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POLITICA

Una agencia británica de comunicación hizo gestiones internacionales en defensa de Cristina Kirchner

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El correo electrónico salió el 5 de octubre, a las 15.56. “Hola, Emma. Annie Correal tuvo la amabilidad de pasarme tu contacto”, escribió Ani Gevorgyan, una consultora radicada en Londres. El asunto prometía una entrevista con Rafael Valim, el abogado brasileño que lleva el caso de Cristina Kirchner ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La destinataria era una integrante de The New York Times.

Valim, que fue integrante del equipo jurídico que defendió al presidente brasileño, Lula da Silva, en la investigación conocida como Lava Jato, se sumó a mediados de este año al equipo de defensa internacional de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la condena por la causa Vialidad.

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El email presentaba al abogado brasileño como antiguo representante de Lula, especialista en lawfare y asesor en sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.

La consultora escribía en representación de la expresidenta, según sus palabras textuales.

Gevorgyan reconoció en el mensaje que su objetivo era acompañar el trabajo para suspender temporalmente la inhabilitación perpetua que le impide a Cristina Kirchner ocupar cargos públicos. Un dato relevante de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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Ese mismo día hubo otro contacto con The New York Times y uno con Bloomberg News.

Copia del correo electrónico que la agencia encargada de hacer la comunicación internacional sobre el reclamo de Cristina Kirchner le envió a The New York Times.

El objetivo de la agencia británica era instalar en los grandes medios internacionales el planteo de Cristina Kirchner contra la condena a seis años de prisión.

Los correos formaban parte de una campaña diseñada para extenderse durante un año y revelada por documentos presentados ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

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Fuentes al tanto de la estrategia de la expresidenta sostienen, sin embargo, que su equipo nunca dio la aprobación final a la contratación y que la consultora avanzó “prematuramente”, cuando todavía persistían diferencias sobre algunos detalles contractuales.

La documentación presentada por Milton ofrece otra versión. El 7 de octubre, la firma declaró ante el Departamento de Justicia que su acuerdo con Nazar Partners se encontraba vigente. Para entonces, ya había contactado a periodistas de The New York Times y Bloomberg News.

Más allá del contrapunto, la trastienda de esas conversaciones es reveladora. El contrato entre Nazar Partners FZ-LLC y Milton Advisers fue firmado el 27 de agosto. Nazar, radicada en la zona franca de Ras al-Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos, aparece como la contratante formal. Cristina Kirchner figura como beneficiaria del trabajo y como “principal extranjera”.

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Quienes conducen la estrategia internacional de Cristina Kirchner consideran que el caso tuvo buena recepción y que reciben consultas frecuentes sobre su situación. Por eso, no consideran necesaria, al menos por ahora, la ayuda adicional de una consultora.

El precio negociado era de US$10.000 mensuales durante 12 meses. Es decir, unos US$120.000 por el año completo, más impuestos y gastos. Cualquier gasto superior a £500 debía ser aprobado previamente. Al registrarse, el 7 de octubre, Milton declaró que todavía no había recibido pagos.

El calendario ayuda a entender la operación. La expresidenta había anunciado el 29 de julio pasado que recurriría al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Un mes después comenzó el contrato con Milton. En septiembre último, sus abogados presentaron como nueva prueba un informe encargado a especialistas brasileños. El 5 de octubre salieron los correos hacia los medios norteamericanos. Dos días después, la consultora quedó registrada en Washington.

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El equipo de la expresidenta busca que la ONU dicte una medida cautelar para suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que le abriría una puerta para volver a competir en elecciones.

La ofensiva internacional avanza mientras se acelera la pelea por la candidatura peronista de 2027. Aunque no lo dice, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, construye su proyecto presidencial; Sergio Massa está activo, Máximo Kirchner defiende la centralidad de su madre y Cristina Kirchner busca recuperar la posibilidad de competir.

Los detalles del trabajo que los gestores internacionales de la imagen de la expresidenta realizarán

El contrato permite reconstruir las tareas que se les hubieran requerido a los consejeros británicos. Incluía la elaboración de mensajes, apoyo a voceros, relaciones gubernamentales e institucionales en Estados Unidos, Europa y América Latina, contactos con medios y coordinación entre los abogados y el equipo de comunicación.

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También preveía buscar observadores jurídicos y “validadores externos”, seguir la conversación mundial sobre Cristina Kirchner y medir el tono de la cobertura.

El objetivo quedó escrito con claridad: conseguir columnas de opinión, artículos y entrevistas en medios internacionales de primera y segunda línea de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa. El trabajo debía organizarse en ciclos de seis semanas, sincronizados con los hitos que indicara el cliente.

Nazar Partners ocupaba un lugar central, pero todavía opaco. Era la contratante formal y la responsable de pagarle a Milton. El acuerdo estaba firmado en su nombre por Almira Sylaj. Sin embargo, los documentos no explican quién contrató a la firma emiratí, cuánto cobraba por su propia intervención ni de dónde provienen finalmente los fondos. Tampoco aparece un contrato firmado directamente por la expresidenta.

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Milton tiene sede en Londres y fue fundada por dos británicos con experiencia política. Louis Rynsard trabajó con equipos del Partido Laborista y luego se especializó en comunicación de crisis y litigios internacionales. Alex Walker pasó ocho años en Westminster y asesoró al alcalde de Kiev y excampeón mundial de boxeo Vitali Klitschko, entre muchas otras cosas.

Tres integrantes de la firma quedaron registrados personalmente para trabajar a favor de Cristina Kirchner. Rynsard es uno. Los otros son Tolga Inanc, un consultor británico que pasó por el Tesoro y la Cancillería de su país, y Gevorgyan, que escribió los correos y ofreció la entrevista con Valim.

La defensa de Cristina Kirchner conecta abogados y consultores de varios países. Junto al argentino Carlos Beraldi trabajan Valim y Javier Borrego, español, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y exmagistrado del Tribunal Supremo de España.

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Milton se inscribió bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA. La norma obliga a quienes desarrollan determinadas actividades políticas o de comunicación en favor de intereses extranjeros a revelar a quién representan, qué hacen y cuánto cobran.

El monto que se pagará por los trabajos y la dirección de la empresa que se encargará de hacer la campaña

Cristina Kirchner aparecía como ciudadana argentina y expresidenta. Milton declaró la actividad como política porque buscaba influir sobre la percepción de audiencias estadounidenses respecto de su situación judicial y su futuro político.

La Justicia argentina considera probado que entre 2003 y 2015 se direccionaron 51 obras públicas en Santa Cruz para favorecer a las empresas de Lázaro Báez y condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta contra el Estado.

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La Corte Suprema dejó firme en junio del año pasado la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, la expresidenta cumple arresto domiciliario y busca trasladar la disputa a los organismos internacionales.



Pablo Fernández Blanco,Conforme a

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POLITICA

La Argentina se abstuvo en la ONU en la votación de una resolución contra la violencia de género

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La Argentina se abstuvo de votar en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la resolución “Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, que se aprobó por 175 votos a favor, 6 abstenciones (Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún) y 1 voto en contra, del representante de Somalia.

La sesión transcurrió ayer, en la sede de la ONU, en Nueva York. El texto de la resolución, impulsado por Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, España y Suecia, busca que los Estados refuercen sus políticas para prevenir y combatir la violencia de género, incluida la que ocurre en entornos digitales, e insta a garantizar los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva.

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A diferencia de lo ocurrido en noviembre de 2024, cuando el Gobierno había explicado públicamente su voto en contra de una resolución sobre violencia digital contra mujeres, en esta oportunidad la delegación argentina no solicitó el uso de la palabra en el recinto para justificar su abstención. Sí lo hizo la representante estadounidense Kali Gasteiger, asesora del Consejo Económico y Social de la Misión de EE.UU. ante la ONU, quien argumentó que Washington “no pudo sumarse al consenso” por objeciones a la terminología del texto.

Javier Milei en la sede de la ONU (EFE)

“Es decepcionante ver el controvertido término ‘salud sexual y reproductiva’ y la noción de ‘aborto seguro’ en esta resolución”, señaló Gasteiger según el texto oficial publicado por la Misión estadounidense. La delegada agregó que “no existe un derecho internacional al aborto” y que “ningún Estado tiene la obligación de financiar ni facilitar el aborto”, en línea con la Declaración de Consenso de Ginebra.

Previo a la votación del texto definitivo, la Tercera Comisión resolvió con 68 votos a favor, 54 en contra y 30 abstenciones no considerar una enmienda que proponía insertar un nuevo párrafo operativo para condicionar la aplicación de la resolución al respeto de las leyes nacionales, las prioridades de desarrollo y los valores religiosos, éticos y culturales de cada país. Al descartarse esa salvaguarda, los países que la habían promovido optaron por la abstención en el texto general, según constató la organización de derechos humanos International Service for Human Rights (ISHR).

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La abstención argentina, así, se inscribe en una serie de coincidencias que el Gobierno de Javier Milei acumuló con Washington a lo largo de 2026 en la Asamblea General y sus comisiones. En marzo, Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres países en votar en contra de la resolución que declaró la trata transatlántica de africanos esclavizados como “el crimen más grave contra la humanidad”, impulsada por Ghana con 123 votos a favor y 52 abstenciones.

En octubre, el canciller Pablo Quirno justificó públicamente el voto argentino en contra del levantamiento del embargo estadounidense a Cuba —resolución aprobada por 130 países, 17 en contra y 25 abstenciones—, una posición que Washington sostiene desde hace más de tres décadas. Ese mismo mes, Argentina, EE.UU. e Israel rechazaron una declaración sobre prevención de pandemias aprobada por 153 Estados.

El 5 de noviembre, solo 13 países votaron en contra de la resolución A/81/L.11 de respaldo a la Corte Penal Internacional (CPI), aprobada por 93 votos; Argentina fue uno de ellos, junto con EE.UU. e Israel.

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En el ámbito de la propia Tercera Comisión, el 10 de noviembre la Argentina integró el grupo de siete países —junto con Colombia, Guatemala, Israel, Paraguay, Perú y Estados Unidos— que votó en contra de las mociones de no acción sobre enmiendas propuestas a las resoluciones de mutilación genital femenina y fístula obstétrica, según el comunicado oficial de la ONU.

En esa misma sesión, Argentina, Israel y Estados Unidos fueron los únicos tres países en votar en contra de la resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital (176 a favor, 3 en contra, 1 abstención) y los únicos dos —Argentina y EE.UU.— en rechazar la resolución sobre principios rectores en materia de desarrollo alternativo (176 a favor, 2 en contra).

Asamblea General de las Naciones Unidas,resolución,violencia contra las mujeres,votación

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El gobierno bonaerense admitió que elegir al candidato del PJ sin las PASO “será más complejo y costoso”

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El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, reconoció que el peronismo tendrá que buscar otros mecanismos para definir sus candidaturas si el Gobierno logra suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque ratificó que el espacio seguirá defendiendo su continuidad, admitió que la oposición deberá organizarse de otra manera.

“El peronismo se va a organizar sin las PASO, me parece que esa era la forma más virtuosa, democrática y amplia posible. Se va a organizar de todas formas, pero seguramente va a ser más costoso, más complejo y menos democrático”, afirmó en declaraciones radiales.

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El proyecto de reforma electoral del Gobierno plantea suspender las PASO por única vez para las elecciones nacionales de 2027, reincorporar las listas colectoras de forma excepcional, eliminar aportes públicos para el financiamiento de campaña y establecer la Ficha Limpia, entre otros cambios.

La iniciativa quedó trabada en el Senado el martes tras no alcanzar las firmas necesarias para emitir dictamen, pasando a un cuarto intermedio hasta el mediodía de hoy.

“Hubo un consenso y acuerdo de sostener las PASO, pero no depende solamente del peronismo. El gobierno está apostando fuerte y haciendo todo tipo de ofertas a gobernadores y otros sectores del peronismo independiente”, expresó Bianco en El destape 1070.

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Carlos Bianco se refirió a las elecciones PASO en la provincia de Buenos Aires. (foto: Instagram/Axel Kicillof).

“La eliminación tiene como único objetivo que la oposición no se pueda organizar. Vamos a seguir insistiendo porque creemos que es el mejor sistema para dirimir candidaturas”, agregó.

El Gobierno nacional intentará avanzar esta semana con la firma del dictamen de la reforma política en el Senado, aunque todavía no tiene garantizados los votos y depende, en parte, de las negociaciones con los gobernadores.

Axel Kicillof, Carlos Bianco, Peronismo, PASO

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El Gobierno aumentó un 2,2% los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad – Nexofin

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Los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad se incrementaron un 2,20% desde noviembre, según estableció el Gobierno a través de la Resolución 3715/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El incremento utiliza como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre.

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La medida, dispuesta por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, alcanza a todas las modalidades del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. El ajuste se aplicó de manera uniforme, sin distinciones entre servicios, y se suma al aumento del 1,90% otorgado en octubre.

Diputados aprobó el proyecto de discapacidad con 237 votos y lo giró al Senado

Entre los nuevos valores, el Centro de Día con jornada doble quedó establecido en $1.166.692,96 para la categoría A, mientras que el Centro Educativo Terapéutico con la misma carga horaria alcanzó los $1.310.557,92.

En el caso de los hogares permanentes con Centro Educativo Terapéutico, el arancel llegó a $2.194.516,03 para la categoría A. La estimulación temprana, por su parte, se fijó en $439.719,68 y el módulo de apoyo a la integración escolar en $801.937,24.

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También se actualizaron los montos de rehabilitación, formación laboral, escolaridad y residencias. El transporte quedó establecido en $953,22 por kilómetro y el servicio de alimentación en $5.223,37.

La resolución ratificó, además, la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones realizadas en las provincias patagónicas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24.901.

La inflación de octubre fue de 2,2% y acumula 26,3% en lo que va del año

La entrada El Gobierno aumentó un 2,2% los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad se publicó primero en Nexofin.

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