Los delegados paritarios de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales tendrán este mediodía una audiencia oficial con la Secretaría de Trabajo que puede ser decisiva para resolver el aumento salarial en las ramas metalmecánica y siderúrgica.

El encuentro, previsto para las 12 y que se hará de manera virtual, servirá para seguir analizando una fórmula distinta al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para recomponer los salarios de los metalúrgicos y los dirigentes gremiales buscarán recuperar un atraso de entre 13 y 14 puntos frente a la inflación en medio de una fuerte crisis industrial que combina caída de actividad, despidos y cierre de fábricas.

Según fuentes sindicales, cerca del 60% de los trabajadores del sector cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra ubicada por debajo de la línea de pobreza. En la rama siderúrgica, además, no se pactan aumentos de sueldos en la negociación colectiva desde hace dos años y cada empresa del sector fue otorgando mejoras por su cuenta a sus trabajadores.

La primera reunión oficial se realizó a principios de julio entre los delegados designados por la intervención judicial del gremio y las cámaras empresariales. Allí intercambiaron diagnósticos sobre el deterioro de la actividad y el desfase de los ingresos, y acordaron continuar las negociaciones de manera extraoficial.

El objetivo inmediato es actualizar las remuneraciones que quedaron atrasadas después del último acuerdo salarial, firmado en noviembre de 2025. Ese entendimiento contempló mejoras hasta marzo de este año con un incremento acumulado del 14% mediante sumas no remunerativas de 160 mil pesos, que no se incorporaron al básico y profundizaron el desfase.

La negociación salarial estuvo paralizada por la negativa de la Secretaría de Trabajo a reconocer a los delegados paritarios que fueron nombrados por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri. La situación cambió a partir de un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la facultad del interventor para discutir paritarias y designar a quienes participen de esas tratativas.

De esa forma pudieron reunirse en la sede de la UOM los delegados paritarios del sindicato Roberto Bonetti (líder de la Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), y empresarios de la Cámara Argentina del Acero para discutir los salarios de la rama siderúrgica, por un lado, y de cámaras como ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA para hablar sobre aumentos para la rama metalmecánica, por otro.

La discusión salarial se desarrolla bajo una restricción adicional: el Gobierno no homologa paritarias que se ubiquen por encima de una inflación de alrededor del 2%. Ese límite oficial convive con el cálculo sindical y empresarial de una pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

La situación interna del sindicato se agravó después de que el titular de la UOM, Abel Furlán fue desplazado de su cargo por otro fallo de la misma Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones de la seccional Zárate-Campana por diversas irregularidades y esa decisión impactó sobre la conducción nacional del gremio.

El 22 de mayo, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González dejaron sin efecto tanto la elección de esa seccional como la elección nacional de autoridades de la UOM, realizada el 18 de marzo, en la que también había sido proclamado ganador Furlán. Al mismo tiempo, dispusieron la intervención del gremio por 180 días y encomendaron a Biglieri la convocatoria a nuevos comicios en Zárate-Campana bajo condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.

En una de sus primeras medidas, el interventor presentó ante la Secretaría de Trabajo una nómina de nuevos delegados paritarios para negociar salarios, todos dirigentes enfrentados con la conducción de Furlán.

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo sostuvo en un dictamen que las atribuciones de Biglieri para designar delegados y conducir la negociación colectiva debían ser determinadas exclusivamente por el juzgado que ordenó su nombramiento. En esa resolución, la dependencia oficial afirmó que la representación en paritarias y el desarrollo de la negociación colectiva no podían ser confirmados ni ampliados por vía administrativa.

La Secretaría de Trabajo recomendó entonces pedir una aclaración judicial específica sobre el alcance de esas facultades. Esa respuesta llegó cuando la Sala VIII de esa Cámara rechazó el planteo oficial y sostuvo que el Ministerio de Capital Humano “carece de competencia para interpretar, ampliar o restringir por vía de dictamen los términos de una intervención judicial, cuyo alcance surge de la propia resolución que la ordenó y del régimen procesal aplicable”.

Con la firma del camarista Víctor Pesino, se ratificó que el interventor de la UOM “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización” y que entre ellas está la potestad de discutir acuerdos paritarios y de designar personas para esa tarea.

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Aníbal Lafourcade, vocal del Tribunal de Apelaciones de Concordia, en Entre Ríos, resolvió este martes suspender la apertura de los celulares del exgobernador Gustavo Bordet y de su pareja, Mariel Ávila, actual diputada provincial. La medida se tomó ante un planteo de la defensa. El argumento fue que se necesita autorización previa, ya que los teléfonos se usaron para la actividad legislativa.

Ahora, la Fiscalía a cargo de José Arias deberá pedir al Congreso nacional y a la Legislatura de Entre Ríos el permiso correspondiente para realizar la pericia.

Mientras tanto, la defensa del exmandatario justicialista anticipó que recusará a Arias. Considera que el funcionario judicial perdió objetividad para el seguimiento del caso. Y entiende que lo que sostiene abierta la investigación es animadversión en contra de Bordet.

Arias ya fue removido de tres causas que se seguían a otro dirigente del PJ. Se trata del exintendente de Concordia, Enrique Cresto. En todas, la Cámara de Casación Penal provincial entendió que el fiscal había perdido el estricto apego al principio de objetividad que se exige a la acusación pública.

Cuáles son los pasos para el peritaje

El trámite tiene que ser resuelto por los plenarios de ambos cuerpos legislativos. El proceso suele llevar tiempo ya que es una medida judicial pero con impacto político. Más aún estando a las puertas de una competencia electoral.

En lo formal, será una cuestión de interpretación legal. La norma que regula los fueros establece que para que se abran los teléfonos de un legislador este tiene que estar imputado de un delito. Bordet no lo está. La investigación se abrió hace dos años y Fiscalía no ha presentado un caso en contra del exgobernador. La raíz del expediente abierto es una denuncia de un particular. El material está tomado de su declaración jurada en el Congreso.

Si llegado el caso de que ambas Cámaras den el aval, la Fiscalía deberá pedir al Juez de Garantías la apertura y el análisis de los celulares. Los teléfonos quedaron a resguardo en la Justicia. Es que el juez Lafourcade negó el pedido de la defensa de para que les sean devueltos.

Cambio de dirección

En un primer momento, Bordet y su esposa habían entregado por propia voluntad los aparatos y las claves correspondientes. Fue durante los procedimientos realizados en propiedades del exgobernador de Entre Ríos entre 2015 y 2023.

En esa instancia, ambos habían dado luz verde para que Fiscalía y Policía realizaran la inspección en sus casas de Paraná y Concordia sin el desafuero previo. Pero, según evalúan en el entorno del exmandatario, a partir de ese momento la causa se desnaturalizó.

Una vez dentro, personal judicial y de seguridad registró hasta los datos de los electrodomésticos a fin de investigar quién y cómo los habían comprado.

Durante los procedimientos en los domicilios, Bordet y Ávila fueron requisados por el personal policial. Los palparon de pies a cabeza. A la esposa del exgobernador la llevaron a un baño y la obligaron a quedarse en ropa interior.

Hubo quejas por este accionar de la Policía bajo dirección de Fiscalía. Ávila las presentó en la Legislatura provincial. Y, por otras vías, llegaron a oídos del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y del gobernador Rogelio Frigerio.

Actos propios

Tras estas acciones que consideró desatinadas, la defensa de ambos planteó que los celulares habían sido utilizados para la actividad legislativa. Eso obligaba a que tanto la Cámara de Diputados de la Nación como la de Entre Ríos deban autorizar en forma previa su análisis.

En una primera instancia, el Juez de Garantías Ives Bastián rechazó el planteo de la defensa. Para ello, invocó la doctrina de los actos propios. En su resolución publicada por El Entre Ríos, el magistrado subrayó: “Fue la Defensa quien consintió el allanamiento y el secuestro de los dispositivos” y la que “instó a prescindir del trámite ante las Cámaras”.

Bastián también señaló que la representación de Bordet “convino día y hora de la diligencia”. Asimismo, apuntó que fueron “los propios legisladores quienes, asistidos por su letrado, ratificaron la medida, dispusieron de la protección de sus fueros y aportaron voluntariamente las contraseñas de los aparatos para que la Justicia accediera a su contenido”. Por último, sentenció que fue “la Defensa quien consintió la resolución que autorizó el análisis”.

Los abogados de Bordet y Ávila apelaron. Y en la revisión de la decisión de la primera instancia logró un fallo favorable que frenó el peritaje.