El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles el concurso para cubrir seis vacantes en los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py y elevó los nombres al Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

Con 19 votos a favor y uno en contra, la decisión destraba un proceso que estaba detenido desde febrero de 2022 y habilita al Poder Ejecutivo a elegir postulantes de las ternas y enviar los pliegos al Senado para su confirmación.

Concretamente, el Gobierno podrá cubrir una vacante en los Tribunales Orales Federales 2, 4 y 5. En ellos se tramitan, por ejemplo, la causa Hotesur-Los Sauces contra Cristina Kirchner.

También podrá designar a los tres miembros del Tribunal Oral Federal 6, que no tiene titulares desde 2020 y se maneja con el sistema de subrogancias.

La terna contó con el apoyo de todos los sectores representados en el Consejo, incluido La Libertad Avanza, el kirchnerismo, la UCR, el PRO, académicos y abogados. En total, se aprobaron 38 nombres para ocupar esos seis lugares.

Según el orden de mérito, los cinco primeros del concurso son Agustina Inés Rodríguez, coordinadora general de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres; Nicolás Schiavo, juez de garantías de San Martín; Luis Arnaudo, fiscal penal de la Ciudad de Buenos Aires; Ignacio Labadens, secretario del Tribunal Oral 1 de Comodoro Py; y Marcelo Peluzzi, juez nacional de ejecución penal.

Del sexto al décimo puesto se ubicaron Ivana Quinteros y Nicolás Pacilio —secretarios de la Cámara Federal de Comodoro Py—, Nicolás Ceballos, juez de garantías de Pilar; Gabriel Gonzalo Rey, secretario judicial; y Nicolás Grappasonno, juez de un Tribunal Oral de La Matanza.

Ahora, el gobierno deberá evaluar los nombres, que no implica que se respete el orden de mérito de los concursos, y elegir a sus seis candidatos para luego enviarlos al Senado.

Las vacantes en el Poder Judicial, una de las prioridades del Gobierno

Con la salida de Mariano Cúneo Libarona y el arribo de Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno se propone cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial, una urgencia que priorizó por encima de otros cargos sensibles como la Procuración General de la Nación o las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia.

Semanas atrás, el Ejecutivo envió un paquete de 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces al Congreso para que sean tratados.

En la lista enviada por el Gobierno figuran nombres como los de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; o Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez a cargo de la causa $LIBRA.

Desde el entorno del titular del máximo tribunal aclararon a Clarín que no participó de la votación de esa terna en el Consejo, que fue aprobada por unanimidad. También destacaron que Emilio Rosatti tiene carrera propia en el Poder Judicial y formación especializada en derecho penal.

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La mayoría de los cargos corresponde a la provincia de Buenos Aires y al fuero correccional de la Ciudad. Entre ellos hay puestos en tribunales orales federales, cámaras de apelaciones y juzgados nacionales. También se incluyeron cargos en el fuero civil y en la Cámara Federal de la Seguridad Social.

En detalle, figuran posiciones para el Tribunal Oral Federal de Formosa, la Cámara en lo Criminal Federal de La Plata, la Cámara Penal Económica, la Cámara Correccional porteña y distintos juzgados nacionales en lo criminal y correccional. Además, se incorporó un cargo de fiscal en el fuero penal económico y una defensora oficial.

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