Son las 12 del mediodía. Los rayos del sol, opacados por los nubarrones de tormenta, vuelven el ambiente insoportable en Clorinda, Formosa, con 40 grados de temperatura. La ciudad fronteriza se detiene y, con ello, el tráfico constante de mercancía a través del río Pilcomayo. Si no llueve, el río se vuelve apenas un pequeño arroyo, que se puede cruzar en decenas de puntos a través de “puentes” informales, hechos con pallets y maderas. Del otro lado está Paraguay. Allí se puede entrar y salir, con cualquier producto, decenas de veces, sin que ninguna autoridad lo advierta. La frontera no existe. No es el único lugar.

A lo largo de las últimas semanas, recorrió los puntos más porosos de los límites en el norte del país y reconstruyó, a través de visitas, decenas de fuentes y expedientes, las rutas más frecuentas para el ingreso y egreso de mercaderías ilegales o contrabando, como la cocaína, marihuana, drogas sintéticas, autos robados y cigarrillos. El relevamiento exhibe las zonas de Misiones, Formosa, Corrientes, Salta y Jujuy de tráfico ilegal, a lo largo de sus 3573 kilómetros de frontera con Paraguay, Bolivia y Brasil.

El recorrido comienza en Misiones. Allí, a lo largo del río Paraná, yacen cientos de balsas con las que se cruza desde tabaco y harina hasta marihuana y estupefacientes. La economía de los pueblos de la zona fronteriza es dependiente del comercio ilegal. Un viaje a la Triple Frontera, un foco de tráfico de preocupación mundial, muestra las dificultades para fortalecer los sistemas de control.

viajó desde Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, hasta Ciudad del Este, en Paraguay, con paso intermedio por Foz de Iguazú, en Brasil, y recorrió Misiones sin que ninguna autoridad, de ninguno de los tres países, solicite documentación sobre el vehículo ni lo revise. El único control entre la ida y vuelta tuvo lugar cuando la Aduana argentina requirió una inspección. “¿Cuál es el objeto de la revisión?”, consultó . “Se hace para ver si compró cosas que superen el límite de franquicia en Paraguay”, respondió el agente. De seguridad, nada.

Son cientos los registros públicos de bagayeros, que cruzan de un lado a otro con mercadería. Son menos las detecciones in fraganti de transporte de mercaderías ilegales. A través de decenas de consultas a fuentes de la Justicia, organismos de seguridad, autoridades locales y especialistas, logró trazar las rutas más denunciadas por el tránsito de productos ilegales e incluso de personas.

La información recopilada muestra que, especialmente en la frontera noreste, existe una telaraña descentralizada de vías de tráfico que confluye en unas pocas organizaciones con base en la Triple Frontera. Según las denuncias, allí operan grupos ligados al Hezbollah, la agrupación terrorista de origen libanés, el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC), los dos grupos criminales más grandes de Brasil, uno con sede en Río de Janeiro y el otro, en San Pablo.

El PCC, el más activo recientemente y con alianza con la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa en Italia, funciona como un sindicato criminal. Nació en las cárceles brasileñas, “agremiando” adeptos que reciben protección a cambio de pago de cuotas y obediencia absoluta. Se han registrado miembros en la Argentina, aunque no hay constancia de una penetración en los clanes locales que manejan la droga en el territorio.

En la frontera norte que limita con Bolivia, en la provincia de Salta, la columna vertebral es la famosa ruta 34. Ese corredor llega desde el extremo del país, en la localidad de Salvador Mazza, hasta la cercanías de Rosario. Como dicen los especialistas en narcotráfico, no habría Rosario narco sin aquella frontera norte.

La ruta 34 tiene un punto neurálgico, donde se abre y se bifurca. Ese lugar se llama Pichanal, un centro de distribución pero también de servicios para todo tipo de transporte, sea legal o ilegal. Continúa hacia Salvador Mazza y, del lado boliviano, hacia Yacuiba. Se trata de una frontera seca donde el límite es apenas un barranco que se puede cruzar caminando sin ningún esfuerzo, en cualquier lado de la extensión.

Hacia el otro lado, siempre desde Pichanal, sale la ruta 50 que lleva a Orán y de ahí a la polémica ciudad de Aguas Blancas, que en las últimas semanas fue foco de atención por la construcción de 200 metros de alambrado para dividir la frontera y frenar el contrabando.

Según el Ministerio de Seguridad, el ingreso de la droga a la Argentina, especialmente la cocaína, se mudó hacia esa zona de la ruta 50, el río Bermejo, la funcional Aguas Blancas, la neurálgica Orán y Pichanal, un lugar que también tiene reglas propias.

Para esas tres ciudades y para lograr volver a dominar el territorio, el gobierno nacional diseñó el Plan Güemes, un esquema de traslado de fuerzas federales destinado a pelear con el narcotráfico en el medio de la yunga, sobre el río o en las ciudades.

Una de las mercaderías más rentables, cuyo tráfico se encuentra en cabeza mayormente de Hezbollah, según las investigaciones judiciales recientes, es el tabaco. Resulta un negocio tentador por el margen de ganancia y por el menor riesgo, al no ser una mercadería per se ilegal. El beneficio es alto por las diferencias en el precio de compra en Paraguay, donde los cigarrillos pueden conseguirse por céntimos de dólar, y la venta en países como Uruguay o Chile y ahora la Argentina, que tiene valores similares que sus vecinos. Hace unos días, la empresa multinacional British American Tobacco encendió una alarma con un estudio sobre el crecimiento del contrabando de cigarros a Chile. Asegura que el 52% del mercado está constituido por esta mercadería, cuando hace dos años era el 20%.

El contexto lo describió un informe reservado al que accedió en parte , que fue enviado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich a las autoridades del gobierno del chileno Gabriel Boric. Allí se advierte sobre la detección de un crecimiento de la actividad de Hezbollah en Chile y en la llamada “triple frontera andina”. La información fue corroborada por autoridades del país vecino. Los indicios apuntan a una fuerte presencia en Chile del clan Barakat, señalado por el atentado a la AMIA de 1994, con negocios que involucran paso por la Argentina. La ruta comienza con el ingreso de la mercancía por el norte, que hace su recorrido hasta cruzar a Chile para ser vendida. Pese a los costos logísticos, la rentabilidad es cercana al 50%, según especialistas consultados por .

Los contrabandistas buscan abrir vías de ingreso. Primero se realizan pruebas con los cigarrillos, por su menor control, hasta que se asienta un paso. Luego del tráfico de atados y marihuana aparece el contrabando de autos robados. Fuentes de seguridad explicaron a que cerca del 90% de los secuestros de automotores que se realizan en operativos son vehículos robados en la zona sur del conurbano bonaerense.

La hipótesis es que se utilizan como parte de pago y sirven para transportar mercadería ilegal. En localidades como Montecarlo, en Misiones, los vecinos contaron a que es frecuente ver personas subiendo autos a balsas para cruzar el Paraná con rumbo a Paraguay. Foz de Iguazú, del lado brasileño, es un cementerio de vehículos sin patente, agolpados en talleres.

América Latina tiene tres grandes centros de producción de marihuana: Colombia, México y Paraguay. A la Argentina llega especialmente la que se produce en Paraguay, que viaja por Misiones, Corrientes y Formosa, y baja usualmente por las rutas 14 o 12 para venderse en las urbes, cruzar a otros países, sobre todo Chile, o seguir hacia el sur. Se suele acopiar en provincias como Chaco o Santiago del Estero para generar volumen de transporte y con eso reducir los costos logísticos para llegar a otros destinos.

Maniobras similares aparecen detrás del tráfico de cocaína, cuyos países productores en la región son Perú y Bolivia, principalmente. Allí se procesa la hoja de coca. De una tonelada de hoja sale un kilo que, para tomar dimensión de la rentabilidad, se puede vender a US$2000 en Bolivia, US$2500 en Salta, US$5500 en Buenos Aires y hasta US$35.000 en Europa. Las organizaciones que la producen necesitan mover grandes cantidades de la planta y procesarla en espacios poco transitados y abiertos (como la selva, que ofrece protección para la maceración con nafta o kerosén) para luego venderla.

A la a Argentina entra por dos vías: una terrestre, a través de Salta (y en menor medida de Jujuy) y otra aérea, cada vez más frecuente, con avionetas que llegan a distintos puntos del centro del país (previa escala usualmente en Paraguay), para aterrizar en aeropuertos clandestinos o incluso en campos privados. Los aviones resultan difíciles de identificar por los radares argentinos actuales porque vuelan a baja altura. Desde los campos de aterrizaje se transportan directo a Rosario o al conurbano bonaerense, especialmente al municipio de San Martín, de acuerdo con cuatro fuentes especializadas.

La amplias llanuras de la Argentina y las vías fluviales facilitan el tránsito. Las autoridades argumentan que es difícil controlar todos los contenedores que circulan por la hidrovía. Las detecciones de estupefacientes se registran cuando llegan a destino, en Alemania o España, entre otros países.

Solo Santa Fe tiene 32 puertos, de los cuales cuatro son públicos y 28 privados. Es una gran autopista internacional por la que pasan cerca de 35.000 contenedores por día, muchos de los cuales son “consolidados” en lugar de origen.

Un ejemplo se conoció cuatro años atrás, cuando un cargamento de pinturas proveniente de Paraguay pasó por territorio argentino y luego fue a Hamburgo, Alemania, donde encontraron 16 toneladas de cocaína. Al ser mercadería en tránsito, no fue controlada. Otros funcionarios adjudicaron también las falencias a la desconfianza en nuestros organismos de inteligencia. Los estados extranjeros, aun cuando conocen que saldrá por la hidrovía un cargamento de droga, no lo comparten con nuestro país por temor a que sus propias investigaciones se frustren.

Las drogas sintéticas o de diseño llegan al país por vía aérea, tanto terminadas como sus principios activos. Los autoridades apuntan que suelen llegar por courier desde los Países Bajos debido a la enorme rentabilidad con bajo peso y volumen. En un paquete de 20cm x 20cm y 1kg entran hasta 100.000 pastillas. Arriban por Ezeiza.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó los riesgos de lavado de dinero en la Argentina el año pasado y apuntó, en su informe final, al carácter inusual de incluir a la corrupción entre los motivos, pero argumentó que se veía obligado por la situación.

Los vínculos entre las mafias dedicadas al contrabando con el poder político son numerosos. Cuando allanaron el despacho de Carlos Salvatore, un jefe narco ya fallecido, los investigadores encontraron las imágenes de su cargamento tomadas por los scanners de la Aduana.

Otro ejemplo. La mitad del concejo deliberante de Salvador Mazza, en Salta, fue condenado por vínculos con el narcotráfico. Dos jueces federales de frontera, Raúl Reynoso, de Orán, Salta, y Carlos Soto Dávila, de Corrientes, también fueron condenados. “El narcotráfico, para operar, necesita la corrupción del sistema”, explica un investigador.

El contrabando y el narcotráfico penetraron en la política de los distritos fronterizos en formato de complicidad o de colaboración pasiva. Un ejemplo de la primera modalidad: Nilda Costa, funcionaria del municipio de Iguazú, fue detenida el año pasado por -según la investigación judicial- comandar una red de contrabando que tenía como punto de llegada y salida un puerto ilegal en su propia casa.

La causa, que continúa a cargo del juez federal de Eldorado, Miguel Guerrero, determinó que se hacía en conjunto con el empresario supermercadista más importante de la zona. Todavía no se determinó su vínculo con el intendente de la localidad, Claudio Filippa, que lleva cinco mandatos y cuyo hijo, Raúl Filippa, pasó 24 horas en un calabozo y luego fue liberado, acusado de golpear a su pareja, morderle el brazo y romperle la mandíbula.

A condición de mantener su nombre en reserva, un productor agropecuario relató a su experiencia. Reveló que le compraron un camión de harina de su molino. Le indicaron que debía transportarlo hasta la la frontera con Paraguay, donde se realizaría el pago en dólares, en efectivo. Creyó que la operación iba a resolverse en unas horas, pero debió quedarse más de una semana. Las 30 toneladas que transportaba se subdividieron en bolsas de 50 kilogramos. Fueron cruzadas al otro lado de la frontera por cinco personas que cargaron bolsas al hombro hasta Paraguay. Así se contrabandeó un camión de harina.

El panorama de fronteras difusas y el delito organizado se completa con el tráfico de personas. En los pueblos visitados por este medio, en Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, los vecinos relatan casos similares: comienzan con familias, usualmente de bajos recursos y con muchos hijos, que deciden vender o entregar a niños. Luego, desaparecen. También llegan a la Argentina adultos que son sometidos a trabajar de manera forzada, con retención de documentos. Estas historias fueron condensadas en un análisis hecho por la embajada de Estados Unidos el año pasado. “Adultos y niños argentinos, sobre todo de las provincias del norte; bolivianos, paraguayos, peruanos y de otros países son explotados en trabajos forzados. Los tratantes explotan a las víctimas en trabajos forzados en el sector de la confección, la ganadería, la agricultura (incluido el cultivo y la recolección de aceitunas, cebollas y lechugas), la silvicultura y la extracción de resina, la venta ambulante, la producción de carbón vegetal y ladrillos, el trabajo doméstico y pequeñas empresas”, establece el documento, que también alerta sobre la explotación sexual.

En el informe de GAFI, publicado a fines de diciembre del año pasado, la alarma principal detectada es el lavado de dinero a partir de estas actividades. “Los delincuentes utilizan la compra de bienes, incluidos inmuebles y bienes de gran valor en la Argentina y en el extranjero, así como usan empresas pantalla para lavar activos. La Argentina detectó la presencia de grandes grupos criminales provenientes de jurisdicciones vecinas, especialmente en las zonas de Rosario y de la Triple Frontera, pero no se registra un predominio de grandes grupos criminales organizados en el país”, sostiene.