Una integrante de la Policía de Salta murió ayer lunes después de haber sido encontrada con heridas de gravedad en el barrio Fraternidad, en el sector sudeste de la ciudad de Salta. La mujer recibió asistencia de emergencia y fue derivada al Hospital San Bernardo, pero falleció pese a las maniobras médicas realizadas para estabilizarla.

El hallazgo se produjo después de las seis de la mañana. La gravedad de su estado motivó un traslado en código rojo, un procedimiento reservado para pacientes que requieren atención inmediata por el riesgo que representa su cuadro clínico. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las lesiones que presentaba ni sobre las circunstancias previas al hecho.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, la víctima fue identificada como Nicole Paz, una suboficial que llevaba aproximadamente tres años de antigüedad dentro de la fuerza provincial.

La muerte de esta oficial ocurre menos de 24 horas después de que otro integrante de la fuerza fuera encontrado sin vida en la capital salteña.

El caso quedó bajo investigación de la Policía de Salta, que busca reconstruir la secuencia previa al hallazgo. Las actuaciones apuntan a determinar qué ocurrió antes de que la oficial fuera trasladada al hospital y cuáles fueron las causas de las heridas que derivaron en su muerte.

Los investigadores deberán reunir los elementos disponibles para conocer el contexto en el que la mujer resultó herida. La información que surja de esas tareas será relevante para precisar el recorrido de la oficial durante las horas anteriores y las circunstancias que llevaron a su traslado de urgencia.

En ese contexto, las actuaciones de la Policía de Salta continuarán orientadas a reunir información sobre ambos hechos. Las definiciones dependerán de los resultados de las medidas investigativas que se dispongan en cada expediente.

A mediados del mes de julio, un agente de la Policía Bonaerense murió tras ser atacado a tiros por dos sospechosos que intentó identificar mientras prestaba servicio como caminante en la base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en Tres de Febrero, dentro de la zona conocida como Fuerte Apache. El hecho ocurrió en horas de la tarde cerca de la Avenida Militar 2949, Nudo 01, Barrio Ejército de los Andes, durante un operativo de rutina.

Según fuentes policiales, el episodio comenzó cuando los sospechosos huyeron a las corridas tras ser requeridos para identificarse por el agente. Ante esta reacción, el policía, de nombre Alan Fabián Molina, se adelantó cerca de 30 metros respecto a sus compañeros y entró al sector donde se ocultaron los hombres.

En ese momento, fue atacado a tiros: uno de los disparos impactó en la axila derecha y otro en la cintura, ambos en zonas no cubiertas por el chaleco antibalas reglamentario.

El ataque fue alertado al 911 y el efectivo fue trasladado de urgencia e inconsciente al Hospital Ramón Carrillo, donde falleció pocos minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas. Los agresores, por su parte, lograron escapar y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

El hecho ya es investigado por la Justicia, que trabaja en la identificación de los sospechosos. La causa fue caratulada como homicidio agravado y la investigación quedó a cargo de la UFI N°7 del Departamento Judicial San Martín.

El agente Molina tenía 30 años y había egresado de la fuerza en febrero. Residía en Tres Arroyos, pero había sido destinado a prestar servicio en el conurbano, a casi 500 kilómetros de su casa. Iba y venía todos los días a Fuerte Apache, lo que le implicaba largos viajes para poder cumplir con sus tareas. Además, había sido papá hacía poco.

Cinco inmuebles de herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires serán subastados este 9 de octubre, en un remate organizado por el Banco Ciudad. Las propiedades, ubicadas en Balvanera, Caballito y Constitución, tienen valores bases que van desde los US$36.850 hasta más de US$435.000.

El anuncio se oficializó en el Boletín Oficial y se aclaró que todo lo recaudado será destinado al Fondo Educativo Permanente. Entre los lotes ofrecidos hay tanto departamentos como terrenos, con superficies y valores muy variados.

TNS

La sexta audiencia del juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de Christian Zárate estuvo centrada en las condiciones en las que funcionaba el Centro Médico Conde (CEMECO), donde el paciente fue operado en abril de 2021. La semana pasada, cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación que participaron de la clausura del establecimiento declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y sostuvieron que el médico no estaba habilitado para realizar cirugías en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con lo publicado en el sitio Fiscales.gob.ar, los testigos también aseguraron que CEMECO “no estaba habilitado para internaciones” y reconstruyeron la inspección que realizaron el 4 de mayo de 2021, menos de tres semanas después de la muerte de Zárate. Según explicaron, la clínica tampoco contaba con los servicios necesarios para realizar cirugías generales.

Los inspectores llegaron al centro médico, ubicado en el barrio porteño de Caballito, convocados por la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad.

Durante sus declaraciones explicaron que la habilitación original de CEMECO databa de 2012 y permitía el funcionamiento de consultorios externos, un quirófano y una sala de recuperación para procedimientos ambulatorios, es decir, aquellos tras los cuales los pacientes pueden regresar a sus domicilios dentro de las seis horas posteriores a la intervención.

La situación era diferente para las cirugías generales o aquellas que requirieran internación. Según los inspectores, el establecimiento no disponía de los servicios necesarios para ese tipo de prácticas y, ante una complicación, el paciente debía ser derivado a una clínica de mayor complejidad.

Los funcionarios también señalaron que el establecimiento no contaba con un director médico al momento de la inspección. Andrea Isabel Torelli se presentó como responsable del lugar y les informó que el director médico había sufrido un ACV y no podía comunicarse.

Los inspectores consideraron que, ante esa situación, el centro se encontraba acéfalo desde el punto de vista de la dirección médica, lo que incumplía la normativa sanitaria vigente.

Durante el procedimiento encontraron además un contrato entre CEMECO y Lotocki para el alquiler de los quirófanos. El documento había sido firmado el 18 de abril de 2021, tres días después de la operación de Zárate y dos días después de su muerte, y establecía que el médico no pertenecía al plantel ni tenía una relación de dependencia con la clínica.

Sin embargo, los inspectores señalaron que en el establecimiento encontraron historias clínicas firmadas por Lotocki anteriores a la fecha de ese contrato, correspondientes a procedimientos que había realizado allí.

Otro de los puntos de la declaración estuvo relacionado con la habilitación de Lotocki para operar. Ante una pregunta de la fiscal María Luz Castany, a cargo de la Fiscalía General N°30, los inspectores explicaron que el acusado posee un título de médico cirujano expedido por la Universidad Nacional del Litoral, pero que para realizar ese tipo de procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires debía estar inscripto en un registro específico.

Según declararon, Lotocki no figuraba como especialista en cirugía general ni en cirugía plástica y tampoco les constaba que hubiera iniciado el trámite correspondiente para inscribirse.

Fentanilo, propofol y medicamentos vencidos

Los inspectores también describieron una serie de irregularidades sanitarias detectadas durante el procedimiento. Entre ellas, mencionaron que había una gran cantidad de fentanilo y propofol distribuida en distintos sectores de la clínica.

Incluso, encontraron ampollas almacenadas en muebles de fácil acceso al público, una situación que los inspectores consideraron un riesgo sanitario.

El informe elaborado tras la inspección también consignó medicamentos vencidos mezclados con otros que todavía estaban vigentes y la ausencia de los libros de registro de estupefacientes, en los que debía quedar asentado el ingreso de esos fármacos y a qué pacientes habían sido administrados.

También hallaron material que se presentaba como esterilizado junto a otros elementos sucios. En una heladera utilizada para guardar pan y café, además, encontraron ampollas de propofol.

Los inspectores explicaron que los medicamentos que requieren cadena de frío deben conservarse en una heladera de uso exclusivo y con control de temperatura.

Lotocki pidió declarar

Al finalizar la audiencia, la defensa de Lotocki informó que el médico quería declarar sobre lo ocurrido con Christian Zárate. El tribunal dispuso que podrá hacerlo durante la audiencia prevista para este miércoles 23 de septiembre.

Después de esa instancia está previsto que comiencen a declarar las cinco mujeres que denunciaron a Lotocki por las lesiones gravísimas que, según la acusación, sufrieron luego de someterse a intervenciones quirúrgicas con él.

Zárate había sido operado el 15 de abril de 2021 en CEMECO. Se le practicó una dermolipectomía con técnica “tulua” y una liposucción. Luego de la intervención, una enfermera detectó una anomalía en el drenaje y se lo comunicó a Lotocki, quien dispuso que el paciente regresara al quirófano.

Durante la noche, Zárate permaneció dolorido y sin poder dormir. A la mañana siguiente se descompensó, fue intubado y desde la clínica solicitaron una ambulancia. Los médicos que llegaron advirtieron la complejidad del cuadro y pidieron un segundo móvil. El paciente sufrió un paro cardíaco y murió pese a las maniobras de reanimación.

En la audiencia anterior, ocho peritos analizaron la atención que recibió Zárate y describieron ante el tribunal una secuencia de deterioro clínico que, según sus conclusiones, no recibió la respuesta que requería el cuadro.

Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate. Junto con él son juzgados el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y Torelli.

Por otra parte, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada de encubrimiento agravado, bajo la sospecha de haber ocultado el teléfono de Lotocki para impedir que fuera encontrado por los investigadores.

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