La Libertad Avanza (LLA) conmemora este jueves el Día de la Unidad. El espacio oficialista, liderado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, y por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, destacó en sus redes sociales la importancia de dejar de lado diferencias personales ante la competencia electoral, priorizando la disciplina, la lealtad y el trabajo en equipo como valores centrales para alcanzar el triunfo de las ideas de la libertad.

Según publicó la cuenta oficial de LLA en la red social X, la conmemoración subraya la necesidad de “luchar todos juntos en pos del mismo objetivo: el triunfo de las ideas de la Libertad en las urnas”. El mensaje enfatizó que este propósito exige “poner el éxito del conjunto por sobre las individualidades” y expresó un respaldo explícito tanto a la figura de Javier Milei como a la conducción interna de Karina Milei.

La celebración de la fecha se enmarca en el contexto de una estrategia de consolidación partidaria tras los primeros meses de gestión presidencial y en vísperas de nuevos desafíos electorales. Voceros del espacio remarcaron que la unidad representa una condición indispensable para sostener el proyecto y enfrentar a los adversarios políticos que, según el oficialismo, “han condenado a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación”.

El mensaje institucional se complementó con el tuit de Karina Milei del año pasado, en el que la secretaria general de la Presidencia planteó: “Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”. En ese texto, la dirigente definió a La Libertad Avanza como “una declaración de principios” y una expresión de quienes “están dispuestos a dar la pelea, no por un cargo, sino por una causa”.

Hoy celebramos el DÍA DE LA UNIDAD en La Libertad Avanza, porque aprendimos que cuando se trata de la competencia electoral hay que dejar cualquier diferencia de lado y luchar todos juntos en pos del mismo objetivo: el triunfo de las ideas de la Libertad en las urnas. Eso… pic.twitter.com/lq5d1m5lYJ

— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) July 23, 2026

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La publicación de Karina Milei también estableció que el principio rector del espacio es la “tabula rasa”, bajo la instrucción del presidente Javier Milei, y que “todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei”.

La dirigente además sostuvo que “la lealtad no es una opción: es una condición”, y que los cuestionamientos internos equivalen a desafiar al propio presidente y la causa fundante del movimiento. Su mensaje puede leerse en su cuenta de la red social X.

Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.

La Libertad Avanza en la…

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— Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025

La declaración institucional y el mensaje de Karina Milei incluyeron una identificación explícita del adversario político: el kirchnerismo, definido como “el que convirtió la provincia en su feudo” y responsable de perpetuar el clientelismo y el fracaso como forma de poder. En ese marco, la consigna del Día de la Unidad llama a la defensa de las convicciones partidarias como a la voluntad de “enfrentar con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia”.

“La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener”, concluyó la Secretaria General de la Presidencia.

24 de febrero de 202221:007‘minutos de lectura

Los ataques al Estado comenzaron meses antes de que salieran a la luz. Se infiltraron en silencio hasta tomar el control de todo. Y entonces sí golpearon, dejando al borde del knock out a la víctima y, por extensión, a miles de ciudadanos. Siempre con la misma exigencia final: el pago de un rescate para terminar con el secuestro.

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El Senado de la Nación y el Poder Judicial de la provincia de Chaco son las dos víctimas más recientes del sector público que padecieron la intrusión a sus sistemas y bases de datos. Pero no fueron los únicos, ni mucho menos. También la Dirección Nacional de Migraciones, la Provincia de San Luis, la Municipalidad de General Pueyrredón o la Fiscalía bonaerense se encuentran entre sus víctimas.

La palabra clave es “ransomware”, es decir, el “secuestro de datos” online cuya liberación se condiciona al pago de una fortuna en las profundidades de Internet –o “deepweb”-, mediante complejas operaciones que ocultan al secuestrador. Pero pagar tampoco garantiza que liberen lo robado. Por el contrario, podría alimentar la codicia de ese mismo atacante… o de otros.

Ese riesgo fue el que llevó al Senado nacional, a la Justicia chaqueña y a Migraciones a tomar la misma decisión: ni siquiera contactaron a los secuestradores, según reconstruyó en base a los testimonios de funcionarios provinciales y federales al tanto de lo ocurrido en esos ataques.

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Los tres ataques registraron coincidencias. La primera, que los secuestros de datos no ocurrieron de la noche a la mañana sino que se gestaron durante semanas o, incluso, meses. La segunda, que los atacantes se encargaron de borrar sus propias huellas para impedir que puedan perseguirlos. La tercera, que los hackers dejaron notas con precisiones sobre cómo negociar el pago de un rescate.

Los ataques, sin embargo, también registraron diferencias entre sí. La primera, que las protagonizaron grupos de hackers con improntas disímiles. La segunda, que quienes atacaron al Senado nacional y a la Justicia chaqueña exigieron el pago de un rescate a cambio de devolver la información, mientras que quienes afectaron a Migraciones amenazaron con difundir la información si no cobraban ese rescate.

El ataque a Migraciones fue el primero de los tres. Un usuario remoto, identificado como admin.cfeijoo se alojó dentro de los sistemas al menos desde junio de 2020, aunque el ataque estalló el 27 de agosto, cuando un “ransomware” de la variedad “Netwalker” empezó a hacer de las suyas: cifró la información –que incluía datos migratorios de miles de argentinos y extranjeros-, copió los datos de los sistemas infectados y amenazó con difundirlos en la “deepweb”.

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A partir de allí, los hackers fijaron el 10 de septiembre de 2020, a las 9.10 de la mañana, como límite para la divulgación de la información secuestrada. Y algo más: cifraron el monto del rescate: 355.87180000 bitcoins, que al tipo de cambio entonces vigente eran casi US$ 3,6 millones. Migraciones radicó una denuncia penal, no pagó el rescate y los datos fluyeron por las profundidades de Internet.

Quienes atacaron al Senado, en tanto, se identificaron por un nombre de fantasía: “The Vice Society” o “la sociedad del vicio” y su ataque quedó expuesto el 12 de enero pasado, semanas después de que se difundiera que un holding de 70 periódicos noruegos y una cadena de supermercados del Reino Unidos se encontraban entre sus víctimas.

“Bloquearon todo y dejaron un archivo de texto que contenía los datos de contacto de un usuario en la ‘deep web’, a la que había que entrar utilizando el navegador Tor para negociar la devolución del material”, indicó un funcionario del Senado al tanto de lo ocurrido a .

La decisión final fue, sin embargo, no contactar a los secuestradores. Entre otras razones para no fijar un precedente que aliente a los mismos u otros hackers a redoblar los ataques, decisión que también adoptó el Superior Tribunal de Justicia de Chaco. No negociaron con quienes tomaron el control de los sistemas operativos del Poder Judicial de la provincial la noche del viernes 7, o la madrugada del sábado 8, de enero pasado.

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El riesgo de un colapso –que podía llevar a la desaparición de miles de expedientes penales, laborales, civiles y de familia, con el consecuente perjuicio social- alarmó a las máximas autoridades judiciales de la provincia, que conformaron un comité de crisis para revertir lo ocurrido… o al menos intentarlo. Actuaron en línea con los pasos que siguió la provincia de San Luis tras el ataque “ransomware” que sufrió el 25 de agosto de 2019. Ese día, el gobierno puntano perdió el control de 7,7 gigas de datos -una década de información pública- y poco después decretó la emergencia administrativa.

Los hackers que avanzaron contra Chaco, en tanto, se identificaron con otro nombre de fantasía, según indicaron desde Resistencia a . Se presentaron como el “Hive Ransomware Group”, siendo “hive” la palabra que en inglés significa “colmena”. Ese grupo acumula más de 350 ataques a empresas privadas y organismos públicos alrededor del mundo en cuatro meses. Es decir, tres hackeos diarios.

La ofensiva escaló tanto que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una alerta el 25 de agosto pasado sobre ese grupo. Detalló las tácticas, técnicas y procedimientos más habituales en sus ataques, como también recomendó algunas formas para “mitigar” el riesgo. La primera de ellas, crear copias de seguridad –o “back-up”- de toda la información, las que deben almacenarse sin conexión alguna a Internet.

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El FBI también exhortó a no pagar el rescate exigido, aunque expresó que “comprende” a quienes toman esa decisión. “El FBI comprende que cuando una empresa afronta la imposibilidad de funcionar, sus ejecutivos evalúen todas las opciones para salvaguardar a sus accionistas, empleados y clientes”, indicó. Ese fue el caso de Colonial Pipeline, una firma estadounidense que pagó US$ 4,4 millones en criptomonedas al grupo “DarkSide” –en español, “Lado Oscuro”- y recuperó el control de sus operaciones. Un mes más tarde, el FBI logró decomisar US$ 2,3 millones.

Colonial Pipeline estuvo lejos de ser la única empresa que pagó un rescate. La plataforma Chainalysis identificó que los hackers cosecharon más de US$ 692 millones durante 2020, y otros US$ 602 millones durante 2021 –provenientes de 140 ataques distintos-, según un informe preliminar que difundió el mes pasado.

Si el FBI puso en la mira al grupo “Hive” –el mismo que atacó al Poder Judicial chaqueño-, “Vice Society” quedó bajo la mira del Centro de Ciberseguridad Nacional británico y de expertos israelíes que buscaron determinar el origen de esos ataques. Algunos dedos apuntan a Irán y China; otros, a Rusia, desde donde habría provenido el pedido de al menos US$ 7,5 millones que recibió la empresa privada Telecom Argentina, en julio de 2020, tras padecer su propio ataque “ransomware”.

La mayoría de los ataques termina impune, tanto en la Argentina como en el extranjero, aunque de vez en cuando se registran arrestos. En noviembre pasado, Interpol lideró una redada con el apoyo de 17 países que culminó con la detención de siete sospechosos en Corea del Sur, Kuwait y Rumania, en tanto que Estados Unidos y Rusia arrestaron a miembros rusos y ucranianos de otra banda criminal, conocida como “Revil”.

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Mientras tanto, desde el Senado nacional, el Poder Judicial chaqueño y Migraciones coincidieron en que el único paliativo ante un ataque es contar con copias de seguridad, aunque no necesariamente resulte un remedio: el back-up puede no llegar a la fecha del ataque, ni tampoco es recomendable acudir a la copia de seguridad más reciente. ¿Por qué? Porque para entonces los sistemas ya podrían encontrarse infectados por los hackers, por lo que sugieren retrotraerse a la penúltima versión de resguardo.

Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política

La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos y el FBI sobre la operatoria de la firma TourProdEnter, vinculada a la AFA, podría sumar la próxima semana una definición clave.

Uno de los nombres mencionados en la supuesta citación emitida por Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida es el de Diego Adrián Lucero, un empresario de 51 años que fue socio de Luciano Nicolás Pantano, uno de los dueños de la firma que adquirió la mansión de Pilar investigada por la Justicia argentina y atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

La supuesta citación, dirigida a un tercero cuya identidad todavía no fue revelada y que tendría que presentarse el próximo 30 de julio a las 9 (hora local), ordena aportar registros vinculados con TourProdEnter y toda comunicación mantenida con Lucero, Toviggino, Tapia y el empresario Javier Faroni.

Lucero aparece así entre las personas sobre las que la Justicia estadounidense busca obtener documentación en el marco de la investigación preliminar sobre TourProdEnter, la empresa registrada en Miami a nombre de Erica Gillette (esposa de Faroni) que se encuentra bajo análisis por presuntos movimientos financieros vinculados con la AFA.

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Según la documentación societaria, Lucero y Pantano constituyeron el 10 de febrero de 2021 la firma Central Park Drinks SRL. Ambos figuraban como socios y asumieron como gerentes de la compañía, cuyo objeto social era la explotación de restaurantes, bares, cafeterías y la venta de alimentos.

Con el tiempo, esa sociedad cambió su denominación y pasó a llamarse Real Central SRL, la empresa que figura como propietaria del predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar, donde la Justicia halló una mansión valuada en unos 20 millones de dólares, junto con 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.

El 11 de mayo de 2022, Lucero renunció a la gerencia de Central Park Drinks SRL. Su lugar fue ocupado por Ana Lucía Conte, madre de Pantano, quien también figura como titular de Real Central SRL y es una de las personas investigadas en la causa por la propiedad.

La pesquisa sobre esa mansión sostiene como hipótesis que Pantano y Conte habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino. La causa, que atravesó una extensa disputa de competencia entre distintos tribunales, quedó finalmente radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, a cargo de Verónica Straccia.

En paralelo, la investigación estadounidense también analiza el circuito financiero de TourProdEnter. La documentación incorporada en distintos expedientes sostiene que la empresa fue designada como representante comercial exclusiva de la AFA para operaciones internacionales mediante un contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por Tapia y Toviggino.

De acuerdo con esas actuaciones, la sociedad administró un flujo de fondos superior a los 260 millones de dólares y parte de ese dinero habría ido a empresas fantasmas en EE.UU.

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Hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación. La AFA negó, a su vez, que se le haya incautado los celulares a miembros de la comitiva que regresó a la Argentina tras el Mundial.

Además de su vínculo societario con Pantano, Lucero también registra antecedentes laborales en otra empresa que aparece en una causa judicial argentina.

Según consta en la investigación, fue empleado de Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), una firma que el fiscal Pedro Simón, de Santiago del Estero, incorporó a una estructura de empresas que, según su acusación, habría sido utilizada para defraudar a la AFA.

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En sus dictámenes, el fiscal sostuvo que la AFA transfirió un total de $3.633.013.825 a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus.

“Este flujo financiero, por su magnitud y falta de justificación económica declarada, constituye por sí solo un ‘indicador de riesgo’ que obliga al Estado a investigar el origen de los fondos”, señaló Simón en esa presentación judicial.

TN intentó comunicarse con Lucero a los domicilios que figuran registrados a su nombre, pero no logró establecer contacto hasta el momento de la publicación de esta nota.

Pablo Toviggino, AFA, AFA (Asociación de Fútbol Argentino)