Una testigo en el juicio del caso de los cuadernos de las coimas aseguró que eran “habituales” dentro del Ministerio de Planificación los encuentros entre empresarios de la obra pública y el jefe para el que ella trabajaba, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido y acusado de haber sido uno de los recaudadores en el presunto circuito de sobornos.

Quien lo sostuvo fue Florencia Rizzo Patrón, exsecretaria de Baratta, que trabajó en el ministerio entre 2008 y 2015. Hoy, ante el Tribunal Oral Federal N° 7, identificó entre los empresarios que concurrían al despacho del exfuncionario a Juan Carlos de Goycoechea, exdirectivo de Isolux Corsán; Carlos Wagner, empresario de Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería.

Los tres están acusados en el juicio por el presunto pago de coimas y dos de ellos, De Goycoechea y Wagner, integran el grupo de los arrepentidos.

“Se hacían en el despacho del licenciado Baratta”, recordó sobre los encuentros. “A puertas cerradas y si no teníamos el permiso de él [Baratta], tampoco podíamos ingresar”, dijo.

Rizzo Patrón también afirmó que entre los empresarios que participaron de aquellas reuniones estaban Franco Macri y Sebastián Eskenazi, que no están acusados en el juicio.

Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio que dirigía De Vido.

Los secretarios

El testimonio de la mujer fue solicitado por la defensa del también exsecretario de Baratta Nelson Lazarte, que estuvo presente hoy en la Sala AMIA, donde se lleva adelante el proceso.

Para la acusación, Lazarte fue una pieza clave en el engranaje operativo. Entre otras cuestiones, habría sido uno de los encargados de coordinar los encuentros con los empresarios para el pago de sobornos.

“Nelson no podía decidir nada”, dijo Rizzo Patrón sobre su excompañero. La mujer negó irregularidades y afirmó nunca haber visto a Lazarte con bolsos ni dinero en el ministerio.

La audiencia siguió con otro testimonio pedido por Lazarte, Oscar Crispín Díaz Fernández, un amigo del barrio donde ambos se criaron, conocido popularmente como Villa La Rana.

El testigo relató que Lazarte había logrado comprarse una casa y “salir” del barrio. “Una casa normal. No es tan grande”, dijo.

También contó que Lazarte ingresó a la función pública después de entregarle una carta en mano a Néstor Kirchner, en la que le pedía trabajo, durante una recorrida que el expresidente realizó por el barrio en 2008.

“Ahí empezó a trabajar como cadete —aseguró—. La estaba pasando mal, estaba sin trabajo, era una época jodida.”

En el expediente, Lazarte aparece señalado por las confesiones de arrepentidos, peritajes y entrecruzamientos de llamadas. También lo complican datos en los escritos del chofer Oscar Centeno. Entre ellos, que un Fiat Siena registrado a su nombre fue comprado por orden de Baratta para que fuera utilizado los miércoles para la presunta recaudación de sobornos.

Durante su indagatoria, en marzo de este año, Lazarte dijo que atravesaba una situación “muy injusta”, que no había participado de ninguna asociación ilícita y que trabajaba “muy duro” todos los días. “Sigo viviendo en el mismo barrio de siempre”, afirmó.

Los gobernadores de las provincias mineras fueron las estrellas de la ronda de negocios RIGI que se hizo en Rosario, con la presencia de unas 1800 pymes, y se mostraron alineados y como aliados del gobierno de Javier Milei. En medio de un clima alentador por las inversiones en ese sector, que impuso la agenda del evento en La Fluvial de Rosario, los mandatarios de Jujuy, Mendoza, Catamarca y San Juan buscaron bendecir los “beneficios” y “ventajas” de las inversiones para “generar trabajo” y “desarrollo local”.

El encuentro, que se realizó en La Fluvial y fue encabezado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, reunió a representantes de 43 grandes proyectos de inversión con proveedores de todo el país. Participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Caputo estimó que los proyectos bajo el régimen suman unos 210.000 millones de dólares y aseguró que esas inversiones garantizan que el país “ya no va a tener problemas de tipo de cambio”.

Pero en los paneles, la minería ocupó el centro de la escena. El sanjuanino Marcelo Orrego abrió con una descripción de su provincia: “Más del 83% de nuestro territorio son montañas”. Desde ahí construyó su argumento. “El litio y el cobre son más que relevantes para mejorar el medio ambiente. Hoy hablar de minería es hablar de medio ambiente por el impacto de las energías renovables”, sostuvo.

Orrego puso el acento en la infraestructura al señalar que la provincia pidió a la Nación la jurisdicción sobre la ruta nacional 40 norte para avanzar con su licitación, y repasó la emisión del primer bono internacional de San Juan, presentado en Gran Bretaña y Estados Unidos. No hubo un solo cuestionamiento a la falta de obra pública nacional, sino todo lo contrario, elogios por haber transferido la jurisdicción de una ruta nacional que será arreglada con fondos provinciales. Algo similar ocurrió en Santa Fe con la ruta A012, que une los puertos y está siendo repavimentada con fondos provinciales.

“San Juan nunca había emitido un bono. No había antecedentes ni reputación”, admitió. La colocación se hizo a una tasa del 9,5% y, según el gobernador, permite acceder a 650 millones de dólares que se destinarán a obras como la ruta 20 y la autopista hasta Caucete. “Van a transitar por nuestras rutas 13 millones de camiones”, anticipó.

También defendió la ley de desarrollo minero aprobada en la provincia, que otorga incentivos como beneficios en impuestos provinciales. “La ley no es restrictiva, sino progresiva, por ejemplo, con el empleo, para que sea en su mayoría de origen local”, explicó. Y planteó que las empresas proveedoras deberán asociarse en UTE para competir. “El Estado tiene que generar las condiciones de negocios. Queremos una minería a largo plazo y que todos seamos parte”, dijo.

El catamarqueño Raúl Jalil, uno de los gobernadores peronistas más cercanos a la Casa Rosada, llegó a Rosario después de la visita oficial a su provincia del día anterior. “Después de Carlos Menem, ningún presidente había visitado nuestra provincia”, recordó. Jalil defendió el RIGI como una herramienta federal.

“Las oportunidades que da la minería son impresionantes”, afirmó y advirtió que la pregunta que más escucha es si el rumbo va a sostenerse. “La política de mantener las cuentas ordenadas va a seguir. Los gobernadores lo único que queremos es generar empleo”, aclaró. Y lanzó una frase que buscó responder a las críticas ambientales: “Una minera gasta menos agua que un country”. Según Jalil, las empresas “están cambiando la mentalidad” a partir del diálogo con los gobernadores, y las comunidades cercanas a los proyectos mejoraron su calidad de vida y su educación.

El mendocino Alfredo Cornejo apuntó a la historia. “La Argentina tiene un potencial minero desde hace muchos años y no lo desarrolló por falta de reglas claras”, señaló. Para el gobernador radical, la responsabilidad no fue de las provincias: “Si no se hizo minería en calidad y cantidad fue por las condiciones nacionales, no por las provinciales. Lo que faltaba era estabilidad macro”.

Cornejo destacó que Mendoza aprobó 65 proyectos de exploración, lo que a su juicio da seguridad jurídica, y anticipó que para fines de 2027 la provincia tendrá su primer proyecto de cobre en marcha. “Todos estos proyectos dan una oportunidad a nuestras pymes, pero también nos obligan a integrarnos con empresas de otras provincias para mejorar los costos”, dijo, en un mensaje dirigido a los proveedores santafesinos.

El jujeño Carlos Sadir describió a la minería como “un jugador importantísimo” de la economía provincial. Jujuy tiene dos proyectos de litio aprobados en el RIGI que, según el gobernador, permitirán triplicar la capacidad instalada. Sadir insistió en el rol de los proveedores locales en emprendimientos que operan a 4200 metros de altura, lejos de los centros urbanos. “Conocen el territorio y conocen a la gente del lugar. Si no atendemos eso no lo podríamos hacer”, afirmó.

Fue el único que se refirió de manera explícita a las comunidades originarias. “Muchas de las áreas donde se desarrollan los proyectos mineros están en tierras indígenas. Ellos son los dueños de la tierra”, reconoció. Y agregó: “Si el desarrollo de la minería no se derrama sobre las poblaciones locales, es imposible”.

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, retomó una idea de Jalil para presentar al RIGI como “creador de federalismo”, no solo porque las provincias son dueñas de los recursos naturales, sino por el interés internacional en ellos. Informó que desde agosto de 2024 la Argentina firmó acuerdos de cooperación con países como Alemania, Canadá, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.

Rosario fue elegida como sede por su entramado industrial vinculado a la minería y los hidrocarburos, y por el peso de su complejo portuario, desde donde ya sale litio de Salta. Detrás de los discursos quedó planteada la pregunta que se hacían muchos de los empresarios presentes: cuánto de ese flujo de inversiones se traducirá en contratos concretos para una industria que atraviesa un año de demanda débil.