POLITICA
Denunciaron a los 35 senadores que votaron a favor del pliego de la exjueza Ana María Figueroa
Los 35 senadores que votaron a favor del pliego de la jueza Ana María Figueroa fueron denunciados por una ONG. (Foto: NA/Comunicación Senado)Ana María Figueroa, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal que debe resolver el sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa Hotesur (Foto: Prensa Senado).El kirchnerismo logró aprobar el pliego de Figueroa. (Foto: Télam).

La votación del Senado de la Nación que este jueves aprobó el pliego de la exjueza Ana María Figueroa generó gran indignación en la oposición. Se trata de una jugada del oficialismo (y sus aliados) para devolver a sus funciones a una magistrada clave en causas que está involucrada la vicepresidenta Cristina Kirchner, como Hotesur. Al cumplir 75 años debía dejar su cargo y así lo expresó días atrás la Corte Suprema.
Ahora, se presentó una denuncia contra los 35 senadores que votaron a favor de la continuidad en Casación de Figueroa. La Fundación Apolo, con la firma de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Manuel Otegui, los denunció por delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
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Según la presentación de Apolo, los legisladores en cuestión “ponen en riesgo el orden constitucional y el servicio de justicia, continuando con la estrategia defensiva de su condenada líder, Cristina Kirchner. En este caso, buscan retrotraer ‘contra legem’ la jubilación de una magistrada, con el fin de nulificar lo actuado por la Sala en cuestión, luego de la salida de Figueroa, en decisiones sobre causas de corrupción que afectan en forma directa a la actual Vicepresidenta y sus secuaces”.

Los denunciantes sostienen en el texto que “Figueroa había alcanzado los 75 años sin que el Senado haya dado previamente su necesario acuerdo para mantenerla en el cargo, por lo que, siguiendo la letra de la Constitución Nacional, la magistrada había cesado de pleno derecho en el cargo al alcanzar la edad, ya que la única manera de mantenerse en el cargo es contar previamente con un nombramiento presidencial precedido de acuerdo del Senado”.
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En otro tramo del documento se hace hincapié en que “un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años”. Y remarca: “La expresión ‘mantener’ es definitoria en cuanto al criterio con el que debe ser interpretado el presente artículo. Y ello es así, porque si el cese se ha previsto a los 75 años de edad, el nuevo nombramiento, precedido de acuerdo, ha de tener lugar antes de cumplir la edad límite”.

Por ello, se afirma en el escrito que “no quedan dudas, en consecuencia, que lo que la Constitución exige es que tanto el nuevo nombramiento como el nuevo acuerdo se produzcan antes de que el magistrado llegue a los 75 años de edad. De lo contrario, no se hablaría de ‘mantener’, sino de restituir en el cargo”. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini.
La Fundación Apolo ya había realizado una denuncia contra el Gobierno en marzo de este año. La presentación judicial se hizo contra Alberto Fernández y Sergio Massa por el canje de bonos de la ANSES. “Hay que impedir que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea usado para propósitos macroeconómicos”, afirmó a TN en aquel entonces el director de la organización no gubernamental, Juan Manuel Otegui.
La misma ONG ha denunciado al gobierno nacional en más de una oportunidad. Una de ellas tiene que ver con el Olivos Gate, por las visitas extraoficiales a Casa Rosada en plena vigencia del aislamiento obligatorio durante la pandemia del coronavirus, que llegó a la Corte Suprema de Justicia y está pendiente de resolución. También presentaron un amparo para que los runners pudieran salir durante el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Y otro amparo de Paso de los Libres durante la cuarentena, donde habían quedado más de 100 personas varadas y gracias a eso pudieron volver al país.
Los 35 que votaron a favor fueron: Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Lucía Corpacci, Juliana Di Tulio, Martín Doñate, Eugenia Duré, Anabel Fernández Sagasti, Nora Giménez, Silvina García Larraburu, María Teresa González, Ricardo Guerra, Carlos Linares, Mariano Recalde, Edgardo Kueider, Claudia Ledesma, Marcelo Lewandowski, Cristina López Valverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neider, Oscar Parrilli, María Pilatti, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saá, Matías Rodríguez, Silvia Sapag, Guillermo Snopek, Sergio Leavy, José Uñac, José Mayans, María Pablo Yedlin.
POLITICA
Antes de irse, el Gobierno pasó a planta permanente a unos 9 mil empleados públicos

El Gobierno llevó adelante en sus cuatro años de mandato unos 12.200 concursos en la administración pública nacional de los cuales poco más de 9 mil se culminaron y, por ende, deberían posibilitar que los empleados y profesionales que participaron de los mismos puedan ingresar a la planta permanente del Estado
Si bien el programa «Concursar» surgió como un intento de regularización del universo de agentes que desde hace años revisten en forma precarizada en distintas reparticiones públicas, el mismo no terminó cumpliendo las expectativas de los gremios estatales que esperaban que al menos 30 mil alcanzarán la ansiada estabilidad. Pese a las quejas, admiten que la pandemia dificultó el normal desenvolvimiento del proceso.
De acuerdo a un relevamiento de Jefatura de la Gabinete, al que tuvo acceso este diario, en los cuatro años de mandato del perimido Frente de Todos (FDT) se realizaron 12.200 concursos entre agentes de 67 ministerios y organismos del Estado nacional.
De ese total, durante el período se registraron 6490 designaciones mientras que 2487 agentes quedaron en «trámite de designación», y sólo 35 «con acta de orden de mérito, en este último caso, en el ultimo escalón hacia la ansiada estabilidad. En todos los casos, se completó el proceso requerido para concursar los cargos. En cambio, unos 3188 puestos quedaron vacantes, es decir, no fueron cumplimentados.
El informe se conoce luego que trascendiera que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, decidió la renovación de casi 5 mil contratos de empleados públicos que trabajan en la planta transitoria.
El ranking de organismos con mayor cantidad de pases a planta permanente por concurso lo encabeza la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, con 680 cargos aprobados. Luego le sigue la Dirección Nacional de Migraciones .-también dependiente del Ministerio del Interior-, con 551, y después el ministerio de Desarrollo Social, con 479.
Si bien la «motosierra mileísta» estaría centrada en aquellos empleados que fueron contratados en el último año y medio por la actual gestión, hay un sector de quienes terminaron los concursos que no estarían a salvo de una eventual poda de la planta estatal.
Se trataría de aquellos numerarios que recién alcanzarían la estabilidad plena pasados los 12 meses de terminado el proceso y, de acuerdo con lo previsto por la ley 25.164, deberían pasar dos evaluaciones semestrales.
Es por eso que gremios como ATE reclamaron al Ejecutivo modificar esa reglamentación que consideran injusta hacia quienes llevaron a cabo los exámenes previstos y desde hace más de una década revisten en el estado bajo un régimen de contratación de renovación anual.
Según los números informados por el sindicato, la «pandemia y las dificultades de gestión» solo permitieron a la actual administración regularizar la situación laboral de «aproximadamente 5,200 trabajadores que tenían más de 10 años de contratados y 1300 profesionales de más de 5 años (de antiguedad), todos ellos designados después de concluir el proceso de selección en la planta permanente de la administración pública nacional».
Ahora los gremios deberán convivir con una gestión que está decidida a «achicar» la planta estatal. Al cierre de esta edición, no había sido oficializado el titular de la Secretaría de Innovación que tendría a su cargo la auditoría sobre los distintos organigramas del Estado.
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