El corazón del proyecto de Javier Milei es económico. Consiste en bajar la inflación. Es también un objetivo político, por el que espera una recompensa electoral. La principal estrategia para alcanzar este cometido es fiscal. Se sostiene en un dogma teórico: la raíz de la inflación hay que buscarla en la descontrolada emisión de moneda que demandó el financiamiento de un todavía más descontrolado gasto público. No hay posibilidad alguna de desacelerar la carrera de los precios si no se reduce el tamaño del Estado. Una palanca alternativa para la misma finalidad es estimular la competencia eliminando barreras comerciales. Una de las características principales de este enfoque oficial tiene que ver con el tiempo. Para alcanzar el éxito, la aplicación del remedio debe ser intensa y perentoria. Un shock.

El experimento presenta inconvenientes. Algunos son visibles. Y hasta previsibles. Como advirtieron siempre los defensores de una terapia más gradual, si para equilibrar las cuentas públicas se elige la vía de un ajuste monetario y fiscal tan draconiano que termina paralizando la actividad económica, lo más probable es que comience a disminuir la recaudación y al Tesoro se le haga más difícil conseguir el superávit. O, peor aún, comience a producir déficit. Quiere decir que la medicina puede matar al paciente. Plantear el problema es muy sencillo. Evitarlo, no tanto. La idea de abandonar un ciclo inflacionario sin caer en recesión tiene también algo de utópico. El dilema sólo se puede resolver con la sabiduría que se espera de los grandes estadistas.

Las limitaciones del plan económico modifican el plan político. Y provocan varias reacciones en el gabinete. Entre ellas, la de reducir el nivel de debate económico en el espacio amplio del oficialismo. Las disidencias comienzan a sentirse en el Congreso, por desencuentros de la Casa Rosada con algunos gobernadores aliados originados en el giro de recursos. En este contexto debe leerse la convocatoria de Karina Milei, a través de Diego Santilli, para que Mauricio Macri retome el diálogo con la Casa Rosada. Fuentes inmejorables aseguran que el motor de este reencuentro fue Luis “Toto” Caputo.

El ministro necesita que el Gobierno emita señales de estar en control de la política ante las incertidumbres económicas.

La aparición de las dificultades materiales expone a Milei y a su equipo a algo más que una trampa en el terreno que más domina. Las distintas tácticas para salir del laberinto, todas defectuosas, generan también conflictos de poder. Es inevitable. La discusión fiscal es el punto en el que con mayor claridad se cruzan la economía y la política.

Una de las consecuencias de la lucha contra la inflación, que supone una restricción monetaria y fiscal, es la caída del consumo. Y la caída del consumo impacta sobre la recaudación de los impuestos más importantes. Sobre todo del IVA. Sin embargo, el descenso en los ingresos del Tesoro por IVA no tiene una relación exclusiva con que el público adquiera menos bienes o servicios. Aun cuando el consumo se mantenga, el IVA recaudado, en proporción, disminuye. La explicación hay que buscarla en el aumento de la evasión. La relación entre consumo privado y lo que el Estado recibía por el IVA en enero de 2024 era de 11,6%. En junio pasado fue de 9,7%.

La justificación es evidente. Las personas que tienen dificultades salariales para cubrir sus gastos, si tienen que elegir entre pagar los servicios públicos o pagar el IVA, prefieren lo primero. Sobre todo las empresas castigadas por la parálisis de las ventas, que intentan no quebrar. Quiere decir que el repliegue del nivel de actividad se combina con la evasión impositiva para castigar las cuentas del Tesoro.

El contrabando

Hay otra dimensión de la política económica que pone en peligro el superávit fiscal. Es la apertura del comercio. El ejemplo más claro se presenta en el mercado de teléfonos celulares. En cifras redondas, de los 90.000 que se venden por semana, 50.000 proceden del exterior. Algunos son adquiridos afuera. Otros, comprados en plataformas de comercio electrónico. En general, pagan aranceles reducidos o no los pagan. Tampoco contribuyen con el pago de impuestos internos. En este frente también se deteriora la recaudación. Es la derivación de una estrategia de apertura comercial que tiene como objetivo de corto plazo bajar la inflación induciendo a la competencia de precios.

A estas novedades hay que agregar otra: el aumento del contrabando. En buena medida es otra consecuencia del programa económico. Cuando existían grandes regulaciones cambiarias y, por lo tanto, una diferencia significativa entre la cotización oficial y la libre, el sueño era conseguir dólares del Banco Central. Había una tendencia a sobrefacturar las importaciones. Una vez que se liberó el cepo y la brecha cambiaria casi desapareció, el incentivo es otro: no pagar impuestos o contribuciones. Sean aranceles, tasas de estadística, percepciones, impuestos internos, entre otros.

El fenómeno del contrabando se ha agravado en los últimos tiempos. La consultora Maplatam realizó un estudio en noviembre del año pasado, en el que consigna que la Argentina figura en el puesto 120 de un total de 158 países del ranking internacional de comercio ilícito. Los porcentajes de contrabando que presenta ese trabajo pueden ser discutibles en la medida en que algunos son suministrados por las cámaras de los sectores afectados. En el caso de teléfonos celulares es un 30% del mercado; cerveza, 40%; cigarrillos 10%; en textiles e indumentaria, 23%, sumados contrabando y subfacturación.

Las razones de este aumento del comercio ilegal son numerosas. El estudio de Maplatam subraya la expansión del comercio electrónico, que vuelve más difíciles los controles. En América Latina ese aumento fue en 2024 de 11%. Sólo fue superado por África, con un 12,9%.

En la Argentina el comercio on line fue del 15%. Y en el primer semestre de 2025 había aumentado el 25%. Por esta razón existe una presión creciente de las grandes marcas sobre las plataformas de venta on line con el objetivo de volver más transparente el origen de la mercadería.

La pérdida de ingresos estatales por culpa del contrabando, según la misma investigación, fue de alrededor de 1100 millones de dólares en el caso de la cerveza, 240 en el del tabaco, 370 millones en el de agroquímicos y 190 millones en el de celulares. Este último rubro registraría una reducción del mercado local equivalente a 500 millones de dólares anuales por el efecto combinado de importaciones legales y contrabando. La recaudación que pierde el Estado por el contrabando sería, según Maplatam, de 2300 millones de dólares por año.

El Gobierno comenzó a percibir el problema por la caída en los ingresos. La Aduana admite el fenómeno, pero también responsabiliza al relajamiento de algunos controles por parte de las fuerzas de seguridad. Aun así, hubo medidas drásticas, como la del cambio total de autoridades en algunas sedes aduaneras, como la de Concordia.

El efecto en Tierra del Fuego

La liberalización de las importaciones, combinada con el incremento del contrabando, está produciendo un resultado inesperado: el colapso del régimen de Tierra del Fuego, donde un selecto conjunto de importadores se benefició durante años de generosísimas ventajas fiscales a cambio del ensamblado de electrónicos que se venden como productos de la industria nacional. Una señal: la empresa Mirgor, de Nicolás Caputo, acaba de despedir 300 empleados e ingresó en un proceso de conciliación obligatoria por exigencia de la Secretaría de Trabajo. Quién iba a imaginar que a Nicky le llegaría la guadaña en plena “caputocracia”, de primos y sobrinos. Mauricio, hermano de la vida, qué tiempos aquellos…

Las autoridades económicas están cada vez más inquietas frente a las dificultades para revertir la parálisis de la economía. El desvelo es más intenso porque el letargo es la cara negativa del objetivo principal: que caiga la inflación. Pero, si la tasa de inflación no se derrumba y empieza a comportarse como un serrucho, ese costo tiene menos sentido todavía. Muchos economistas recomiendan revisar la política cambiaria corrigiendo la apreciación del peso. Es una receta que el Gobierno sigue rechazando.

La devoción por un régimen que numerosos profesionales identifican con el atraso cambiario está agitando las aguas en el equipo económico. Hay una excelente noticia para el oficialismo: el sistema financiero está ante un récord de depósitos en dólares. Es una señal de confianza en el programa. El ministro Caputo la festeja y pretende servirse de esa palanca con medidas que reactiven: entre ellas, favorecer los préstamos en dólares, que tendrían como consecuencia indirecta una caída en la tasa de interés. Caputo choca contra la cautela del presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, quien teme que una mayor demanda de dólares facilitada por el crédito termine disparando el precio de la divisa. En esa discusión están los dos socios.

La alternativa de los que sacralizan la fijación del tipo de cambio es, como siempre, impulsar reformas que bajen los costos que impone un dólar barato. El Gobierno ya intentó con una: la reforma laboral. No están apareciendo los resultados que se soñaban. Las cámaras empresarias y los sindicatos respectivos están presentando convenios laborales ante la Secretaría de Trabajo que difieren en casi nada de las versiones anteriores a la reforma. Otra oportunidad para que Federico Sturzenegger descubra que el mundo real suele diferir del clima teórico en el que él está instalado.

Más allá de las experiencias específicas, el oficialismo se prepara para impulsar reformas que se vienen postergando en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En el centro del programa está la reforma previsional. Sin ella, consideran en el equipo económico, no hay plan fiscal que cierre. Los cambios en el sistema jubilatorio suelen ser, como dicen los anglosajones, “el tercer riel”. Es el riel por el cual circula, en trenes o subterráneos, la electricidad de altísimo voltaje. Es decir, es la materia que puede lograr que cualquier gobierno quede pegado.

La Corte Suprema

La discusión central será judicial, por la cantidad de amparos que se prevén. Esta es otra razón por la cual las dificultades fiscales engendran iniciativas políticas de gran magnitud. Una de ellas, reformar para el año próximo la composición de la Corte Suprema de Justicia. Se la ampliaría a 9 miembros y se la integraría con constitucionalistas y, sobre todo, administrativistas. También se establecería una nueva regulación para el procurador general de la Nación, que sería designado con un plazo de 7 años. ¿Hay alguna posibilidad de lograr estas innovaciones en medio de una campaña electoral? Es la pregunta que debería hacerse el ansioso Juan Bautista Mahiques, quien se postula para la Procuración.

Los crujidos de un ajuste que, en vez de garantizar, pone en tela de juicio el equilibrio fiscal, impactan en la política en otros campos. La vinculación de la Casa Rosada con los gobernadores está de nuevo lastimada por dos noticias sobre la misma materia. Como viene publicando , Caputo utilizó dos tercios del fondo fiduciario para el arreglo o construcción de rutas para financiar al Tesoro Nacional. Ese desvío de la misión exclusiva de ese fondo le valió una nueva denuncia penal, en este caso de la diputada Victoria Tolosa Paz, quien milita en el peronismo federal. La otra novedad desagradable para los caudillos de provincia es que esa caja se repartió con porcentajes arbitrarios. Aliados como Raúl Jalil, por ejemplo, no recibieron ni una moneda.

Otra secuela de las crecientes dificultades fiscales es la intervención del PAMI. Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, que integraban la cúpula, están desde la semana pasada, afuera del gobierno. Sólo falta trasladar la expulsión a los papeles Los motivos de la remoción son varios. El más presentable es que llevaron el déficit de ese instituto a niveles inmanejables. El PAMI se puso al borde de la cesación de pagos.

Hubo, además, otra razón para la defenestración. Tiene que ver con las operaciones sospechosas de Guido Giana, encargado de coordinar la relación con los prestadores de esa mega caja. Al parecer, lo hizo con la falta de transparencia que se esperaba de él si se tienen en cuenta tareas similares que llevó adelante durante la gestión de Mauricio Macri. Giana es un soldado de Cristian Ritondo desde que era concejal en Presidente Perón. Lo caracterizaban como “un caminador”. En esa categoría revistaba también el informal Nicolás Siseles, una especie de “tiempo compartido” entre Ritondo y Santilli.

Giana y Siseles caminaban por todos lados. No se sabe con precisión ni qué buscaban ni cómo lo traían.

La salida de Leguizamo y Zamparolo podría haber afectado el poder de Santiago Caputo, si no fuera porque el “Mago del Kremlin” se encargó de designar a los “interventores”. A Giana lo reemplazó Rodrigo Sbarra. Un discípulo de Francisco “Pancho” Cabrera que se hizo célebre como funcionario porteño del Pro cuando dejó el cargo olvidándose en un cajón del escritorio un sobre con 10.000 dólares. Con Sbarra colabora María Florencia Zicavo, quien integró el equipo de Sebastián Amerio en el Ministerio de Justicia. La permanencia del “Mago” como responsable político del PAMI tranquiliza a muchos dirigentes ligados a esa institución. Entre ellos, a Ritondo, a quien se atribuye el control operativo de facto de varias dependencias de la obra social en el conurbano bonaerense. Habladurías.

Las inclemencias de la economía deshilvanan la política. Por eso es relevante la invitación a Macri. Es decir, la invitación a un expresidente que acaba de postular a un economista crítico, Hernán Lacunza, para competir por Pro en las presidenciales del año próximo. Macri habló más de media hora con la señorita Milei el lunes pasado. Contra lo que esperaban en Pro, ella no puso condiciones para el acercamiento. El nexo fue Santilli, quien representa a Macri delante de Karina Milei y a Karina Milei delante de Macri. La especialidad de la casa. En las tratativas estará también Ritondo, otro anfibio, como se ve en el caso del Pami. Del listado de participantes lo más importante es una ausencia: ¿quién representará a Jorge Macri? Lo que está en juego en la negociación electoral es la candidatura del jefe de Gobierno para la reelección. Jorge Macri ganó frente a su primo una autonomía a la que no se había animado ni Horacio Rodríguez Larreta. No alcanza la mediación de Daniel Angelici para atenuar esa rebeldía. Tampoco el regreso de Edgardo Cenzón, eterno cajero del expresidente, para gestionar cajas importantes. Por eso en el horizonte se dibuja un enigma calabrés: si Mauricio Macri no espera que desde el lado de Milei veten a su primo como candidato de una alianza. ¿Diego Santilli fantasea con ocupar esa vacante? Que parezca un accidente.