Una coalición transversal conformada por entidades civiles, colegios de abogados, cámaras empresarias y referentes del ámbito jurídico lanzó una campaña nacional bajo el lema “Por una justicia independiente”, orientada a exigir mayor transparencia, predictibilidad e igualdad en los procesos de concursos para el Poder Judicial.

La iniciativa promueve reformas inmediatas en el sistema de evaluación conducido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, con el propósito de garantizar un procedimiento basado en el mérito objetivo.

El eje central de la demanda consiste en requerir al Consejo de la Magistratura la modificación del reglamento de selección para acotar la injerencia de las evaluaciones discrecionales. Específicamente, las organizaciones firmantes solicitan “limitar a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”. Según advierte el documento presentado, achicar al máximo el margen de decisión discrecional constituye “el primer paso para garantizar la independencia judicial”, condición que definen como base institucional e insumo clave para promover la inversión, el crecimiento y el empleo.

Un proyecto en el sentido de limitar el peso de las entrevistas personales en el puntaje del concurso había sido presentado por dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en marzo pasado. Pero hasta ahora sigue trabado dentro del Consejo de la Magistratura. La discrecionalidad en la evaluación de las entrevistas personales ha permitido que candidatos con baja calificación en los exámenes escritos y en los antecedentes terminen en posiciones expectantes para ser incluidos en las ternas de las que después salen los aspirantes propuestos por el Poder Ejecutivo.

La campaña, visibilizada mediante la consigna #MasMeritoMasJusticia, es impulsada a través de una petición pública en la plataforma Change.org. Pone de relieve el diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual de las evaluaciones. En un comunicado, los impulsores señalan que, si bien la Constitución exige idoneidad, independencia y eficacia en la designación de los jueces, hoy “se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto”.

En ese sentido, remarcan la obligación legal del órgano evaluador de respetar estrictamente el orden de mérito surgido de los exámenes y antecedentes académicos de los aspirantes.

La presentación cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y el ámbito judicial como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Red de Acción Política (RAP), el Club Político Argentino, Poder Ciudadano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Asimismo, se sumaron entidades del sector privado, entre las que se destacan el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Entre los juristas y constitucionalistas adherentes figuran Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, María Angélica Gelli, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández.

También se sumaron a la iniciativa personalidades públicas y dirigentes políticos, como Rogelio Frigerio, Esteban Bullrich, Hernán Lacunza, Ernesto Sanz, Ramón Lanus, Luciano Laspina, Juan Manuel López, Nicolás Massot, Gabriela Michetti, Liliana Negre de Alonso, Graciela Ocaña, Adrián Perez, Omar Perotti, Federico Pinedo, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, María Eugenia Talerico, Martín Yeza, Soledad Acuña, Oscar Aguad, Eduardo Amadeo, Marcela Campagnoli, Susana Decibe, Facundo del Gaiso, Rodrigo de Loredo, Mónica Fein y Emmanuel Ferrario.

Cuando faltan cinco días para la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia y un grupo de diputados de la oposición redoblaron la presión sobre el Senado para evitar que quede archivado el proyecto que busca restringir las apuestas online, prohibir su publicidad en el fútbol y reforzar los controles para impedir el acceso de menores. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024, pero desde entonces permanece frenada en la Cámara alta y está cerca de perder estado parlamentario.

La llegada del Pontífice dio nuevo impulso al reclamo, que ahora combina gestiones en el Congreso con una campaña pública para evitar que el proyecto quede archivado.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzó una petición en Change.org para reclamar la sanción de la ley, mientras que un grupo de diputados encabezado por Victoria Tolosa Paz, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, solicitó una reunión con las autoridades de las tres comisiones del Senado que tienen el expediente bajo su órbita.

La carta, dirigida a los libertarios Ivanna Arrascaeta (Salud), Nadia Márquez (Legislación General) y Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia y Asuntos Penales), lleva también la firma de Mónica Frade, de la Coalición Cívica, una de las principales impulsoras de la iniciativa, y de otros diez diputados, en su mayoría de Unión por la Patria (UP).

Los legisladores advierten que dejar caer la media sanción supondría interrumpir un proceso que involucró a cinco comisiones de Diputados, reunió 28 proyectos y recibió aportes de 48 especialistas. Su eventual caducidad obligaría a reiniciar el trámite parlamentario y demoraría la respuesta legislativa a una problemática que los firmantes consideran urgente.

El reclamo llega una semana después de que el Senado aprobara por unanimidad, a pedido de la peronista Lucía Corpacci, una moción de preferencia para tratar la iniciativa antes de que pierda vigencia. Fue una señal política, aunque insuficiente para garantizar su aprobación.

Corpacci, que presidió la Comisión de Salud hasta mayo de 2025, había presentado incluso un proyecto propio sobre la problemática. Sin embargo, durante su gestión al frente de esa comisión, cabecera del tratamiento de la media sanción de Diputados, la iniciativa no avanzó. Ahora, ante la inminente llegada del Papa y el riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario, exige acelerar su tratamiento.

En rigor, la iniciativa conservará estado parlamentario hasta el 1° de marzo de 2027, pero noviembre aparece como el último margen para avanzar durante el período ordinario. Para tratarla en extraordinarias, entre diciembre y febrero, el Poder Ejecutivo debería incorporarla al temario. En el Congreso consideran improbable que eso ocurra.

Es que la resistencia del Gobierno no es nueva. La Libertad Avanza (LLA) votó en contra del proyecto en Diputados, mientras que Pro y parte del radicalismo se abstuvieron.

La intervención de la Iglesia y el mensaje al Papa

La Iglesia argentina viene reclamando una regulación más estricta del juego online, especialmente por su impacto entre niños y adolescentes. En febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para solicitar que el Senado avanzara con la sanción.

Ahora, ante la llegada de León XIV, la Comisión Episcopal de Pastoral Social volvió a involucrarse mediante una petición pública que busca reunir adhesiones y evitar que el proyecto quede archivado.

La diputada Frade también decidió llevar el reclamo al Vaticano. A través de la Nunciatura Apostólica, envió en junio una carta dirigida al Pontífice en la que describió el avance de las apuestas online en la Argentina, repasó el recorrido legislativo de la iniciativa y le pidió que contribuyera a “visibilizar la importancia de esta causa”.

El tema no es ajeno a León XIV. El Papa ha cuestionado el crecimiento de los juegos de azar, a los que definió como “una plaga”. En su primera misa de Navidad como pontífice, citó un informe de Cáritas y advirtió sobre sus consecuencias educativas, sanitarias y sociales.

Hay cifras que sirven para dimensionar esta preocupación. Según UNICEF, el 24% de los adolescentes argentinos de entre 12 y 17 años apostó online alguna vez, mientras que más del 60% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce a alguien que lo hizo. Tres de cada cuatro escucharon hablar de apuestas a través de la publicidad.

Un relevamiento de la Cruz Roja Argentina, por su parte, señala que seis de cada diez adolescentes están expuestos a las apuestas online y que uno de cada ocho de quienes apuestan contrajo deudas.

Los ejes de la media sanción