La acusación por lavado de dinero contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, en el juicio que se les sigue por las causas Hotesur y Los Sauces, describió hoy un mecanismo mediante el cual la familia presidencial habría recibido “retornos” de dinero de empresarios “amigos” a los que favoreció desde el Gobierno.

En la audiencia de hoy, el Tribunal Oral Federal 5 terminó la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en la causa Los Sauces, que se juzga junto con Hotesur.

En ese documento, los fiscales sostuvieron que los Kirchner le “prestaban” dinero a su propia empresa, compraban propiedades, se las alquilaban a los empresarios amigos y después retiraban dinero como “devolución” del préstamo.

Para la fiscalía, quedó “cabalmente demostrado” que en Los Sauces funcionó “un mecanismo constante y permanente de lavado de dinero” con fondos “provenientes del fraude al Estado Nacional, de los beneficios indebidos otorgados y del ofrecimiento de dádivas, de modo que al final de cuentas la ex familia presidencial pudiera gozar de ellos”.

La parte que se leyó hoy describe el último paso de la presunta maniobra y explica cómo el dinero que pagaban las empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López volvía a la familia Kirchner.

La lectura continuará el lunes próximo, con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en la causa.

Según el requerimiento, leído por los secretarios del tribunal, el circuito tenía varios pasos: primero, los Kirchner ponían plata en Los Sauces y la anotaban como “préstamos” de los socios a la empresa.

Con ese dinero, la sociedad compraba o construía propiedades. Después, esas propiedades se alquilaban a las empresas de Báez, de López y De Sousa y de Sanfelice, que pagaban alquileres caros con dinero que, para la fiscalía, venía de la obra pública y de los favores del Estado. Por último, los Kirchner retiraban dinero como “devolución” de lo que habían prestado.

“Acreedor y deudor coinciden en una misma persona”, escribieron los fiscales. Y señalaron que la familia le prestaba a una empresa que era de la familia, y después se cobraba. Los peritos contadores dijeron que cuando los socios mueven el dinero de esa manera, “la sociedad se convierte en un mero vehículo de transferencia de fondos” hacia ellos.

Para la fiscalía, el sistema también servía para esconder quién se llevaba la plata. Hasta 2010, los balances decían cuánto le debía la empresa a cada socio. Desde 2011, todo pasó a un rubro general: “Cuentas particulares socios”, que no dice a quién corresponde cada peso.

Así, los balances que llegaban a los organismos de control no mostraban “a quién le pertenecían los créditos y quién retiraba los fondos de la sociedad luego de que los mismos habían transitado el proceso de reciclaje”.

A la plata en efectivo se suman dos viviendas a nombre de Los Sauces que la familia usa sin pagar alquiler: la casa de la calle Mascarello 441, en Río Gallegos, donde vivía Cristina Kirchner, y el departamento de la calle San José 1111, en Buenos Aires, donde vive actualmente la expresidenta y cumple su condena en arresto domiciliario.

Según el requerimiento, la sociedad compró las dos “con dinero que provenía de las empresas de Báez, López y De Sousa” y se las entregó “gratuitamente”. Para los fiscales, eso muestra que la familia usó la sociedad “como una extensión de su propia persona”.

Antes de llegar al dinero de la familia, la lectura repasó el resto de las empresas que le pagaban a Los Sauces. Se mencionó a Loscalzo y Del Curto, de Martín Báez, y a Austral Construcciones, la principal empresa de los Báez, que alquiló el edificio de cuatro departamentos de la calle Moreno, en Río Gallegos.

Cuando en 2015 lo alquilaron particulares, pagaban 41% menos. Austral fue fundada el 8 de mayo de 2003, dos semanas antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia.

También pagaba Valle Mitre, de Báez, que alquiló el hotel La Aldea, en El Chaltén. Para la fiscalía era una “sociedad pantalla”: había pasado años sin actividad, solo tenía un restaurante y la mantenían las otras empresas del grupo con contratos falsos. Uno de ellos era el alquiler de habitaciones para obreros que trabajaban a más de 400 kilómetros.

La firma Inversora M&S, de López y De Sousa, pagaba por un dúplex en Puerto Madero entre 101% y 148% más que el precio de mercado, según el Tribunal de Tasaciones. Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner y luego presidenta de Los Sauces, era empleada de esa empresa.

También fue mencionada Álcalis de la Patagonia, una química del mismo grupo, que pagaba por un departamento de Puerto Madero que en realidad era la vivienda de la exmujer de De Sousa. De Sousa firmó al menos 80 cheques. Sanfelice, apoderado de Los Sauces, era empleado de Álcalis: estaba “de los dos lados del mostrador”, sostuvo la acusación.

La firma Idea, de “Bochi” Sanfelice, reemplazó a Valle Mitre en el hotel La Aldea en 2013. Fue después de que el caso conocido como “la ruta del dinero K” expuso la relación entre los Kirchner y Báez. Era una empresa sin actividad ni empleados hasta entonces.

Al cierre de su requerimiento, los fiscales encuadraron los hechos como asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas.

El Senado tiene previsto tratar este miércoles por la tarde en un plenario de comisiones el proyecto de ley de discapacidad. La apuesta de un sector del oficialismo es emitir dictamen a la iniciativa tal como lo aprobó la Cámara de Diputados y dejarla, así, en condiciones de convertirla en ley en la próxima sesión, después de la visita del Papa León XIV.

Sin embargo, la posibilidad de que el proyecto pueda avanzar dependerá en gran medida de si las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano tendrán quórum, ya que hay gran cantidad de senadores ausentes como consecuencia de las elecciones en los Estados Unidos.

Si bien nadie quiso dar una cifra oficial, lo cierto es que muchos legisladores han viajado a observar las elecciones de medio término norteamericanas, lo que pone en serias dudas, también, que haya sesión esta semana.

A eso hay que sumarle la fuerte resistencia que genera el proyecto en algunos sectores del Gobierno, que preferirían que el tema quedara cajoneado. Uno de los más interesados en que el tema no avance es el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta situación ya provocó que el proyecto de discapacidad no se tratara en comisiones la semana pasada, cuando el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (LLA-Capital), prefirió responder a los pedidos de la Casa Rosada y postergó el inicio del debate del tema.

El proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad busca convertir en permanentes las principales protecciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia concluye a fin de año.

Fue, en los hechos, una dura derrota política para el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Rioja), ya que debió ceder a casi todos los reclamos de la oposición para evitar una caída más dura, como hubiese sido la prórroga hasta el 31 de diciembre del año próximo la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.

La propuesta mantiene la pensión no contributiva y el sistema de prestaciones básicas, en lugar de dejarlos sujetos a un régimen transitorio. En materia de pensiones, el texto fija un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito principal de acceso.

También permite compatibilizar el beneficio con el empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se excede ese límite, prevé la suspensión de la prestación, no su baja definitiva, y su reactivación automática cuando termine el vínculo laboral.

Además, conserva el nomenclador universal y el arancel unificado de cumplimiento obligatorio para las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el Estado, con actualizaciones automáticas vinculadas con la movilidad jubilatoria.

También garantiza la cobertura del programa Incluir Salud para los titulares de pensiones y establece que el presupuesto destinado al Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

El proyecto incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de datos entre diferentes organismos públicos con garantías de debido proceso para las personas involucradas. Una cláusula transitoria dispone, además, que el Poder Ejecutivo deberá establecer un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores y reglamentar la norma en un plazo máximo de 30 días.

Diputados aprobó el proyecto en la madrugada del jueves 22 por una abrumadora mayoría de 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El acuerdo se alcanzó después de que el oficialismo aceptara cambios reclamados por la oposición y descartara las restricciones previstas en el proyecto de Presupuesto 2027.

Acompañaron La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y la mayoría de los bloques provinciales; los diputados cordobeses que rechazaron el texto cuestionaron la falta de participación de las organizaciones del sector, mientras que la izquierda se abstuvo por las deudas con los prestadores.