La Corte Suprema de Justicia propinó este jueves un duro revés a las pretensiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y rechazó todas sus demandas en las causas en las que está involucrada por supuesto fraude y lavado de dinero.

Según pudo saber , la Corte frenó la unificación de las causas contra los dirigentes de la AFA en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, como lo pidieron los acusados.

En la misma línea, la Corte Suprema resolvió conflictos de competencia de causas contra la AFA y el empresario Javier Faroni, que controla una empresa que cobra los dividendos de la organización que dirige Claudio “Chiqui” Tapia en el exterior.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó la pretensión de unificar en el juzgado federal de Campana las denuncias por el irregular manejo de fondos en el exterior, tal como lo había sugerido en su dictamen el procurador general Eduardo Casal.

Ese expediente permanecerá en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional a cargo de Paula Petazzi.

Uno de los incidentes analizó la decisión del juzgado federal de Campana, de González Charvay, que concentró una investigación por lavado de activos a raíz de una mansión en Pilar.

El juez González Charvay le reclamó a la jueza Petazzi que se inhibiera de seguir investigando la denuncia por administración fraudulenta que radicó en ese fuero el empresario Guillermo Tofoni, dueño de la empresa World Eleven, que tenía un contrato previo con la AFA para la organización de partidos amistosos de la selección argentina.

En el segundo incidente, la Corte resolvió otro planteo en el que el Juzgado Penal Económico 8 y la jueza Petazzi rechazaban intervenir en la denuncia de Tofoni contra la dirigencia de la AFA por el delito de balance falso.

De acuerdo con la jurisprudencia, de existir balance falso podría ser parte de una misma administración fraudulenta, por lo que corresponde analizarse en el fuero penal ordinario.

El juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz reclamó que se apruebe el reglamento de selección de jueces que el máximo tribunal propuso al Consejo de la Magistratura en marzo pasado y sostuvo que “la calidad del Poder Judicial depende de la calidad de su peor juez”.

Rosenkrantz habló en la jornada “Diálogos”, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde afirmó que “ningún país que se precie puede tener jueces que no sean todo lo buenos que el país permita y nuestro país, sin duda, nos permite tener los mejores jueces”.

Ante los abogados, habló del proyecto de reforma de la selección de jueces que planteó junto a su colega Ricardo Lorenzetti, donde busca evitar que las entrevistas personales a los candidatos en el Consejo de la Magistratura provoquen alteraciones al orden de mérito.

“El sistema actual de entrevistas permite alterar el orden de mérito con consideraciones que no son de mérito, y sin exigir justificación”, afirmó el magistrado supremo.

Rosenkrantz afirmó: “A los jueces se nos exige, con toda razón, justificar cada decisión que tomamos, respecto de cualquier justiciable y cualquiera sea la importancia del pleito. Al Consejo, que decide quién va a juzgar a miles de personas durante 30 años, no se le exige justificar por escrito por qué alteró un orden de mérito. No se me ocurre cómo defender esa asimetría”, dijo.

El proyecto que presentó la Corte en una acordada el 4 de marzo “todavía está siendo considerado” por el Consejo. El organismo cambia sus integrantes el 18 de noviembre y es probable que hasta el próximo año no considere esta propuesta del máximo tribunal.

La iniciativa propone reducir la discrecionalidad en los concursos. Rosenkrantz admitió que no espera que salga rápido: “Reducir la discrecionalidad cuando la reducción depende de quienes la disfrutan es muy difícil. Es parecido a esperar que las reglas electorales las cambien quienes fueron elegidos de acuerdo con esas reglas”.

Rosenkrantz usó la metáfora de una columna militar que marcha y dijo que avanza a la velocidad del más lento, porque llega cuando llega el último. “Mejorar el promedio no es lo mismo que mejorar el conjunto. Si se designan tres jueces excelentes y uno malo, el promedio sube pero la columna sigue marchando al paso del último”, explicó.

“El litigante cuyo expediente cayó en manos del peor juez no recibe un servicio promedio: recibe a ese juez”. Por eso, sostuvo, el objetivo de un sistema de designaciones no es solo atraer a los mejores sino “elevar el piso y, sobre todo, impedir que ingresen los que no están a la altura”.

Rosenkrantz dijo que lo que está en juego es que un juez recién designado puede dictar 6000 sentencias en su carrera de 30 años. Los consejeros abogados elegidos el 20 de octubre, con mandato hasta 2030, “van a intervenir en la designación de jueces que decidirán durante 30 y dictarán más de 6000 decisiones cada uno”, advirtió.

Rosenkrantz habló del desinterés de los abogados a la hora de votar consejeros. Solo el 18,5% del padrón acudió a las urnas. Por eso concluyó que “una fracción mínima” de los matriculados decidió la mitad de su representación en el órgano que selecciona a los jueces. “Y lo hizo, mayoritariamente, por omisión”, agregó.

El juez recordó que el Consejo tiene 20 miembros: el presidente de la Corte, cuatro jueces, ocho legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, dos académicos y cuatro abogados. Con cuatro bancas, la abogacía es el segundo bloque del cuerpo y una pieza necesaria para alcanzar los dos tercios que exigen las ternas. “No es una representación simbólica. Es decisiva”, dijo el juez de la Corte.

Según Rosenkrantz, los abogados aportan más que ningún otro estamento a elegir a un buen juez: “Son los únicos que ven a los jueces trabajar todos los días y desde el otro lado del estrado. Saben cuál llega preparado a la audiencia y cuál no; cuál leyó el expediente; cuál resuelve en plazo; cuál escucha; cuál trata con dignidad a la gente”.

El juez cerró con tres pedidos concretos a los abogados: que la próxima vez vayan a votar; que, antes de hacerlo, le pregunten a cada lista qué se propone hacer en los concursos; y que, si el reglamento no se modifica según la propuesta de la Corte, les exijan a sus consejeros que expliquen cada vez que alteren un orden de mérito.

“No requieren una reforma legal, ni un acuerdo político, ni que el Congreso haga nada”, dijo Rosenkrantz. “La calidad de una sentencia está acotada, en buena medida, por la calidad de los escritos y de los alegatos que la precedieron”, sostuvo.

Rosenkrantz reconoció que la mayor parte del Poder Judicial “está integrada por muy, muy buenos jueces”. Pero dijo que hay que esforzarse para que lo sean todos y se declaró optimista: “Hay una parte del problema que ustedes pueden contribuir a resolver”, les dijo a los abogados.

El ciclo de Diálogos fue abierto por la presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Fernanda Mieres, quien dijo que “sin instituciones sólidas y transparencia en la relación entre el público y el privado, el desarrollo sostenible es una meta imposible de alcanzar”.