de protección para las empresas respecto de la responsabilidad civil y penal vinculada con los alimentos entregados bajo las condiciones previstas por la normativa.

El objetivo de este marco es estimular las donaciones y evitar que las empresas se abstengan de entregar alimentos por temor a eventuales consecuencias legales.

Sin embargo, desde el sector sostienen que contar con seguridad jurídica no alcanza si la estructura económica e impositiva continúa haciendo más conveniente el descarte.

El desafío, entonces, no sería crear desde cero un mecanismo que permita donar, sino modificar los incentivos para que donar alimentos aptos para el consumo no resulte menos conveniente que desecharlos.

Recuperar, transportar y almacenar también tiene un costo

La cuestión impositiva no es el único factor que interviene en la decisión de una empresa. Los alimentos que salen del circuito comercial deben ser recuperados, clasificados, almacenados y transportados antes de llegar a una organización social. Cada una de esas etapas implica costos y requiere infraestructura, personal y logística.

Por eso, desde los bancos de alimentos plantean que cualquier modificación del sistema debería contemplar también esos gastos.

La ecuación es sencilla: cuanto mayores sean los costos asociados a recuperar un producto, mayor puede ser el incentivo económico para descartarlo directamente.

El debate sobre el desperdicio alimentario, por lo tanto, no se limita a una cuestión ambiental o solidaria. También involucra impuestos, costos logísticos, infraestructura y decisiones empresariales.

“Cada kilo que se destruye pierde la oportunidad de convertirse en un plato de comida”

Uranga vinculó el problema del desperdicio con la situación social del país y destacó el papel que cumplen los bancos de alimentos para recuperar productos que todavía pueden ser consumidos.

“Hoy en nuestro país hay hambre. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA sostiene que la Argentina mantiene desde hace años un piso estructural de pobreza cercano al 30% y la indigencia asciende a alrededor del 7%”, afirmó.

En ese contexto, remarcó que los alimentos que son descartados pueden representar una oportunidad perdida para las organizaciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.

“Los Bancos de Alimentos trabajan para reducir el hambre y evitar el desperdicio de alimentos. Pensemos que cada kilo de alimento que se destruye y podría haber sido donado, pierde la oportunidad de convertirse en un plato de comida”, sostuvo.

Para el director del Banco de Alimentos Buenos Aires, facilitar las donaciones tiene además un impacto que excede la asistencia alimentaria. “Facilitar las donaciones no es sólo un imperativo ético, sino también una solución económica y ambiental necesaria para el país”, afirmó.

Qué cambios proponen para incentivar las donaciones

Alfredo Kasdorf, asesor de la Red Global de Bancos de Alimentos (GFN, por sus siglas en inglés), planteó que Argentina podría avanzar hacia un sistema de incentivos que complemente el actual marco legal.

“Desde la perspectiva de GFN, Argentina necesita completar la Ley Donal con una arquitectura de incentivos”, explicó.

Uno de los principales puntos que propone revisar es precisamente el tratamiento del IVA asociado a los alimentos donados.

La idea es evitar que una empresa pierda créditos fiscales como consecuencia de donar alimentos cuando esa pérdida no se produciría ante determinadas modalidades de descarte.

Kasdorf también mencionó la posibilidad de fortalecer las deducciones fiscales existentes. Actualmente, según explicó, esas deducciones están sujetas, en términos generales, a un límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio.

A eso se sumaría el reconocimiento de los costos vinculados con la recuperación, el transporte, el almacenamiento y la distribución de los productos donados.

“La oportunidad para Argentina es pasar de una Ley Donal que hace posible donar a un sistema de políticas públicas que haga más fácil y económicamente racional la donación”, sostuvo Kasdorf.

El objetivo, agregó, sería aprovechar una mayor cantidad de alimentos que todavía pueden ser recuperados, fortalecer el trabajo de los bancos de alimentos y otras organizaciones especializadas y reducir las pérdidas y desperdicios.

La discusión sobre los incentivos para la donación de alimentos también está presente en otros países de América Latina. Colombia, Brasil, Uruguay y México desarrollaron diferentes herramientas fiscales y legales para facilitar el rescate de alimentos.

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