En una semana clave para la causa “Chocolate Rigau”, el programa Somos Buenos, por TN, reveló los vínculos con Martín Insaurralde, cuyo escándalo por su viaje en yate por Marbella estalló en el corazón del kirchnerismo bonaerense, en plena campaña electoral. Federico Otermin, que preside la legislatura de la provincia de Buenos Aires, es el candidato de Unión por la Patria para la intendencia de Lomas de Zamora.

En el oficialismo, también hay preocupación por dos hombres cercanos al ahora exfuncionario: el secretario de Seguridad, Jorge Bonino, y el jefe de Gabinete, Martín Choren.

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Somos Buenos reveló también los 48 legajos de los trabajadores de la legislatura, cuyas tarjetas bancarias tenía en su poder Julio “Chocolate” Rigau. Además, que los contratos fueron cambiando de bloques de la Legislatura bonaerense en los que eran empleados, pasando desde el PJ a Cambiemos por todos los partidos políticos.

Juegos, ferias ilegales y la Policía bonaerense son las cajas de oscuras de la provincia de Buenos Aires. Insaurralde tenía mucho peso en el área de los casinos y la paradoja es que el Instituto de Loterías tiene que ocuparse de que lo que se recauda por el juego como obligación vuelva en beneficios a la sociedad, pero también debe prevenir el lavado de dinero.

Los principales referentes del juego de la Provincia fueron invitados al casamiento de Insaurralde con Jésica Cirio. Por eso, cuando viajó a Europa, el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof sabía que el escándalo de la Legislatura bonaerense iba a estallar.

Ahora, tras el polémico viaje a Marbella, el exintendente de Lomas de Zamora está investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En la causa “Chocolate”, este miércoles empezarán a declarar varios testigos en el nuevo proceso penal contra los camaristas Alejandro Villordo y Juan Benavides, que anularon la causa que investigaba una presunta defraudación en la Legislatura bonaerense. Entre ellos, Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico y Javier Iguacel, los otros dos denunciantes que lo acompañan.

La investigación fue iniciada a partir de la denuncia que realizó hace una semana Ricardo López Murphy y que debe impulsar el fiscal Juan Menucci de la UFI° 6 de La Plata.

Cómo avanzó la causa

Según descubrió una investigación del programa, Julio “Chocolate” Rigau vaciaba sueldos de $580.000 con las tarjetas y claves de gente que mayoritariamente dice que era un amigo, un compañero o un gestor filantrópico. La recaudación mensual sumaba un mínimo de $27 millones.

El juez de Garantías Federico Atencio y la fiscal Betina Lacki habían iniciado la investigación y ya le habían tomado declaración testimonial a 16 de los 48 titulares de los plásticos que tenía encima Rigau cuando los jueces Benavides y Villordo decidieron cerrar la causa. El juez Fernando Mateos votó en disidencia para que la causa avanzara, pero perdió la votación.

Por decisión de los jueces Benavides y Villordo, la causa se cerró en tiempo récord y el empleado de la Legislatura bonaerense quedó libre. Consideraron que la Policía no tenía orden de “requisa” para intervenir cuando el puntero del PJ extraía dinero del cajero automático del Banco Provincia, situado en la esquina de 7 y 54, pleno centro de la capital bonaerense.

Poco después, el fiscal de La Plata, Héctor Vogliolo apeló el fallo ante la Cámara de Casación con el principal argumento de que los jueces habrían desconocido la existencia de la flagrancia, una figura que aparece tanto en la Constitución Nacional como en el Código Penal.

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Desde la fiscalía creen que “Chocolate” presentaba rastros -tal como dice en el artículo- que permitían tener razones para pensar que estaba por cometer un delito y fue ese el motivo que provocó tanto el llamado al 911 como su posterior detención.

La Procuración, a cargo de Julio Conte Grand, envió la denuncia a la oficina de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia y en la Justicia penal ordinaria el fiscal Menucci inició la investigación por el desempeño de los camaristas. Además, la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ulises Giménez, recibió un pedido de jury contra de los camaristas.

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