El gobierno de Javier Milei resolvió imponer una serie de condiciones para la compra de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, operador perteneciente al Grupo Clarín. Entre otros requisitos, la segunda firma deberá deshacerse de 6 millones de usuarios para que se pueda llevar a cabo la fusión.

La decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), fundamentada en un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), apunta a evitar que la operación derive en una posición dominante en el mercado de telecomunicaciones.

Desde la ANC remarcaron que “la operación reduce a dos los operadores de red móvil independientes del país. Antes de la operación, el mercado nacional tenía tres jugadores: AMX (Claro, 41,8%), Telecom (Personal, 33,8%), y Telefónica (Movistar, 24,4%). Con la concentración, el operador resultante alcanzaría el 58% del mercado y AMX (Claro) quedaría con el 42%”.

A la vez, consideraron que “de no mediar remedios estructurales, la operación crearía un duopolio en servicios de comunicaciones móviles (voz, SMS y datos)”.

En simultáneo, se dispuso que Telecom deberá transferir a un adquirente independiente una base de 6.000.000 de clientes móviles activos: 4.000.000 en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 2.000.000 en el resto del país. La transferencia contemplaría contratos, numeración e historial, sin generar costos para los usuarios.

Además del traspaso de clientes, la empresa deberá ceder el espectro radioeléctrico necesario para prestar el servicio de manera adecuada. Según lo resuelto por el Tribunal, la cesión de clientes y la transferencia de espectro se consideran indivisibles. El diseño técnico de esta transferencia quedará a cargo del Enacom.

También se determinó que el nuevo operador ingresante tendrá acceso a acuerdos de compartición de red, lo que permitirá el uso conjunto de antenas y equipos de radio (RAN sharing), la prestación del servicio sobre la red de otro operador (roaming nacional e internacional) y el alojamiento de equipos en sitios compartidos (co-ubicación).

El plazo mínimo de esta modalidad será de tres años, con posibilidad de renovación hasta que el nuevo competidor cuente con una red propia operativa. Mientras tanto, Telecom deberá garantizar el acceso a sus sistemas de gestión comercial.

En materia de servicios fijos, corporativos y mayoristas, el TDC ordenó la desinversión de la cartera de abonados de Telefónica (Movistar) en 28 localidades de cinco distritos —Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro—, que comprenden 211.400 abonados.

En aquellas localidades donde una desinversión estructural no resulte viable por cuestiones de escala, el Tribunal fijó obligaciones de conducta específicas: no se podrá reducir la calidad del servicio, deberán eliminarse las cláusulas de permanencia mínima y la paquetización obligatoria, y estará prohibido aplicar diferencias en precios, promociones o beneficios según la ubicación geográfica.

En paralelo, se estableció que la desinversión de los activos deberá finalizarse en un período máximo de 18 meses, bajo la supervisión de un Agente de Monitoreo independiente, que junto a la Secretaría de Concentraciones Económicas controlará el cumplimiento de los hitos establecidos por el Tribunal en sus requisitos.

“Estas condiciones estructurales y conductuales buscan prevenir una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones y resguardar la competencia efectiva en beneficio de los usuarios, cuestiones fundamentales para los consumidores que se veían comprometidas en las propuestas presentadas por Telecom”, explicó la administración libertaria.

“La resolución es excesiva y, sobre todo, está pensada con una cabeza más de los ’90 que de ahora. Es un encuadre competitivo antiguo que no refleja el mercado de telecomunicaciones actual. Tenemos a Starlink operando en banda ancha satelital, por ejemplo, y siguen contando los abonados uno por uno en las distintas regiones del país. Es erróneo. Nos obligan a una desinversión que es complicada y no tiene antecedentes. Estamos analizando las consecuencias porque cotizamos y es algo que tiene una consecuencia que son números. Vamos a analizar los pasos a seguir y no descartamos ninguna alternativa”, destacaron desde Telecom.

“Nos piden que dejemos lo que representa el 40% de usuarios móviles de Movistar y quieren armar un competidor al que tenemos que garantizarle las condiciones. Quieren que haya tres operadores móviles y crean uno que va a tener condiciones escuálidas en un mercado que no da para tres jugadores. La única forma de crecer es invirtiendo y con mercados más consolidados, no menos”, detallaron desde la empresa compradora.

Y sumaron: “Es lo que pasa en el mundo. Este año solo nosotros vamos a invertir en infraestructura unos USD 1.300 millones, y desde 2018 desembolsamos USD 9.000 millones. Son cifras grandes para una competencia que no es local, es global. Flow compite con el mundo, con todas las plataformas, y requiere una red en condiciones que consume cada vez más datos”.

• Desprendimiento de casi el 50% de su cartera: Telecom deberá transferir 6 millones de usuarios de telefonía móvil -4 millones del AMBA y 2 millones en el resto del país- además de la infraestructura correspondiente, a un nuevo operador del sector, con una distribución estratégica en el AMBA, la Región Norte y la Región Sur.
• Acceso a infraestructura: la empresa deberá permitir que un nuevo operador utilice su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión durante un período de dos años, manteniendo la continuidad y calidad del servicio mientras el nuevo competidor despliega su red propia.
• Devolución del espectro radioeléctrico: la medida incluye la restitución de 130 MHz en total, con una devolución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en áreas con alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para que otras compañías puedan acceder a ese espectro.
• Reestructuración en internet fija: También se establece la obligación de transferir clientes a otros operadores en aquellas localidades donde, tras la adquisición, la participación minorista supere el 50 por ciento.

Según estimaciones oficiales, estas exigencias buscan evitar que una sola empresa concentre cerca del 70% del sector de telecomunicaciones, limitando su participación a alrededor del 50% del mercado.

Desde el Gobierno indicaron que la fusión solo será viable si se implementan estas medidas que “evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores”.

“El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, destacaron en un comunicado oficial.

El 24 de febrero de 2025, la casa matriz de Telefónica en España anunció la venta de su filial argentina al Grupo Telecom. El acuerdo abarcó todos los servicios que la empresa ofrecía en el país, entre ellos telefonía móvil, acceso a internet y telefonía fija, configurando un cambio de relevancia en el sector de las telecomunicaciones nacional.

La operación contempló la transferencia de los activos y la cartera de clientes de Movistar Argentina, consolidando la presencia de Telecom en el mercado local. Esta maniobra estratégica despertó inquietudes entre autoridades y especialistas, debido al riesgo de una mayor concentración en un segmento ya dominado por pocos actores.

Luego del anuncio, el Gobierno intervino y, el 21 de marzo de ese año, la Secretaría de Industria y Comercio dispuso la suspensión preventiva de la transacción. Ahora, el Tribunal de Defensa de la Competencia dispuso la desinversión de Telecom para dar luz verde a la compra de Telefónica.

El MSCI publicó este jueves por la tarde su Revisión Global de Accesibilidad a los Mercados (Global Market Accessibility Review). Se trata del paso previo al informe que se publicará el próximo martes, el Informe Anual de Clasificación de Mercados (Annual Market Classification Review), que confirmará -o no- si Argentina ingresa en un período de consulta para salir de su actual categoría, Standalone Market (la más baja del indicador).

Lo cierto es que el resultado del informe parece dar por finalizada la expectativa de que Argentina tenga una mejora en la calificación del MSCI. Al menos en el corto plazo.

Según los resultados de la Revisión, no se observaron mejoras respecto a los últimos informes de los dos años anteriores. En ese escenaro, según el experto Sebastián Maril, «el informe del MSCI de hoy no implica que la semana que viene no se anuncie un período de consulta para una posible reclasificación». «No ayuda, pero no descartemos nada», aseguró.

Y comparó cómo en los últimos tres años no se observaron mejoras en los indicadores que toma el informe.

En ese marco, desde PPI señalaron que «la firma publicó su Revisión Global de Accesibilidad a los Mercados, instancia previa al informe que se dará a conocer el próximo martes y que definirá si Argentina ingresa en un período de consulta para abandonar su actual categoría, Standalone Market (la más baja dentro de la clasificación)».

Señalaron que los resultados no mostraron cambios respecto del informe anterior, por lo que consideran poco probable que el país sea incorporado a una etapa de revisión.

Qué dice el informe de MSCI sobre Argentina

En los comentarios del informe, el MSCI destacó las siguientes falencias que hacen prever que el upgrade de Argentina en el índice deberá esperar:

• Igualdad de derechos para los inversores extranjeros: La información relacionada con las empresas no siempre está disponible fácilmente en inglés.
• Nivel de restricciones al flujo de capitales: «Si bien la flexibilización de los controles de capital en abril de 2025 permitió a los inversores extranjeros repatriar los nuevos ingresos provenientes de inversiones en acciones, esto sigue sujeto al cumplimiento de determinados requisitos documentales. Además, las ganancias obtenidas con anterioridad continúan sujetas a restricciones y podrían no poder ser repatriadas libremente».
• Nivel de liberalización del mercado cambiario: «No existe un mercado cambiario offshore y persisten restricciones en el mercado cambiario local (por ejemplo, las operaciones de cambio deben estar vinculadas a transacciones con valores negociables)».
• Registro de inversores y apertura de cuentas: «Toda la documentación debe presentarse en español».
• Regulación del mercado: «No toda la normativa está disponible en inglés».
• Flujo de información: «La información detallada del mercado bursátil no siempre se divulga en inglés».
• Compensación y liquidación: «No existe la figura de ‘nominee’ (titular o custodio registrado en representación de un tercero) en el mercado. Además, siguen prohibadas las facilidades de sobregiro».
• Negociación: «Existe un nivel limitado de competencia entre los brokers, lo que puede traducirse en costos de operación relativamente más elevados».
• Transferibilidad: «Las operaciones realizadas fuera de los mercados organizados (off-exchange) están permitidas, aunque con restricciones».
• Disponibilidad de instrumentos de inversión: «Las restricciones impuestas al uso de datos del mercado bursátil han derivado en una disponibilidad limitada de instrumentos de inversión».
• Estabilidad del marco institucional: «Se han registrado casos de intervenciones gubernamentales que pusieron en duda la estabilidad de una economía de libre mercado, incluso en lo que respecta a las actividades de inversión de los inversores extranjeros».

Luego de conocerse el informe, Nahuel Bernues, CFA y asesor financiero, señaló que la noticia se dio «de acuerdo a lo esperado». «Ve algunas mejoras en las restricciones de capital, pero sin nada realmente sustancial», analizó.

Y detalló: «No quita que quizás la semana que viene anuncie un período de consulta para una posible reclasificación. Sin embargo yo no soy muy optimista de que eso suceda siempre y cuando los controles cambiarios se mantengan».

«Probablemente seguiremos siendo Standalone, casi seguro porque todavía hay cepo. Pero eso no imposibilita que la semana que vieen anuncien que nos ponen en revisión para subirnos el año que viene», sumó Leonardo Guidi, analista de mercado.

La mirada del mercado y el aviso de Morgan Stanley

El resultado del informe de MSCI estuvo en línea con lo que esperaba el mercado: el consenso es que el país difícilmente reciba un ascenso inmediato y que, en el mejor de los casos, recién ingrese en un proceso de consulta que podría desembocar en una reclasificación entre fines de 2027 y 2028.

Esa visión fue reforzada por el propio Morgan Stanley. En su último Informe de Accesibilidad al Mercado, el gigante de Wall Street sostuvo que «Argentina ha implementado reformas que han mejorado su posición para un posible upgrade en el índice MSCI de Mercados Emergentes, pero creemos que esto probablemente se concrete a finales de 2027 o en 2028″.

Morgan Stanley reconoció que Argentina avanzó en la liberalización del cepo y la repatriación de dividendos, pero agregó: «Sin embargo, persisten las restricciones para los inversores institucionales extranjeros, así como las limitaciones en el acceso a los datos bursátiles y a la información en diferentes idiomas».

En ese marco, creen que MSCI valore probablemente la continuidad de la política de reformas, pero señala que «otros indicadores no han mostrado una mejora significativa en los últimos 12 meses».

Incluso, Morgan Stanley calculó que una eventual mejora de categoría podría generar ingresos por alrededor de u$s4.500 millones hacia las acciones argentinas (YPF, GGAL, VIST, BMA, PAM, TGS). La gran mayoría provendría de los aproximadamente u$s1,5 billones en activos bajo gestión (AUM) que toman como referencia el índice MSCI de Mercados Emergentes (tanto de gestores activos como pasivos). Sin embargo, la entidad también alertó que un escenario de reclasificación hacia la categoría «Frontera», en lugar de Emergente, podría ser recibido negativamente por el mercado debido al escaso volumen de activos que replican ese benchmark.

«Mantenemos una sobreponderación en Argentina, con una marcada preferencia por el sector energético. Las acciones argentinas están fuertemente sesgadas hacia el petróleo (aproximadamente el 50% del MSCI Argentina actual), lo que ha impulsado las ganancias en los últimos tiempos. Un crecimiento generalizado de las ganancias y la inversión podría ser un catalizador clave. Como referencia, los flujos globales hacia los mercados emergentes (la parte latinoamericana) han sido equivalentes a aproximadamente el 6% de la inversión total en Latinoamérica», subrayó el gigante norteamericano.

La City porteña tomó nota: más analistas consultados por iProfesional se está alineando con el diagnóstico de Morgan Stanley; lo más probable es que Argentina sea incorporada ahora a una instancia de revisión u observación, sin un ascenso automático desde la actual categoría «Standalone» hacia «Emergente». El principal obstáculo sigue siendo la existencia de restricciones cambiarias para empresas e inversores institucionales, un punto que MSCI históricamente considera determinante para evaluar la accesibilidad de cada mercado.

A ello se suma otro factor que los grandes fondos internacionales siguen de cerca: la continuidad del rumbo económico más allá de las elecciones presidenciales de 2027. En otras palabras, el mercado no sólo busca señales de apertura financiera, sino también garantías de que las reformas implementadas durante la gestión de Javier Milei tendrán estabilidad en el tiempo.

En una entrevista en Infobae al Regreso, el economista Damián Di Pace analizó cómo la reducción del riesgo país y la estrategia de manejo de la deuda pública repercuten en la vida diaria de las pymes y las familias en Argentina, en un contexto donde el ahorro en dólares y el pago de deudas predominan como refugio financiero.

En la charla, Di Pace remarcó: “Sería muy bueno que Argentina pueda seguir bajando el riesgo país. Para el Gobierno es clave, porque el año que viene los vencimientos de deuda son importantes y necesita salir al mercado con tasas más bajas”.

Explicó que una disminución sostenida permitiría que “una pyme pueda acceder al mercado internacional” y subrayó la relevancia para el sector productivo: “Imaginate qué importante es la baja del riesgo país para una pyme que necesita comprar bienes de capital, tecnología, para mejorar su productividad”.

Consultado sobre la posibilidad de que el riesgo país siga descendiendo, Di Pace puntualizó: “La mayoría de los analistas te dice: Si no levanta el cepo, probablemente el riesgo país tenga un piso de 400 y no logre bajar a los 300, que es lo que necesitaría el Gobierno”.

Advirtió que la coordinación de la política cambiaria será central en el semestre entrante: “El próximo semestre hay un dilema muy importante en ese sentido”.

El economista planteó que el levantamiento del cepo podría ser viable en el corto plazo: “Creo que el Gobierno tiene todas las condiciones para levantar el cepo. Hoy tenés mucha llegada de dólares, es un buen momento”. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de volatilidad si la decisión se pospone: “El año que viene ya entrás en volatilidad. Cuando tomás alguna de esas decisiones, el mercado comienza a jugar de otra forma”.

Insistió en que la baja del riesgo país tendría impacto directo en el acceso al crédito: “Eso implicaría que haya crédito más barato, que una pyme pueda acceder al mercado internacional”.

Martín Tetaz aportó datos del INDEC: “Se conoció el dato de resultado comercial, muy auspicioso en términos de superávit, con un crecimiento del 18% de las cantidades exportadas. Pero las importaciones en mayo cayeron 13,6%, sobre todo bienes de capital e insumos para la producción”.

Di Pace analizó las consecuencias: “Eso te permite un resultado comercial mucho más holgado y que vos tengas más divisas para el Banco Central”.

El economista precisó el impacto en la actividad: “En marzo la mayoría de los sectores comenzó a crecer, pero en abril se revirtió y en mayo la capacidad instalada todavía está baja, por eso hay bajo nivel de importaciones”.

Advirtió que muchos importadores “se sobreestoquearon a un dólar de 1540 pesos y hoy el dólar está a 1450. Tuvieron pérdida los importadores”.

Di Pace presentó datos propios sobre el destino del aguinaldo: “Uno de cada cuatro argentinos usa el aguinaldo para pagar deuda”. Comparó esa tendencia con años anteriores: “En 2025, vacaciones estaba entre los primeros tres destinos y ahora está en sexto lugar. Pago de deudas no estaba entre los primeros y ahora es la opción número uno”.

Sobre la preferencia por el dólar como refugio, describió un patrón cultural: “El ahorrista minorista no sabe dónde esconderse. Hay un tema cultural: si este modelo económico continúa y hay estabilidad cambiaria, las nuevas generaciones van a tener otra práctica. Pero para mí no tiene novedad que la gente esté bajando el dólar”.

Agregó: “El argentino compra dólares como un seguro. Es como pagar el seguro del auto: mientras no choques, perdés plata, pero cuando chocás, es baratísimo”.

Di Pace resaltó los obstáculos para la exteriorización de ahorros: “La gente tiene miedo de blanquear sus dólares fuera del sistema. No depende tanto de las leyes, sino del tipo de cambio. Con un tipo de cambio bajo, no va a exteriorizar nadie. Van a esperar un dólar más alto para invertir o gastar”.

El economista también hizo foco en la falta de confianza institucional: “La gente busca una situación jurídica que le garantice que no la van a perjudicar una vez más. Quieren institucionalidad”.

La charla cerró con una mirada sobre el futuro del mercado de capitales: “En Argentina, el ahorrista minorista es muy conservador porque se la pegó de todas las formas habidas y por haber. Cada vez que trata de complejizarse, se la pega de nuevo”.

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