Luego de que su situación en el juicio por los Cuadernos de las coimas se complicara con la declaración de directivos del grupo Techint, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido y uno de los principales recaudadores de la maniobra, amplía su declaración indagatoria por pedido de sus defensores y apunta contra los testigos que aseguraron haberle entregado dinero.

“Zabaleta, Betnaza y Paolo Rocca están todos sobreseídos. El único imputado y elevado a juicio oral por estos hechos soy yo”, sostuvo el exfuncionario.

Su descargo tiene como protagonistas a Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que declararon como testigos y admitieron haber realizado pagos a Baratta, en un tramo del juicio que lo tiene solo al exfuncionario como acusado.

“Hubo una clara diferenciación en el trato y en los procesos de la etapa de instrucción. Hubo una clara asimetría procesal de Techint con respecto a otros empresarios”, siguió, con críticas a la instrucción y a la causa en general, a la que definió como una “operación de inteligencia”.

Los directivos de Techint fueron sobreseídos en el caso, en un expediente separado, porque la Justicia entendió que sus entregas de dinero no fueron parte del esquema de pagos ligado a la obra pública, sino que se habían producido en la crisis que el grupo atravesaba en Venezuela durante la expropiación de una de sus empresas. “Nadie apeló”, se quejó el exfuncionario.

Baratta, exsubsecretario de Planificación, está acusado como miembro organizador de la asociación ilícita que, según la fiscalía, habrían liderado Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.

Su situación es una de las más comprometidas en el caso: lo señalan los cuadernos de su exchofer Oscar Centeno, los dedos de muchos de los arrepentidos y testigos y distintos registros telefónicos.

Apoyado en diapositivas, ofreció un descargo que combinó una defensa de la gestión de Cristina Kirchner, críticas al actual Gobierno y la identificación de presuntas contradicciones en el relato de Betnaza y Zabaleta.

No aportó elementos que permitieran sostener que esos pagos no se ejecutaron, pero los negó. “A mí no me pagaron nada”, decía una de sus filminas. “Ni Zabaleta ni Betnaza me dieron nunca ningún pago, nunca, a través de un llamado telefónico, de los cientos que tuve, les solicité nada”, completó.

Noticia en desarrollo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, suma frentes abiertos de compleja resolución en su gestión. La acumulación de reclamos incluye un plan de lucha provincial de los gremios municipales para pedir aumento que se agravó el miércoles, con la segunda marcha en dos semanas organizada por la federación que nuclea a esos sindicatos distritales, que incluyó un corte de ruta en el ingreso al puerto de Bahía Blanca.

El conflicto con los sindicatos municipales se añade a los cuestionamientos permanentes por el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y a una crisis que se expresa en la caída de recursos de origen nacional y repercute en una baja sobre las transferencias provinciales hacia las intendencias.

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) puso en marcha un plan de lucha “prolongado”, que comenzó la semana pasada con un corte del cruce de las rutas 205 y 6, en Cañuelas, y siguió este miércoles con otra medida similar, que bloqueó el acceso al puerto de Bahía Blanca por la ruta 51. La federación pide mejoras en los salarios de los municipales de todos los distritos y la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal.

El Ministerio de Trabajo provincial, que conduce Walter Correa, se comprometió a realizar una primera reunión organizativa de ese consejo y emitió una resolución en la que puntualizó que definió “pautas claras para la convocatoria, integración y funcionamiento del consejo”.

Lejos de apaciguar el reclamo, la convocatoria al consejo municipal que adelantó la cartera laboral bonaerense generó duras críticas del titular de la Fesimubo, Hernán Doval, que adelantó a que prevén recurrir a instancias judiciales. “Para estar en la mesa del consejo, las federaciones (organizaciones sindicales de segundo grado) tienen que tener afiliados a más del 10% del total de los trabajadores. La única que los tiene es la Fesimubo. El ministro, como no puede sentar a sus sindicatos aliados, agregó en la resolución que sean trabajadores ‘cotizantes’, es decir, afiliados, con lo que bajó el piso de representación. Algunos no llegan ni a eso, por lo que añadió que también tendrán un lugar los que tengan menos”, cuestionó Doval.

El funcionamiento de la obra social estatal de la provincia, el IOMA, es otro punto de crítica permanente para la administración de Kicillof. El 25 de agosto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, concurrió al Senado para hablar de los proyectos oficialistas de creación de una industria farmacéutica y del sistema integrado de salud provincial; bloques opositores le hicieron llegar cuestionamientos por la obra social, que conduce Homero Giles.

El senador Marcelo Leguizamón (de Hechos, el espacio que lideran los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, de San Nicolás) le remarcó a Kreplak que, “el 14 de mayo de 2024, le había prometido que volvería a esta casa con el titular del IOMA, Homero Giles”, pero que eso no ocurrió todavía.

Un comunicado de La Libertad Avanza -bloque encabezado por el senador provincial, Carlos Curestis-, informó que “cuestionaron que la exposición del ministro se haya concentrado en defender las iniciativas del Ejecutivo y lo presionaron para que dé respuestas concretas sobre la crisis del IOMA, las dificultades para acceder a servicios, los problemas con los prestadores y los reclamos que se acumulan en toda la provincia”.

En el Ministerio de Salud provincial indicaron a que el ministro “fue invitado a exponer los dos proyectos que ingresó el Poder Ejecutivo” y que “no fue invitado a exponer de la situación del sistema -que incluye al IOMA- o a dar cuentas del estado de la obra social, que ya lo había hecho en conferencia de prensa hace menos de un mes”.

Las cuentas de los municipios se ven afectadas por una caída en los recursos que les envía la Provincia. Según el último informe de la consultora PPA, especializada en datos bonaerenses y municipales, en el primer semestre de 2026 los municipios recibieron el menor nivel de transferencias desde el gobierno provincial desde 2021. A los distritos llegaron $2,8 billones, lo que representa una caída del 2,48% en términos reales con respecto al primer semestre de 2025. El 75,9% de esos recursos en caída corresponden a la coparticipación provincial.

A su vez, entre el primer semestre de 2025 y el primer semestre de 2026, los recursos de coparticipación que llegan desde la Nación a la Provincia cayeron un 10,5%. La Provincia tuvo un déficit financiero de 2063 millones de pesos en sus cuentas durante 2025. Así lo resaltó Marcelo Daletto (exsenador provincial y actual integrante del directorio del Banco Provincia) al relevar el informe de ejecución presupuestaria del gobierno provincial. En ese documento, el gobierno de Kicillof destacó que tuvo un superávit económico de $280.860 millones.

También generó cuestionamientos la decisión del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, liderado por Andrés Larroque, de prorrogar hasta el 31 de enero de 2027 la suspensión del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), por el cual se entregaban alimentos para familias en las escuelas. Las críticas fueron de La Libertad Avanza. En un comunicado, la representación bonaerense del partido del presidente Javier Milei se preguntó por “los fundamentos de la suspensión, la cantidad de beneficiarios alcanzados, el impacto presupuestario y las medidas adoptadas para garantizar la asistencia alimentaria de las familias afectadas”.

En lo político, Kicillof tiene un frente irresuelto en la definición del regreso de las reelecciones indefinidas de los intendentes, intención que apoya, pero no logra hacer avanzar en la Legislatura, por la tensión interna del peronismo y la falta de votos en el arco opositor.

El mandatario bonaerense también cuenta entre sus pendientes la designación de jueces de la Suprema Corte provincial, con cuatro vacantes sin cubrir. El presidente del tribunal, Sergio Torres, reclamó, en abril, que se designen los magistrados para cubrir esos cargos.