POLITICA
Villarruel defendió su decisión ante el pedido de la senadora Sagasti: “Nada se ha hecho contra el reglamento”
Victoria Villarruel defendió este jueves la resolución que abría la posibilidad de autorizar a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y al senador Flavio Fama a participar de forma remota en la sesión convocada para tratar la ley de propiedad privada, medida que ella misma firmó ad referendum del cuerpo. La vicepresidenta y titular del Senado salió al cruce de las críticas a través de un tuit en el que subrayó que su decisión no contradice las instituciones ni el reglamento de la Cámara alta.
La polémica se desató luego de que Villarruel firmara el Decreto de Presidencia (DPP) 66/2026, que habilitó a Fernández Sagasti a votar con voz y voto desde Mendoza, donde permanece en reposo por indicación médica debido a un embarazo de más de 32 semanas. La legisladora descartó solicitar una licencia por maternidad y explicó que su única limitación es la distancia: “Lo que no puedo hacer es recorrer largas distancias”, sostuvo.
El decreto fue emitido ad referéndum del pleno del Senado, lo que significa que la decisión definitiva no recaía en la vicepresidenta sino en el propio recinto, que debía ratificarlo al inicio de la sesión por mayoría simple. Finalmente, a instancias de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y con apoyo del peronismo, la autorización pasó a comisiones. En los hechos, ni Sagasti ni Fama podrán votar.
Ese detalle que Villarruel dejó asentado en el texto de la norma, es el que el abogado Diego Armestó retomó públicamente para aclarar el alcance jurídico de la medida.
Armestó precisó en su tuit que el DPP 66/2026 “no modifica el Reglamento del Senado” y que se trata de “una decisión de carácter individual, excepcional y transitorio” que no instaura un régimen general ni constituye un precedente de aplicación automática. El letrado fundamentó la validez de la autorización en dos pilares: el artículo 30 del Reglamento, que a su criterio no veta la modalidad remota, y el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada Cámara a dictar e interpretar su propio reglamento, respaldado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Fernández de Kirchner” de 2020.
Fue a partir de esa aclaración que Villarruel tomó la palabra. “Gracias Dr. Armesto por aclarar una decisión donde la Presidencia del Senado solamente ha trasladado a los senadores la resolución de este tema”, escribió la vicepresidenta, y remató: “Nada se ha hecho que contradiga a las instituciones y al Reglamento del Senado”.
El propio decreto detalla con precisión los límites de la autorización. Según el artículo primero, Fernández Sagasti podrá participar de manera remota “mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente respectivo, o hasta el inicio de la licencia por maternidad legalmente prevista, lo que ocurra primero”. El artículo cuarto establece que su participación virtual se computará a los fines del quórum y de las votaciones en igual forma que la presencial. El quinto, a su vez, reitera que la autorización “tiene carácter individual, excepcional y transitorio, y no importa modificación del Reglamento”.
En cuanto al lugar desde donde la senadora mendocina podría conectarse, el decreto contempla que la participación se realice “preferentemente” desde la sede de la Legislatura provincial, aunque aclara que ese ámbito no es condición de validez: Fernández Sagasti podrá hacerlo desde cualquier lugar que garantice las condiciones técnicas necesarias.
Pese a los argumentos jurídicos esgrimidos, la medida abrió un flanco de debate entre las fuerzas políticas. Bullrich expresó sin matices su rechazo a la posibilidad de avalar la concesión a Sagasti. Finalmente, en el inicio de la sesión de este jueves mocionó que su pedido y el de Fama pasen a comisiones, lo que fue aprobado por todos los senadores. En los hechos, la sesión transcurrirá y ni Sagasti ni Fama podrán participar.
Anabel Fernández Sagasti,senadora,política,Argentina,parlamento,legislatura,debate,sesión,Congreso
BUENOS AIRES.–El vínculo entre las gestiones gubernamentales de Estados Unidos y Argentina, encabezadas por Donald Trump y Javier Milei, volvió a quedar en el centro de la polémica debido a la presencia de ejercicios militares conjuntos entre marines y fuerzas de la Armada Argentina, en Tierra del Fuego.
Las maniobras militares que desarrollan ambos países en la Patagonia se difundieron en las redes sociales y no tardaron en viralizarse. Tienen lugar luego del anuncio del gobierno de Milei de fortalecer la presencia militar nacional en el Atlántico Sur. La Armada Argentina confirmó que ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos entrenan en Ushuaia junto al Batallón de Infantería de Marina Nø4 (BIM 4).
Si bien se habían difundido algunas imágenes del operativo en redes sociales, la confirmación del despliegue fue publicada este martes por la Gaceta Marinera, el medio oficial de la fuerza. Según la propia institución, la presencia de la comitiva norteamericana responde a un intercambio de expertos que se lleva a cabo en el lugar desde el año 2017, basado en acuerdos previos entre las conducciones navales de ambos países.
“En el contexto de este intercambio, está prevista la práctica de técnicas de baja montaña y frío extremo, con procedimientos tales como el uso de crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención. También se realizan adiestramientos relacionados con técnicas de supervivencia y movilidad en este ambiente geográfico”, detallaron desde el portal citado.
El entrenamiento coincide, además, con los planes oficiales para reforzar la presencia armada en el Atlántico Sur y reactivar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. En ese marco, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrieron la semana pasada el predio asignado para la obra.
La presencia de los marines estadounidenses en Tierra del Fuego generó cuestionamientos políticos y atención en medios locales y nacionales, en parte por el contexto en el que se desarrolla.
Una de las críticas al despliegue de las fuerzas estadounidenses vino por parte del intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien cuestionó: “La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional? El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas”.
La Ley 25.880 exige la autorización del Poder Legislativo para permitir la entrada de tropas extranjeras al país, en sintonía con la Constitución Nacional. “El Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización establecida en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él”, expresa el documento.
La Argentina ya realizó ejercicios combinados con fuerzas estadounidenses durante la gestión de Milei, sin aprobación del Congreso -a sabiendas de que la cooperación entre ambos países sería reprobada por la oposición- y mediante decretos de nececidad y urgencia.
En septiembre de 2025 autorizó por el DNU 697/2025 las prácticas del ejercicio “Tridente”, mientras que en abril de 2026 empleó el DNU 264/2026 para avalar la maniobra “Daga Atlántica” y el paso de navíos norteamericanos en la Zona Económica Exclusiva.
En esta oportunidad, la Armada no informó ningún decreto específico asociado al adiestramiento. El operativo se suma también a las compras de equipamiento concretadas durante las administraciones norteamericanas de Joe Biden y Donald Trump, entre las que destacan los 24 aviones F-16 adquiridos a Dinamarca —de los cuales ya llegaron seis—, además del interés por incorporar vehículos blindados y helicópteros Black Hawk.
Estos antecedentes muestran que la cooperación militar entre ambos países incluye ejercicios combinados y actividades de entrenamiento, aunque el intercambio que se desarrolla actualmente en Ushuaia es presentado por la Armada como una actividad específica de capacitación en clima frío.
Agencia ANSA
Gaceta Marinera,Ley 25.880,DNU 697/2025,DNU 264/2026,Estados Unidos,Fuerzas Armadas,Tierra del Fuego,Conforme a
POLITICA
La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
El juez Lijo impulsó una serie de medidas para investigar a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa contra el presidente de la AFA, denunciado por un incremento patriomonial del 1000% entre 2017 y 2024, mientras ocupaba un cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su presentación sostuvo que el presidente de la AFA registró un importante crecimiento patrimonial mientras ejercía funciones en la CEAMSE.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.
En su declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, informó más de $1002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
La denuncia también puso el foco en los ingresos declarados por Tapia por sus distintas actividades. Según esos documentos, informó ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem.
El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó la batería de medidas de prueba solicitadas en la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y funcionario por la provincia de Buenos Aires de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
Así lo informaron a fuentes judiciales que intervienen en el caso.
Pollicita había impulsado formalmente la investigación la semana pasada y reclamado una veintena de medidas destinadas a reconstruir el patrimonio del dirigente.
Entre ellas, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Tapia, requerir sus declaraciones juradas a ARCA, información sobre bienes a los registros de la propiedad y datos sobre cuentas, plazos fijos, préstamos y tarjetas al Banco Central.
Todo este paquete fue aprobado hoy por el juez Lijo.
También ordenó informes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF), otros a la Comisión Nacional de Valores (CNV), información a más de 20 exchanges de criptomonedas solicitando la dirección de posibles billeteras virtuales a nombre de Tapia y legajos a la Conmebol sobre los cargos e ingresos percibidos por Tapia.
Asimismo, el juzgado solicitó a las oficinas públicas de CABA y de la Provincia de Buenos Aires las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia con sus anexos reservados e intimó al Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) a entregar su legajo laboral completo e informe de ingresos
En esta causa, Tapia es investigado como funcionario de la Ceamse, un organismo mixto, encargado de la gestión de residuos en el AMBA, cuya representación bonaerense está en manos de Tapia.
Ese cargo, y no la presidencia de la AFA, habilita que pueda ser investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos.
La causa proyecto otra sombra sobre el panorama judicial que tiene por delante el presidente de la AFA. Está procesado en una causa impositiva, en le fuero Penal Económico; fue alcanzado por una causa de posible lavado, alrededor de la quinta ligada a la AFA; y ahora toma forma en Comodoro Py este otro frente patrimonial.
La investigación se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que cuestionó la evolución patrimonial del titular de la AFA entre 2016 y 2025.
funcionario por la provincia de Buenos Aires,reconstruir el patrimonio,Federico González del Solar,Claudio Chiqui Tapia,ARCA,Conforme a
De la Acrópolis a Santorini: el viaje de Gastón Trezeguet por Grecia en plena definición de Gran Hermano
Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: “Era una persona con grave afectación”, declaró el psiquiatra que evaluó al cantante tras el crimen
Polémica por la presencia de marines de EE.UU. en Tierra del Fuego
La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
Salarios, inflación, dólar y cifras clave del Presupuesto que estima el Gobierno para 2027
Científicos elaboraron un mapa de microproteínas que revela nuevas claves del Alzheimer
Entre arroyos y countries: vecinos intentan salvar el último pulmón rural del conurbano antes de que cambie para siempre
Más allá de la música, el nuevo negocio de Pablito Lescano, el líder de Damas Gratis
El polémico video de Tiago PZK con La Joaqui cuando ella aún estaba de novia con Luck Ra que desató un escándalo
Trump habló de una posible guerra por Malvinas y dijo que podría intervenir para resolverla
SOCIEDAD3 días agoEntre arroyos y countries: vecinos intentan salvar el último pulmón rural del conurbano antes de que cambie para siempre
- ECONOMIA3 días ago
Más allá de la música, el nuevo negocio de Pablito Lescano, el líder de Damas Gratis
- CHIMENTOS3 días ago
El polémico video de Tiago PZK con La Joaqui cuando ella aún estaba de novia con Luck Ra que desató un escándalo
