POLITICA
Ley de Alquileres: el Colegio Inmobiliario rechazó las modificaciones y alertó de una posible crisis
Tras la media sanción de los cambios en el proyecto de ley en el Senado, la entidad porteña afirmó que su efectivización agravaría la situación inmobiliaria.
El Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires expresó “su absoluto y enérgico rechazo” a las modificaciones propuestas en la Ley de Alquileres que fueron aprobadas en el Senado. Desde la entidad, consideran que estas medidas empeorarían la situación, por lo que le piden a la Cámara de Diputados que las rechace.
El proyecto aprobado establece contratos de tres años y plantea ajustes semestrales en moneda nacional, utilizando un coeficiente que combina la variación salarial y el índice de estabilización de referencia. Además, se otorgan beneficios fiscales a propietarios e inquilinos, como la exención del Monotributo para ingresos de hasta dos inmuebles y la posibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias un porcentaje del monto anual del contrato de alquiler.
Sin embargo, el Colegio Inmobiliario argumenta que estas medidas “no brindan una solución a la problemática, y, de efectivizarse, provocaría una situación aún peor que la generada por el actual ordenamiento legal del mercado”. En este sentido, abogan por volver a contratos de dos años y ajustes basados en índices que reflejen la inflación real.
La presidenta del Colegio Inmobiliario, Marta Liotto, afirmó que el mantenimiento “de los contratos con un plazo mínimo de tres años y un índice de actualización que es la mitad de la inflación real provocaría una caída aún mayor de la oferta, profundizando la actual crisis, que ya es la peor en la historia del sector”.
Liotto explicó: “Nosotros queremos volver al contrato de dos años, para que el mercado crezca. Se necesita volver a un contrato de 24 meses para que los propietarios empiecen nuevamente a poner los inmuebles en oferta”.
En diálogo con Perfil, la presidenta de la entidad se refirió a la actualización. En este sentido, sostuvo: “Sin duda no corresponde que sea anual y no puede ser por debajo de la inflación bajo ningún punto de vista. Al menos que sean con el ajuste de inflación, con el ajuste del costo de vida o con el ajuste de aumento de salario, que la gente se pueda poner de acuerdo respecto a cuál es el índice que ajusta”.
Mediante un comunicado, la organización subrayó que “se ha expresado en numerosas oportunidades, tanto públicamente como frente a legisladores de ambas cámaras, respecto a cuáles deberían ser los cambios que se deberían realizar a la actual norma a fin de lograr una recuperación del mercado de alquileres”.
“Dichas reformas son las que se encontraban plasmadas en el Proyecto que cuenta con media sanción de Diputados, por lo que la entidad reafirma la necesidad de que el nuevo texto sea rechazado en la Cámara Baja y se insista con el que oportunamente había sido aprobado en esa instancia”, aseguró Marta Liotto. “Los propietarios, inquilinos y la sociedad toda esperan y merecen que sus representantes les brinden soluciones reales y concretas a los problemas que, como este, requieren urgentemente una solución”, destacó.
El ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Gabriel Katopodis, se enfrenta a una grave denuncia de despido irregular por parte de Mauricio Diacinti, un trabajador con discapacidad que acusa a la cartera de hostigamiento, persecución y discriminación laboral.
Según explicó Diacinti a REALPOLITIK, originalmente su ingreso al gobierno de Axel Kicillof se dio a través del área de Informática del ministerio, donde afirma haber sido víctima de constantes actos de hostigamiento. «Desde el primer momento intentaron desplazarme y dejarme sin trabajo. Tuve que contratar un abogado para defender mi honor y enfrentar las agresiones, lo que me generó deudas y un estrés interminable», explicó.
Persecución y falta de apoyo gremial
El denunciante, que ingresó al ministerio amparado por la ley de Discapacidad, relató que el hostigamiento continuó incluso cuando fue trasladado al área Técnica y Legal. Allí se le prometieron mejores condiciones laborales, como una oficina adaptada a sus necesidades, pero rápidamente quedó claro que se trataba de una “burla”, según sus palabras.
“No solo me dejaron sin trabajo, sino que incumplieron la normativa. Las plantas temporarias se renuevan de enero a diciembre, pero a mí me quitaron un año laboral completo”, añadió. Por supusto, no es la primera vez que la gestión de Axel Kicillof se ve envuelta en un escándalo por abusos laborales.
El trabajador despedido y una extraña reunión con el director de Personal, Guillermo Sokol, y su subdirectora, Graciela Mendoza.
Diacinti también denunció la falta de respaldo gremial: “No recibí el apoyo que cualquier trabajador debería tener y menos aún una persona con discapacidad. Me dejaron completamente solo en esta situación”.
Impacto personal y legal
El cese de actividades fue notificado sin sumarios previos ni explicaciones claras, un procedimiento que el exempleado califica de arbitrario y discriminatorio. “No pueden dejar a una persona con discapacidad sin trabajo sin un proceso legal adecuado. Esto me dejó en una situación económica y emocional crítica, ya que era el único sustento de mi hogar”, afirmó.
Actualmente, Diacinti está en tratamiento psicológico y psiquiátrico debido al impacto de esta situación, mientras avanza con acciones legales para buscar justicia. “Voy a seguir todos los plazos legales para que este caso no quede impune. Lo que me pasó a mí no debe sucederle a nadie más”, concluyó.
Los mensajes de Valeria Sánchez, directora de Patrimonio y Bienes y Servicios del ministerio de Infraestructura.
La denuncia pone bajo la lupa la gestión de Gabriel Katopodis y plantea interrogantes sobre las condiciones laborales en el ministerio. El caso no solo afecta a Mauricio Diacinti, sino que también abre un debate sobre los derechos de los trabajadores con discapacidad en el ámbito público y la responsabilidad del estado en garantizar su protección. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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