La senadora Patricia Bullrich consiguió las firmas que necesitaba para que el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental quede habilitado para su tratamiento en el recinto del Senado. La iniciativa podría debatirse el próximo jueves 29, si se concreta la sesión prevista para esa fecha.

Antes, el martes 27, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará una reunión de Labor Parlamentaria con la participación de los presidentes de todos los bloques, en la que se definirán los temas de la sesión.

La semana pasada, el plenario de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública, presididas por las libertarias Nadia Márquez e Ivanna Arrascaeta, había firmado el dictamen oficialista con la participación de Bullrich. Sin embargo, las rúbricas no alcanzaban para habilitar el tratamiento en el recinto.

La situación se destrabó este miércoles a última hora, cuando los tres integrantes de Convicción Federal, el bloque que conduce Carolina Moisés, presentaron un dictamen en minoría. Con esas firmas, más de la mitad de los senadores que integran el plenario respaldó dictámenes y quedó superado el obstáculo que preocupaba a La Libertad Avanza.

El reclamo por los recursos para las provincias

La senadora jujeña Carolina Moisés defendió la necesidad de garantizar el financiamiento de las políticas de salud mental y de los centros comunitarios. “Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios. Manteniendo en su propuesta, como en la de los libertarios, la internación involuntaria”, le dijo a TN.

Además, señaló que durante la semana anterior se habían registrado tres casos de suicidio en Jujuy que, según consideró, podrían haberse evitado.

El dictamen de Convicción Federal lleva las firmas de Moisés, Guillermo Andrada, integrante de la Comisión de Salud, y Sandra Mendoza, integrante de Legislación General. La propuesta coincide con el oficialismo en mantener la posibilidad de internaciones involuntarias, aunque establece diferencias en los procedimientos y en los plazos de evaluación.

Los principales cambios que propone La Libertad Avanza

Los ejes de la iniciativa oficialista fueron presentados el 14 de octubre por Bullrich, Márquez y Arrascaeta. Entre los cambios propuestos figuran modificaciones en los criterios para disponer internaciones involuntarias, nuevas herramientas para abordar las adicciones y medidas para acompañar a los pacientes después del alta.

El proyecto contempla la incorporación de equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados. También reconoce el rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas, establece la capacitación permanente y plantea medidas de protección para los trabajadores de la salud.

En materia de coordinación federal, propone restituir la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias. Además, amplía de 24 a 48 horas el plazo para comunicar determinadas internaciones y habilita las teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles.

Leé más: Juicio por YPF: la Corte Suprema de EE.UU. le dio más tiempo a la Argentina para responderles a los demandantes

Internaciones involuntarias y controles judiciales

Uno de los principales cambios es la eliminación de la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias. Según la propuesta, el juez podrá solicitar informes o peritajes y dejar sin efecto una internación que considere injustificada. Se mantiene la obligación de notificar la medida al juez y al Órgano de Revisión dentro de las 24 horas.

Para las internaciones voluntarias que superen los 60 días, el proyecto elimina la obligación de informar al juez y su evaluación dentro de los cinco días, aunque conserva la comunicación al Órgano de Revisión.

En los casos excepcionales en los que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para revalidar la decisión mediante una evaluación interdisciplinaria se extiende de 24 a 48 horas.

La propuesta de La Libertad Avanza mantiene la inclusión de las adicciones dentro de las políticas de salud mental, tanto las relacionadas con sustancias como las que no las involucran. Sin embargo, elimina la referencia expresa a drogas legales e ilegales e incluye problemáticas como la ludopatía.

El proyecto también apunta a fortalecer el trabajo interdisciplinario y el acompañamiento posterior al alta, con el objetivo de modificar los criterios de atención y seguimiento de los pacientes.

Convicción Federal propone controles sobre el financiamiento

El dictamen presentado por el espacio de Carolina Moisés busca responder a los reclamos de las familias de personas con problemas graves de salud mental, especialmente en materia de adicciones. La iniciativa plantea mecanismos legales para habilitar internaciones involuntarias cuando exista riesgo para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.

El bloque propone que estas internaciones sean un recurso terapéutico excepcional y restrictivo, cuya decisión quede en manos de al menos dos profesionales de distintas disciplinas del servicio asistencial. Uno de ellos deberá ser psicólogo o médico psiquiatra.

Si no fuera posible contar con ese equipo, un profesional podrá indicar por sí solo una medida provisoria de resguardo terapéutico en un efector de salud. Sin embargo, deberá ser revalidada mediante una evaluación interdisciplinaria en un plazo máximo de 24 horas corridas, frente a las 48 horas que propone el oficialismo.

La iniciativa también incorpora la figura del acompañante terapéutico para complementar el trabajo del equipo interdisciplinario, sin concentrar las decisiones en el rol médico. Además, plantea actualizar las medidas preventivas destinadas a niños, niñas y adolescentes, con políticas específicas para prevenir las adicciones y el suicidio, así como promover el uso responsable de las redes sociales.

Un plan nacional con metas y presupuesto

Convicción Federal propone reforzar el Plan Nacional de Salud Mental y su red de servicios, en articulación con el Consejo Federal de Salud (COFESA).

El dictamen establece que el Ministerio de Salud deberá elaborar un plan con una vigencia de cinco años. El documento tendrá que incluir un diagnóstico por provincia sobre la cantidad de camas, guardias, equipos ambulatorios y dispositivos comunitarios disponibles, además de metas anuales y plurianuales con indicadores, plazos y fuentes de verificación.

También deberá detallar el financiamiento necesario para cumplir cada objetivo y la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias.

Por último, la propuesta incorpora un mecanismo de rendición de cuentas ante el Congreso. El Ministerio de Salud deberá enviar cada año a ambas cámaras un informe con el presupuesto inicial, el vigente y el ejecutado en salud mental; la proporción que representa dentro del presupuesto ministerial; las transferencias realizadas a cada provincia y su destino; y los montos invertidos en hospitales, atención ambulatoria, dispositivos comunitarios y formación de profesionales.

Con los dictámenes ya presentados, la reforma quedó habilitada para llegar al recinto. La fecha definitiva dependerá de la convocatoria a sesión y de los acuerdos que se definan en la reunión de Labor Parlamentaria del próximo martes.

salud mental, Senado, Carolina Moisés

Notiar,TODOS LOS ARTÍCULOS DE GARCÍA ARECHA PARA ACÁ.,Personajes que hicieron historia,Conforme a

Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner se reunieron este jueves, más de dos meses después del último encuentro que protagonizaron, en el que trascendió un compromiso de las distintas vertientes del peronismo por mantener vigentes las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al igual que en la cumbre anterior, confluirán con gobernadores y legisladores nacionales del justicialismo. Las PASO volvieron a estar en la agenda, al igual que el presupuesto nacional.

Las operaciones financieras acopladas a la economía con propósito de generar efectos sociales y ambientales positivos perdieron terreno en los últimos dos años en la Argentina, al menos en las modalidades de créditos bancarios y emisión de títulos de deuda, y según las conclusiones de un mapeo realizado por el Centro de Estudios en Sustentabilidad de Innovación Social (Cesis) de la Universidad Austral, conla Fundación Alimentaris.

“Los reyes de la mentira” se llamaban a sí mismos. Tenían un plan claro: infiltrarse en algún organismo del Estado vinculado a la Salud, como “troyanos”, y en unos años ganar lo suficiente para retirarse en Tenerife. Lo consiguieron; al menos la primera parte. Con Pablo Atchabahian, un exfuncionario de los gobiernos más diversos a la cabeza, colocaron a Daniel Garbellini en un puesto clave de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tomaron el control de las compras de medicamentos, direccionaron pagos y garantizaron “sobreprecios sistemáticos” a empresarios, de acuerdo con el dictamen que presentaron ayer los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.

CONOCÉ TODOS LOS CHATS ACÁ.

Daniel González anunció este jueves su salida del Gobierno, en el que se desempeñaba como secretario de Coordinación de Energía y Minería del ministro de Economía, Luis Caputo. La noticia se conoció por boca de él mismo, durante su participación en Las tres anclas, el programa del streaming oficialista Carajo. Fuentes del Palacio de Hacienda señalaron a que no será reemplazado.

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la reciente suba del riesgo país, que superó este jueves la barrera de los 700 puntos, y al estancamiento de la economía, que, admitió, no evoluciona como esperaba.

El primer mandatario adjudicó esta situación a un shock externo relacionado con la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y las guerras en Ucrania e Irán. “Los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos”, expresó en declaraciones radiales.

Un día antes de entrevistarse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, el influyente subsecretario de Estado, Christopher Landau, blanqueó la preocupación de las empresas norteamericanas por una parte de la ley de defensa de la soberanía nacional, impulsada por el Poder Ejecutivo en el Congreso: el proyecto no solo establecesanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra compañías asociadas a ellas en otros proyectos.