POLITICA
“No llego a fin de mes”: el ex jefe de asesores de Javier Milei cuestionó la declaración del presidente
El economista Carlos Rodríguez compartió una reflexión conceptual a través de la red social X para analizar el significado de la frase “no llegar a fin de mes” en las discusiones sobre consumo.
En su mensaje, el académico sostuvo que “Nunca uso la frase ‘No llego a fin de mes’, pero la usaría cuando ese mes tengo que usar más de mis ahorros que lo que tenía planeado”.
El exfuncionario explicó su situación financiera personal. Al detallar el uso de su capital acumulado, el especialista expresó: “Ya soy bastante mayor, o sea que mis gastos mensuales exceden a mis ingresos mensuales (jubilación) y siempre uso mis ahorros para completar la diferencia”.
Nunca uso la frase “No llego a fin de mes”, pero la usaría cuando ese mes tengo que usar más de mis ahorros que lo que tenía planeado. Ya soy bastante mayor, o sea que mis gastos mensuales exceden a mis ingresos mensuales (jubilación) y siempre uso mis ahorros para completar la diferencia.
O sea:Nunca uso la frase “no llego a fin de mes”, pero la usaría cuando mis ahorros planeados son menores que mis ahorros efectivos.
Recominedo estudiar M.Friedman(Nobel) : Teoria de Consumo Permanente y tambien la extensa literatura sobre la ‘Life Cycle Theory of Savings”.— Carlos Rodriguez (@carod2015) October 21, 2026
Bajo ese marco, el economista precisó técnicamente el concepto: “O sea: Nunca uso la frase ‘no llego a fin de mes’, pero la usaría cuando mis ahorros planeados son menores que mis ahorros efectivos”.
Las definiciones publicadas se enmarcan en las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien cuestionó duramente la expresión popular durante un encuentro empresario en Neuquén.
El mandatario tildó la frase de “pelotudez del tamaño de una casa” y planteó que si una persona se queda sin dinero el día 20 resulta inverosímil explicar “cómo viven 10 días sin comer ni beber”.
Carlos Rodríguez es un economista de orientación liberal, ex rector de la Universidad del CEMA y ex viceministro de Economía durante la gestión de Carlos Menem. El académico se desempeñó como jefe del consejo de asesores económicos de Milei durante la campaña presidencial de 2023, rol al que renunció tras el triunfo electoral para mantener su postura crítica
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POLITICA
ATE protestó frente a la Quinta de Olivos contra el nuevo plan de retiros voluntarios del Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles a la Quinta Presidencial de Olivos para protestar contra el programa de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno y el financiamiento previsto para su implementación a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La organziación sostuvo que se trata de un “nefasto programa” y un “negociado multimillonario” que pretende profundizar el proceso de ajuste sobre la estructura estatal.
El gremio también cuestionó la ausencia de Milei de las sedes oficiales de Gobierno. “Nunca van a la Casa Rosada y tampoco lo encontramos en Olivos. Se fue de nuevo a España sin una agenda oficial. Con la nuestra le estamos financiando a todo el Poder Ejecutivo el turismo internacional”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo se sigan llenando de plata”, añadió Aguiar.
ATE denunció además despidos, no renovación de contratos, reducción de puestos permanentes, incertidumbre laboral y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.
“Nos quieren correr del Estado por migajas y tercerizar nuestras funciones. Este régimen es el inicio de un proceso de privatización de más del 90% de la Administración Pública”, sostuvo Aguiar.
Y añadió: “Endeudarse con el BID para financiar estos despidos es un delito. Está prohibido tomar deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente como piensan hacerlo”, concluyó.
El plan del Gobierno para reducir la planta estatal
El programa de retiros voluntarios fue oficializado mediante el decreto 1203/26 y alcanza a alrededor de 21.187 trabajadores de la administración pública nacional. Según la normativa, quienes adhieran no podrán reingresar al Estado durante un plazo de ocho años.
Además, el Gobierno dispuso que los cargos que queden vacantes no serán cubiertos nuevamente.
La medida forma parte de la estrategia de reducción del empleo público impulsada por la gestión libertaria desde su llegada al poder. De acuerdo con datos oficiales citados por el Gobierno, de los aproximadamente 341.000 empleados que integraban la administración pública nacional al inicio de la gestión, ya dejaron de formar parte de la planta cerca de 72.000 personas.
El objetivo oficial es profundizar ese proceso y alcanzar una reducción equivalente al 25% de la estructura estatal nacional hacia fin de año.
A su vez, el Gobierno reglamentó a partir del decreto 1177/26 una línea de crédito con el BID por más de 800 millones de dólares con distintos objetivos, de los cuales 300 estarían destinados a solventar los costos de los retiros voluntarios.
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POLITICA
Desalojos, expropiaciones y tierras: los principales puntos de la ley de propiedad privada que se aprobó en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, limita las condiciones en las que el Estado puede expropiar bienes y restablece las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, en una concesión del oficialismo a sus aliados para destrabar el tratamiento de la reforma.
El proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como la Cámara baja incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado el 6 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.
Entre sus puntos principales, la iniciativa apunta a acelerar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales. Para ello, establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.
En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá especificar el lugar de pago.
Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar la acción de desalojo. El proyecto contempla un procedimiento de restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.
Esta última figura permite al solicitante asumir formalmente la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida, sin que deba constituir necesariamente una garantía patrimonial.
La iniciativa también establece controles judiciales para determinados desalojos. Cuando se invoquen causas como el cambio de destino, el deterioro del inmueble, la realización de obras nocivas o el uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes.
En caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique suspender el proceso judicial.
POLITICA
Vandalismo rural: Diputados aprobó un proyecto que prevé hasta 10 años de prisión para quienes provoquen daños a la producción del agro
En medio de una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto contra el vandalismo rural, que contempla penas de hasta ocho años de prisión para quienes provoquen daños a la producción agropecuaria, pero que pueden llegar a 10 años si el daño es cometido por tres o más personas de manera coordinada, si provoca la pérdida total de la producción o frena el ciclo productivo.
La iniciativa obtuvo 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención.
La propuesta, impulsada por el diputado pampeano de Pro Martín Ardohain, obtuvo dictamen a principios de octubre y busca incorporar al Código Penal la figura del “vandalismo rural”, con sanciones específicas para este tipo de delitos.
En concreto, el texto establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes destruyan, inutilicen o dañen silobolsas, granos almacenados, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes vinculados con la actividad agropecuaria, cuando esas acciones comprometan el normal funcionamiento de un establecimiento rural.
Pero la iniciativa fue modificada en el recinto, a propuesta del diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, que desde hacía semanas venía alertando que el proyecto original, en algunos de sus artículos, terminaba convalidando penas menores a las ya vigentes en el Código Penal.
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