El lunes empezará una semana mucho más intensa, vertiginosa y delicada en el movimiento del tablero político nacional e internacional, que la que acaba de terminar. Una mamushka de sucesos cuya evolución y consolidación es indefinida pero que le garantiza al Gobierno un estado incipiente de control sobre la agenda, un objetivo siempre muy deseado que venía a los tumbos hasta la cadena nacional.

Se abrió, con los anuncios sobre Malvinas, un interregno para pulir el proyecto de ley que el lunes llegará a la Cámara de Diputados con la reforma de las leyes aprobadas durante el kirchnerismo para sancionar a quienes operen en Malvinas y a la vez en nuestro país.

Las principales petroleras extranjeras que operan en Argentina y también las que tienen domicilio nacional están en estado de reunión y movilización. YPF es una de ellas.

Se produjo una alerta máxima sobre el gigante noruego de ingeniería offshore DOF Group que vendió dos monoboyas imprescindibles para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) una megaobra de infraestructura que impulsa YPF en conjunto con Vista, de Miguel Galuccio, Pan American Energy, de los Bulgheroni, y Tecpetrol, del grupo Techint, entre otras.

El problema es que DOF Group también estaría vendiendo sus productos al proyecto Sea Lion de Malvinas. Hubo en estos días chequeos vertiginosos por comprobar el estado geográfico de situación de las boyas que ya fueron pagadas. Salieron del famoso estrecho de Ormuz y desde ese instante ya se consideran un producto argentino.

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Si eso se complicaba ponía en peligro “22 mil millones de dólares en exportaciones” que van a empezar a llegar cuando se termine la obra, confesó un integrante del círculo chico presidencial.

Es curioso porque, más allá del proyecto que el Gobierno enviará el lunes, donde ampliará los rubros de las compañías a ser sancionadas, personalizará las sanciones en directivos y propietarios de cualquier empresa o sociedad con algún tipo de vínculo con operaciones sobre recursos naturales en Malvinas y diversificará las restricciones hasta alcanzar al sector pesquero —que ya está incluido en otra norma—, ahora esta será una de las actividades económicas que no podrá, según la nueva ley, si se aprueba, operar en Malvinas y en aguas argentinas al mismo tiempo.

Ese punto, el pesquero, está funcionando como una bomba de alcance masivo. El lunes, las cámaras pesqueras ya estaban pidiendo reuniones con referentes del oficialismo en Diputados, en estado de desesperación. Hay ahí una meticulosa convivencia de sociedades que trabajan en Argentina y en Malvinas.

Si se hace lo que el Gobierno dice que va a hacer, perderán sus permisos de pesca. Esto significaría un tsunami en la industria y, sobre todo, una enorme oportunidad de reasignación de permisos, quién sabe a quién.

El Presidente, dice un funcionario que habló esta misma semana con él sobre el tema, está decidido a avanzar. A buscar convertir la causa Malvinas en una oportunidad geopolítica de otro orden, una especie de demostración cambiada del lugar que ocuparía Argentina según su expectativa o su análisis del contexto actual.

Esto incluye pronósticos inesperados mucho más propios de películas de ciencia ficción que de análisis esperables de la coyuntura pero está pasando. Es real.

En una disertación la semana pasada en Buenos Aires, el politólogo Andrés Malamud proyectó filminas de un estudio de la Fundación Global Challenges titulado “Sin lugar para esconderse. Resiliencia regional y vulnerabilidad global ante el riesgo de una catástrofe nuclear”.

Ahí se analizan papers científicos sobre riesgos -actualmente verosímiles- de reducción profunda de la luz solar por guerra nuclear, erupción volcánica o impacto de objeto cósmico; de un apagón general de infraestructura y electricidad por ciberataque o accidente de pulso electromagnético y el conocido riesgo de otra pandemia.

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En ese mapeo de fatalidades solo cinco países aparecen como lugares seguros, donde ninguna de estas amenazas sucedería o afectaría masivamente: Australia, Nueva Zelanda, Japón, Suiza y … Argentina. Impactante.

En un orden más usual de análisis a nuestro país, hay que mirar Israel y los apoyos que dio en estos días por el tema Malvinas.

De las tres elecciones estratégicas que vienen: Brasil el 4 de octubre la primera vuelta y el 25 el balotaje; las famosas legislativas de Estados Unidos el martes 3 de noviembre, pero en el medio sucederán las de Israel, el 27 de octubre, cuando Benjamin Netanyahu deba definir su continuidad después de tanta guerra.

Uno de los políticos argentinos que tiene vínculos más masivos, históricos y directos con funcionarios de alto nivel norteamericano, está convencido que los comicios más relevantes para Argentina son los de Israel porque el apoyo norteamericano, opina, está más anclado en los fuertísimos lazos que construyó Javier Milei con el círculo rojo de Netanyahu que con su amistad con Trump.

Como sea, son hitos a los que le falta muy poco para suceder y que tendrán sin duda consecuencias domésticas según cuál sea el resultado, mientras la política acá está naturalmente tratando de organizarse alrededor del calendario electoral.

Otra reunión en busca de unidad

El peronismo intenta ordenarse atrás de la idea de que habrá PASO, una expectativa que en la Casa Rosada creen tener resuelta a pesar de que el tiempo pasa y la situación no se resuelve.

La Cámara Electoral emitió esta semana un comunicado alertando, con tono formal, sobre una verdad pragmática: si alguien cree que es viable aprobar en sesiones extraordinarias la modificación del sistema electoral, estaría corriendo un riesgo alto, una situación que la Justicia Electoral intenta que la política frene lo antes posible.

Sobre todo la de la provincia de Buenos Aires donde el juez electoral está desesperado por el caos que podría significar las elecciones concurrentes (la Nacional tiene Boleta Única y la provincial el sistema viejo, con lo cual son dos comicios superpuestos con operativos duplicados).

Diego Santilli está convencido de que en los próximos dos meses logrará suspender las PASO.

En el peronismo funcionan bajo la idea de que en el Senado podrán rebatir esta posibilidad y mantener las primarias abiertas, aunque sean abiertas pero no obligatorias, pero primarias al fin, porque nadie, por lo menos a esta hora, imagina, con un peronismo canibalizado, cómo podrían arreglarse solos para ver quién es su candidato de unidad.

Cristina Kirchner, como contamos acá hace dos semanas, está profundamente decidida a candidatearse con un vice que sería quien finalmente encabece la fórmula cuando la realidad legal demuestre que es imposible que ella sea candidata.

Esa sorpresa con la que está jugando incluye al senador Gerardo Zamora, que está cada vez más tentado de competir, aunque no está claro si está tan convencido de competir al lado de Cristina.

Son apuestas casi alocadas, indefiniciones y escenarios que no definen el fondo: Cristina y Kicillof, ¿cómo se resuelve ese vínculo?

Después de aquella primera reunión del 11 de agosto en el Hotel Emperador, donde se sentaron a la mesa Sergio Massa con los gobernadores y los jefes de bloque Germán Martínez, por la Cámara de Diputados, y José Mayans, por el Senado, hubo esta semana un segundo encuentro —no el que se conoció públicamente en homenaje a De la Sota—, esta vez en las oficinas de Massa, adonde fueron Martínez y Mayans para empezar a pensar alguna cronología, una logística para la continuidad de estas conversaciones.

No parece fácil que haya otra juntada pronto.

La revolución judicial

Si hay una zona de gestión que avanza a una velocidad revolucionaria es, sin dudas, la Justicia, con una eficacia abrumadora en los intereses del oficialismo y una capacidad impactante del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para avanzar en los objetivos, sin importar el Mundial, las Malvinas ni cualquier otro evento rimbombante que tome la agenda de la conversación pública.

Habría aquí que detenerse por lo menos un momento.

En este newsletter hemos publicado muchas veces sobre los movimientos en la Justicia Federal y sobre todo lo que tiene que ver con el fuero en lo Criminal y Correccional de Comodoro Py, donde se está produciendo un cambio muy trascendente, no solo en la Cámara Federal, sino también en el próximo objetivo, que es achicar la cantidad de juzgados en vez de cubrir las cuatro vacantes que hay sobre doce juzgados habilitados, generando una solución rápida pero concentración cada vez más discrecional en pocos magistrados que manejan todas las causas de la administración pública nacional.

Esta semana se estrenó la composición de la nueva sala I de la Cámara Federal, con la designación de Pablo Bertuzzi (que ya estaba pero no por concurso) y Pablo Yadarola, quien era juez en lo Penal Económico y cuyo último acto fue archivar la causa de las valijas del avión de Scaturice y trasladar a Comodoro Py la posible responsabilidad penal de los aduaneros que intervinieron en la falta de control a los 15 bultos detectados en el equipaje de Laura Arrieta y su acompañante.

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Vale recordar que ninguno de los dos magistrados -ni Bertuzzi ni Yadarola- estaba entre los mejor evaluados por antecedentes y examen, pero pegaron un salto cósmico en el momento de la entrevista personal del Consejo de la Magistratura, lo que les permitió entrar a la terna, ser enviados al Senado, aprobados por el Senado y designados por el Presidente como camaristas federales.

El primer acto de Yadarola como camarista fue pedir licencia y habilitar así la posibilidad de que Bertuzzi y Llorens -que ya conocen los casos de su jurisdicción- resuelvan a velocidad récord causas de interés para el Gobierno sobre los que Yadarola todavía no podría opinar porque los desconoce. Es un recién llegado y estudiarlos lleva un tiempo que evidentemente no tenían.

Paz Rodríguez Niell publicó esta semana con una contundencia abrumadora la saga de fallos alegrantes para la Rosada: ratificaron aquel fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa Libra firmado justo el día del partidazo de Argentina contra Egipto en el mundial, cuando de Giorgi quitó a los querellantes, o sea, los posibles damnificados de la maniobra supuestamente fraudulenta con la cripto Libra.

La Cámara Federal tenía pendiente resolver ese tema, pero la integración anterior, donde uno de sus jueces Leopoldo Bruglia, no estaba seguramente de acuerdo con ratificar esa decisión. Entonces esperaron el cambio de magistrados y firmaron el fallo con la designación de los nuevos.

Pocas horas después, también resolvieron un polémico caso sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, donde quedó confirmado su sobreseimiento.

La otra Sala, la II tomó una decisión impactante sobre una causa que preocupa a Lule Menem sobre la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales. Mágicamente, declararon nulo un procedimiento y atrás de esto se iría anulando todo lo demás. Ampliaremos.

En este devenir, por una decisión del fiscal de Cámara, una vieja denuncia por enriquecimiento ilícito contra Chiqui Tapia por su rol de funcionario público en el CEAMSE, se investigará en Comodoro Py.

El fiscal Pollicita abrió la causa pidiendo medidas para saber más sobre una economía que tuvo un ascenso descomunal, incalculable. Tapia se apuró a corregir su declaración jurada que era prácticamente la de un hombre de clase baja.

El juez Ariel Lijo recibió los pedidos, no delegará la investigación sino que la liderará él y ya está firmando las medidas pedidas por el fiscal.

Hay que prestar atención al vínculo Tapia Toviggino. Está casi roto. Y es curioso la suerte que está teniendo el tesorero en la obscena causa de su mansión.

En esta primavera judicial para el oficialismo, Manuel Adorni, desde su casa, mantiene conversaciones cada vez más fluidas con antiguos compañeros libertarios.

Quienes lo ven dicen que está relajado, fresco, ilusionado y convencido de que su suerte judicial se definirá muy pronto y en su favor. Es curioso. Cuesta creer que, a pesar de los cambios en la justicia, a Adorni lo sobresean en los próximos tres meses, como él cree.

Los que hablan, los que conversan con él, no solo lo ven ilusionado sino convencido de su vuelta a la política. Sabe que todavía no puede salir a la calle y caminar tranquilo, pero está seguro de que su suerte cambiará y hasta piensa en candidaturas.

Mantiene sin fisuras un diálogo permanente con Karina y Javier Milei.

¿Es cierto que hasta salió para una reunión de alto voltaje político, como una que tuvo con los primos Menem? Hay gente que da fe.

Javier Milei, cristina kirchner, Axel Kicillof, Claudio Tapia

Luego de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones a las empresas extranjeras que exploten el petróleo de las Islas Malvinas y vulneren la soberanía nacional sobre el archipiélago, la causa por daño ambiental y soberano avanzará en el fuero federal. Así, el Juzgado Federal de Tierra del Fuego intervendrá en el hecho.

En ese contexto, la jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva contra las dos petroleras extranjeras que forman parte del proyecto Sea Lion.

Según pudo constatar Infobae, se trata de un yacimiento offshore producto de la unión comercial entre la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas tienen previsto perforar y extraer petróleo de la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, es decir, en la plataforma continental argentina.

La presentación fue promovida por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que solicitaron el cese de las tareas vinculadas con el emprendimiento hidrocarburífero.

Como argumento, las organizaciones sostuvieron que las compañías avanzaron con etapas logísticas y de construcción bajo licencias emitidas de manera unilateral por el Reino Unido. Por este motivo, denunciaron que el proyecto carece de una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas y del certificado de aptitud ambiental previsto en la Ley General del Ambiente N° 26.675.

Además de asumir la competencia, Borruto ordenó dar participación a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según el sitio Fiscales, la magistrada consideró que el área donde se proyecta la iniciativa se encuentra dentro de la jurisdicción provincial, por lo que el Estado fueguino posee atribuciones sobre los recursos naturales y la regulación ambiental.

De esta manera, la resolución dispuso que la Fiscalía de Estado provincial tendrá diez días para ejercer la representación correspondiente en resguardo del patrimonio y el ambiente estatal. También intimó a los demandantes a que, en un plazo de cinco días, informen si iniciaron procesos con el mismo objeto en otros tribunales.

En línea con esto, las organizaciones deberán traducir los documentos redactados en idiomas extranjeros y presentar en formato digital la documentación necesaria para analizar las medidas cautelares solicitadas.

La decisión judicial coincide con el dictamen de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport y con intervención de la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. En este documento, el Ministerio Público Fiscal entendió que el eventual impacto ambiental excede una jurisdicción local, debido a la conexión oceanográfica de las aguas del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur.

Según lo informado, el proyecto Sea Lion contempla una infraestructura de pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de ductos y conductos verticales. Por esto, para Borruto esas instalaciones se ubicarían sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental bajo jurisdicción marítima nacional.

En el dictamen, Bendaña sostuvo que las empresas pretenden desarrollar una actividad capaz de provocar daños sobre recursos naturales de la República Argentina sin que las autoridades nacionales hayan evaluado sus consecuencias.

En este sentido, la Fiscalía remarcó que los organismos argentinos no pudieron acceder ni controlar de forma integral la información técnica de la iniciativa, requerir estudios independientes, garantizar instancias de participación ciudadana ni resolver sobre su aprobación o rechazo. Así, el planteo se apoya en el carácter preventivo del derecho ambiental ante daños que podrían ser irreversibles o de difícil recomposición.

Por otro lado, la jueza Borruto también consideró que la demanda involucra un posible daño a la soberanía nacional, más allá de la discusión ambiental. En su resolución, señaló que el reclamo comprende la defensa de un interés federal vinculado con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En consonancia con este planteo, la Fiscalía citó la Ley de Hidrocarburos N.º 26.659 y su modificatoria, la Ley N.º 26.915, que establecen la ilegalidad de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental.

Por esta razón, el dictamen añadió que la explotación unilateral de recursos naturales por parte del Reino Unido resulta incompatible con el proceso de negociaciones promovido por las Naciones Unidas. Según el Ministerio Público Fiscal, las resoluciones internacionales reconocen la existencia de una controversia de soberanía y exhortan a las partes a evitar medidas unilaterales mientras permanezca abierta.

A raíz de esto, la Fiscalía remarcó que la combinación de un presunto daño ambiental interjurisdiccional, la afectación de un interés soberano y la ubicación del proyecto en la plataforma continental argentina configura un caso de competencia federal. Con las medidas ordenadas, el expediente quedará a la espera de la intervención de Tierra del Fuego y del cumplimiento de los requerimientos dirigidos a las organizaciones demandantes.

Javier Milei arrancó la semana con una reunión de gabinete. El objetivo fue claro: mantener en agenda el reclamo por Malvinas. Este lunes 14 enviará a Diputados el proyecto de defensa de la soberanía. La pregunta, ahora, es: ¿Qué es lo que realmente busca el Presidente? Anticipo la respuesta: busca que la Argentina, lobby petrolero y diplomacia mediante, pueda participar de las regalías por recursos que se extraigan de esa cuenca.

¿Puede la cuestión Malvinas cambiar la agenda social y política? Es un tema que capta al público nacionalista, parte del cual ya milita con Milei, pero también detrás de Victoria Villarruel y el kirchnerismo. Malvinas es tanto una cuestión transversal como sentimental.

Por ahora, el primer ministro Andy Burnham ayudó a sostener la confrontación: dijo que “Londres será inflexible en la defensa de la soberanía” y que respaldará la voluntad de los isleños que decidieron ser ingleses. Burnham es el líder de los parlamentarios laboristas y con esa frase respondió a una pregunta que, durante un debate legislativo, le había efectuado la líder de los conservadores, Kemi Badenoch.

La posición de Gran Bretaña y de sus líderes es internamente uniforme: a las declaraciones de los líderes laborista y conservador se sumó el jueves la de Nigel Farage, dirigente de la agrupación de derecha radical Reform UK: cruzó mensajes con el canciller israelí y dijo que la soberanía inglesa sobre las islas es innegociable. Milei, en su viaje de octubre al Reino Unido, tenía previsto reunirse con su amigo Farage, pero canceló su visita al Reino Unido.

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Todo marcha de acuerdo al plan. Aunque, en realidad, Trump no volvió a hablar sobre el tema: en las conversaciones que mantuvo con Burnham hablaron sobre el conflicto con Irán y el que mantienen Rusia y Ucrania. Inclusive, los británicos le reclaman a Israel que acepte la creación del Estado de Palestina. Pero, hasta donde se sabe, el presidente norteamericano no reprendió a los ingleses por la cuestión colonial en nuestro archipiélago.

La oposición, por su parte, cree haber encontrado una línea discursiva. En lugar de ponerse en contra del Gobierno, lo que terminaría por beneficiar a Milei y lo ayudaría a instalar el debate, el peronismo decidió redoblar la apuesta oficial: el diputado Guillermo Michel planteó que si la idea es sancionar a empresas inglesas, directamente que las excluyan de participar del régimen RIGI y que se les prohíba beneficiarse con los tratados de doble imposición. Así como también plantean aumentar el gasto militar por encima de lo que propone el Gobierno.

Por su parte, el canciller Quirno, junto con el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, continuaron toda la semana con la presentación de denuncias en Comodoro Py contra empresas que operan en la cuenca Malvinas y también contra accionistas, ejecutivos y proveedores.

El verdadero objetivo detrás de la estrategia por Malvinas

¿Cree realmente el Gobierno que podrá recuperar el control sobre las islas? Tal vez falten décadas para que la bandera argentina vuelva a flamear allí. Los objetivos son otros.

En primer lugar, encarecer al proyecto Sea Lion el costo de explotación offshore. Esa perforación está en aguas profundas, a 600 kilómetros de los puertos San Julián y Deseado. Quienes trabajen allí no podrán usar los puertos de la costa argentina. Halliburton, Baker Hughes y SLB representan el 53 por ciento de los servicios petroleros de todo el mundo y anticiparon la semana pasada que no van a prestar servicios en Malvinas. Y las empresas y proveedores que lo hagan serán denunciadas.

En segundo lugar, el verdadero objetivo: el Gobierno argentino busca abrir una negociación para que el Reino Unido coparticipe a nuestro país en ese negocio petrolero.

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Una alta fuente del Gobierno deslizó que en el equipo de Milei saben que será muy difícil sentar al Reino Unido a negociar la soberanía. Y la vía diplomática no es suficiente para forzar a Londres. Entonces, Milei, más allá del reclamo real de soberanía, está buscando una diagonal: que el universo de empresas petroleras, perjudicado por no poder trabajar a la vez en Vaca Muerta y en Sea Lion, presione a Londres para incluir a la Argentina en el negocio.

De allí en más, todo es imaginable: que YPF pueda participar en Sea Lion, se distribuyan regalías por una explotación de recursos naturales que son argentinos pero que están fuera de nuestro alcance, etcétera. Una suerte de paraguas en el debate de la soberanía, que permita discutir negocios comunes. Se busca que el lobby petrolero realice un trabajo silencioso y consiga un éxito de la mejor diplomacia.

En tercer lugar, en el proyecto el agravamiento de las sanciones también alcanzará a las empresas que se dedican a la pesca. Un sector en el que operan ilegalmente los buques chinos y es un tema que interesa a los Estados Unidos.

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Más allá de la legitimidad del reclamo argentino, nuestro país debe ser muy cuidadoso en no malinterpretar los mensajes que distintos políticos extranjeros dan sobre las islas: Trump nunca dijo expresamente que apoya el reclamo nacional y no hay nada que haga suponer que EE.UU. vaya a romper su alianza con Gran Bretaña.

Por otra parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel y el hijo de Benjamin Netanyahu se pronunciaron en favor de la soberanía argentina sobre Malvinas, pero eso no debe ser sacado de contexto porque en las últimas semanas el Reino Unido cuestionó la violencia de los colonos judíos sobre los palestinos.

El rumbo institucional de la Argentina, basado en razones legales e históricas, es serio y no debe ser confundido con interpretaciones meramente sentimentales que pueden alimentar decisiones equivocadas.

Seguridad y educación, dos temas que aprovechó el Gobierno

El Gabinete también aprovechó dos temas que le llegaron servidos en bandeja.

Una jueza bonaerense decidió suspender la aplicación de la ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad. Sebastián Pareja dijo que LLA le pedirá el juicio político, una ONG denunció penalmente a la magistrada y los fiscales bonaerenses dijeron que seguirán aplicando la norma que, además, sigue vigente en todo el resto del país. Contra el garantismo que impulsa el kirchnerismo, que deriva en impunidad, Diego Santilli aprovechó para cuestionar a Axel Kicillof.

Por otro lado, los malos resultados en las pruebas PISA en lengua, ciencias y matemáticas. La Argentina quedó ubicada en el fondo de la tabla mundial. Décadas de desmanejos con la educación, bajos salarios, las escuelas, infinitos paros docentes y permitir que los adolescentes aprueben sin muchas exigencias. Arriba, en la cima del mundo, están China, Singapur, Japón, Corea y, bastante cerca, el Reino Unido. El común denominador de los mejores: valorar la exigencia, mérito y disciplina de estudio. El Gobierno aprovechó esos resultados para culpar a los gobiernos kirchneristas. La decadencia lleva décadas.

La inflación baja, pero preocupa el nivel de actividad

En materia económica, el dato más positivo de la semana para el Gobierno fue el índice de inflación: el Indec informó que en agosto fue de 1,7 por ciento, un descenso muy importante respecto del índice de julio (2,1 por ciento). El martes había existido un anticipo: la inflación en la Ciudad fue de 1,7, mucho más baja que el 2,9 de julio.

Lo positivo: la reducción fue muy importante y responde a la caída de los precios de alimentos y transporte, la caída de precios por baja demanda y a la deflación en indumentaria.

Lo negativo: los servicios subieron 2,8 por ciento, muy por arriba del promedio general, y la Canasta Básica Total, límite de la pobreza, creció 2,6 por ciento.

Los riesgos: el menor ingreso de dólares en la segunda parte del año y la presión que pueda ejercer cualquier movimiento del dólar.

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La UIA sostiene que la reducción de la inflación no alcanza y afirma que lo importante es el nivel de actividad. Esta semana difundió su Monitor de Desempeño Industrial: el 49,7 por ciento de las empresas están afectadas por la caída de las ventas, por lo cual el 42 por ciento redujo su producción. Los motivos: caída del poder adquisitivo, la apertura de importaciones y el flagelo del contrabando. El miércoles, el Indec confirmó el derrumbe: la producción industrial bajó en julio 4,9 por ciento interanual y 5 por ciento desestacionalizado. Y la construcción no se quedó atrás: cayó 4,5 por ciento interanual y 4,6 por ciento respecto de junio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que la economía marcha a distintas velocidades y que hay sectores a los que les va a costar más tiempo salir adelante. Y Patricia Bullrich dijo que esa situación preocupa al Gobierno.

El otro tema económico de la semana tuvo que ver con los deudores morosos: la oposición logró instalarlo en la agenda, tenía asegurado el quórum y obligó a LLA a girar en el aire para hacer un control de daños. El proyecto no pasará por la Comisión de Presupuesto, por lo cual cualquier solución que adopte el Congreso no deberá tener costo fiscal. Martín Menem y LLA vieron el desenlace como un triunfo.

Mientras el Presidente siempre sostuvo que el debate no es real sino una fake news instalada por la oposición para desgastar a Milei, la Iglesia reitera su reclamo de mayor justicia social. No es un dato menor que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA haya publicado un informe que muestra que 30 de cada 100 familias necesitan pedir dinero a familiares, amigos o billeteras virtuales para llegar a fin de mes, mientras que entre las familias que están en situación de pobreza el problema alcanza al 44 por ciento.

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Uno de los aliados más fieles de LLA, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, buscó mostrar empatía: decidió que a los deudores morosos les reducirá Ingresos Brutos y los eximirá del Impuesto de Sellos.

En el Gobierno no todos coinciden con la dureza con la que Milei lleva adelante su plan económico.

El sector más político, la mesa política, teme el impacto que la economía pueda tener en los votantes. Milei lo ve distinto: la gente me votó para bajar la inflación y él lo está logrando.

¿Qué dicen las encuestas? Tanto las que maneja el Gobierno como la oposición coinciden en dos datos: Milei conserva una imagen positiva que está entre el 32 y 37 por ciento —según las distintas encuestadoras—; Atlas Intel acaba de relevar que el 38 por ciento aprueba la gestión del Presidente; se frenó su caída y varios estudios coinciden en mostrar que, del casi 70 por ciento restante, hay un 50 por ciento que asegura que jamás volvería atrás para votar al kirchnerismo. En otras palabras, este último sector podría decantar, a falta de opción, en favor de Milei o no iría a votar. Salvo que aparezca un outsider, que todavía no aparece claro, o un insider. Falta mucho: 12 meses hasta la fecha de las PASO, que por ahora no se definieron.

Igualmente, ese panorama es suficiente para entusiasmar al peronismo, un sector que hace unos meses consideraba que no tenía chance alguna. Ahora, sus referentes empezaron a soñar. La muestra la dio el martes: las distintas tribus del peronismo —excepto La Cámpora— se juntaron para un nuevo homenaje por la muerte de De la Sota y para tomarse una foto política. Unidad con competencia, recomendó Sergio Massa, que levanta lentamente el perfil y no descarta ni confirma que pueda ser candidato.

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