POLITICA
Una advertencia que retumbó en la medianoche de París

Transcurría marzo cuando el ministro Luis Caputo resolvió reflotar su reconocida atracción por los aforismos económicos y empezó a hablar de que el “riesgo kuka” era igual a cero. Esa etapa de minimización continuó hasta abril. En mayo pegó un giro brusco y pasó a decir que era la razón principal por la que no bajaba el riesgo país. Lo hizo con una contorsión compleja, ya que sostenía que si bien políticamente no había chances de un regreso del kirchnerismo al poder, la percepción de que eso podía ocurrir impactaba en los mercados. Fue una fase de administración del mal. Esta semana directamente dijo que los operadores financieros temían “volver al infierno” y definió a Axel Kicillof como “el anticristo”. La demonización fatal.
La profundización del mensaje apocalíptico hizo un recorrido inverso al desempeño económico. A medida que se consolidaban los indicadores adversos y subía el riesgo país, aumentaba la apelación al miedo al kirchnerismo. La duda generalizada es si a veces la realidad no termina transformándose en una profecía autocumplida, es decir, si la instalación del temor, no retroalimenta el temor. La necesidad económica transformada en un eslogan inconveniente.
Detrás de ese interrogante hay dos certezas. La primera, que no se trató de una estrategia diseñada en el laboratorio del discurso libertario, sino de una apelación propia de Caputo, que fue muchas veces acompañado por el propio Javier Milei, para poder dar argumentos frente a las ingratitudes de los indicadores. “Nosotros nunca trabajamos sobre la idea de instalar el miedo al regreso kirchnerista. Lo hicimos el año pasado en la campaña, pero ahora no era la idea”, admite uno de los que trabaja en la articulación del mensaje.
La segunda evidencia, es que esa apelación al enemigo político terminó anticipando muy prematuramente el clima electoral, y arrastrando a los actores del mercado, que lo único que hacen es preguntar si Milei tiene posibilidades de reelegir. Fue el hilo conductor de todas las conversaciones desarrolladas en el Coloquio de IDEA de Mar del Plata, y fue la inquietud que más escuchó la delegación oficial que estuvo esta semana en París. La polarización anticipada transformada en un verdadero búmeran. “Wait and see” (esperar y ver) es la frase preferida de inversores y operadores financieros. Pero un año de “wait and see” es una tragedia para las expectativas económicas.
Por eso el Gobierno festejó cada anuncio de inversión en minería y energía que dejó el Argentina Week, y se encargó de instalar la cifra de US$27.000 millones potenciales. Al final la “decadente” Europa parece apostar más decididamente que el “faro de Occidente” americano. Las empresas más importantes de Francia participaron del evento, después de un trabajo de seducción de Caputo y del embajador Ian Sielecki. Claro, son los sectores que tienen rentabilidad asegurada más allá de la política. Los Manzano de la vida que pueden sentarse una semana en la mesa de Kicillof en Nueva York, y días después sonreír al lado de Karina Milei en París. Un auténtico trapecista del poder.
De todas las actividades desarrolladas en la capital francesa, hubo una en particular que fue la más reveladora: la cena en la biblioteca de la Embajada argentina, donde estuvieron Caputo, Sielecki, Diego Santilli, Pablo Quirno y los 13 gobernadores. Fue parte del esfuerzo por generar entornos de confianza con los mandatarios provinciales, que hoy tienen la llave para destrabar leyes en el Congreso (en total los que viajaron influyen sobre 11 senadores y 24 diputados).
En esa noche de miércoles, después del cocktail con empresarios y diplomáticos, se habló frontalmente del nudo central que mantiene atado al Gobierno: las posibilidades de la política de rescatar a una economía en problemas. La movida la organizó Santilli, pero estuvo motorizada por la necesidad imperiosa de Caputo. El ministro de Economía es el más urgido por lograr un blindaje político, y para esa tarea encontró un aliado en el jefe de Gabinete.
Según relataron cuatro testigos presenciales, Caputo dio un mensaje en el que dejó trascender su preocupación por las señales económicas, en medio de una semana en la que el riesgo país trepó hasta 650 puntos. Repitió ante los gobernadores un concepto que utilizó otras veces en la mesa política: que no tiene muchos más conejos para sacar de la galera de la economía, y que lo que necesita es una ayuda de la política para dar señales de gobernabilidad e inocular el “riesgo kuka” que él mismo contribuyó a exacerbar. Las vueltas de la vida.
En un tono diferente al que utiliza en público, dio señales de registrar la caída del consumo y la recaudación, y reconoció que le preocupa el “wait and see” del sector privado. Dejó traslucir la sensación de que la economía se le está complicando más de lo previsto. Por eso lanzó una frase que quedó resonando: “Hay que hacer un acuerdo ahora. En marzo ya va a ser tarde”, según relató uno de los presentes. El neuquino Rolando Figueroa fue uno de los que le respondió que ellos estaban de acuerdo con avanzar. “¿Por qué no lo hacemos ya?”, instigó.
Nadie dijo nada, pero todos pensaron en la misma persona: Karina Milei, la dueña de la política, que no estaba en la cena. Los gobernadores perciben que no todos en LLA están en la misma sintonía, y que “mientras los que tienen responsabilidad de gestión están viendo que necesitan algo más firme, hay algunos que te buscan pelear tres concejales más”, resumió uno de los más cercanos.
Los gobernadores retribuyeron la franqueza, así como el trato más cuidado que recibieron en comparación con la experiencia anterior en Manhattan. Todos valoraron la media hora que les dedicó Milei para conversar con ellos. Aquella vez en marzo directamente no los había recibido. También haber sido incluidos en el intercambio con Emmanuel Macron. El Presidente les agradeció la presencia, se entusiasmó con las inversiones anunciadas y pareció regenerar un entendimiento. Por eso algunos jefes comarcales creen que, si se lo propone, el Gobierno no está tan lejos de lograr un pacto con una docena de provincias, como implora Caputo.
Pero varios tenían expectativas de concretar acuerdos allí mismo en París, que no se terminaron de definir. Parece una relación juvenil de estos tiempos, amor sin compromisos. El Gobierno no les dio garantías de liberarles electoralmente el territorio para el año próximo, y los caciques no les brindaron certezas de acompañamiento en las leyes que reclama Milei, desde el presupuesto a la reforma política. Hubo avances; no sellos.
Esta dificultad para transformar la buena onda en actos tangibles deriva de dos especulaciones que convergen. La de los libertarios, que no les gusta compartir cuotas de poder con otros actores si no es absolutamente inevitable; y la de los mandatarios provinciales, que no están dispuestos a encadenarse ahora a un gobierno que no saben cómo va a llegar al 2027. “Wait and see”.
“Ellos nos piden que los acompañemos en la eliminación de las PASO, ¿y después quién nos garantiza que nos dejen colgar nuestros candidatos a legisladores de la boleta presidencial?”, se pregunta un gobernador aliado. El Gobierno transmite dos razones fundamentales para insistir con la exclusión de las primarias, más allá del costo económico y de la conveniencia de quitarle una herramienta de ordenamiento al peronismo. Una es el temor a que un resultado pobre en agosto dispare una corrida, como pasó en 2019 con Macri, y eso sepulte anticipadamente las chances de un triunfo. Ese fantasma creció con la inestabilidad de estas semanas. La otra es el temor a la emergencia de un tercer jugador que se filtre en las internas y se lleve el tonel de desencantados.
Por eso Caputo quiere asegurarse cuanto antes el apoyo de una docena de gobernadores que tabique esas incertidumbres. A pesar de que hay un “nosotros” compartido que no termina de constituirse, y que le quita contundencia a la polarización deseada, porque en vez de sumar a los gobernadores a esa empresa, los deja navegando en las aguas de la indefinición. Por eso por ahora la mayoría planea desdoblar elecciones, apostar a su reelección provincial, y después serpentear para las nacionales.
Movimientos tectónicos
La polarización es una tentación fácil. Opera sobre una plataforma sedimentada al menos desde la crisis del campo de 2008, cuando el tablero político quedó dividido en dos hemisferios. No es una antinomia clásica, como en algún momento representó la del peronismo versus el radicalismo. Es una confrontación ideológica pero también emocional, que directamente opera sobre la idea de la invalidación absoluta del oponente. El “otro” no merece siquiera existir. El kirchnerismo repetía “Macri, basura, vos sos la dictadura”. El macrismo después construyó su identidad como oposición a Cristina Kirchner. Así fue exitoso en 2015, pero cuando en 2019 quiso repetir la fórmula, la expresidenta hizo un enroque y lo puso al frente a Alberto “el moderado” Fernández, y la estrategia fracasó.
Milei llegó al poder en 2023 con un discurso anticasta. El “otro” era el pasado, la dirigencia que había llevado al país al desastre. Su promesa electoral se apoyaba en romper ese legado, sin demasiadas distinciones. Pero después a la hora de construir un “nosotros” nunca logró expandirse más allá del núcleo libertario. Ese angostamiento conceptual lo llevó el año pasado a no hacer acuerdos políticos amplios y a apostar por una polarización de última instancia, que al final resultó exitosa en las urnas. ¿Pero está en condiciones de repetir el truco y lograr su reelección el año próximo con el mismo recurso? ¿El 2027 se articulará bajo el mismo dilema que el 2025?
Hay tres datos mensurables para evaluar esa factibilidad que tiene aterrados a los mercados. El primero de ellos deriva del análisis de las encuestas que dan cuenta de que por ahora los dos polos aglutinantes, el libertario y el kirchnerista, se angostaron. En conjunto representan entre el 65% y el 70% de las adhesiones, lejos del 90% de la época gloriosa de la polarización. El valle donde habitan los no polarizados se viene ensanchando en un mar de desilusión y desconexión con la política. Pero lo natural es que si nadie logra representar a este universo heterogéneo, a medida que se acerque la elección, la polarización se vuelva a potenciar.
QSocial
La segunda observación deriva del hecho de que, en caso de que no surja una tercera fuerza atractiva, y la polarización vuelva a regir la dinámica electoral, es probable que se trate de una versión forzada y negativa de la antinomia política, producto de que hoy hay sectores que están invalidando ambos extremos. Una encuesta reciente de la consultora QSocial detectó un temor creciente a los dos extremos. Un 49% dijo que “sería un retroceso para la Argentina” la reelección de Milei, pero un 46% dijo lo mismo de un regreso del peronismo. Es un empate de miedos. Pero después no hay mitades dispuestas a apoyar a cada bando, es decir que hay muchos que sienten rechazo ante los dos por igual. Es un doble punto ciego que pone en jaque al sistema político. ¿Y si un votante no está dispuesto a votar al menos malo con tal de que no gane el más malo, a dónde va ese voto?
El tercer dato subyacente, el más profundo, es que empiezan a surgir algunos indicios de que nuevamente se están moviendo las placas tectónicas de la sociedad. La irrupción de Milei se apalancó en un clima de época que cuestionaba el rol del Estado, acompañaba el recorte del gasto público, impulsaba una visión liberal de la economía, rechazaba la idea de la justicia social mal entendida. El último gobierno peronista había reventado esas consignas.
Ese impulso parece al menos haberse frenado, a partir de las bajas prestaciones del modelo económico contrario. No alcanza todavía para hablar de un reflujo, pero sí de un incipiente cambio de tendencia. Un reciente trabajo de Pulsar-UBA sobre creencias sociales detectó en base a una serie de preguntas que “después de varios años de preferencias económicas volcadas hacia lo privado, 2026 muestra un cambio de tendencias. Una mayoría prefiere un Estado más activo para reducir las diferencias económicas”. Pero inmediatamente aclara: “Esto no implica un regreso lineal a un modelo estatista puro; el sector privado conserva un peso importante”.
El señalamiento hace juego con otro trabajo, de la consultora Escenarios, que concluyó que “siete de cada diez argentinos quieren que el Estado intervenga más para reducir desigualdades”. Y después concluye: “La lectura conjunta es la de una sociedad que quiere un Estado que garantice bienes públicos y corrija desigualdades, pero que no desconfía del mercado ni de la empresa”. En definitiva, no se trata de una demanda de reversión absoluta y de regreso al pasado, sino más bien de cierta moderación.
Es una visión que colisiona con la idea de un planteo binario como el de la polarización. Parece expresar una mirada más sofisticada que no logra por ahora corporizarse con claridad. Irrumpe como un acto reflejo de una sociedad que huye hacia adelante, ante un presente que no le responde y un pasado que la perturba.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
“La verdad triunfa por sí misma”: Javier Milei celebró su sobreseimiento y el de Karina en la causa $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA. La resolución judicial desestimó las acusaciones por supuesta estafa vinculada a la promoción del activo digital en febrero de 2025.
Tras conocerse el fallo en los tribunales de Comodoro Py, el Presidente publicó en su cuenta de Instagram: “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”.
La publicación de Milei en Instagram
Por su parte, el asesor Santiago Caputo afirmó que la investigación fue “la causa más pelotuda de la historia”.
La medida dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 respondió al pedido del fiscal Eduardo Taiano. La resolución benefició también al empresario estadounidense Hayden Davis, a Mauricio Novelli y a Manuel Terrones Godoy.
Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre.
— Santi C. (@slcaputo) October 23, 2026
El expediente judicial analizó las maniobras financieras luego de que la moneda virtual causara pérdidas a 40.000 compradores. No obstante, el magistrado concluyó que la publicación presidencial en redes no constituyó una maniobra defraudatoria ni un engaño penal.
¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR?
La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas.
Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre.
Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos.
A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?
La verdad siempre termina imponiéndose.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!
— Javier Milei (@JMilei) October 23, 2026
En el caso de la secretaria general Karina Milei, la Justicia determinó que no existieron pruebas de pagos para concretar audiencias.
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POLITICA
Coparticipación: un seminario en el Senado expuso el descalabro impositivo y la falta de acuerdos

Como era de esperarse, un seminario sobre coparticipación en el Senado expuso, una vez más, el descalabro impositivo vigente desde hace largos años y, sobre todo, dejó un dato curioso sobre las gestiones kirchneristas, más allá del relato: fueron de las más injustas en cuanto a federalismo y las que tuvieron los pisos más bajos -incumplimiento- del 34% de la masa a compartir entre Nación y provincias.
Durante una reunión informativa ocurrida días atrás, titulada “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias”, expusieron el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur; el diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza); el ex legislador macrista -defensor acérrimo de la era Cambiemos desde la comisión de Presupuesto de la Cámara baja- y actual director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina; y el titular económico de Fundar, Guido Zack.
El convite fue comandado por el titular de la comisión, Eduardo Vischi (Corrientes); y la vice de la misma, la peronista disidente Flavia Royón (Salta). Primero disertó Zack, quien se refirió a la Argentina como uno de los países con “mayor desigualdad territorial en el mundo” -detrás de Rusia y Eslovaquia- y alertó sobre la pérdida de recursos por año en relación con el Producto Bruto.
Tras ello, el invitado dijo que, desde fines de la década del noventa, el piso de 34% sólo se acercó en algún año y que la peor época fue entre 2002 y 2016. Es decir, durante toda la era kirchnerista. De hecho, algunos estudios que se dedican a la cuestión impositiva sitúan 2010 como más flojo del período. El representante de Fundar luego aclaró que, tras el fallo de la Corte sobre la detracción de 15% para seguridad social -la bienvenida anticipada del máximo tribunal de justicia a Mauricio Macri-, se aproximó más hacia dicha meta.

Zack pinceló un panorama aún más alarmante y que no involucra a Nación. La medalla de oro siempre queda en manos de Ingresos Brutos que, según señaló, representa alrededor del 85% de los recursos provinciales propios. Lo que importa es la diferencia entre distritos: va de 5,5 puntos en Neuquén hasta 21 en la Catamarca de Raúl Jalil y de su brazo político en el Senado, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada. También fueron recordados los 80 regímenes que tiene Córdoba y los saldos a favor que se acumulan en todo el país y que terminan, como siempre, en un tributo encubierto.
En tanto, Laspina planteó dos cuestiones valoradas por Vischi. Por un lado, en conocimiento de lo complejo que implica que el Congreso y las legislaturas locales obtengan un consenso generalizado, se refirió a explorar caminos sobre una eventual reglamentación del proceso de sanción de una ley relacionada con el tema -quinto párrafo, inciso 2, del artículo 75 de la Constitución-; mientras que, en segundo término, apuntó a una “acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema”, ya sea desde una ONG, un distrito o el mismo Ejecutivo. “Tirar un poco del nudo para destrabar”, enfatizó el ex amarillo.
No fue una novedad, por fuera de las rivalidades políticas, la baja asistencia no sólo de los integrantes de la comisión, sino de los legisladores, en general. Son los representantes de las provincias. Una muestra de la bajísima voluntad para resolver un asunto delicado que contrasta, de manera muy notoria, cuando aparecen las quejas ante Nación -sin distinción de quien se encuentre a cargo de la administración central- por fondos discrecionales.
Los mayores contactos se dan, en particular, cuando se está por votar un proyecto en el Congreso. Ahí, los llantos se convierten en cataratas. O se frena la agenda. En el pasado, varios ex gobernadores se convirtieron en rehenes -sin chistar y con un silencio más que llamativo y cobarde- de la billetera ajena o del “bolsillo del payaso”, en referencia al de los contribuyentes que regentea Balcarce 50. Hoy, algunos de ellos siguen en juego -desde otro lugar- y critican al mileísmo. Transcurrieron tan sólo un par de años.
POLITICA
Diputados: La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir el uso de los celulares en las cárceles y que los presos paguen sus gastos

La Libertad Avanza impulsa una reforma del régimen carcelario que contempla la prohibición efectiva de los teléfonos celulares en los penales, el control de las comunicaciones y la obligación de que los internos afronten los gastos que generan durante su detención. La propuesta, presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez, busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para combatir las estafas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos.
“Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo Martínez.
Presos uniformados y pago de los gastos carcelarios
La iniciativa establece el uso obligatorio de uniformes de acuerdo con la peligrosidad de cada detenido, que será clasificada en tres niveles: leve, medio y alto. Además, propone la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que deberán pagar mensualmente los internos para cubrir los gastos de servicios generales y alimentación.
“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el legislador.
En esa línea, agregó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.
Sobre los uniformes, Martínez aclaró que la medida “no tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad”. Según detalló, todos los internos deberán vestir prendas de color beige o marrón claro, con una cantidad de líneas verticales que variará según su nivel de peligrosidad.
Los presos considerados de peligrosidad leve tendrían una línea al frente y al dorso; los de peligrosidad media, dos líneas; y los de alta peligrosidad, tres. En cambio, quienes estén próximos a recuperar su libertad utilizarían uniformes lisos.
Los cambios en la Ley de Ejecución de la Pena
La propuesta modifica los artículos vinculados con las comunicaciones de las personas privadas de libertad. En la nueva redacción del artículo 158, se establece que los internos podrán mantener contacto periódico, oral o escrito, con familiares, representantes legales y profesionales vinculados con su reinserción social, además de representantes de organismos oficiales e instituciones privadas.
El texto plantea que ese derecho estará sujeto a las condiciones, oportunidades y supervisión previstas en la ley, con el objetivo de preservar la privacidad.
Por su parte, el artículo 161 establecerá que cada interno podrá solicitar autorización al director del establecimiento para llamar a una lista limitada de cinco números telefónicos. Los titulares deberán estar previamente identificados y autorizados en la instancia judicial de ejecución de la pena.
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La iniciativa también contempla el uso de teléfonos de línea para facilitar el contacto con familiares y abogados, así como la realización de videollamadas con defensores para agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.
Entre los fundamentos, el proyecto cita la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo reiteradamente que las personas privadas de libertad conservan los derechos que no hayan sido afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de las penas está sometida a control judicial permanente.
El trabajo como eje de la reinserción social
Otro de los ejes de la propuesta es la transformación del trabajo penitenciario. Martínez plantea establecer metas progresivas de incorporación laboral, impulsar capacitaciones vinculadas con la economía real y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE).
El proyecto también contempla la participación controlada de empresas privadas, la creación de un catálogo nacional de bienes y servicios penitenciarios y la generación de demanda mediante compras del sector público.
De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, al 31 de diciembre de 2024 el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad. De ese total, 7.545 percibían alguna suma en concepto de peculio.
Sin embargo, solo 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con objetivos de reinserción social. Otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía y otras tareas identificadas como “fajina”.
De esta manera, apenas el 38,72% de quienes percibían peculio desarrollaba actividades consideradas productivas.
La información oficial también indica que durante 2024 el ENCOPE contó con recursos por $25.721.747.525, de los cuales aproximadamente el 75% se destinó al pago de peculios. Una parte significativa de esos fondos correspondió a tareas sin una finalidad productiva.
En ese contexto, el planteo sostiene que la respuesta no debe limitarse a suprimir remuneraciones, sino que debe orientarse a transformar las actividades improductivas en trabajo que contribuya a la reinserción social.
El antecedente de la iniciativa contra los celulares
La propuesta se suma a un proyecto presentado por Álvaro Martínez en abril pasado, que busca establecer penas de uno a tres años de prisión para los internos que tengan un teléfono móvil en su poder dentro de un establecimiento penitenciario.
La iniciativa prevé elevar la pena a entre tres y cinco años cuando el dispositivo haya sido utilizado para cometer un delito.
Cárceles, telefonía celular, Cámara de Diputados
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