POLITICA
Zonas Frías: el gobierno nacional impulsa cambios al régimen de subsidios energéticos

La Cámara de Diputados se prepara para debatir el próximo miércoles un proyecto impulsado por el oficialismo, que busca actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías y concentrar la asistencia en los hogares más vulnerables. La iniciativa recibió dictamen de mayoría y apunta a ordenar el financiamiento del sistema energético, enfocando los recursos en las regiones tradicionalmente beneficiadas y corrigiendo distorsiones que surgieron tras la ampliación del régimen en 2021.
El nuevo texto redefine el universo de la Zona Fría para circunscribirlo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando la diversidad de modalidades de acceso a la energía en los territorios alcanzados. Sin embargo, quedarán fuera de la norma 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.
El proyecto establece que el beneficio quedará restringido a quienes figuren en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este padrón incluye a hogares con ingresos netos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

El subsidio alcanza también a aquellas familias donde al menos un miembro cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este último caso, la Secretaría de Energía evaluará la necesidad de ayuda económica para el pago de servicios energéticos. Así se segmenta el acceso al subsidio tanto por criterios geográficos como socioeconómicos.
De esta manera, la reforma busca resolver las distorsiones generadas en 2021, cuando la extensión del régimen hizo que prácticamente la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas accedieran al beneficio, incluyendo a personas con alto poder adquisitivo. Esta situación llevó a una revisión del esquema de financiación para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
En aquel entonces, y a través de la reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de zona fría a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.
Durante el plenario de las Comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la Secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti expuso: “Nosotros creemos que los recursos económicos son escasos, que hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y que la forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita”.

También añadió: “El subsidio de zona fría subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo. Esa es la primera injusticia que nosotros vemos en eso. Y, además, ¿cómo se financia? Se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del país, o sea, gente de altos ingresos, gente de medianos ingresos y gente de bajos ingresos que incluso no están en la zona fría”. Y determinó que el Estado Nacional «está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país».
Por último, la Secretaria de Energía detalló: “La gente de la zona fría tradicional va a tener el subsidio que históricamente tenía sobre los metros cúbicos de gas que consumen, porque consumen entre 4 y 7 veces más que el resto del país, eso es una realidad. Pero en el resto del país lo que estamos haciendo es focalizando lo que se recauda en el fondo con esta alícuota del 7,5% a exclusivamente los usuarios que los necesitan”.
El tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados podría definir el futuro de la política de subsidios energéticos en las zonas de bajas temperaturas, con impacto en miles de hogares de Argentina que dependen de estos beneficios para afrontar el costo de los servicios durante el invierno.
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POLITICA
Nombraron a dos funcionarios en áreas clave de la Jefatura de Gabinete

El Gobierno designó a dos nuevos funcionarios que ocuparán funciones clave dentro de la Jefatura de Gabinete en las áreas de Ambiente y Enlace Legislativo.
Se trata de Walter Daniel Lanaro, quien fue nombrado mediante el decreto 1118/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, como subsecretario de Enlace Legislativo. Militante del PRO, Lanaro se presenta a sí mismo como liberal en sus redes solciales. Antes de llegar a la gestión libertaria, se desempeñó como senador provincial bonaerense.
Por otro lado, el Gobierno designó a Juan Andrés Trebino como Subsecretario de Ambiente dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que depende de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La decisión fue dispuesta mediante el decreto 1119/2026, firmado el 28 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y publicado el 29 de septiembre.
Trebino acumula al menos 15 años de experiencia en temas ambientales y en la administración estatal. Su primera experiencia en el sector público se remonta a 2011, cuando se desempeñó como asesor legal en la Dirección Nacional de Control Ambiental.
En 2015, durante la presidencia de Macri, asumió la conducción de esa misma dirección, cargo que ocupó durante siete meses. Tras ese período, escaló al puesto de subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.
Quien ahora vuelve a la función pública en un rol de mayor jerarquía dejó su cargo en diciembre de 2019. La designación de Trebino se produce después de dos meses sin titular en la Subsecretaría de Ambiente, un período en el que el organismo funcionó sin conducción formal.
Hace unos meses, el Gobierno designó a Adriana Baravalle, especialista en inteligencia artificial, como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua.
La funcionaria asumió en un momento de tensión con el sector científico, marcado por reclamos de financiamiento y la baja de cientos de becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, formalizó la designación mediante el decreto 730/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro coordinador. Baravalle cuenta con un perfil que, según el comunicado oficial del Gobierno, “articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la IA”.
La nueva secretaria cuenta con experiencia en investigaciones sobre inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, además de participación en proyectos científicos internacionales.
Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, casa de estudios donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.
Ejerce como docente universitaria y conduce el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral. Es también fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial que impulsa iniciativas de formación, investigación y cooperación en América Latina.
Desde Casa Rosada recordaron que la funcionaria “integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019” y que cuenta con experiencia previa en la Administración Pública Nacional.
El comunicado oficial precisó que su incorporación tendrá como objetivo “profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.
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POLITICA
Los Sauces: los jueces recibieron la pericia contable que retrasaba el inicio del juicio

El Tribunal Oral Federal 5 recibió la pericia sobre Los Sauces a semanas del inicio del juicio oral contra Cristina y Máximo Kirchner por presuntas maniobras de blanqueo.
Según pudo confirmar TN, el informe elaborado por peritos de la Corte Suprema tiene más de 30 páginas y da detalles sobre el Hotel Los Sauces pero no logró determinar si la explotación era rentable, ya que faltan balances e información respaldatoria.
Que los jueces cuenten con esta pericia no es un detalle menor, ya que se trata de un elemento de prueba que dilató mucho tiempo la fecha de inicio de juicio. Este documento servirá para sustentar las acusaciones y, hasta que se finalizó, estuvo marcada por cambios de peritos.
En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un juicio oral y revocó los sobreseimientos —apelados por el fiscal Velasco— que había dispuesto en noviembre de 2021 el Tribunal Oral Federal Nº 5 sobre la treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sí confirmó el sobreseimiento de Florencia Kirchner.
El TOF 5 había frenado el juicio oral con el siguiente argumento: “El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”.
Finalmente, en diciembre de 2024, la Corte Suprema ordenó que la causa por lavado de dinero y asociación ilícita sea elevada a juicio. El proceso comenzará el 23 de octubre.
La causa
Los Sauces S.A. se constituyó el 7 de noviembre de 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Tras la muerte del expresidente, el paquete accionario quedó, según la instrucción, en un 45% para Cristina, 32,5% para Máximo y 22,5% para Florencia.
La sociedad empezó a facturar en enero de 2009. El expediente nació de una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer y recayó en el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. En diciembre de 2016 la firma fue intervenida. El 4 de abril de 2017 Bonadio procesó a los principales acusados.
La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.
Los fiscales sostienen también que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles. La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita y lavado de activos.
El inmueble más citado es el dúplex de los pisos 8 y 9 del Madero Center, en Puerto Madero, más cocheras. López lo ocupó a través de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.
POLITICA
Designaron a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte argentino

El Poder Ejecutivo resolvió asignar a Adolfo Cambiaso un cometido especial para la promoción internacional del deporte argentino, con énfasis en el polo, y le otorgó la categoría protocolar de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario mientras dure esa tarea. La función será ejercida ad honorem y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
La medida, dictada a través del Decreto 1116/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, busca utilizar la proyección exterior del deporte como una herramienta de posicionamiento para la República Argentina, con impacto potencial en la difusión de bienes y servicios, la generación de contactos comerciales y la promoción de los atractivos turísticos del país. De igual forma, aclararon que este nombramiento no supone la incorporación de Cambiaso al cuerpo permanente del Servicio Exterior.
De acuerdo con los argumentos presentados por el Gobierno, el polo representa una de las expresiones de la tradición deportiva argentina con reconocimiento mundial y que puede contribuir a visibilizar experiencias turísticas, productos y servicios vinculados a su desarrollo.
Por esto mismo, encomendaron a Cambiaso la misión concreta orientada a difundir el deporte argentino en el exterior, con una atención particular sobre el polo.

De acuerdo con el texto, Cambiaso deberá cumplir el encargo bajo las obligaciones previstas en la reglamentación de la ley, aprobada mediante el Decreto N° 1973/86 y sus modificatorias. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el organismo encargado de definir los mecanismos de trabajo y los lineamientos necesarios para articular el cometido.
La disposición establece que la función será desempeñada sin remuneración. Además, remarca que la medida no genera ninguna erogación presupuestaria para el Estado nacional.
Entre los fundamentos, el decreto plantea que las actividades económicas relacionadas con el deporte pueden aportar a las exportaciones de bienes y servicios, abrir oportunidades de negocios y favorecer el turismo. Bajo ese criterio, la presencia internacional de referentes deportivos puede utilizarse dentro de una estrategia de promoción externa del país.
El Gobierno también sostiene que la Argentina dispone de una tradición deportiva con reconocimiento fuera de sus fronteras. A partir de esa condición, considera que existen posibilidades para desarrollar iniciativas de promoción internacional que conecten la actividad deportiva con objetivos comerciales, culturales y turísticos.
En ese marco, el polo argentino es presentado como una disciplina de especial relevancia global.
La decisión destaca la carrera de Cambiaso como uno de los elementos que justifican su nombramiento para esta misión. El texto lo define como un referente del polo argentino a escala internacional y considera que su trayectoria deportiva y su proyección pública lo vuelven apto para colaborar con la difusión de los valores asociados al deporte nacional.
De hecho, la Cancillería deberá establecer cómo se organizarán las acciones que se impulsen en el marco de la designación y de qué forma se integrarán con las políticas de promoción internacional del país.
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