La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el archivo de la causa contra Mauricio Macri por haber tomado un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 57.100 millones de dólares, al rechazar un recurso extraordinario planteado por un pretenso querellante.

El recurso era de Antonio Conrado De Martino, pero los jueces de la Sala IV Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky dijeron que no logró demostrar una cuestión federal ni refutar los fundamentos del fallo anterior, que también había dispuesto dar intervención al Colegio Público de Abogados por sus expresiones discriminatorias y antisemitas.

El tribunal dejó firme el archivo del caso iniciado por posibles irregularidades en la celebración y ejecución del acuerdo entre el Gobierno argentino y el organismo internacional en 2018.

La investigación, iniciada a partir de distintas denuncias, tuvo entre sus principales involucrados al expresidente Mauricio Macri; a los extitulares del Banco Central Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris; al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y a otros funcionarios.

Se buscaba determinar si el endeudamiento y el destino de los fondos posterior habían configurado delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. La hipótesis era que parte de las divisas hubiera financiado la fuga de capitales.

En febrero de 2026, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó el caso por inexistencia de delito, y la decisión confirmada en septiembre por la Sala I de la Cámara Federal porteña, tras la apelación del fiscal Franco Picardi.

Su colega José Luis Agüero Iturbe interpuso un recurso de casación, que fue declarado inadmisible, y posteriormente acudió en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Sin embargo, al intervenir ante Casación, el fiscal general Raúl Pleé desistió de la queja. Entendió el acusador que no había delito y que no se habían individualizado medidas probatorias concretas pendientes que permitieran modificar las conclusiones de las instancias anteriores.

También cuestionó la falta de una hipótesis delictiva suficientemente sustentada y afirmó que “lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”.

En ese contexto, el 19 de octubre de 2026, la Sala IV tuvo por desistida la queja del fiscal y rechazó la presentada por Antonio Conrado De Martino, un particular que había pretendido intervenir como querellante invocando su condición de ciudadano y contribuyente.

La Cámara Federal había rechazado previamente su intervención por considerar que no había demostrado un perjuicio directo. Al resolver ahora el recurso extraordinario, la Sala IV concluyó que la presentación no había refutado eficazmente los fundamentos por los cuales se rechazaron las recusaciones y la queja anterior.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró hoy que la Argentina es responsable internacionalmente por haber violado la independencia judicial cuando, en 2003, el Senado destituyó por juicio político a Eduardo Moliné O’Connor como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El tribunal internacional se basó en que fue removido de su cargo por el contenido de sus sentencias. La decisión fue notificada este jueves en San José de Costa Rica, según un comunicado oficial.

Moliné O’Connor murió mientras el proceso estaba en trámite. Falleció el 20 de agosto de 2014 en su casa, a los 76 años, a causa de una grave enfermedad.

El exministro fue removido por el Senado durante el gobierno de Néstor Kirchner, que apuntó contra los cinco jueces de la “mayoría automática” de la Corte del menemismo.

Sólo Moliné y Antonio Boggiano fueron destituidos. Los otros tres renunciaron antes. Eran Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López.

A diferencia de Moliné, Boggiano quedó inhabilitado por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos. Fue removido por la misma causa Meller que justificó la destitución su excolega y este fallo del tribunal internacional puede ser usado ahora en su favor.

Moliné O’Connor fue el primero de los cinco jueces en llegar a juicio. El 31 de julio de 2003 la Comisión de Juicio Político aprobó el dictamen acusatorio, por 16 votos a 1. La acusación sostenía que el fallo en el caso Meller comprometió indebidamente al Estado en el pago de casi 400 millones de pesos a ese grupo económico por deudas de la exEntel en la confección de las guías telefónicas.

El 20 de agosto quedó constituido el tribunal de senadores, que lo suspendió. El 3 de diciembre lo destituyeron por 45 votos contra 19. Se necesitaban 43 votos. La definición quedó en manos de los senadores peronistas Antonio Cafiero, Oscar Lamberto, Marcelo López Arias, Carlos Verna y Liliana Negre de Alonso. Fue la primera vez en 50 años que el Senado destituía a un juez de la Corte.

Moliné O’ Connor fue removido por “mal desempeño” a raíz del criterio jurídico que había expresado en su voto del caso Meller.

El tribunal internacional sostuvo que varias decisiones adoptadas durante el juicio político no estuvieron debidamente fundadas y que los tribunales argentinos que revisaron los recursos del juez no respondieron a sus planteos.

La disputa por la pensión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró además que revocarle la pensión vitalicia como consecuencia de una destitución arbitraria vulneró sus derechos.

Señaló también que el juicio que el exjuez inició para reclamar ese beneficio se demoró sin justificación durante más de una década.

En consecuencia, el tribunal internacional concluyó que el Estado violó las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos políticos y los derechos a la propiedad, al trabajo y a la seguridad social, y que afectó el proyecto de vida de la víctima.

Ordenó regularizar el régimen de la pensión, publicar la sentencia y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, además de costas y gastos. Todo eso llegó tarde, pues el juez, destituido hace 23 años, murió hace 16 años.

La Corte Interamericana también dispuso que las autoridades argentinas interpreten el artículo 53 de la Constitución, que regula el juicio político, de acuerdo con la Convención Americana y la jurisprudencia del tribunal.

Un antecedente importante

Este mandato es importante pues es un antecedente que de algún modo limita a futuro intentos de juicio político en el Congreso contra jueces de la Corte por el contenido de sus fallos.

La sentencia fue firmada por los jueces Rodrigo Mudrovitsch (presidente), Patricia Pérez Goldberg, Ricardo Pérez Manrique, Nancy Hernández López, Alberto Borea Odría y Diego Moreno Rodríguez.

Pérez Goldberg, Pérez Manrique y Borea Odría votaron en disidencia parcial. La jueza argentina Verónica Gómez no participó del caso.