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POLITICA

Denunciaron a los 35 senadores que votaron a favor del pliego de la exjueza Ana María Figueroa

Los 35 senadores que votaron a favor del pliego de la jueza Ana María Figueroa fueron denunciados por una ONG. (Foto: NA/Comunicación Senado)Ana María Figueroa, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal que debe resolver el sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa Hotesur (Foto: Prensa Senado).El kirchnerismo logró aprobar el pliego de Figueroa. (Foto: Télam).

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La votación del Senado de la Nación que este jueves aprobó el pliego de la exjueza Ana María Figueroa generó gran indignación en la oposición. Se trata de una jugada del oficialismo (y sus aliados) para devolver a sus funciones a una magistrada clave en causas que está involucrada la vicepresidenta Cristina Kirchner, como Hotesur. Al cumplir 75 años debía dejar su cargo y así lo expresó días atrás la Corte Suprema.

Ahora, se presentó una denuncia contra los 35 senadores que votaron a favor de la continuidad en Casación de Figueroa. La Fundación Apolo, con la firma de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Manuel Otegui, los denunció por delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

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Según la presentación de Apolo, los legisladores en cuestión “ponen en riesgo el orden constitucional y el servicio de justicia, continuando con la estrategia defensiva de su condenada líder, Cristina Kirchner. En este caso, buscan retrotraer ‘contra legem’ la jubilación de una magistrada, con el fin de nulificar lo actuado por la Sala en cuestión, luego de la salida de Figueroa, en decisiones sobre causas de corrupción que afectan en forma directa a la actual Vicepresidenta y sus secuaces”.

Ana María Figueroa, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal que debe resolver el sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa Hotesur (Foto: Prensa Senado).
Ana María Figueroa, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal que debe resolver el sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa Hotesur (Foto: Prensa Senado).

Los denunciantes sostienen en el texto que “Figueroa había alcanzado los 75 años sin que el Senado haya dado previamente su necesario acuerdo para mantenerla en el cargo, por lo que, siguiendo la letra de la Constitución Nacional, la magistrada había cesado de pleno derecho en el cargo al alcanzar la edad, ya que la única manera de mantenerse en el cargo es contar previamente con un nombramiento presidencial precedido de acuerdo del Senado”.

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En otro tramo del documento se hace hincapié en que “un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años”. Y remarca: “La expresión ‘mantener’ es definitoria en cuanto al criterio con el que debe ser interpretado el presente artículo. Y ello es así, porque si el cese se ha previsto a los 75 años de edad, el nuevo nombramiento, precedido de acuerdo, ha de tener lugar antes de cumplir la edad límite”.

El kirchnerismo logró aprobar el pliego de Figueroa. (Foto: Télam).
El kirchnerismo logró aprobar el pliego de Figueroa. (Foto: Télam).

Por ello, se afirma en el escrito que “no quedan dudas, en consecuencia, que lo que la Constitución exige es que tanto el nuevo nombramiento como el nuevo acuerdo se produzcan antes de que el magistrado llegue a los 75 años de edad. De lo contrario, no se hablaría de ‘mantener’, sino de restituir en el cargo”. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini.

La Fundación Apolo ya había realizado una denuncia contra el Gobierno en marzo de este año. La presentación judicial se hizo contra Alberto Fernández y Sergio Massa por el canje de bonos de la ANSES. “Hay que impedir que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea usado para propósitos macroeconómicos”, afirmó a TN en aquel entonces el director de la organización no gubernamental, Juan Manuel Otegui.

La misma ONG ha denunciado al gobierno nacional en más de una oportunidad. Una de ellas tiene que ver con el Olivos Gate, por las visitas extraoficiales a Casa Rosada en plena vigencia del aislamiento obligatorio durante la pandemia del coronavirus, que llegó a la Corte Suprema de Justicia y está pendiente de resolución. También presentaron un amparo para que los runners pudieran salir durante el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Y otro amparo de Paso de los Libres durante la cuarentena, donde habían quedado más de 100 personas varadas y gracias a eso pudieron volver al país.

Los 35 que votaron a favor fueron: Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Lucía Corpacci, Juliana Di Tulio, Martín Doñate, Eugenia Duré, Anabel Fernández Sagasti, Nora Giménez, Silvina García Larraburu, María Teresa González, Ricardo Guerra, Carlos Linares, Mariano Recalde, Edgardo Kueider, Claudia Ledesma, Marcelo Lewandowski, Cristina López Valverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neider, Oscar Parrilli, María Pilatti, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saá, Matías Rodríguez, Silvia Sapag, Guillermo Snopek, Sergio Leavy, José Uñac, José Mayans, María Pablo Yedlin.

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POLITICA

Del carnet mochilero a las palomas mensajeras: las regulaciones que Sturzenegger elimina con la Ley Hojarasca

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara el envío de la Ley Hojarasca -que elimina cien regulaciones- al Congreso. El Ejecutivo define la agenda legislativa y organiza reuniones con los jefes de bloques aliados.

Vamos a intentar de que Hojarasca se mande a Diputados lo antes posible, nuestro ideal sería esta semana, pero depende de los equipos técnicos”, expresó a TN un funcionario cercano al presidente.

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El proyecto de Sturzenegger propone derogar una serie de normas impulsadas durante los gobiernos militares de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla, junto con el de Isabel Perón. Se trata de regulaciones como la ley 20.802, que fue sancionada en 1974 y establece el marco para el carnet de mochilero.

Determina su uso obligatorio para “todos aquellos que, con fines turísticos, soliciten la colaboración de terceros para desplazarse dentro del territorio del país con los elementos necesarios para acampar”. Se les brinda preferencia para acampar y establece el área de Turismo como autoridad de aplicación.

Javier Milei junto Federico Sturzenegger en su jura como ministro de Desregulación y Transformación del Estado (Foto: prensa Gobierno).

Otra de las leyes que busca eliminar es la 12.913, que regula la actividad de las palomas mensajeras e impulsa la fiscalización y supervisión de los criaderos a través del Ministerio de Defensa. Se las declara de utilidad pública.

Establece además un reglamento sobre las señales de identificación y determina la inscripción de las aves en un registro, de forma que el Ejecutivo pueda hacerles un seguimiento jurídico en caso de que se vendan. Fija una multa de $200 por incumplimientos.

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Javier Milei le pidió a Sturzenegger que lleve a cabo la reforma del Estado, que implica el uso de las facultades administrativas para modificar y eliminar organismos de la administración central o descentralizada.

Es por eso que el ministro trabaja en un decreto para eliminar 60 organismos públicos, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.

El Gobierno prepara reuniones con los bloques aliados para definir la agenda legislativa (Foto: prensa Congreso).
El Gobierno prepara reuniones con los bloques aliados para definir la agenda legislativa (Foto: prensa Congreso).

Quedó a cargo además de la subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, que preside María Reggi. Se trata del áera que impulsa la reducción de los empleados estatales. El Gobierno ya desplazó a más de 23.000 trabajadores bajo la categoría de contratados.

Anunció además el impulso de un examen de ingreso anónimo para los futuros empleados de la función pública. “Permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución de separar la política del empleo público”, expresó en X.

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Avanzó sobre la reforma aerocomercial con decretos reglamentarios del DNU 70/2023, que establece la eliminación de la audiencia pública, la incorporación de un nuevo régimen de autorizaciones de rutas, cambios en el registro de aeronaves y la digitalización de trámites.

Prepara también un proyecto para impulsar un marco normativo que permita el pago de propinas a través de medios electrónicos. Propone la posibilidad de sumar el adicional al ticket de compra.

Federico Sturzenegger, Congreso.

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