El Tribunal Oral Federal 5, a cargo de Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, dará a conocer este lunes el veredicto en la causa Sueños Compartidos, que investiga el presunto desvío de fondos públicos del programa de viviendas sociales gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La sentencia, que estaba prevista para el viernes, quedó a 24 horas de la fecha que el Ministerio Público Fiscal considera límite para que prescriba la acción penal respecto de la mayoría de los acusados.

Sucede que, según el cómputo de la fiscalía, el martes 15 de septiembre se cumplen seis años desde el último acto procesal que esa parte considera válido. Las defensas, en cambio, sostienen que la acción penal ya se extinguió.

La prescripción sobrevuela el juicio desde su inicio. La causa comenzó en 2011 y recién llegó a debate oral en marzo de 2026, 15 años después, cuando la acción penal ya estaba cerca de extinguirse por el paso del tiempo. El plazo de prescripción es de seis años, tope previsto para el delito que se juzga en la causa y se cumple este martes.

Este lunes, la audiencia comenzará con las últimas palabras de Castellano, Freidin y los Nasif, y recién después se conocerá el veredicto.

Entre los nueve acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación, el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obra Pública, José López y el exsubsecretario de ese organismo, Abel Fatala. También están imputados los exfuncionarios Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano. Hebe de Bonafini estuvo procesada, pero falleció en 2022.

El único que habló el viernes fue Sergio Schoklender. Agradeció a sus abogados, defendió el alcance del programa de viviendas y, al pasar, aludió a la expresidenta Cristina Kirchner: “No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver”. De Vido, López, Pablo Schoklender y Fatala no hicieron uso de la palabra.

La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones. El juicio oral se desarrolló en seis meses.

Qué penas pidió la fiscalía

El fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron que los nueve acusados sean condenados por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Para Sergio y Pablo Schoklender, De Vido, López y el exfuncionario Abel Fatala solicitaron seis años de prisión.

Para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin pidieron cuatro años. En el caso de los exfuncionarios, además, reclamaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los acusadores también solicitaron el decomiso de bienes por $206 millones, el monto que, según la investigación, fue desviado de los fondos destinados al programa. La Fiscalía pidió que esa cifra se actualice por inflación cuando la sentencia quede firme y que el dinero sea destinado a programas de viviendas sociales.

El Gobierno de Javier Milei decidió acelerar el debate de la reforma electoral pese a reconocer que todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobarla en el Senado.

La iniciativa, que incluye la eliminación de las PASO, Ficha Limpia y modificaciones al financiamiento de los partidos políticos, comenzará a discutirse nuevamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.

En la Casa Rosada reconocen que el escenario parlamentario todavía está abierto y que la principal tarea durante las próximas semanas será conseguir los apoyos necesarios para avanzar. La estrategia oficial también está vinculada con el armado electoral que La Libertad Avanza pretende construir para las elecciones de 2027.

“Todavía no están los votos, pero soy optimista”, admitieron desde la mesa política del Gobierno en diálogo con Infobae.

El oficialismo considera que el tratamiento en comisión permitirá conocer con mayor precisión la posición de cada bloque y abrir una nueva etapa de negociaciones con gobernadores y fuerzas aliadas.

El Gobierno quiere sacar las PASO del calendario de 2027

La eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) es el punto que concentra buena parte de la discusión.

Para el Gobierno, quitar las primarias permitiría reducir los costos electorales y evitar que la campaña presidencial se extienda durante buena parte del año próximo.

Además, en la Casa Rosada creen que un calendario concentrado en las elecciones generales puede favorecer las posibilidades de reelección de Milei.

La alternativa de máxima sería eliminar definitivamente las PASO. Sin embargo, ante la falta de consenso, dentro del oficialismo también comenzó a ganar fuerza la posibilidad de suspenderlas para 2027 y volver a discutir su eliminación definitiva con una composición del Congreso más favorable.

El Gobierno considera que las primarias también tienen un efecto sobre la economía: al postergar la definición de las candidaturas y alianzas, podrían reducirse durante algunas semanas las expectativas y la incertidumbre vinculadas con el proceso electoral.

Los aliados aprovechan la discusión para negociar

El problema para el oficialismo es que los bloques aliados no están dispuestos a acompañar automáticamente la iniciativa.

En particular, el PRO y algunos gobernadores del Norte Grande mantienen reparos sobre la eliminación de las PASO y dejaron abierta la posibilidad de discutir alternativas.

En la Casa Rosada interpretan que los aliados están utilizando el proyecto como una herramienta para mejorar su posición en las negociaciones electorales de cara a 2027.

El razonamiento oficial es que los partidos tienen menos incentivos para cerrar acuerdos electorales durante un año que todavía no es electoral y, por eso, aprovechan la necesidad del Gobierno de aprobar la reforma para exigir condiciones.

El diputado Cristian Ritondo, uno de los principales interlocutores del PRO con La Libertad Avanza, dejó abierta la posibilidad de analizar modificaciones, aunque evitó anticipar cuál será la posición definitiva del bloque.

La advertencia de Karina Milei a los gobernadores

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomó un papel central en la estrategia para conseguir apoyos.

Según fuentes del oficialismo, transmitió a los dirigentes libertarios un criterio concreto para las futuras negociaciones: los gobernadores que no acompañen la reforma electoral tendrán menos posibilidades de ser considerados en los acuerdos que La Libertad Avanza pretende construir para 2027.

“Gobernador que no apoye, gobernador que no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos”, sostuvo un funcionario cercano a la secretaria general.

La advertencia muestra hasta qué punto el Gobierno decidió vincular la discusión legislativa con el armado político para las próximas elecciones.

El encargado de mantener parte de ese diálogo con las provincias es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que Eduardo “Lule” Menem participa de las negociaciones políticas con los distintos sectores.

Patricia Bullrich vuelve a poner la reforma en marcha

La legisladora habilitará el tratamiento en comisión mientras intenta conocer hasta dónde puede llegar el respaldo de los distintos bloques.

Dentro del oficialismo reconocen que la bancada libertaria por sí sola no alcanza para aprobar la reforma y que cualquier avance dependerá de acuerdos construidos directamente desde la Casa Rosada.

“Todo depende 100% de los acuerdos que haga o deje de hacer la Rosada”, reconoció un senador libertario.

La expectativa está puesta en que el debate en comisión permita introducir cambios y negociar algunos puntos del proyecto para conseguir adhesiones.

La urgencia del Gobierno también está vinculada con los tiempos electorales.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió recientemente que las modificaciones importantes en las reglas electorales deberían realizarse con suficiente anticipación respecto de los comicios.

El planteo busca evitar que cambios sustanciales en el sistema electoral sean aprobados demasiado cerca de una elección.

Por eso, el oficialismo considera que tiene un margen limitado para discutir la reforma si pretende que las nuevas reglas puedan aplicarse en 2027.

El calendario también presiona a los gobernadores, ya que algunas provincias podrían comenzar a definir sus fechas electorales durante los próximos meses.

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El PRO también impulsará el pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual, quien suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días, junto con La Libertad Avanza. En ese sentido, el partido libertario había anticipado que buscarían la destitución.

El presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, habló con la prensa a la salida de una reunión en la Casa Rosada con funcionarios del oficialismo y aseveró: “Hablamos sobre lo que está pasando en la provincia en el ámbito de la inseguridad, de la importancia que tiene hoy que el Ministerio de Seguridad de la Nación trabaje. Realmente no podemos entender, básicamente en términos políticos, cómo el gobernador, la verdad que se concentra mucho más en la interna de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. No da respuestas”.

Además, apuntó contra la magistrada: “Tanto desde Libertad Avanza como desde el PRO se ha presentado un juicio político para la magistrada”. Ritondo justificó que la normativa es “muy importante” y agregó: “En el Congreso se discutió muchísimo tiempo y que, después de ocho meses de discusión permanente, la ley salió. Que la provincia de Buenos Aires no se adecúe, que es justamente el lugar donde más delitos y más menores participan en el delito”.

La decisión que desencadenó la reacción política fue firmada por Pascual en su rol como titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial. La jueza hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con patrocinio letrado de la doctora Patricia Liguori, en beneficio de adolescentes privados de su libertad.

En la cautelar, Pascual planteó que “lo que se debe resolver es si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia”. La misma resolución convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10.00 horas, en la sala de juicios orales del tribunal, para que los responsables de las principales áreas del poder ejecutivo provincial informen sobre las medidas tomadas y previstas para implementar la ley.

De elevarse el pedido de jury, deberá presentarse ante la Secretaría de Enjuiciamiento, organismo con competencia para recibir denuncias de cualquier ciudadano o institución contra magistrados y funcionarios del Ministerio Público. El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, sostuvo que la decisión de la magistrada busca frenar la entrada en vigencia de una norma que ya atravesó el tratamiento legislativo. “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, expresó Pareja, quien calificó el fallo como una resolución “profundamente antidemocrática”.

La resolución también abrió una discusión dentro del propio Poder Judicial bonaerense. El fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, sostuvo que la medida de Pascual carece de alcance general y anticipó que continuará aplicando la legislación vigente en su jurisdicción. “Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, afirmó en declaraciones radiales. Zárate argumentó que un juez penal puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un expediente concreto, pero no dejarla sin efecto para toda la provincia.

Como respaldo de su postura, mencionó que la nueva ley ya produjo efectos en causas judiciales: citó el caso de un condenado por el crimen de Matías Urbani, asesinado en Tigre en 2009, cuya situación fue revisada por aplicación del principio de ley penal más benigna. Según su interpretación, si el régimen puede emplearse para revisar condenas a favor de acusados, también debe regir para los procesos nuevos.

Pascual cuenta con más de 35 años de trayectoria en áreas vinculadas con niñez y adolescencia. Nacida y criada en Almirante Brown, es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata con posgrados en Derecho Público y Magistratura. Desde fines de la década del 80 trabajó en problemáticas ligadas a la vulnerabilidad infantil, lo que la acercó a la función pública bonaerense. En esa etapa, se desempeñó junto a Hilda “Chiche” González de Duhalde e integró el Consejo Provincial del Menor y la Familia, el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, y fue designada ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires. También trabajó como consultora de Unicef y presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, desde donde representó al país en encuentros en América Latina, Europa y Asia.