POLITICA
Villarruel muestra su influencia en el Senado y aplicó un cambio para evitar el caos en las comisiones
Mientras el oficialismo senatorial, que comanda Patricia Bullrich, busca con ansiedad algún sendero que destrabe la pesada mochila de leyes que envió el Ejecutivo desde hace ya varios meses, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, tomó una determinación para frenar una lesión poco visible en el día a día, pero que puso en riesgo la labor en el Congreso: salvo casos de extrema necesidad, frenará los cambios de último momento de legisladores en las comisiones, una situación que derivó en realidades descontroladas.
El embrollo, muy alejado de las lágrimas republicanas que se suelen actuar, complica una cuestión trascendental que, al parecer, sólo interesa a quienes de verdad adoptan con profesionalismo la labor en el Congreso. Es decir, el trámite para que una ley salga lo mejor posible. Para ello, las comisiones representan la base del trámite parlamentario. De hecho, los senadores se matan por integrar las que mueven hilos de poder, como la de Acuerdos -pliegos judiciales y militares, más ascensos diplomáticos-, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, etcétera. Ni hablar de las jugosas, como las bicamerales que “supervisan” a los organismos de inteligencia -tiene fondos reservados y ahí se “grita” el presente-, o la siempre pícara y juguetona de la Biblioteca.
En las primeras, los temas que se debaten y analizan son, muchas veces, delicados. En el primer semestre de 2026 y, según un relevamiento realizado por Infobae -en base a anuncios realizados al inicio de cada cónclave, de fácil supervisión en versiones taquigráficas-, las modificaciones se convirtieron en moneda corriente. Muchas, a último minuto. Entonces, lo que queda vigente es que políticos con supuesta experiencia en una cierta cantidad de comisiones participan de un puñado de encuentros y, a la hora de firmar dictamen, aparece otro colega.
Hay algo peor: son los asesores de los legisladores quienes, con el correr de las semanas, pincelan idas y vueltas para acordar un despacho que, al final, es rubricado por otro compañero de bloque. Como siempre, el reglamento de la Cámara alta suele despejar dudas y permite, de una forma más ordenada, acercar la lupa. Por caso, el artículo 93 plantea: “Los miembros de las comisiones permanentes duran en ellas hasta la próxima renovación del Senado, de no mediar su renuncia. Los de las comisiones especiales e investigadoras, hasta el cumplimiento del plazo establecido en la resolución de su creación o del fijado en la prórroga que hubiere otorgado el cuerpo, en su caso, salvo que la comisión haya cumplido con su objeto antes del plazo establecido”.
Veamos, ahora, los artículos 101 y 102. El primero expresa: “Si en alguna comisión no se alcanza quorum luego de dos citaciones, cualquiera de sus miembros puede ponerlo en conocimiento de la Presidencia”. Y agrega: “Verificado este trámite y subsistiendo la falta de quorum, la comisión puede sesionar y dictaminar con la presencia de un tercio de sus miembros”. El otro, en tanto, señala: “Para el caso de inasistencia injustificada de un senador a dos reuniones de comisión, corresponde el apercibimiento de la Cámara. La inasistencia injustificada a cuatro reuniones consecutivas de comisión, significará un descuento en su dieta. Es obligación del presidente de cada comisión informar al presidente de la Cámara lo relativo a las inasistencias mencionadas, la que dará cuenta en la primera sesión, a fin de que se someta lo informado a consideración del pleno, el cual resolverá sobre la aplicación de la sanción”.
Para evitar dolores de cabeza, los enroques siempre fueron una herramienta a utilizar. No obstante, las personas más memoriosas no recuerdan una aceleración tan grande de estas jugadas, ni siquiera, en comparación con la época de Gabriela Michetti durante la era Cambiemos. Los más perjudicados son quienes ofician de secretarios de las comisiones, obligados a hacer malabares mientras cuentan los presentes para chequear el quorum ante modificaciones repentinas sobre las que, para estar seguros, deben verificarse y validarse con su decreto correspondiente. Todo, de manera exprés, como si se tratara de filetear -en unos pocos segundos- cien gramos de fiambre. La pequeña diferencia es que se refiere al armado de leyes que implicarán consecuencias para la ciudadanía.
La gota que rebalsó el vaso fue una ley de ecocidio, con penas de hasta 25 años de prisión -dictaminada a inicios de junio- que generó una fuerte polémica. Tras el despacho, libertarios tuvieron que desdecirse en relación con lo que habían rubricado a las apuradas y generó un fuerte malestar en Balcarce 50, que en paralelo promociona el RIGI -ya vigente- y el súper RIGI para proyectos mineros y energéticos, entre otros.
Además de la advertencia y eventual freno de esta mecánica, Villarruel impuso esta semana su criterio y pospuso una reunión de Labor Parlamentaria que apuraba Bullrich para sesionar. Ni siquiera los aliados acompañaron a la porteña. La titular de la Cámara alta también recibió al sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. El platinado gremialista -referenciado en la izquierda socialista- se sacó fotos ese mismo día, un piso arriba de la oficina de la vicepresidenta, nada menos que con el interbloque cristinista, que maneja José Mayans. El formoseño mantiene una relación muy cordial con la líder del Senado y compañera de fórmula del jefe primer mandatario, el libertario Javier Milei.
POLITICA
El Gobierno reordena su estrategia legislativa y busca apoyos para avanzar con la reforma electoral
La Libertad Avanza (LLA) busca reactivar la maquinaria legislativa antes del inicio del receso invernal. Con ese objetivo, los jefes de bloque asistirán este miércoles a la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Allí se definirá la convocatoria a una sesión prevista para el próximo 16 de julio.
La senadora y jefa de los libertarios, Patricia Bullrich, había anticipado la semana pasada la convocatoria luego de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el despacho del radical Eduardo Vischi. Del encuentro también participaron representantes de los bloques aliados al oficialismo y funcionarios nacionales. Analizaron el proyecto de Zonas Frías, que el Poder Ejecutivo aspira a convertir en ley después del receso.
Ante la insistencia de Bullrich para sesionar esta semana, Villarruel desactivó esa posibilidad al convocar a una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria para este miércoles a las 12.
La cita será un día antes del feriado del 9 de Julio y con varios legisladores apurados por viajar a Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica. Entre ellos estarán Beatriz Ávila (bloque Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal). El acto será encabezado por el presidente Javier Milei, junto con su gabinete, el gobernador Osvaldo Jaldo y otros mandatarios provinciales.
Los presidentes de bloque fijarán la próxima sesión para el 16 de julio y retomarán el temario que quedó pendiente luego de la crisis política desatada por la continuidad del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la falta de quorum que obligó a levantar la sesión del 25 de junio. Entre los proyectos previstos figuran la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la ley Hojarasca y los acuerdos para la designación de jueces y funcionarios de la Cancillería.
La reforma electoral
La reforma electoral es el eje central de las negociaciones del Gobierno con la oposición dialoguista y los mandatarios provinciales. Las conversaciones no solo son encabezadas por Santilli, sino también por la senadora Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La mesa política de Casa Rosada se reunirá esta semana luego de la salida de Adorni y la incorporación del nuevo ministro coordinador, junto con el equipo de Comunicación encabezado por el vocero presidencial Adrián Ravier y el secretario de Medios, Fabián Fernández. El espacio, liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, definirá la agenda parlamentaria y, principalmente, los pasos a seguir para conseguir los apoyos necesarios para sancionar la reforma electoral.
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LLA cuenta con 21 senadores y necesita al menos 37 votos afirmativos, dado que la Constitución establece mayorías especiales para la aprobación de normas que modifiquen el régimen electoral. La Carta Magna exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
Para alcanzar ese número, los libertarios consideran clave el acompañamiento de la UCR y el PRO. Ambos bloques aportarían 13 votos: diez de los radicales encabezados por Vischi y tres del PRO referenciados en Martín Goerling Lara. El resto provendría de senadores de fuerzas provinciales, como los misioneros del Frente Renovador Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la salteña Flavia Royón —alineada con el gobernador Gustavo Sáenz— y la neuquina Julieta Corroza, cercana a Rolando Figueroa.
Sin embargo, el escenario aún no está definido para el oficialismo. La UCR presentó un proyecto que transforma las elecciones primarias (PASO) en optativas, en lugar de eliminarlas, como pretende el presidente Milei. El PRO acompaña esa iniciativa del radicalismo.
Además, tanto la UCR como el PRO buscan discutir por separado el capítulo de la reforma electoral referido a Ficha Limpia, que pretenden tratar en una ley aparte. En ese sentido, la senadora Corroza también impulsa una propuesta.
Jugada libertaria
En búsqueda de aportar calma a los aliados, LLA ya trabaja en una propuesta que habilitaría las listas colectoras en la elección nacional. Aceptaría, en línea con lo que plantean radicales y el PRO, no eliminar las PASO, sino suspenderlas de nuevo, como ocurrió en los comicios de medio término. A la vez, impulsaría modificaciones en la ley de Boleta Única de Papel (BUP) para incorporar colectoras, con el objetivo de que las fuerzas políticas diriman sus internas en ese esquema.
De ese modo, se reeditaría una suerte de ley de lemas, con la habilitación de listas colectoras que permitirían que cada fuerza política compita con distintos candidatos al Congreso, pero con un único candidato presidencial.
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El oficialismo, que busca la reelección de Milei, propone que radicales, PRO y fuerzas provinciales presenten sus propios postulantes legislativos, mientras que en la categoría presidencial se mantenga como único candidato el actual mandatario.
La iniciativa todavía está en etapa de estudio y redacción. Los aliados reclaman definiciones concretas, aunque señalan que el sistema de ley de lemas fue utilizado en distintas provincias —entre ellas Santa Fe y Santa Cruz— y posteriormente derogado por considerarse que no respeta la voluntad del votante y genera falta de transparencia. Para algunos sectores del Congreso, la propuesta implicaría un retroceso en materia electoral.
El rechazo del PJ
Desde el Senado y la Cámara de Diputados, el justicialismo ya anticipó su rechazo a la eliminación de las elecciones PASO, al considerar que resultan clave para la reconfiguración y el ordenamiento de la interna partidaria de cara a los próximos comicios.
La diputada de Unión por la Patria (UxP), Sabrina Selva, sostuvo que le parece “deshonesto cambiar las reglas de juego” y cuestionó que se negocie con los aliados mientras se mantiene el financiamiento a los partidos políticos. En ese sentido, afirmó en diálogo con TN: “Estos cambios no resuelven los problemas de las familias que están sobreendeudadas, las más de 20 mil pymes que cerraron o los 300 mil puestos de trabajo que se perdieron. No acompañamos ninguna medida que no mire a la mitad de los argentinos que el Gobierno no mira y la está pasando muy mal”.
En paralelo, Santilli avanza en la organización de reuniones con gobernadores y legisladores aliados. Según prevé, después del receso deberá contar con la redacción de un proyecto para impulsar que durante agosto comience el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el libertario Agustín Coto.
Senado, reforma electoral, Diego Santilli
POLITICA
Se conoce la pena que pedirá Fiscalía de Paraguay para el exsenador Edgardo Kueider por ingresar US$200.000 sin declarar
El juicio por contrabando en grado de tentativa contra el exsenador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel Costa, entra en una etapa decisiva en los tribunales de Asunción.
Tras el cierre de la producción de pruebas, el fiscal Ysrael Villalba presentará hoy desde las 10 su alegato de clausura, instancia en la que expondrá su interpretación de la evidencia reunida durante el proceso y solicitará una condena para ambos acusados.
La última audiencia de presentación de pruebas se desarrolló en la Sala 9 del Palacio de Justicia de la capital paraguaya. En esa jornada, los últimos elementos probatorios fueron incorporados por los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo. Concluida esa etapa, el Tribunal especializado en delitos económicos dio por finalizada la recepción de pruebas y fijó para este lunes el inicio de los alegatos finales.
El tribunal encargado de juzgar el caso está integrado por las juezas Elsa García, quien lo preside, Adriana Planás y el juez Matías Garcete Piris. Tanto Kueider como Guinsel Costa volvieron a optar por no declarar durante esta fase del proceso. Una vez finalizados los alegatos, únicamente les quedará la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los magistrados pasen a deliberar.
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Si el tiempo de la audiencia lo permite, hoy también podría comenzar el alegato de la defensa. En esa instancia, los representantes legales de los imputados buscarán cuestionar los argumentos presentados por la Fiscalía y ofrecer su propia interpretación de las pruebas incorporadas al expediente. Además, expondrán su versión sobre lo ocurrido durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando la pareja fue detenida al intentar ingresar a Paraguay con dinero sin declarar.
Luego de la exposición de la defensa, el fiscal podrá solicitar una réplica para responder a los planteos realizados por los abogados. Posteriormente, la defensa tendrá derecho a ejercer una dúplica antes de que finalice la etapa de alegatos.
Una vez cumplidas esas instancias, el tribunal definirá la fecha en la que dará a conocer el veredicto y los jueces se retirarán a deliberar.
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El proceso judicial comenzó el pasado 9 de junio, luego de tres postergaciones que demoraron el inicio del debate oral desde noviembre de 2025 hasta mediados de 2026.
Kueider y Guinsel Costa llegaron al juicio con arresto domiciliario. Ambos fueron detenidos pocas horas después de ser descubiertos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este con una mochila que contenía 211.000 dólares, 646.000 pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.
Por ese episodio fueron acusados de contrabando en grado de tentativa. Como el delito no llegó a consumarse, la pena en expectativa se redujo de cinco años a dos años y medio de prisión. En caso de una eventual condena, el tiempo que llevan detenidos (un año y seis meses en distintos departamentos de Asunción donde cumplen arresto domiciliario) será tenido en cuenta.
Las otras causas que enfrenta Kueider
Mientras el juicio transita su tramo final, el exsenador y su pareja afrontan además otras complicaciones judiciales.
La Justicia paraguaya resolvió imputarlos por presunto lavado de activos al considerar que habrían utilizado fondos ilícitos para adquirir departamentos y cocheras en Asunción. En ese expediente, los inmuebles fueron embargados.
A esa situación se sumó el rechazo, por parte de la Cámara Federal de San Martín, de un pedido de eximición de prisión presentado por Kueider. Esa decisión implica que, cuando regrese a territorio argentino, será detenido de inmediato.
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En la Argentina, el exsenador también es investigado por presunto lavado de activos en una causa que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien solicitó su extradición desde Paraguay. Ese pedido ya recibió el aval de la Fiscalía paraguaya, aunque el exlegislador deberá concluir primero el proceso judicial que enfrenta en ese país.
La investigación de Arroyo Salgado no es la única abierta contra Kueider por presunto lavado de activos. Existe además un expediente paralelo en la Justicia de Entre Ríos y la definición sobre qué tribunal debe intervenir se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema.
Edgardo Kueider, Paraguay
La diputada de San Luis Luciana Perano falleció este domingo tras sufrir un infarto en la localidad pampeana de Parera, donde había nacido.
La legisladora de 46 años se encontraba junto a su familia cuando, al momento de iniciar su regreso a San Luis cerca de las 7, sufrió una descompensación. Ante el deceso repentino, el cuerpo fue trasladado a General Pico para la realización de la autopsia correspondiente, según informó El Diario de La Pampa. Fuentes cercanas al caso confirmaron que se trata de un deceso por causas naturales y que no existe ninguna circunstancia extraña en el hecho.
Perano había iniciado su segundo mandato como diputada provincial el 10 de diciembre de 2025, en representación del departamento Juan Martín de Pueyrredón, bajo la bandera del Frente Ahora San Luis. Su primer mandato había comenzado en diciembre de 2021, cuando fue electa bajo el ala de “Unidos por San Luis”, la fuerza liderada por el gobernador Claudio Poggi, quien también le dedicó un sentido mensaje.
“De manera inesperada y con profundo dolor despido hoy a la LUCHI. Luciana Perano era Diputada Provincial por el Frente Ahora San Luis, dirigente de Avanzar, y excelente madre, esposa y amiga. Mi pésame para Martín, sus hijos y demás familia. Te vamos a extrañar Luchi QDEP”, escribió en su cuenta de X el mandatario provincial.
Su participación en la política
Antes de llegar a la Cámara de Diputados, se había desempeñado como concejal en la ciudad de La Punta, donde compartió bloque con el legislador Luciano Ayala.
En el plano institucional, presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales e integraba la Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad de Ordenanzas Dictadas por Intendentes Comisionados Municipales. En los últimos tiempos, su actividad parlamentaria estuvo centrada en el impulso a la creación del municipio del Suyuque.
Perano estaba casada con Martín Olivero, senador provincial y ex intendente de La Punta, también oriundo de Parera, con quien se encontraba en la localidad pampeana al momento de su muerte.
En noviembre del año pasado, la legisladora estuvo al frente de la exposición de los puntos centrales del proyecto durante la sesión en la que la Cámara de Diputados de San Luis aprobó, por unanimidad, la reducción de la feria judicial en la provincia. La votación arrojó 27 votos afirmativos y ninguno negativo.
Durante su intervención señaló que la elaboración de la nueva ley contó con el consenso de los distintos bloques y que todos los sectores involucrados coincidieron en la necesidad de garantizar el acceso de la población al servicio de Justicia. También subrayó que, desde el bloque Cambia San Luis y en conjunto con los espacios que respaldan al gobierno provincial, continuarían impulsando iniciativas para reducir la mora y perfeccionar el funcionamiento de los tribunales en la provincia.
La sesión también contó con la intervención de la presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, quien enfatizó la importancia de la reforma para combatir la lentitud en la resolución de causas. “La mora judicial es un problema que nos aqueja, es un problema que hace que la justicia sea menos accesible para quienes la necesitan. Una justicia cuando es lenta, cuando es ineficiente, cuando es ineficaz, no es justicia”, expresó, según palabras reproducidas por el área de prensa de la Legislatura provincial.
El proyecto tuvo su origen en una serie de acuerdos entre el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza, el presidente de la Cámara, Alberto Leyes, los presidentes de los bloques oficialistas de ambas cámaras y representantes de los colegios de abogados, magistrados, empleados judiciales y el Colegio Forense.
La nueva normativa estableció que la feria judicial se desarrollará en dos semanas durante enero y una semana a mitad de año, cuyas fechas fijará el Superior Tribunal de Justicia. Durante esos períodos, los plazos procesales quedarán suspendidos, aunque se garantizará la atención de asuntos urgentes a través de magistrados y funcionarios designados por la autoridad judicial.
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La Mayoría Norteña
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