POLITICA
La Justicia ordenó clausurar una de las estancias de Lázaro Báez en medio de la investigación por lavado de dinero

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó la clausura cautelar de la estancia La Entrerriana, vinculada al empresario Lázaro Báez, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. Además, dispuso una consigna policial permanente para evitar que se oculten, alteren o sustraigan bienes del establecimiento.
La medida fue adoptada a pedido del fiscal Julio César Zárate, quien advirtió sobre la necesidad de preservar los bienes y animales encontrados durante los procedimientos judiciales. La resolución, firmada el 17 de noviembre, establece que el cierre se mantendrá sin un plazo de vencimiento determinado y hasta que exista una nueva disposición judicial.
La decisión se produce en medio de una investigación que busca determinar si Báez continuaba administrando y explotando comercialmente propiedades embargadas desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad.
Según la resolución judicial, a la que accedió TN, los investigadores completaron el relevamiento de hacienda en La Entrerriana y contabilizaron 96 bovinos y 203 ovinos. También detectaron animales con marcas correspondientes a otros establecimientos y ejemplares sin identificación reconocible.
POLITICA
El nuevo Consejo de la Magistratura debe empezar a funcionar y no logra completarse: hay seis bancas en disputa

El nuevo Consejo de la Magistratura debía quedar integrado hoy, día en el que vencieron los mandatos de los viejos consejeros, pero su integración definitiva quedó sumida en una pelea política en el Congreso, con diferencias entre diputados oficialistas y aliados; con enfrentamientos en el Senado y con diferencias entre los académicos que se resolverán en los tribunales.
Las dificultades, no obstante, no interfieren en la administración del Poder Judicial, sino en el reparto de poder y afectan la convocatoria a un primer plenario, lo que no sucederá en breve.
Jueces, abogados, el Poder Ejecutivo y un académico ya tienen representantes. Faltan los ocho legisladores y la pelea por esas bancas de consejeros se convirtió en una pulseada entre el Gobierno, el peronismo y los gobernadores.
Ocho de los nuevos consejeros ya prestaron juramento ante el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.
El 5 de noviembre lo hicieron los jueces Marcelo Gallo Tagle, Gabriela Vázquez y Paula Castro. El 12 juraron el juez Juan Manuel Culotta y los cuatro abogados: Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene.
Ya están definidos el representante del Poder Ejecutivo -el viceministro de Justicia, Santiago Viola– y el de la academia Diego Molea.
En los tribunales se dirime quién será el segundo académico. Hay una audiencia en el juzgado de María Servini el miércoles próximo. Se discute el mecanismo de votación, por diferencias entre la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional.
La foto que surge es la de un Consejo politizado con consejeros que llegan con un padrinazgo político: los Menem, Sergio Massa, el operador judicial radical Daniel Angelici, el peronista Juan Manuel Olmos, Cristian Ritondo y, ahora también, los gobernadores.
Ayer, en la Cámara de Diputados, cuando los legisladores que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora y al santafecino Maximiliano Pullaro entraron al recinto, se quedaron de pie y no se sentaron. Tras la media hora reglamentaria el presidente de la Cámara levantó la sesión.
Los gobernadores reclamaban la tercera banca de la Cámara en el Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas, el bloque de los mandatarios provinciales, pedía ese lugar para el cordobés Juan Brügge.
Con 18 integrantes es el tercer bloque de la Cámara. Pro, con 12, negocia con el oficialismo para quedarse con la banca y llevar a Florencia De Sensi, una diputada que responde a Cristian Ritondo. En paralelo, Álvaro González, del larretismo, busca renovar su mandato en el Consejo, pero si prospera la otra jugada, quedaría afuera.
El resto ya está acordado. La Libertad Avanza tendrá dos consejeros (además de Viola): Gonzalo Roca, que ya integra el Consejo, y Giselle Castelnuovo. Ambos se referencian en los Menem. El santafesino Nicolás Mayoraz había sonado como candidato, pero quedaría afuera. Aun no es oficial.
Unión por la Patria baja de dos consejeros a uno. Cristina Kirchner bendijo la designación del diputado Guillermo Michel, un peronista federal cercano a Sergio Massa. Se van Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, dos alfiles del kirchnerismo. Eso ya está oficializado.
La pelea en el Senado
En la Cámara alta la discusión por las cuatro bancas es más profunda. La ley reparte dos para el bloque más numeroso y una para cada uno de los dos que le siguen. Pero hoy se discute quien es la primera minoría.
A fines de octubre, el riojano Fernando Rejal volvió al bloque Justicialista que conduce José Mayans. Con él, el peronismo llegó a 22 senadores, uno más que La Libertad Avanza. El oficialismo sostiene que debe tomarse la composición del 1° de marzo y que el pase de Rejal fue una maniobra para quedarse con dos lugares.
En 2022, el kirchnerismo dividió su bloque para quedarse con tres de las cuatro bancas, y la Corte Suprema anuló la jugada y ordenó que asumiera Luis Juez. Ahora, Pro perdería ese lugar.
Patricia Bullrich y Mayans acordaron que decida la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que firma el decreto de designación. La definición todavía no llegó, y en ambos bandos admiten que la disputa puede terminar en la Justicia.
Los nombres, en cambio, están claros. Cristina Kirchner eligió a Wado de Pedro; si el peronismo consigue el segundo lugar, iría la riojana Florencia López. La Libertad Avanza propone a Nadia Márquez y Belén Montes de Oca. El radicalismo todavía define entre la continuidad de Eduardo Vischi y Maximiliano Abad.
La politización alcanzó a los estamentos técnicos. Entre los abogados, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, ganó dos bancas. Biglieri se referencia con Angelici.
Claudia Sarmiento viene del espacio de Jimena de la Torre y llega con el respaldo del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego.
Las otras dos bancas fueron para el peronismo, que sumó más del 58% de los votos. Demarchi Arballo llegó con la lista que impulsaron Juan Manuel Olmos y La Cámpora. Levene tuvo el apoyo de Molea, de Massa, del senador radical Abad y de Llaryora. La lista libertaria de Luis Palomino se quedó afuera.
En la elección de jueces, cada una de las cuatro listas obtuvo una banca. La Bordó, la agrupación más tradicional de la Asociación de Magistrados, ganó con 203 votos pero perdió un lugar y solo colocó a Gallo Tagle. Culotta entró por Compromiso Judicial. La Celeste, que fue dividida, sumó dos consejeras: Vázquez, vinculada al kirchnerismo, y Castro, respaldada por el consejero juez saliente Alberto Lugones.
Por el ámbito académico está Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo; la segunda banca está judicializada.
El Poder Ejecutivo sigue representado por Viola y Rosatti continúa al frente del cuerpo por ser el presidente de la Corte.
Con 20 miembros, el quórum es de 12. Aprobar una terna o acusar a un juez requiere dos tercios de los consejeros presentes: con el pleno completo, son 14 votos, de modo que siete consejeros alcanzan para bloquear. Ningún sector llega a esa cifra.
“Va a ser un Consejo más fracturado, más atomizado, que va a negociar caso por caso”, anticipó un consejero. Con ternas pendientes y concursos en marcha, cada designación de jueces pasará a depender de esa negociación.
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POLITICA
Jorge Asís: "Es una vergüenza que el Gobierno que viene contra la casta necesite cancelar las PASO para subsistir"

Con su habitual análisis filoso, el analista político Jorge Asís cuestionó con crudeza el impulso del gobierno de Javier Milei contra la suspensión de las PASO, a la que definió como una “vergüenza” y una estrategia típica de “la casta”, y lo vinculó con el temor a una posible derrota del oficialismo en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027.
Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Asís analizó que el oficialismo esté promoviendo un cambio de las reglas electorales con el fin de evitar un resultado adverso en los comicios. Y caracterizó la maniobra con un dejo de humor: “No hablo de esto, pero por pudor. Es una vergüenza que el Gobierno que viene contra la casta y se pone como ejemplificador necesite de esta cancelación (de las PASO) para subsistir”.
Con esa evaluación, el analista sostuvo planteó que esté todo el Gobierno involucrado en la suspensión de las primarias, entre ellos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “el peronista originario (Diego) Santilli, Lule Menem y todos los muchachos para conseguir esto y para poder cancelar las PASO, me parece una vergüenza”, afirmó.
El escritor cuestionó que se alteren las reglas antes de una competencia está vinculado a que si las fuerzas del oficialismo “van a las PASO, pierden, y se acaba el Gobierno”, aseguró al describir el escenario que, a su criterio, busca impedir La Libertad Avanza (LLA). “Estamos entre pequeños canallas”, lanzó, y ejemplificó como antecedente el hecho de que Mauricio Macri en 2019 “perdió prácticamente el poder con las PASO”.
“Estas son las reglas del juego. Bancalas”, expresó Asís. Para el analista, el temor a una derrota no justifica una reforma: “Si tenés tanto miedo a la derrota, dedicate a otra cosa”.
La interna en el peronismo entre Kicillof y Massa
En este marco, Jorge Asís vinculó este posible cambio de las reglas electorales en la disputa al interior del propio peronismo, un sector político que caracterizó como “la alternativa más viable de poder en Argentina”. Pero la intensa disputa por la conducción entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner está dificultando quién encabeza y lidera esa opción.
“Hoy el peronismo tiene un problema más grave: la interna de quién es el candidato del peronismo que la pelea con Milei”, definió.
Desde su mirada, el intelectual y autor de varios libros reconocidos, entre ellos la novela “Flores robadas en los jardines de Quilmes”, Axel Kicillof busca construir una autoridad propia dentro del peronismo bonaerense, y que esa construcción reviste anomalías. “Es un tipo transparente en la provincia de Buenos Aires, que a ninguno de sus colaboradores los deja poner un dedito donde no les corresponde”, sostuvo, y lo definió como “un fenómeno cultural y político” dentro de ese espacio porque, a pesar de esa “decencia”, representa a “la provincia del pecado”.
“Lo interesante de Axel es el fenómeno cultural que se produjo cuando la doctora lo pone en la mesa de los pecadores, y cuando los pecadores son los que lo hacen candidato a la Presidencia de la República”, ironizó. “Axel Kicillof está en la mesa de los que se la saben todas, los que conocen absolutamente nada -continuó-y en un peronismo de ‘La Provincia del pecado’, donde las internas no son por frases de Perón ni por socialdemocracia, ni más a la izquierda o más a la derecha, son internas por cajas. Es un muchacho que no tiene nada que ver con la contraprestación, que hace política -si vos querés- de centro de estudiantes, pero desde hace mucho tiempo ganó la interna y la reelección en el peronismo”.

Asís planteó como problema para el gobernador bonaerense que sus votos todavía están asociados al liderazgo de Cristina Kirchner. “Los votos de Axel no existen como votos propios”, deslizó. “Tiene una frontera el muchacho. No quiere ser tomado como otro Alberto Fernández”, agregó. Además, recordó que la tensión con la expresidenta tiene antecedentes en 2021, “cuando Kicillof no tiene una elección brillante y hay un arreglo entre Máximo Kirchner y Martín Insaurralde y prácticamente le intervienen la provincia de Buenos Aires”. Sin embargo, consideró que la pelea entre Kicillof y CFK es una discusión “idiota”. “Tiene que arreglar esa interna incomprensible con la doctora”, expresó.
Ahora bien, cuestionó la mirada de que no hay candidatos en la oposición con posibilidad de disputar los comicios. “Kicillof es un dirigente y Sergio Massa es un dirigente. Serán distintos. Tienen un año de diferencia los dos”, sostuvo. En ese marco, reivindicó la necesidad de una competencia interna para resolver esa disputa: “Lo mejor es que se cuenten los votos”.
En contraste con el perfil de Sergio Massa, Asís evaluó: “Es un político que hace política como la señora Carrió, pero sin ser botón, sin denunciar a nadie. Sergio es un profesional de la política”.

Para el analista político, Massa conserva una capacidad de construcción que otros dirigentes no tienen, pero que tiene un “problema con la sociedad” que lo ve como “ventajero”. “Le queda una bala en la recámara. No tiene cinco balas más en la recámara, le queda una y tiene que ver dónde la va a aprovechar”, dijo sobre una eventual candidatura presidencial.
“Cuando él dice: ‘Yo soy el arquitecto de la unidad’, él sabe que no puede haber división”, agregó sobre el liderazgo que lo promueve. Además, describió el modo en que Massa habría administrado su bajo perfil tras la elección de 2023. “No se tuvo que esforzar mucho, tuvo que esperar”, dijo y, sin embargo, afirmó que “es un tipo que desde las diez de la mañana está operando en su oficina en la calle Libertador”. “Es verdaderamente un político, no tiene escrúpulos y sabe de esto”, analizó.
Aunque identificó a Kicillof y Massa como las figuras con mayor exposición, sumó también a la lista de candidatos al diputado Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan; y el senador y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre los dirigentes con potencial.

Asís anticipó que el escenario electoral puede volver a ordenarse sobre una confrontación entre peronismo y antiperonismo, que está hoy alineado con Javier Milei. “Se marcha hacia una polarización”, afirmó. “El peronismo olfatea que se puede quedar con el poder”, dijo. En este marco, y con una frase provocadora, el escritor definió qué es lo que se pone en juego en las elecciones del año que viene: “Es una lucha entre el peronismo y el que inventó el peronismo, que es Milei”.
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POLITICA
Reforma electoral: hacerle trampa a la Constitución

En estos días, a puertas cerradas y con un escrutinio público que se ha limitado a trascendidos periodísticos, el Senado está discutiendo la reforma electoral que, de confirmarse, sería la más ambiciosa de las últimas décadas: suspensión de las primarias obligatorias, supresión del debate electoral estatal, liberación del financiamiento privado de campañas, reducción de la publicidad televisiva gratuita. Con la desfachatez propia de la época, ya casi no quedan defensores de la propuesta que no confiesen lo que le resulta obvio a cualquier observador: el único propósito de la reforma es beneficiar al oficialismo. A tal punto esto es así, que ni siquiera se propone un cambio permanente: como ya se hizo el año pasado, se propone la suspensión de las primarias obligatorias por otra única vez… no sea cosa que en alguna otra elección sí le sirvan al Gobierno.
En septiembre, la Cámara Electoral había comunicado al Congreso la “conveniencia” de que este tipo de reformas se realice con la anticipación necesaria recomendada, además, por los organismos internacionales especializados en la materia. El mensaje es acertado pero insuficiente: este tipo de reforma, negociada entre bambalinas sin argumentos públicos y de modo abiertamente autointeresado, no es meramente “inconveniente”, sino que lesiona nuestros compromisos constitucionales más básicos.
Tal vez convenga comenzar por lo más claro y sencillo: cualquier ciudadano mínimamente interesado en los asuntos compartidos puede, desde el más básico sentido común, reconocer la implausibilidad (y, finalmente, la invalidez) de la reforma. No existen buenas razones públicas para sostener los cambios electorales propuestos. O, en términos más fuertes: quienes defienden la reforma no han ofrecido, para justificarla, el tipo de argumentos que nos deben a todos nosotros, en tanto miembros de la misma comunidad política. Es de sentido común que las reglas del juego no pueden ser cambiadas por quienes tienen una posición dominante en el juego, mientras el juego se está jugando. Todos reconocemos, por ejemplo, que no se justifica que la AFA cambie el sistema de descensos cuando el torneo está por terminar y se advierte que uno de los equipos “grandes” está por perder la categoría. De hecho, cada vez que algo así ocurre se desata un merecido escándalo. Hechos como los anteriores -aun si, como sabemos, pueden imponerse en la práctica- no se justifican en ningún caso: cualquiera entiende que se trata de trampas impermisibles, que nos avergüenzan a todos y que inculpan a sus propulsores.
Esta razonable y sensata visión de sentido común se vincula muy directamente con la mejor doctrina constitucional hoy en boga -una doctrina que, según veremos, calza perfectamente con lo que han sabido reconocer nuestros tribunales. La línea doctrinaria a la que nos referimos es lo que se conoce como una lectura procedimentalista de la Constitución, esto es, una lectura como la que impulsó, en el mundo anglosajón, John Ely; como la que defendió, en la Argentina, el mejor jurista que tuvo el país, Carlos Nino; y como la que expuso, en el ámbito europeo, el principal cientista social del siglo XX, Jürgen Habermas. Muy resumidamente, lo que la doctrina procedimentalista sostiene es que los órganos de control deben examinar con presunción de invalidez todas aquellas reformas impulsadas por los grupos a cargo del proceso de toma de decisiones que se dirijan a cerrar los canales del cambio político (típicamente, para permanecer en el poder, o dificultar las posibilidades de que sus opositores los remuevan) o se orienten a socavar los derechos de las minorías. Es decir, a menos que quien impulsa la reforma (el Gobierno, en este caso) pueda ofrecernos una justificación de peso extraordinario para defenderla (por ejemplo, evitar la violación de derechos fundamentales que resultarían arrasados sin dicha reforma), ésta debe considerarse inconstitucional.
No tratan estas reflexiones de meras expresiones de deseos: hablamos de consideraciones jurídicas de la más alta jerarquía. Acaso lo mejor para que el punto sea comprendido sea apelar a la simetría que, en materia de atropellos institucionales, nos ofrece la historia reciente. Cuando el gobierno de Cristina Fernández impulsó la llamada “democratización de la justicia” en 2013, la Corte Suprema presidida por Ricardo Lorenzetti tardó apenas seis semanas en declararla inconstitucional. Si bien lo que más se recuerda del fallo “Rizzo” son sus argumentaciones en favor de la independencia judicial, debe recordarse que la Corte también se detuvo en este crucial principio procedimental. Ante esa reforma electoral, que evidentemente tendía a beneficiar al partido de gobierno, la Corte lo amonestó en los términos más duros: “el Estado no puede implementar un sistema electoral que coloque en mejor condición a una o unas pocas agrupaciones políticas por sobre el resto” ya que el sistema debe tender a “fortale[cer] la calidad y transparencia de tal proceso”.
Estas palabras resuenan hoy. Con lo poco que se sabe hasta ahora (y eso, de por sí, es un dato que debería determinar nuestro rechazo), es claro que la reforma impulsada por el gobierno se trata de un intento de aprovecharse de las mayorías que el poder permite forzar, y para conservar ese mismo poder. ¿A quién beneficia, por ejemplo, la eliminación de la publicidad gratuita en televisión, sino al partido que puede aprovecharse de la visibilidad que le da la propia posición de gobierno? ¿Quién puede aprovecharse más de la eliminación del debate electoral que el presidente que debería explicar, frente a candidatos opositores y no periodistas amigables, los números que nos trae la economía real? ¿Quién puede beneficiarse de la liberación de los aportes privados de campaña, sino el partido que más ha hecho para beneficiar a los sectores más concentrados de la economía?
La Corte ya supo intervenir en circunstancias similares, cuando era el propio Poder Judicial el que se veía perjudicado. ¿Será muy ingenuo esperar que esta vez haga lo mismo, con la misma contundencia y la misma celeridad?
Roberto Gargarella,Sebastián Guidi,LA NACION,Política
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