La página oficial del Senado de Mendoza fue víctima de un ciberataque que alteró su contenido habitual y mostró durante varias horas una imagen del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, junto con un mensaje dirigido contra la Argentina.

El ataque ocurrió este viernes 24 de julio. En la portada del sitio intervenido apareció la leyenda “Senado de Mendoza – hackeado”, acompañada por un texto firmado por un grupo que se identificó como “B133DR00T”.

“En Argentina no hay nada justo, ustedes no son justicia”, indicaba el mensaje. El texto también hacía referencia a las acusaciones de racismo que circularon en redes sociales durante el Mundial 2026 y calificaba a la Argentina como un “país racista”.

“Mientras el país esté plagado de racistas, corruptos y miembros de milicias, nunca será justo ni correcto. Ahora somos nosotros quienes os juzgamos”, completaba la leyenda.

El grupo que se atribuyó el ataque también difundió un mensaje en la red social X. “Acabamos de llegar a Argentina. ¿Qué va a hacer Interpol al respecto? Bueno, que comiencen los juegos”, escribió la cuenta vinculada al supuesto responsable del hackeo.

Tras el incidente, las autoridades de Mendoza iniciaron una investigación para determinar el origen del ataque y establecer cómo los responsables lograron vulnerar los sistemas informáticos del Senado provincial.

Qué dice el proyecto de Ley de Ciberseguridad que impulsa la provincia de Mendoza

Uno de los aspectos que llamó la atención es que el ciberataque ocurrió pocos días después del ingreso de un proyecto de Ley de Ciberseguridad a la Legislatura de Mendoza.

El hackeo afectó únicamente al sitio del Senado, mientras que la página de la Cámara de Diputados provincial continuó operativa.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, propone la creación del Sistema Provincial de Ciberseguridad, un organismo destinado a coordinar políticas de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes que afecten infraestructuras digitales o información considerada crítica.

Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial señalaron al diario Los Andes que no descartan que el ataque pueda estar relacionado con la presentación de la iniciativa, que, según indicaron, se convertiría en la primera ley de este tipo en el país.

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Marcelo Silva de Sousa,Conforme a

El exinspector general de Justicia Daniel Vítolo recordó que durante su gestión al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) detectó alrededor de 111 millones de dólares sin explicación en los balances de la AFA y cerca de 400 millones adicionales en los de la Superliga, la asociación civil vinculada a la federación, algo que la entidad nunca respondió con claridad y hecho que ahora está en el centro de una investigación del FBI y fiscales federales de Estados Unidos.

“Lo que no sabíamos es qué había dentro de un rubro que decía: gastos y traslados, ocho millones de dólares en un balance. ¿Quién está adentro?”, ejemplificó Vítolo durante una entrevista en Radio Rivadavia. El exfuncionario describió partidas duplicadas —dos rubros distintos de ocho millones de dólares, ambos etiquetados como gastos de la Selección— y un ingreso declarado de 15 millones de dólares por partidos del seleccionado que, al cruzarlo con publicaciones deportivas, no coincidía con la cantidad real de encuentros disputados. Un solo partido contra India, señaló, había generado 14 millones de dólares. El resto de los partidos no aparecía reflejado con la desagregación que la IGJ reclamaba.

La resistencia de la AFA a dar explicaciones no fue pasiva. Cuando la intimación se volvió formal y la IGJ advirtió que podía solicitar una veeduría, la entidad presentó escritos de protesta con respuestas que, según Vítolo, “no aclaraban absolutamente nada”. El exfuncionario solicitó entonces al Ministerio de Justicia la designación de veedores. La AFA reaccionó con una maniobra que Vítolo calificó de falsa: declaró su mudanza a un predio en la provincia de Buenos Aires para salir de la jurisdicción de la IGJ. Las autoridades provinciales registraron los balances sin formular preguntas. La Sala D de la Cámara Civil de la Capital Federal convalidó el traslado y luego declaró nula la veeduría con el mismo argumento: la AFA ya no estaba bajo competencia del organismo.

La conexión entre esa opacidad administrativa y la pesquisa en curso en Florida pasa por TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, designada por la conducción de la AFA como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la entidad. Según documentos judiciales a los que accedió Infobae, la firma canalizó fondos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros acuerdos vinculados con la Selección a través de cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solo por esta última entidad circularon más de 13,5 millones de dólares en menos de un año. El monto total bajo análisis supera los 300 millones de dólares.

“Todo esto se manejaba a través de esta firma, Tour Prudential, localizada en Miami. Y aquí es donde comienza la investigación”, señaló Vítolo. Para el exfuncionario, la AFA no quería que se conocieran los detalles de lo que había en sus cuentas, pero tampoco los de lo que faltaba. “Yo creo que la AFA no quería que se pudiera saber detalles, no solamente de lo que había, sino también de lo que no había”, afirmó.

La investigación en Estados Unidos está a cargo de tres fiscales federales especializados en delitos económicos: Patrick Gushue y Christopher Ting, desde Washington D.C., y Michael Berger, del Distrito Sur de Florida. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger tiene experiencia en causas complejas de lavado de activos. Los extractos bancarios revisados mostraron que parte del dinero permanecía en las cuentas durante apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido a otros destinos, entre ellos sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida.

Según documentos judiciales obtenidos por Infobae, la Corte del Distrito Sur de Florida cursó citaciones para el 30 de julio a allegados al presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la exigencia de que aporten toda la información disponible sobre TourProdEnter, incluidas comunicaciones con el propio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y Faroni. La AFA, mediante un comunicado de su abogado Gregorio Dalbón, precisó que la citación está dirigida a un tercero y negó que Tapia o Toviggino hayan sido convocados a declarar hasta el momento.

Vítolo advirtió que el alcance potencial de la causa es amplio. Podrían verse involucrados los directivos que firmaron y gestionaron el contrato con TourProdEnter, los clubes que aprobaron esa gestión en asamblea, los bancos que no reportaron operaciones sospechosas y los sponsors que transfirieron fondos a cuentas en Estados Unidos sin verificar el destino final del dinero. Citó el caso de un representante de Socios.com que declaró haber enviado nueve millones de dólares a la firma mientras la AFA habría recibido apenas 500.000. “Es una bomba para muchísima gente”, dijo.

El procedimiento ante el gran jurado, fase previa a cualquier acusación formal en el sistema federal estadounidense, es secreto por mandato constitucional. Vítolo lo precisó con claridad: “Hay penas muy severas para quienes violen la confidencialidad”. A diferencia del juicio oral y público, esta etapa preliminar —destinada a determinar si la Fiscalía puede avanzar con una acusación formal— se desarrolla sin acceso de las partes ni de los medios. Hasta la fecha, ni la AFA ni sus directivos han sido acusados formalmente en ese país.

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