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Escándalo en la Legislatura: el que no afana es un gil

Los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo. (Fotos: gentileza Clarín)

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La de “Chocolate” Rigau es una historia donde se cruzan muchísimas cuestiones, delitos, trampas. Tiene una dimensión principal -de las muchas que tiene- que corrobora lo que muchos sabíamos. Cualquier persona que conozca la política de la provincia de Buenos Aires sabe que ahí hay una caja negra desde hace décadas, que se llama Legislatura bonaerense y que sirve para que casi todas las fuerzas políticas -por no decir todas- hagan una caja paralela. ¿Cómo? Con esto que acabamos de ver. Esta gente, remisa a explicar su situación porque sabe que está cometiendo un delito, recibe una designación en la Legislatura a cambio de una jubilación que va a tener después de un tiempo y del uso de la obra social, y tienen que donar su sueldo como contraprestación.

Estamos hablando de una clase política que se llena la boca con el tema de los derechos de los trabajadores, “vienen por nuestros derechos”. Estos son políticos que aprovechan la vulnerabilidad de determinadas personas para poder obtener un recurso a cambio de darles una designación que les provea a esas personas obra social y jubilación.

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Esto es un anecdotario que se va sumando, un caso detrás de otro, hasta llegar a cifras monumentales. Hay una denuncia que realizaron Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico y Javier Iguacel, tres diputados nacionales, son de los pocos que denunciaron. En la denuncia, ellos hacen un cálculo del presupuesto de la Legislatura.

La Cámara de Diputados bonaerense tiene un presupuesto de $62.000 millones anuales. Estamos hablando de $330 millones por diputado. Son 92 diputados. Cuando estos legisladores hacen un cálculo razonable de cuánto cobra un legislador, cuánto cobran cinco empleados que podría tener cada legislador y cuánto sale el mantenimiento, la administración de la Cámara, etc., le sobran $53.000 millones de pesos anuales. Es decir, del presupuesto de $62.000 millones, sobran $53.000 millones que, por lo menos, para decirlo de manera muy elegante, están mal asignados, por no decir que esa plata se roba.

Los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo. (Fotos: gentileza Clarín)
Los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo. (Fotos: gentileza Clarín)

Quiero ir a un concepto de Borges, aunque parezca disparatado. Borges decía que los argentinos tenemos una idea muy extraña del Estado: no tenemos noción de Estado, no tenemos tenemos la idea de que el Estado somos nosotros, de que esa plata que saca “Chocolate” de los cajeros es nuestra. Es la plata que, después, se presenta como presión impositiva, es plata de nuestros impuestos. Esta es una de las dimensiones.

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La otra dimensión tiene que ver, además del silencio de la política bonaerense frente a todo esto -las autoridades de la Cámara no han abierto la boca todavía-, con la complicidad de la Justicia, porque tenemos dos camaristas que dicen “acá no hay delito”. Hay que fijarse en lo insólito de esto: los dos camaristas dicen que no hay delito porque han sido presionados por los políticos que los pusieron como camaristas para que lo digan, pero ahora, la Justicia los quiere juzgar en un juicio político. Es decir, los mismos legisladores que debían ser investigados por ellos, los van a querer juzgar por haber obedecido a un pedido de no investigarlos. Es una especie de trabalenguas donde está contenida la corrupción, la crisis de representación, problema que representa una democracia que no sabe dar buenas prestaciones económicas, pero que sí sabe dar buenas prestaciones económicas para los propios que la operan.

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La gente está cada vez peor y casi todos los políticos -no quiero generalizar- viven una vida que no se puede explicar. Estamos dirigidos por una clase política, prácticamente, de multimillonarios gracias a estos sistemas.

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La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el líder de Hamas

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LA HAYA.- La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el jueves órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de defensa y altos mandos de Hamas, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023 que desencadenaron la ofensiva de Israel en el territorio palestino.

La decisión convierte a Netanyahu y a los demás en sospechosos buscados internacionalmente y probablemente los aislará aún más y complicará los esfuerzos para negociar un alto al fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses. Sin embargo, sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la corte y varios de los funcionarios de Hamas han sido posteriormente asesinados en el conflicto.

Palestinos caminan en medio de la destrucción causada por los bombardeos de Israel en Jebaliya, al norte de la Franja de Gaza, el 30 de mayo de 2024. (AP Foto/Enas Rami, Archivo)Enas Rami – AP

La medida se produce después de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunciara el 20 de mayo que solicitaba órdenes de detención por presuntos crímenes relacionados con los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la respuesta militar israelí en Gaza.

Netanyahu y otros líderes israelíes han condenado la solicitud de órdenes de arresto como vergonzosa y antisemita. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también criticó al fiscal y expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse de Hamas. Hamas también criticó la petición.

“La Sala consideró que hay motivos razonables para creer que ambas personas privaron intencionadamente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, como alimentos, agua y medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”, escribió el panel de tres jueces en su decisión unánime de dictar órdenes de detención contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo en septiembre que había presentado dos escritos jurídicos impugnando la jurisdicción de la CPI y argumentando que el tribunal no dio a Israel la oportunidad de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes.

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“Ninguna otra democracia con un sistema jurídico independiente y respetado como el que existe en Israel ha sido tratada de esta manera tan perjudicial por el Fiscal”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oren Marmorstein, quien afirmó que Israel se mantenía “firme en su compromiso con el Estado de derecho y la justicia” y que seguiría protegiendo a sus ciudadanos contra la militancia.

La CPI es un tribunal de última instancia que sólo enjuicia casos cuando las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley no pueden o no quieren investigar. Israel no es miembro del tribunal. El país ha tenido problemas para investigarse a sí mismo en el pasado, según afirman grupos de derechos humanos.

A pesar de las órdenes de detención, es probable que ninguno de los sospechosos comparezca pronto ante los jueces de La Haya. El propio tribunal no dispone de policía para ejecutar las órdenes, sino que depende de la cooperación de sus Estados miembros.

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Agencias AP y Reuters

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