El senador libertario Bartolomé Abdala viajó a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España. Su presencia salió a la luz a partir de imágenes que se viralizaron en X, donde se lo ve durante su trayecto hacia Nueva Jersey, sede del encuentro que terminó con la derrota de la selección argentina. En las imágenes aparece con una gorra negra, jeans, zapatillas deportivas y una campera beige.

Ni el legislador ni su equipo desmintieron el viaje. Tampoco lo hicieron desde el oficialismo, aunque evitaron responder las consultas de . En cambio, referentes libertarios buscaron quitarle dramatismo al episodio. “Se pagó todo él”, afirmó un colaborador del oficialismo.

El dato no es menor: según estimaciones realizadas por , asistir a la final implicó un desembolso de al menos US$8000 y pudo superar los US$14.000 en paquetes que incluían pasajes, alojamiento y entrada. El mayor costo, además del precio, era conseguir un ticket para el partido. Tras la clasificación de la Argentina frente a Inglaterra, las entradas de reventa superaban los US$10.000. En Estados Unidos, la reventa es legal y existen plataformas oficiales para su comercialización.

Abdala representa a San Luis en el Senado y ocupa la presidencia provisional de la Cámara alta, cargo que lo ubica segundo en la línea de sucesión presidencial, detrás de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde agosto percibirá una dieta cercana a los $7 millones mensuales netos.

Su vínculo con el fútbol viene de larga data. Entre 2000 y 2018 fue dirigente de la Liga Sanluiseña de Fútbol y ocupó distintos cargos electivos dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En un primer momento había trascendido que desde la Casa Rosada se había impartido la orden no escrita a funcionarios y legisladores de mantener un bajo perfil durante el Mundial y evitar imágenes en los estadios. Ahora, sin embargo, el discurso oficial cambió. “Después de la sesión eran libres”, señalaron en el equipo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el Senado también relativizaron el episodio. “Arrancaron las vacaciones en el Senado”, deslizaron cerca de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta. “No se pregunta a dónde viajan los senadores”, agregó otra fuente oficialista.

Otro referente libertario fotografiado en el Mundial. Días atrás, Santiago Viola, secretario de Justicia y número dos del ministerio que conduce Juan Bautista Mahiques, fue visto durante el partido entre la Argentina y Suiza. Desde esa cartera explicaron que había solicitado licencia y sostuvieron que se trató de “una excepción”.

El antecedente

No es la primera vez que Abdala queda expuesto por un episodio incómodo para el discurso anticasta del oficialismo.

En septiembre de 2024 reconoció públicamente que tenía al menos 15 asesores porque aspiraba a ser gobernador de San Luis. “Tengo más de 15 seguro, tengo muchos en San Luis. Es la verdad. Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio”, afirmó entonces durante una entrevista en TN. También explicó que muchos de esos colaboradores lo ayudaban a seguir la realidad de la provincia y a organizar reuniones cuando regresaba a su distrito.

Su sinceridad, sin embargo, se quedó corta. En ese momento contaba con 20 asesores entre personal de planta permanente y transitoria. Actualmente, según la información publicada en el sitio oficial del Senado, redujo esa estructura a 12 colaboradores.

La polémica impactó de lleno en el discurso anticasta que impulsa Javier Milei. Tras aquel episodio, el Presidente difundió un mensaje que muchos en el oficialismo interpretaron como un llamado de atención hacia su propio espacio: “La casta política está organizada para cagarle la vida a la gente de bien, al laburante. La única manera de presentarles batalla es con organización y disciplina de nuestro lado. Este mensaje va para el militante más raso hasta los dirigentes más importantes de La Libertad Avanza”, sostuvo.

La Constitución le da al Presidente la llave de la continuidad de los jueces que llegan al límite de edad y la usa sin disimulo: no hay una doctrina, sino casos en los que los beneficiados son cercanos al poder o fallaron en consonancia con sus deseos.

Cuando se le pregunta al Gobierno por qué el juez Martín Irurzun debió jubilarse y no otros jueces que cumplieron 75 años, como Carlos Mahiques y Víctor Pesino, la respuesta oficial es: “Esa discrecionalidad es propia de la atribución del Presidente”. Así de tajante lo admitió a una fuente confiable del Ministerio de Justicia.

La frase es veraz en lo formal y reveladora de una decisión política. La gestión de Javier Milei no niega que aplica la misma norma con criterios opuestos; sostiene que tiene derecho a hacerlo.

Ahora, acerca de cuál es el criterio, la comparación de los casos de Irurzun, Mahiques y Pesino permite presumirlo. El artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994 y convalidado por la Corte, establece que el juez que cumple 75 años cesa en sus funciones, salvo que obtenga un nuevo nombramiento del Presidente con acuerdo del Senado.

Los convencionales imaginaron un mecanismo de renovación generacional con una excepción para magistrados valiosos. Pero en estos casos la excepción se basa en la voluntad del poder político. El límite de edad es automático; la supervivencia es discrecional. Carlos Mahiques es el padre del ministro de Justicia y Pesino es el juez que habilitó la reforma laboral de Milei cuando estaba frenada en otra instancia judicial inferior.

Con ese mecanismo, cada juez que se acerca a los 75 años ingresa en una zona donde tiene expectativa de quedar. Y su continuidad depende de una decisión discrecional que nadie está obligado a fundar.

En el caso de Irruzun, las razones políticas son sencillas de leer. El Gobierno, con la gestión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanzó en solo cuatro meses y medio en el rediseño de la Justicia federal de Comodoro Py 2002.

Esto no ocurría desde la presidencia de Mauricio Macri, cuando Mahiques era viceministro de Justicia y propuso a más de un centenar de jueces. Ahora, ya lleva más o menos la misma cifra que durante el macrismo, pero en solo 150 días.

En esta renovación cayó la Cámara Federal porteña, tribunal clave porque confirma y abre el camino al juicio o revoca y entierra los casos de corrupción.

Tras el concurso del Consejo de la Magistratura que Mahiques propuso, el Senado le dio acuerdo y Milei le firmará el decreto de designación a Pablo Yadarola, allegado suyo, y a Pablo Bertuzzi, un camarista que ya está en el tribunal.

Señales de independencia

Con Irurzun prefirieron no arriesgarse a reconfirmarlo. El juez demostró señales de independencia y sus gestos en otras ocasiones fueron suficientes para entender que no admite sugerencias del poder, con las que no está de acuerdo.

Por eso prefirieron dejar caer su pliego, no enviarlo al Senado y hacer un concurso nuevo para designar a un camarista según los deseos del Gobierno, no uno que es parte de los fundadores de Comodoro Py y orientador de votos y doctrinas.

Irurzun integraba la Cámara Federal porteña desde 1994, presidió su Sala II y fue durante décadas uno de los hombres más influyentes de Comodoro Py.

El Gobierno quiere la Cámara Federal nueva. La edad de Iruruzun es el pretexto y no la razón.

En cambio, a Mahiques padre y a Pesino les renovaron su acuerdo. A Carlos Mahiques le renovaron su acuerdo en el Senado para ser juez de la Cámara de Casación cinco años más. Cumple 75 años el 1° de noviembre, pero ya en febrero su trámite no conoció la incertidumbre. El Poder Ejecutivo impulsó su renovación, la Comisión de Acuerdos le dio dictamen en abril, el Senado lo votó en mayo por 58 a 11 votos afirmativos y el decreto 367/2026 lo dejó instalado en Casación hasta 2031.

Todo con meses de anticipación, sin apuros. El beneficiario es el padre del ministro de Justicia. El oficialismo argumenta que el pliego se envió días antes de que Juan Bautista Mahiques asumiera el ministerio, con la idea de desconectar una cosa de la otra.

El otro caso es el de Víctor Pesino, camarista laboral de un fuero en disolución.

Pesino explicó en el Senado que su designación no forma parte de que hubiera firmado con efecto suspensivo una apelación contra la ley de reforma laboral, lo que la mantenía en vigor.

Contó que los plazos desmienten que hubiera existido una transacción entre esa decisión y el acuerdo que le dio finalmente el Senado la semana pasada por cinco años más. Se sintió dolido especialmente por esas denuncias que hizo el kirchnerista Mariano Recalde en el recinto del Senado.

Pesino necesitaba el acuerdo antes del 27 de julio para no jubilarse. Su pliego apareció en el Boletín Oficial al día siguiente de que firmara el fallo que reactivó la reforma laboral del Gobierno, suspendida por una cautelar de la CGT.

Pero las conversaciones con el Ministerio de Justicia habían comenzado mucho antes. Él mismo admitió ante el Senado que se reunió con el ministro Mahiques antes del fallo a favor de la reforma y que en ese encuentro se le comunicó que su trámite avanzaría.

La discrecionalidad de Milei es la explicación oficial para cada caso, pero las circunstancias en que los jueces obtuvieron o no un nuevo acuerdo ayudan a entender mejor la decisión presidencial.