POLITICA
Un exintendente bonaerense propone crear una policía militar para el conurbano
El exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, propuso la creación de una policía militar para el conurbano. Según sostuvo, el objetivo es modificar el esquema de seguridad vigente ante el crecimiento y la complejidad del delito.
Sobre el funcionamiento de esta fuerza federal, de La Torre explicó que dependería del gobierno nacional y no de las autoridades provinciales ni municipales y actuaría “en los municipios federalizados”.
Esta fuerza federal “permanente, de régimen y formación militar” se dedicará a delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas.
“No es el Ejército prestado ni Gendarmería prestada, es una fuerza creada específicamente para el conurbano”, remarcó el también exsenador por la provincia de Buenos Aires. Asimismo, precisó que se formaría en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense.
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“Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, afirmó.
Según explicó De la Torre, la eventual Policía Militar conviviría con la Policía municipal que continuarían bajo la órbita de los intendentes y mantendrían las tareas de prevención y patrullaje.
“Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.
En ese sentido el legislador cuestionó el actual esquema de seguridad de la provincia de Buenos Aires. “En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.
Para De la Torre, el problema requiere una transformación profunda del sistema actual. En ese sentido, defendió la necesidad de avanzar con cambios estructurales tanto en el modelo de seguridad.
“Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”, concluyó.
La federalización del conurbano
De la Torre también propone federalizar el conurbano bonaerense y sacárselo a la Provincia. La iniciativa contempla establecer que cada municipio pase a convertirse en un distrito federal dependiente directamente del Gobierno nacional.
Semanas atrás, de La Torre propuso federalizar los 27 distritos del conurbano y eliminar así la figura del gobierno provincial como autoridad competente sobre ellos. El exsenador provincial planteó la iniciativa, aseguró, en respuesta a los problemas que se agravaron en la región en los últimos años.
“Pasan a tener únicamente Estado municipal y Estado nacional”, ratificó en diálogo con radio Mitre. Su postulación propone, a su vez, que cada distrito federal elija a su propio intendente, pero no participe en las votaciones para gobernador, senadores o diputados provinciales.
Y explicó: “Lo que hay que entender es que esto ya funciona así: si vivís en La Matanza o en Hurlingham, el agua te la brinda AySA, que es una privatización nacional; el gas, MetroGAS, que también es nacional; la luz, Edesur; los trenes y colectivos también son nacionales; de la salud también se hacen cargo los municipios; en cuanto a la seguridad, los patrulleros, el combustible y las cámaras las pone el municipio, lo único que pone la provincia es el sueldo de los policías. Lo mismo pasa en educación”.
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POLITICA
Denunciaron por “contrabando” a empresas pesqueras que operan en mar argentino con licencia británica
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, en representación de la organización Reset Republicano, presentaron una denuncia penal por “contrabando” ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7 contra siete firmas pesqueras extranjeras que operan en el mar argentino.
La presentación judicial apunta contra directivos y administradores de empresas de origen español acusadas de extraer recursos naturales mediante licencias expedidas por la administración británica, las cuales fueron calificadas en el texto como “verdaderas patentes de corso”.
El escrito advierte que los buques implicados realizan “la captura masiva de recursos vivos” sin habilitación oficial, evadiendo los controles aduaneros nacionales y afectando la soberanía económica sobre la plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva.
La causa quedó a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway, en sintonía con las acciones de presión diplomática y legal que impulsa el Gobierno nacional para endurecer las sanciones contra operaciones ilegítimas en Malvinas.
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POLITICA
Un exintendente kirchnerista santafesino fue condenado por fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales
SANTA FE.- Un exintendente kirchnerista del interior de esta provincia, Camilo Busquet (69 años), que gobernó la ciudad de Ceres, de 20 mil habitantes, entre 2003 y 2017, fue condenado por delitos de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales contra la administración pública.
La condena fue de dos años y diez meses de prisión en suspenso, pero con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En la misma causa, el exsecretario de Hacienda de ese municipio, durante la gestión Busquet, Lucas Sebastián Cañete, también fue condenado. En este caso, fue a dos años y tres meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La sentencia fue dispuesta por los jueces Cecilia Álamo (presidenta), Javier Bottero y Nicolás Stegmayer, en el marco de un juicio oral y público que se desarrolló la última semana en los tribunales de San Cristóbal.
Como parte de ese juicio se escucharon los testimonios de 22 testigos, entre ellos, la actual intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, quien impulsó la denuncia contra su antecesor.
En el debate, Guillermo Loyola, de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, que representó al Ministerio Público de la Acusación, sostuvo: “Si bien esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para analizar los pasos a seguir, valoramos la decisión de condenar a los dos exfuncionarios a los que investigamos”.
“Durante el debate logramos demostrar que mientras Busquets ejerció la intendencia de Ceres en sucesivos períodos en los que fue electo, cometió diferentes delitos en perjuicio de la administración pública”, indicó el fiscal.
Sobre Cañete, responsable de la secretaría de Hacienda de aquel municipio, se añadió que “intervino activamente para que algunos de esos ilícitos pudieran concretarse”.
Loyola sostuvo que “entre los hechos por los que se impusieron las condenas está el desvío de los fondos recibidos en concepto de Financiamiento Educativo en 2017”, y aseguró que “quedó probado que ese dinero tuvo un destino distinto al que correspondía”.
Asimismo, el fiscal afirmó que “con abuso de la confianza conferida para el manejo de fondos públicos, se disponían llamados a concursos privados de precios para realizar obras públicas que por el elevado monto debían realizarse a través de licitaciones públicas”. Al respecto, expuso que “esas maniobras representaban un perjuicio patrimonial ya que las obras eran abonadas en su totalidad cuando aún no habían sido concluidas o se adjudicaban concursos sin respetar los procedimientos de compra previstos por la ordenanza municipal”.
Finalmente, Loyola aseguró que, “de forma reiterada, los funcionarios condenados incumplieron con los deberes que conllevan los cargos públicos que ostentaban”.
Condenas
Al concluir el juicio oral y público, Busquets fue condenado por la coautoría de “malversación de caudales públicos”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”; y por la autoría de “fraude a la administración pública” y “abuso de autoridad”. En cambio, no se trató ningún caso de supuesto enriquecimiento ilícito.
Por su parte, a Cañete se lo condenó como coautor de “malversación de caudales públicos” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, así como partícipe necesario de “fraude a la administración pública”.
El abogado querellante, Ignacio Alfonso Garrone, quien intervino en la causa junto con Clara Vázquez, calificó la resolución como “histórica” para el centro y norte de Santa Fe.
Consecuencias
En tanto, la actual intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy (UCR/Unidos), le comentó a este diario que “no se trata de celebrar la condena de una persona, sino de reafirmar un principio fundamental: quienes administran los bienes del Estado deben hacerlo con honestidad, responsabilidad y transparencia”. Y agregó: “Esperamos que esta decisión siente un precedente y contribuya a fortalecer las instituciones, los mecanismos de control y la confianza de la ciudadanía en la Justicia y en la política”.
“Los recursos públicos se respetan. El que no lo hace, sabe que la corrupción tiene consecuencias”, subrayó Dupouy.
Por su parte, Busquet resaltó: “Fui juzgado por varios hechos y fui absuelto de seis de ellos. En ninguno se me acusó de haberme llevado dinero o de haberme enriquecido personalmente”. Y añadió: “Durante estos años, sentí que esta causa fue utilizada políticamente para desprestigiarme. Me quedo con la tranquilidad de saber que siempre goberné pensando en la gente”, señaló.
Finalmente, desde varios sectores políticos recordaron que durante la gestión de Busquets al frente de la ciudad de Ceres, a solo siete kilómetros del límite con Santiago del Estero, el exjefe comunal mantuvo vínculos políticos e institucionales con el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
Precisamente, fue mediante esa relación con el ministro más poderoso del kirchnerismo que logró la firma de convenios de Obras Públicas y financiamiento nacional para municipios de la región.
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POLITICA
El diputado Castagneto habló sobre la base militar de Ushuaia: “No vamos a aprobar que esté en manos compartidas”
El diputado nacional Carlos Castagneto, de Fuerza Patria, cuestionó el proyecto para construir una base militar en Ushuaia y puso como condición que la instalación permanezca bajo control argentino. “Lo que no vamos a aprobar es que la base militar esté en manos compartidas con otro país que no sea solamente Argentina”, afirmó en Infobae a la Tarde.
Para el legislador, la discusión no pasa únicamente por respaldar o rechazar la obra, sino por conocer las condiciones en las que será construida y operada. En ese sentido, reclamó precisiones sobre el financiamiento, la participación de trabajadores argentinos y el funcionamiento previsto para las próximas dos décadas: “Que diga: es mano de obra argentina, que nos digan de dónde va a salir el financiamiento y cómo se va a operar de acá a 20 años”.
Castagneto aclaró que no se opone de antemano a una iniciativa del Gobierno y que podría acompañarla si esas condiciones quedan garantizadas. “Si eso es así, bienvenido sea y lo vamos a acompañar. No es cuestión de decir: somos opositores a cualquier cosa que venga del Gobierno”, sostuvo.
Las críticas de Castagneto por Malvinas
La discusión sobre Ushuaia estuvo vinculada durante la entrevista con la posición argentina respecto de las Islas Malvinas. Castagneto cuestionó las actividades de empresas vinculadas con los recursos hidrocarburíferos y pesqueros en áreas relacionadas con el archipiélago y recordó que existen sanciones previstas por la legislación argentina.
En particular, aseguró que una empresa habilitada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) opera en la zona de exclusión. “Caputo autorizó una empresa a operar en el RIGI, que hoy está operando también en la zona de exclusión”, afirmó.
El diputado también cuestionó la política oficial sobre la soberanía argentina y sostuvo que el Gobierno no ha defendido esa posición en los organismos internacionales. “No le creo porque en ningún momento defendió la soberanía en Malvinas ante ningún organismo internacional”, señaló.
El proyecto para financiar el deporte adaptado
Durante la entrevista, Castagneto también presentó su proyecto de ley para crear un sistema de promoción y financiamiento del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de alto rendimiento mediante aportes privados.
La iniciativa propone que las empresas que realizan aportes deducibles del Impuesto a las Ganancias a clubes y asociaciones civiles destinen un 20% de esos recursos al deporte inclusivo y adaptado. Castagneto explicó que se trata de aprovechar el esquema de responsabilidad social empresarial que ya utilizan esas compañías: “Aquellas empresas que dan responsabilidad social empresarial a los distintos clubes, un 20% de la misma vaya para el deporte inclusivo y adaptado”.
El legislador remarcó que el mecanismo no implicaría una nueva erogación del Estado nacional y definió así uno de los principales aspectos de la propuesta: “Realmente, costo cero para el Estado”.
El proyecto también establece requisitos para las instituciones que accedan a esos recursos. Los clubes deberán acreditar al menos dos años de actividad vinculada con el deporte adaptado, mientras que la Subsecretaría de Deportes tendría a su cargo un registro y el seguimiento del destino de los fondos. Según explicó Castagneto, la intención es “que tenga dos años en actividad con respecto al deporte adaptado para que sea continuo” y que exista una instancia de control sobre la distribución de los recursos.
La iniciativa contempla además a los clubes de barrio y busca ampliar la presencia de las disciplinas adaptadas dentro de las instituciones deportivas tradicionales. El diputado planteó la necesidad de “incorporar el deporte adaptado al deporte común, al deporte que se viene haciendo en todos los clubes”, al considerar que esa integración es central para ampliar el acceso.
El reclamo por el financiamiento del alto rendimiento
La propuesta estuvo acompañada por una crítica al actual esquema de financiamiento del deporte argentino de alto rendimiento. Castagneto consideró que la falta de recursos afectó a distintas disciplinas y apuntó especialmente contra la situación del ENARD.
“Al desfinanciar el ENARD, el deporte argentino, en líneas generales, al no tener financiamiento, se vio afectado en distintas disciplinas”, sostuvo.
El exarquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, San Lorenzo y Quilmes recordó el esquema vigente antes de la modificación de 2017, cuando el organismo recibía recursos provenientes de un cargo del 1% sobre la tarifa básica de telefonía celular. Según Castagneto, aquel mecanismo permitía sostener mejores condiciones para los atletas.
Al recordar ese período, destacó que “las becas eran buenas” y explicó que los deportistas que competían en representación de la Argentina contaban con pasajes, alojamiento, alimentación y asistencia de profesores y médicos.
Las críticas a la política tributaria
El ex titular de la AFIP también cuestionó la situación de la recaudación y sostuvo que su caída responde tanto al nivel de actividad como a la evolución de los ingresos. “La recaudación es lógico que va a bajar”, afirmó, y señaló como una de las causas que “la actividad económica está mal”.
Entre las medidas del Gobierno que cuestionó mencionó los cambios en Bienes Personales, el tratamiento de los débitos y créditos en plataformas digitales y el RIGI. Castagneto consideró que esas modificaciones alteraron la estructura del sistema tributario y sostuvo que “es un combo de traspaso de impuestos progresivos, que paguen más los que más tienen, a impuestos regresivos, que paguen más los que menos tienen”.
En ese marco, reclamó una reforma tributaria que incremente la contribución de los sectores de mayor capacidad económica y mencionó los criterios impulsados por la OCDE. “Hay que poner el pilar uno y el pilar dos de la OCDE, que dice el ingreso a las grandes fortunas y también un 15% sobre los saldos contables”, planteó.
Castagneto también cuestionó el concepto de déficit fiscal cero y lo vinculó con el nivel de endeudamiento del Estado. “El déficit fiscal cero es mentiroso, porque todos los días salen bonos de deuda de la Argentina”, afirmó.
Al referirse a las prioridades presupuestarias, el diputado mencionó la emergencia en discapacidad, el financiamiento educativo, los haberes jubilatorios y la situación del Hospital Garrahan. Para Castagneto, esas áreas no pueden quedar subordinadas únicamente al objetivo de reducir el gasto: “Hay gastos que son insustituibles, como las rutas, como el asfalto, como la cloaca, como la salud, como la educación”.
La entrevista con Infobae a la Tarde recorrió así distintos ejes de la agenda del legislador: desde sus reparos frente al proyecto de Ushuaia y su posición sobre Malvinas hasta la propuesta de financiamiento para el deporte adaptado y sus cuestionamientos al esquema tributario y fiscal del Gobierno.
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