POLITICA
Villarruel recibió a la jueza Michelli y le expresó respaldo institucional frente al pedido de Milei de retirar su pliego
Victoria Villarruel recibió este martes en su despacho de la Presidencia del Senado a la jueza María Verónica Michelli y le transmitió respaldo político e institucional en medio de la ofensiva que impulsa la Casa Rosada para impedir su nombramiento en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.
La reunión se extendió durante casi una hora, se desarrolló en las oficinas que ocupa la vicepresidenta en el primer piso del Palacio Legislativo y ocurrió en uno de los momentos de mayor tensión entre el Gobierno nacional y el Senado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El encuentro se produjo mientras la Casa Rosada intentaba retirar un pliego que ya obtuvo las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos y cuando, además de la oposición, una parte importante de los bloques dialoguistas, e incluso sectores del propio oficialismo, rechazaban el pedido de retiro que elevó el Gobierno al Senado.
“La vicepresidenta respeta la institucionalidad. El pliego de Michelli tiene nueve firmas y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado”, explicaron a Infobae fuentes cercanas a Villarruel.
La definición constituyó una señal política relevante. No implicó necesariamente que la vicepresidenta interviniera activamente para garantizar la aprobación de la magistrada, pero dejó en claro que no estaba dispuesta a acompañar iniciativas destinadas a alterar el procedimiento parlamentario una vez que el expediente ya avanzó en la Comisión de Acuerdos y obtuvo el respaldo suficiente para llegar al recinto.
El caso Michelli se transformó en los últimos días en una de las controversias políticas más delicadas para el oficialismo. La magistrada obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos con nueve firmas provenientes de senadores de La Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de espacios provinciales. Ese respaldo la dejó en condiciones reglamentarias de ser votada por el pleno de la Cámara Alta.
Sin embargo, después de ese avance parlamentario, la Casa Rosada decidió impulsar el retiro de la candidatura. La determinación generó sorpresa dentro del Senado y abrió una discusión política e institucional sobre los alcances de la facultad presidencial para retirar un pliego cuando el procedimiento parlamentario ya se encontraba avanzado.
La controversia se produjo después de que trascendiera que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Esa situación alimentó las críticas de distintos sectores políticos y judiciales que consideraron que la decisión del Gobierno introdujo elementos ajenos a la evaluación de los antecedentes profesionales de la candidata.
La reunión entre Villarruel y Michelli ocurrió además pocas horas después de otro episodio que alteró el tablero político oficialista: la decisión de Patricia Bullrich de no acompañar la estrategia de la Casa Rosada.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado confirmó que no respaldará el retiro del pliego y comunicó personalmente esa posición al presidente Milei durante una reunión que mantuvieron este lunes. Allí la legisladora le expuso su “objeción de conciencia” a retirar el pliego por el vínculo familiar de la magistrada.
Según pudo saber Infobae, durante ese encuentro Bullrich incluso puso a disposición del Presidente su renuncia a la conducción de la bancada oficialista, en un gesto que reflejó el nivel de tensión que generó la discusión sobre la candidatura de Michelli.
La postura de la senadora tuvo un fuerte impacto político porque expuso una diferencia pública con una decisión impulsada directamente por Milei y por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. También porque dejó al descubierto que el rechazo a la estrategia oficial no se limitó a la oposición o a los bloques dialoguistas, sino que alcanzó a sectores relevantes del propio oficialismo.
De todos modos, desde el entorno de Villarruel buscaron despegar el encuentro con Michelli de la posición asumida por Bullrich.
Según explicaron fuentes de la Presidencia del Senado, la reunión no tuvo relación con la decisión de la titular del bloque libertario ni debía interpretarse como una acción coordinada entre ambas dirigentes.
La aclaración tuvo una explicación política concreta. La relación entre Villarruel y Bullrich atravesó desde hace tiempo una dinámica oscilante, marcada por acuerdos circunstanciales y diferencias importantes.
Uno de los principales focos de conflicto apareció durante la conformación de las comisiones permanentes del Senado. En aquella discusión, Bullrich impulsó una integración de esos cuerpos legislativos que reducía la representación de la oposición peronista dentro de la estructura parlamentaria.
Villarruel mantuvo entonces una posición distinta y buscó preservar determinados equilibrios políticos dentro de la Cámara Alta. La diferencia fue tan explícita que, de hecho, evitó firmar la conformación de varias de las principales comisiones del Senado, un gesto que en aquel momento fue interpretado como una señal de desacuerdo con la estrategia impulsada por sectores del oficialismo.
Por esa razón, en el entorno de la vicepresidenta consideraron incorrecto establecer una relación directa entre el respaldo institucional a Michelli y la posición que previamente adoptó Bullrich.
Ese gesto de diferenciación es un punto clave que explica que el apoyo de Villarruel a Michelli no tiene relación con la expresión previa de Bullrich, según explicaron a Infobae en la Presidencia del Senado.
Más allá de esas aclaraciones, el encuentro con la magistrada sumó un nuevo capítulo a la confrontación que mantienen la Casa Rosada y la Vicepresidencia.
La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel comenzó a deteriorarse incluso antes de la asunción presidencial de diciembre de 2023. Desde entonces, ambos espacios acumularon diferencias sobre la administración del Senado, la estrategia parlamentaria, la construcción política de La Libertad Avanza y el funcionamiento interno del Gobierno.
Con el paso de los meses, esas diferencias se transformaron en una disputa política abierta que derivó en un progresivo distanciamiento entre ambos sectores.
En ese contexto, cada gesto adquirió una dimensión política mayor.
Por eso, la decisión de recibir a Michelli en el despacho de la Presidencia del Senado fue interpretada en distintos sectores parlamentarios como una señal de confrontación de Villarruel frente a una decisión impulsada personalmente por el Presidente y por Karina Milei.
“Michelli es una jueza de trayectoria intachable. Villarruel recibió a muchos jueces y camaristas que pasaron por la Comisión de Acuerdos y tuvieron dictamen para ser llevados al recinto. Este caso tiene características distintas, pero está en el mismo sentido que otros encuentros similares”, explicaron.
Dictamen, antecedentes y discusión reglamentaria
La trayectoria profesional de la magistrada constituyó uno de los principales argumentos de quienes cuestionaron el intento de retirar su candidatura. Michelli es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, ingresó al Poder Judicial hace más de tres décadas y desde 2009 se desempeña como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. Además cuenta con estudios de especialización en derecho penal y acceso a la justicia realizados tanto en la Argentina como en el exterior.
Mientras tanto, el Senado se preparaba para una definición que podría convertirse en un nuevo foco de conflicto para el Gobierno.
El dictamen favorable a Michelli permaneció en condiciones de avanzar dentro del circuito parlamentario y existió una discusión reglamentaria respecto de los mecanismos que podrían utilizarse para habilitar su tratamiento en el recinto. Diversos senadores sostuvieron que una vez emitido el dictamen la decisión ya no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo sino de la Cámara Alta.
La discusión excedió el caso puntual de una candidata a jueza. Para una parte importante del Senado, el debate involucró también la relación entre los poderes del Estado, el alcance de las atribuciones presidenciales y la autonomía de la Cámara para resolver sobre los pliegos que ya superaron las instancias reglamentarias previstas.
En ese escenario, la reunión de Villarruel con Michelli dejó una señal política difícil de ignorar. La vicepresidenta decidió involucrarse personalmente en uno de los conflictos más sensibles que enfrenta la Casa Rosada en el Senado y dejó en claro que, al menos en este caso, no está dispuesta a desconocer una decisión que ya fue avalada por las mayorías de la Comisión de Acuerdos.
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POLITICA
Una diputada de Unión por la Patria busca declarar tres días no laborables por la visita del papa León XIV a la Argentina
La Cámara de Diputados avanza con distintas iniciativas vinculadas a la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. Entre las propuestas, la diputada peronista Sabrina Selva pidió declarar, con carácter excepcional y por única vez, días no laborables en todo el territorio nacional el 9, 10 y 11 de noviembre de 2026.
La diputada de Unión por la Patria sostuvo que la visita representa un hecho histórico y que estará acompañada por una gran movilización popular. Según planteó, una ley que declare los días no laborables permitiría otorgar mayor certeza jurídica a la medida de excepción.
“No solo implica un acto que refuerza la fe de millones de argentinos, sino que además resulta una situación extraordinaria toda vez que es un evento al que acudirán con total seguridad, millones de feligreses tanto de nuestro país como de otras regiones de nuestro continente”, expresó Selva.
La iniciativa destaca la “trascendencia histórica, cultural, social y espiritual de la presencia del Papa en la Argentina”. Además, señala que se tratará de su primer viaje apostólico a Sudamérica, con una gira que también incluirá a Uruguay y Perú.
Los vecinos y aliados regionales de la Argentina fueron aumentando en los últimos años las relaciones con las islas Malvinas al margen de las declaraciones de apoyo al país en los foros internacionales. La nueva postura del presidente Javier Milei respecto de la cuestión ha vuelto a sacar a la luz situaciones que no estaban ocultas, pero de las que la política se ocupó poco y nada.
El repentino ímpetu malvinero de Milei y las promesas de sanciones a empresas y particulares que se vinculen con la explotación de petróleo en las islas provocó reacciones en Uruguay y Chile por los perjuicios que eso podría acarrear.
El de Chile es el caso quizás más evidente. La ciudad de Punta Arenas, ubicada sobre el estrecho de Magallanes, sostiene una relación de larga data con las islas, de donde provienen muchos de los chilenos que residen o trabajan allí de forma temporal. La ruta marítima que conecta a Punta Arenas con el archipiélago, de unos 900 kilómetros, cuenta con una historia de 120 años. En el año 2011, una declaración del Mercosur respaldada por Chile prohibió la recala en sus puertos de barcos que naveguen con la bandera de las islas. Posteriormente, en 2012, la ruta quedó completamente cerrada debido a la presión ejercida por el entonces gobierno argentino. Como consecuencia de esta interrupción, los habitantes de las islas debieron recurrir a Uruguay para abastecerse de víveres, repuestos, maderas y todo tipo de bienes.
En las últimas semanas se anunció un acuerdo entre una naviera chilena, Eastern Island Naviera (EIN), y las Malvinas para retomar esa vieja ruta con viajes periódicos cada dos o tres meses. EIN y el gobierno de Punta Arenas aseguran que se trata de un acuerdo entre privados y que no tiene que ver con la futura explotación petrolífera en las islas, que se calcula comenzará en 2028.
El tema volvió al centro de la agenda pública tras la visita a Chile del presidente argentino, durante la cual firmó un comunicado conjunto con su par chileno, José Antonio Kast. En ese documento se estipula que el gobierno chileno evitará las actividades logísticas ilegales entre el país vecino y las islas.
La abogada internacionalista Paz Zárate, consultada frecuentemente por los medios chilenos, sostuvo en el programa televisivo 24 Horas que este texto constituye uno de los documentos más perjudiciales para Chile “en la era moderna”. Según Zárate, el documento establece un respaldo a una alianza antibritánica contraria a los intereses de Chile, considerando que “el Reino Unido es el principal proveedor de la Armada chilena y su alianza militar más antigua”. Por esta razón, afirmó que “Chile no podría sumarse a un boicot contra el Reino Unido como pretende Argentina”.
¿Entonces, en qué consiste el apoyo diplomático de Chile a Argentina por las islas Malvinas? “El Chile democrático ha entregado un apoyo nominal a la causa argentina, pero a Chile le interesa preservar el comercio entre Punta Arenas y las islas”, afirmó la abogada.
Podría preguntarse si para compensar esa pérdida se puede considerar la provisión de gas argentino a Chile. Para Zárate, tampoco en eso hay señales positivas. “Argentina tiene un récord en el Ciadi por violación de acuerdos en temas energéticos y algunos de ellos respecto de Chile”, agregó. El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones y depende del Banco Mundial.
La desconfianza de esta abogada se condice con una encuesta reciente de la consultora chilena Cadem que dio como resultado que el 69% de los consultados considera que Argentina tiene pretensiones territoriales; otro 65%, que las islas Malvinas son británicas y un 60%, que Argentina es un socio poco confiable para Chile.
Días antes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, había asegurado que la región de Magallanes, a la que pertenece Punta Arenas, ha acumulado pérdidas por 300 millones de dólares desde la prohibición de recalar decretada en 2011. Las autoridades chilenas estiman que actualmente, las islas poseen un poder de compra estimado en 20 millones de dólares anuales. Las necesidades de abastecimiento en las islas sobrepasan la capacidad actual de los envíos desde Montevideo y se prevé que la demanda aumente ante el crecimiento poblacional proyectado con la explotación petrolera.
Para impulsar el intercambio, el gobierno isleño y el municipio de Punta Arenas promueven la participación de comerciantes y empresarios de Malvinas en la Expo Comercial de Punta Arenas, prevista para los días 28 y 29 de septiembre. En este encuentro participarán representantes de los sectores de comercio, productos agrícolas, gas licuado, vinos, turismo, elementos de construcción y el rubro naviero.
Uruguay
Montevideo ha reemplazado a Punta Arenas en cuanto al abastecimiento de mercaderías a las islas. Uruguay no permite que lleguen a sus costas barcos con la bandera isleña, pero sí con la de la marina mercante británica. De esta manera elude el acuerdo del Mercosur de 2011. Esto permite el aprovisionamiento de las islas con mercaderías de todo tipo desde Uruguay, pero también habilita servicios portuarios para las naves de varios países que pescan en el Atlántico Sur y de los barcos británicos que van a la Antártida.
Las ganancias por estos servicios, según estimaciones de cámaras comerciales publicadas en medios uruguayos, es de 150 millones a 200 millones de dólares anuales.
También es ya tradicional cada año la presencia en Expo Prado, la principal exposición rural y agropecuaria uruguaya, de un stand de las “Falkland Islands”. El gobierno argentino reclamó por ese hecho pero desde Montevideo se desestimó tomar cualquier medida al respecto.
Hay que recordar que Gran Bretaña y Uruguay firmaron en mayo pasado un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación bilateral. De allí surgió una propuesta para vender a Uruguay tres patrulleras oceánicas de la Royal Navy que serán dadas de baja en 2028.
Una noticia que había impactado muy negativamente en el gobierno esta semana aseguraba que una empresa holandesa estaba estudiando el suelo marino en la costa uruguaya como tarea previa para la posterior instalación de un cable de comunicaciones que uniera ese país con las islas Malvinas. El presidente Yamandú Orsi aseguró que se trataba de una noticia falsa. “Las islas Malvinas son argentinas”, dijo Orsi con la intención de despejar dudas.
Una fuente relacionada con el gobierno isleño negó tener noticias de que se hubiera encargado ese trabajo.
Desde el Ministerio de Industria, Economía y Minería de Uruguay, Pablo Siris Seade, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, dijo a este diario que el gobierno nacional no recibió ninguna solicitud de autorización de empresa o gobierno alguno para realizar ese estudio. “Hay dos comisiones del gobierno que reciben las solicitudes para estos trabajos y solamente hay una que no es de esa empresa y no va al sur, sino al este”, indicó. Además, agregó que “la embarcación de la empresa holandesa Fugro recaló en puertos uruguayos como lo hacen todos los barcos que van y vienen al sur”.
Fugro emitió este viernes un comunicado en el que explica: “El contrato de Fugro para las actividades de estudio del lecho marino es con SubCom, una empresa estadounidense. El estudio forma parte de un proyecto internacional de cable submarino de telecomunicaciones a gran escala que conecta múltiples ubicaciones”.
En Brasil
Pero no es sólo en Montevideo donde recalan los barcos que van y vienen de Malvinas. También lo hacen en Santos, Brasil. Nuestro vecino no sólo da asistencia portuaria sino que también exporta a las islas algunos productos como gas licuado, carne y agua envasada, pero en cantidades insignificantes para la dimensión del país. Lo que sí es relevante es la Asociación Estratégica Reino Unido-Brasil, un acuerdo firmado este año entre ambos gobiernos. Entre sus objetivos se incluye incrementar los vínculos políticos, militares, inteligencia, comerciales y educativos, entre otros. Implica también el respaldo de Londres a Brasilia para la obtención de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. “Esto eleva la cooperación bilateral a un nivel sin precedentes”, señaló el documento oficial emitido por Itamaraty.
La venta de licencias de pesca es el principal ingreso económico de las islas. El país que más pesca en la zona de Malvinas por medio de joint ventures con empresas locales es España, particularmente la flota gallega. El 94 por ciento del calamar que se obtiene en aguas de las islas tiene como destino el puerto de Vigo.
España, país tradicionalmente aliado a Argentina por su propio diferendo por Gibraltar, ha tenido una posición fuertemente defensiva de la flota que pesca en el Atlántico Sur.
Luego del Brexit, las islas perdieron el acceso libre de cuotas y aranceles al mercado europeo, por lo que las empresas españolas se encontraron ante la perspectiva de tener que pagar aranceles que iban del 6 al 18 por ciento. La presión diplomática y corporativa de Madrid en Bruselas logró que la Comisión Europea reconociera una cuota de calamar que podría entrar a la UE sin pagar aranceles, a los fines de mantener la producción y el empleo que genera la industria.
Podrá decirse que con tres de los cuatro países mencionados la Argentina hoy no tiene óptimas relaciones, producto de la política confrontativa de Milei. También es cierto que esta situación lleva años, o décadas.
El exsecretario general de la OEA y ex canciller chileno José Miguel Insulza decía días atrás que en América Latina las alianzas han desaparecido y que eso hace que nos vayamos quedando atrás. Palabras a medida de la Argentina.
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El presidente Javier Milei le restó importancia a que Patricia Bullrich haya utilizado una canción de Lali Espósito en un video publicado en medio de las tensiones internas por los cambios previstos en el sistema de discapacidad. Según contó la periodista Marcia Frisciotti (Pochi) en Canal 13, el mandatario sostuvo que “es una tontería mayúscula politizar el arte” y afirmó que, después de la controversia, escuchó temas de la artista que le gustaron.
“¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, fue la respuesta que el jefe de Estado transmitió ante la consulta del programa.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae el intercambio entre Milei y la periodista, y ratificaron el contenido de la declaración presidencial.
Milei se despegó de la polémica por la canción elegida por Bullrich
La consulta se produjo luego de que Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, difundiera un video en su cuenta de X acompañado por “No me importa”, una canción de Lali Espósito.
La publicación de la senadora llegó horas después de que expresara sus reparos por las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 sobre las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. En particular, cuestionó no haber sido informada sobre los cambios antes de que la iniciativa fuera enviada al Congreso.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich señaló que la discusión no había sido abordada en la mesa política del oficialismo. “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, afirmó.
El video de Bullrich coincidió con cuestionamientos al Presupuesto 2027
El capítulo referido a discapacidad contempla cambios en el régimen de prestaciones y una derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. También introduce modificaciones a la ley 24.901, que regula desde 1997 la atención integral del sector.
Bullrich había advertido que la falta de información podía generar dificultades en el trabajo legislativo del oficialismo. “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, planteó.
El conflicto entre Milei y Lali Espósito comenzó tras las PASO de 2023
La polémica entre Javier Milei y Lali Espósito se remonta a las PASO de 2023, cuando la cantante publicó en redes sociales la frase “Qué peligroso, qué triste” tras el triunfo libertario. El entonces candidato presidencial respondió con críticas públicas y, ya en la Presidencia, volvió a cuestionarla en distintas oportunidades.
La artista replicó en 2024 con la canción “Fanático”, que fue interpretada como una respuesta a esos cuestionamientos y profundizó la disputa pública entre ambos. En ese contexto, la respuesta del Presidente buscó quitarle centralidad política al uso de la canción por parte de Bullrich y sostuvo que la valoración de una obra artística no debería quedar sujeta a las diferencias partidarias.
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