POLITICA
Un sector del oficialismo considera insuficientes los cambios y persisten las dudas sobre el futuro de Adorni

“El clavo en el zapato sigue”, planteó a Infobae una fuente de La Libertad Avanza para exponer la insuficiencia de los cambios en el área de comunicación del Gobierno y, sobre todo, la determinación del presidente Javier Milei de sostener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. En Casa Rosada desestiman los cuestionamientos, defienden las modificaciones y reafirman la decisión del libertario. “Están todos alineados”, sostuvieron ante este medio.
Después de tres meses con la agenda fuera de control, la administración libertaria accionó con intenciones de reordenarse internamente y recuperar el control. Luego de seis horas de reunión en la quinta de Olivos, el mandatario respaldó a su ministro coordinador y apostó a la oxigenación del esquema de comunicación.
Para la tarea, designó a Adrián Ravier y reflotó la Vocería Presidencial, que permanecía acéfala desde la salida de Adorni, y enmudecida tras el estallido de la polémica que inició con la identificación de Bettina Angeletti, esposa del exvocero, en la delegación presidencial que viajó a la Argentina Week en Estados Unidos.
“No le queda mucha vida”, vaticinó este martes una fuente legislativa ante este medio, y sumó: “No sé cuál va a ser el detonante final, pero el problema es el hartazgo social externo e interno“.

El interlocutor asegura haber recogido reclamos en la calle de personas que “no pueden entender que sostengan” a Adorni al tiempo que considera que el funcionario le “mintió en la cara al Congreso”.
Los recientes cambios tampoco esperanzan a los partidos socios que, en las últimas horas, negociaron con el oficialismo y aplazaron el tratamiento de los pedidos de interpelación en la Cámara de Diputados. “El problema es Adorni”, resumieron desde el PRO. “Todos creen que Adorni se tiene que ir. No hay grieta con esto”, plantearon desde la UCR.
Con la designación de Adrián Ravier como vocero presidencial y Fabián Fernández como secretario de Prensa, previo visto bueno de Karina Milei, en Casa Rosada se esperanzan con la posibilidad de darle fin a la novela que acumuló capítulos en función de las novedades de la causa judicial. Los movimientos instrumentados en los últimos días fueron bien recidos por las dos tribus en pugna que atraviesa a la plana del Gabinete.
“Es muy pronto para saber, pero es necesario oxigenar”, planteó una fuente que transita a diario la Casa Rosada respecto de la permanencia del funcionario cuestionado por la oposición y un sector de los aliados.

Cerca del ministro coordinador mostraron asombro ante el reclamo y desestimaron las críticas. “Manuel (Adorni) se sorprendió con los apoyos que recibió. Están todos alineados”, sintetizaron por los pasillos de Balcarce 50.
Lo cierto es que la situación judicial del jefe de Gabinete profundizó diferencias internas que con los días asoman con mayor nitidez. En las últimos días, la titular del Senado, Patricia Bullrich, no dudó en esconder el malestar que le provoca el impacto de la situación patrimonial del ministro coordinador en la imagen del Poder Ejecutivo.
En primera medida presionó para Adorni a que anticipe la presentación de su declaración jurada y luego calificó como “omisión ética” las explicaciones que dio el involucrado para justificar su situación patrimonial.
Esta mañana, declinó el llamado del ministro coordinador, quien encabeza junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, una serie de reuniones con senadores del espacio para aceitar la tarea legislativa.
Detrás de la convocatoria, que se divide en tres tandas, se esconde la voluntad del karinismo de expandir su protagonismo en las negociaciones en la Cámara de Senadores. La presencia de la menor de los Milei, que no estila a participar de esta serie de intercambios, debe interpretarse como un nuevo gesto de blindaje al ministro coordinador que sostiene junto al mandatario.

Como contó este medio, la senadora declinó la invitación al sostener que debe trabajar en la estrategia parlamentaria que desplegará esta tarde en la reunión de Labor Parlamentaria. “Ella se reúne todo el tiempo con ellos. Los senadores no”, justificaron desde el entorno de la legisladora.
Pese a las gestualidades de Karina Milei, en más de una oficina miran con desconfianza los pasos que adoptó la senadora libertaria en las últimas negociaciones.
La sospecha inició con el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero se profundizó con la estrategia para eludir la presión de las bancadas socias. “Cuando uno habla con los senadores, se da cuenta que siempre está estresando todo. Ella transmite más ansiedad de la que verdaderamente tienen ellos”, sintetizó una voz de la mesa política.
POLITICA
El intendente de Berazategui declaró como testigo en una causa que investiga una supuesta oferta económica para atacarlo

El intendente de Berazategui, Carlos Balor (Partido Justicialista), declaró como testigo en una fiscalía de esa localidad por una causa en la que se investiga un supuesto plan para atentar contra su vida. El jefe comunal, sucesor en el cargo de Juan José Mussi (fallecido hace casi un año), manifestó preocupación por su familia y relató que tomó conocimiento de la situación por el relato de un concejal.
Balor prestó declaración testimonial en la fiscalía Nº2 de Berazategui, en la que desde el 3 de noviembre está radicada una denuncia de un comerciante que afirma haber recibido un ofrecimiento de US$50.000 para atacar al jefe comunal. El denunciante es Alejandro Villarreal, que acusa a Roberto Chorne, un dirigente que desde hace meses realiza pintadas en Berazategui deslizando una posible candidatura a la intendencia.
En la denuncia, a la que tuvo acceso , Villarreal (propietario de una parrilla) dijo que conoce a Chorne desde hace 20 años y que, a mediados de septiembre, el hombre se acercó a su domicilio “en un automóvil Mercedes Benz, de alta gama, color beige”, y le mostró “cinco fajos con billetes de dólares estadounidenses (sería la suma de 50.000 dólares) y un arma tipo pistola marca Bersa modelo Thuder Mini con una funda negra”.
Siempre según la denuncia de Villarreal, tras exhibirle el dinero y el arma, Chorne le consultó: “¿Harías un laburo en San Miguel O Palomar para apagarle la luz a uno?”. El denunciante afirma haber rechazado el ofrecimiento y que, a continuación, Chorne le dijo: “¿Y al ‘Turco’ Balor?“. Tras otra negativa, el denunciante dijo en sede policial que Chorne le manifestó: “Yo necesito sacarlo del juego al Turco Balor y después te doy un gabinete”. En la denuncia consta que Villarreal señalo también que “tiempo atrás estuvo privado de su libertad y que el señor Chorne conoce su pasado”.
Al declarar como testigo este jueves, Balor contó un concejal se contactó con él y le dijo que se encontraba acompañado por una persona que le contó “que le ofrecieron plata y un arma para ir contra él”, según informaron a desde la Municipalidad de Berazategui. Balor le respondió que, “si es verdad, esa persona debería hacer la denuncia donde corresponda”.
“A los días, lo notificaron de que esa persona había hecho la denuncia contra quien le había ofrecido dinero y un arma. Carlos manifestó su preocupación por su familia, que es ajeno a las denuncias que se hacen entre ellos en este momento, y que no cuenta con más información”, sostuvieron desde la comuna.
El viernes pasado, la casa de Chorne, ubicada en la calle 147 de Berazategui, fue allanada por orden de la fiscal Silvia Borrone. En el procedimiento, se secuestraron una pistola marca Bersa modelo Thunder, con un cargador y 15 municiones calibre 9 milímetros; otro cargador con 11 municiones calibre 40; una caja con 50 municiones calibre 22 milímetros, y una caja de color azul para transporte de armamento. El acusado no estaba en el domicilio, pero sí su esposa y su hijo.
Chorne, en tanto, se desligó de las acusaciones. En un video que subió a sus cuentas de redes sociales, habló de “las pavadas que están saliendo” (por la acusación en su contra) en “los medios locales pagos por el municipio, pagos por el señor Carlos Balor”.
“Inventaron algo tremendamente descabellado en mi contra, me allanaron mi casa por un expresidiario al que le pagaron para que me haga una denuncia falsa”, sostuvo Balor en un video que subió a su cuenta de TikTok, en el que aseguró ser “legítimo usuario” de las armas que le secuestraron.
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POLITICA
Suspensión de las PASO: el Gobierno acelera los acuerdos con los gobernadores y confía en lograr la media sanción en el Senado

Después de negociaciones hasta última hora para firmar el dictamen de la reforma electoral, la Casa Rosada asegura que cuenta con los votos para suspender las PASO la próxima semana en el Senado y este jueves ratificó el avance de los acuerdos políticos con los gobernadores aliados, que deberán aportar los votos en el Congreso.
Así lo hizo esta mañana el jefe de Gabinete, Diego Santilli, principal interlocutor del Gobierno con las provincias, durante la inauguración de la Cumbre de la Minería en Mendoza. Allí, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, Santilli se mostró junto a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Tal como adelantó TN, además de la articulación de Patricia Bullrich con los bloques aliados en el Senado, Santilli logró cerrar el acompañamiento de los gobernadores dialoguistas al proyecto electoral oficialista. La prenda de negociación fue la conformación de listas legislativas nacionales conjuntas en lugar del sistema de listas colectoras que solicitaban los mandatarios radicales y que finalmente fue retirado del texto por la resistencia de algunos espacios y la propia exministra de Seguridad.
“Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el gobernador Cornejo en materia nacional, que tiene que ver con la integración en el Senado y en Diputados”, ratificó en rueda de prensa el jefe de Gabinete, que aclaró que continúan las negociaciones por la competencia provincial, donde las definiciones serán tomadas más adelante.
Ese es uno de los puntos más sensibles en la negociación con las provincias, donde los gobernadores reclaman que se les respete sus territorios y el control de sus legislaturas locales, además de su representación en el Congreso nacional. En el caso de Mendoza, esa discusión tiene un nombre propio: Luis Petri. El exministro de Defensa aspira disputar la gobernación, algo que podría romper el vínculo del oficialismo con Alfredo Cornejo, que quiere que su sucesor salga de su propio espacio, Cambia Mendoza.
Esa discusión, que se replica en las diferentes provincias donde La Libertad Avanza considera que llega con buen margen para competir, hace meses genera diferencias internas en la mesa política del Gobierno, donde aparecen dos grupos que pujan entre cerrar los acuerdos electorales con los gobernadores lo antes posible para garantizar el apoyo en el Congreso y brindar certidumbre a los mercados; y quienes buscaban demorar el cierre de las negociaciones para garantizar el peso del armado de La Libertad Avanza en los distritos.
Sin embargo, la Casa Rosada busca postergar para 2027 la definición de nombres propios, la distribución de bancas y la decisión de si compite o no en cada provincia, en un año donde la gran mayoría de los distritos apunta a desdoblar sus elecciones. Aun así, cerca del ministro coordinador aseguran que los términos pactados alcanzan para conseguir los 37 votos necesarios en el Senado para lograr la media sanción de una de las prioridades políticas de Javier Milei: suspender las PASO.
POLITICA
La Corte Suprema dejó firme la destitución del exjuez federal Walter Bento

La Corte Suprema dejó firme la destitución de Walter Bento como juez federal de Mendoza, al confirmar la validez del jury que lo encontró responsable por mal desempeño. Bento, además, está condenado en la justicia penal a 18 años de prisión y una multa de más de $540 millones como jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas y al lavado de activos.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo había removido en noviembre de 2023. Casi tres años después, fue condenado por un tribunal oral.
Ahora la Corte Suprema de Justicia revisó su destitución. El máximo tribunal desestimó el recurso de queja que presentó Bento contra ese fallo.
Sostuvo la Corte que Bento no logró demostrar “patentes violaciones a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio”, que es el único supuesto en que el máximo tribunal puede revisar un juicio político.
Firmaron la decisión los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Leopoldo Bruglia, Carolina Robiglio y Juan Fernando Perozziello Vizier.
El titular de la Corte, Horacio Rosatti, quien también preside el Consejo de la Magistratura que investigó a Bento, se excusó de intervenir y el máximo tribunal aceptó su apartamiento.
El mismo día, la Corte resolvió otra queja de Bento, la del expediente CSJ 2380/2023, contra el rechazo de las recusaciones que había planteado durante el jury.
Bento era juez federal de Mendoza con competencia electoral desde 2005. Es decir, controlaba las elecciones nacionales en esa jurisdicción.
Fue destituido el 8 de noviembre de 2023 por seis votos contra uno: votó en disidencia el entonces presidente del Jurado, Javier de la Fuente.
Ese mismo día, Bento quedó detenido. En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza lo condenó a 18 años de prisión como jefe de una asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.
El Jurado de Enjuiciamiento lo removió por maniobrar para entorpecer la investigación en su contra, haber vendido un inmueble sin declarar su condición de persona políticamente expuesta, haber obtenido un crédito hipotecario para vivienda única pese a tener varias propiedades, haber omitido información en sus declaraciones juradas y haberse inscripto en un concurso para la Cámara Federal de Casación Penal a pesar de que no reunía las condiciones.
El principal planteo de la defensa, a cargo de Mariano Fragueiro Frías, fue la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que reformó el Consejo de la Magistratura y dejó en el Jurado un solo representante de los abogados.
El artículo 115 de la Constitución dice que el jury se integra con “legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal”. Según Bento, ese plural obliga a que haya al menos dos miembros por estamento.
“Su razonamiento es endeble”, respondió la Corte. Para rebatirlo, concluyó que la Constitución usa un “plural genérico”. Es decir, el artículo indica qué sectores deben integrar el Jurado, no cuántos representantes tiene cada uno.
Bento también cuestionó la imparcialidad de dos legisladores de Juntos por el Cambio que integraban el jury.
El exjuez había argumentado que se violó su presunción de inocencia, porque lo habían destituido por delitos que todavía no tenían condena.
La Corte respondió que el planteo era “ostensiblemente infundado” y recordó que el jury había dejado de lado las acusaciones penales al destituirlo para centrarse en sus conductas “impropias para un juez federal”.
En su fallo, la Corte enumeró esas acciones de Bento. Por ejemplo, señaló que el juez destituido pidió informes a la Dirección Nacional de Migraciones y al Registro de la Propiedad Inmueble para saber si había restricciones sobre él o sobre sus bienes; o pidió a la empresa telefónica el cambio del chip de un celular que la justicia le había requerido días antes.
Y dejó una nota manuscrita en su caja de seguridad, dirigida al juez que lo investigaba, que fue encontrada en el allanamiento: “Puigdengolas lee!!! Por favor”, le decía en alusión al juez Eduardo Puigdéngolas que lo procesó como líder de una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de beneficios judiciales.
La Corte señaló que Bento no negó esos hechos durante el juicio político y que incluso admitió algunos. Dijo que la nota de la caja fuerte había sido un “pedido de clemencia” ante “la impotencia que sufría ante la vulneración de sus derechos como imputado”.
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