Las prestaciones de salud para las personas con discapacidad sufrirán importantes cambios en materia de gestión en el transcurso del próximo año. Los médicos y terapeutas deberán familiarizarse con una plataforma virtual para cargar las sesiones o consultas que brinden con miras a cobrarlas. Los pacientes
o sus familiares, en tanto, comenzarán a utilizar una app que brindará geolocalización y códigos QR como un mecanismo de seguimiento y control.

La resolución que establece estos cambios fue dictada por la Superintendencia de Servicios de Salud dos días antes de que terminara el gobierno de Alberto Fernández y se estima que empezará a regir en agosto. El objetivo que persigue, según puede leerse en sus fundamentos, es incorporar infraestructura tecnológica para agilizar los procedimientos administrativos, hacerlos más eficientes y transparentes, y mejorar la accesibilidad de los servicios.

En lo concreto, busca terminar, sobre todo, con la sobrefacturación de prestaciones, es decir, que una consulta se facture doble o triple.

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La novedad generó sorpresa e incertidumbre entre prestadores y familias, que se hacen un sinfín de preguntas: ¿Qué ocurrirá con las personas que no manejan bien el celular? ¿Cómo se operará desde lugares que no tienen conectividad o la señal se corta con frecuencia? ¿Cómo se contemplarán las prestaciones que actualmente se brindan fuera de los consultorios? ¿El cambio también contribuirá a solucionar cuestiones de fondo, como los retrasos en los pagos o la actualización de los aranceles que cobran los profesionales?

Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad que el INDEC difundió en 2018, se estima que un 10% de la población argentina posee algún tipo de discapacidad. De ese porcentaje, 1.680.723 personas cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), según un relevamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad del mes pasado.

El CUD es un documento fundamental para que el Estado se haga cargo de una serie de prestaciones asistenciales fijadas y tarifadas en un nomenclador. Cuando una persona recibe una de estas prestaciones a tráves de un profesional de una obra social o prepaga, se activa un mecanismo burocrático que demanda entre sesenta y noventa días entre que la misma sucede y su posterior pago.

Actualmente, cuando una persona recibe una prestación médica, el profesional debe completar una planilla de asistencia. Esa planilla debe ser presentada a la obra social o prepaga con miras a cobrar por esos servicios. A partir de agosto, cada vez que una persona con discapacidad reciba atención médica o terapéutica, deberá previamente generar un código QR en una aplicación llamada Integrapp. Este código será escaneado por el profesional que la atienda evitando, de esta manera, continuar con la planilla de asistencia. La app también contiene un mecanismo de geolocalización que permite corroborar que la sesión se haya llevado a cabo.

En paralelo, los profesionales deberán aprender a gestionar una plataforma digital que apunta a disminuir considerablemente la presentación de informes y certificados en papel que, actualmente, se deben presentar todos los años y que, al ser cargados a la plataforma, estarían disponibles permanentemente.

Pero estos cambios ya empezaron a generar dudas y ciertos temores, muchos de ellos expresados en las redes sociales:

Cada sector DICE:

Coberturas: "Hay muchos abusos. Por ejemplo: que los prestadores facturan servicios que no dan".

Pacientes: "Las coberturas no cumplen lo que la LEY determina".

Médicos y Prestadores: "Las coberturas pagan poco y a 90 días. La situación es insostenible".

— Dani Hacker (@DanielaHacker) December 19, 2023

A Mariana, la normativa la tomó por sorpresa. Brinda servicios terapéuticos en un centro de CABA aunque prefiere mantenerse en el anonimato. “Que yo sepa, jamás consultaron a un prestador para tomar una decisión así. Si lo que la Superintendencia busca es transparentar los servicios, que visite los consultorios y vea cómo se trabaja. Que conozcan a los pacientes porque, muchas veces, les bajan la cantidad de prestaciones a las familias pasándote, por ejemplo, de ocho sesiones por mes a cuatro, sin conocer el caso”, se queja.

La especialista sostiene que el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad está pensado para atención en consultorio y está basado en un modelo médico y rehabilitador que no se condice con el paradigma actual, que promueve la inclusión y la vida en comunidad. “Hoy los chicos necesitan talleres de habilidades sociales o de vida autónoma que implica, por ejemplo, supervisarlos en la calle o en su casa. Nada de esto está nomenclado como tal en el actual sistema de prestaciones pero lo hacemos igual. ¿Qué va a pasar cuando rija la geolocalización con todo esto”, se pregunta Mariana, quien teme que la transparencia vaya en desmedro de la calidad de las prestaciones.

Fuentes de la Superintendencia explicaron a LA NACION que el nuevo sistema apunta a acelerar y transparentar procesos, pero también a garantizar que los servicios se brinden en espacios adecuados para los pacientes. “Hoy eso no ocurre en muchos casos y la persona con discapacidad termina siendo rehén del prestador. Tener toda esta información en línea nos va a permitir, incluso, saber en dónde hay faltante de prestadores”, reconocieron.

El organismo también busca evitar la sobrefacturación de consultas o sesiones que, según reconocieron, es importante, sobre todo, cuando la atención es en consultorio. “La resolución no es persecutoria. Quienes no incurran en irregularidades no van a tener problemas”, aseguran.

Las historias que siguen son reales: a María, el neurólogo de su hijo le dijo que las sesiones que le cubría la obra social eran por diez minutos y que si la consulta demoraba media hora, él le pasaría tres sesiones; aunque la fonoaudióloga de su hija es de cartilla, Marcelo debe pagarle un plus en efectivo cada vez que la lleva.

Valeria Monópoli es abogada especialista en Derechos Humanos y Discapacidad y conoce muchas historias de este estilo. Dice que la sobrefacturación por parte de los especialistas es un secreto a voces así como su justificación: como los aranceles están desactualizados y se cobran, en muchísimos casos, a noventa días, facturar dos sesiones cuando, en rigor, se dio una, es una forma de compensación.

“Está bien que la Superintendencia quiera cortar con estas irregularidades, pero la manera que propone no soluciona los problemas de fondo. Y no me refiero sólo al monto de los aranceles sino también al tipo de prestaciones que están nomencladas, que nunca se actualizaron”, expresa Monópoli, que es mamá de un joven con autismo. “Para todo esto, habría que sentar otros actores a la mesa de discusión, como la Agencia Nacional de Discapacidad”, considera.

En los últimos días, la Superintendencia comenzó a difundir la nueva normativa. Así, por ejemplo, en su perfil de Instagram, el organismo sumó algunos posteos tanto sobre Integrapp como sobre la plataforma para profesionales. En ellos, puede leerse que la novedad busca “despapelizar” las gestiones y que, en caso de ser necesario, la app podrá ser gestionada por una persona de apoyo. En el caso de personas que no manejen celulares, el sistema habilitaría la posibilidad de llevar a las consultas el QR impreso.

Más información

La Superintendencia de Servicios de Salud se ocupa de controlar y regular a las obras sociales nacionales y entidades de medicina prepaga. Para consultas y reclamos se puede llamar al 0800-222-‭72583.

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