El Gobierno buscó marcarle la cancha a los legisladores opositores que tratarán el Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica firmado por Javier Milei, en la previa al tratamiento que tendrá esta semana en el Congreso de la Nación con las sesiones extraordinarias.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, adelantó que esta semana iniciará el proceso legislativo que tiene como objetivo “terminar con 100 años de decadencia” y, en un claro mensaje a la oposición, dijo que el proyecto de ley de reforma del Estado “es parte de lo que los argentinos han votado”.

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“La ley tiene como objeto liberar a los argentinos el peso del Estado que tanto daño nos ha hecho a todos”, señaló Adorni sobre el DNU que cuenta con más de 300 medidas para desregular la economía y que será tratada esta semana en sesiones extraordinarias.

Con respecto al tratamiento que tendrá en el Congreso de la Nación, el vocero del Presidente dijo que “los legisladores van a votar entre acompañar lo que votó la gente o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda en el marco de urgencia que estamos inmersos”.

En esa misma línea, señaló: “En este camino hay muchos argentinos de bien que quieren terminar con la decadencia argentina y otros no quieren cambiar. Cuando uno remite a las marchas y a quienes anuncian protestas, uno entiende quién está del lado del cambio y quién está en defensa de sus propios intereses o se beneficia para mantener su status quo”.

En la previa a la movilización organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este miércoles, Adorni recordó que se mantiene disponible la línea 134 “para aquellos que se sientan extorsionados para movilizarse a las marchas”. “Es una línea anónima donde van a poder anunciar por quién o quiénes están siendo extorsionados”, aclaró.

Con respecto a la movilización de la que también participarán las dos CTA, UTEP y otras organizaciones sociales, señaló: “Estamos observando como evoluciona la organización de las marchas para mañana, todas las medidas de disuasión que hemos tomado para la marcha anterior serán las mismas que se tomen mañana y en otra cualquier marcha”.

“Se va a seguir controlando el tema de la movilidad de quienes participan de la marcha, me refiero a la reglamentación de colectivos y toda la estructura”, adelantó sobre el protocolo “antipiquete” implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El portavoz presidencial también explicó que el Estado comenzó con la auditoría en todos los planes sociales. “Son bastante más de un millón. Es para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan una justificación correcta”, señaló.

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En esa misma línea, agregó: “Saludamos la investigación a cargo del fiscal (Guillermo) Marijuan donde se acreditó la identidad de más de 8000 personas que cobran el plan Potenciar Trabajo, tienen alguna relación laboral con algún ministerio de las diferentes jurisdicciones. 160.000 beneficiarios tenían el plan de manera ilegítima porque se detectaron consumos que no tenían concordancia”.

“Estos 160.000 planes equivalen a cerca de 10 mil millones de pesos mensuales que los argentinos no tienen por qué hacerse cargo de este dinero. Las irregularidades en los planes son múltiples. Hay que esperar el resultado de la auditoría y que no existan más los intermediarios sacándole plata a los beneficiarios”, completó.

Por último, el vocero del Presidente se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que derogó la fórmula actual de movilidad jubilatoria: “No es en contra de los jubilados, sino a favor de evitar que el nivel de inflación termine de despedazar el ingreso a los pasivos. Se va a recomponer esos salarios a través de decreto porque no tenemos fórmula jubilatoria”.

En ese sentido, completó: “La formula jubilatoria tal como la conocíamos, iba a implicar, en el primer trimestre, una pérdida del poder adquisitivo del 40% y no lo podíamos permitir. El jubilado venía perdiendo contra la inflación de manera muy consistente. La idea es terminar con eso, a la espera de un nuevo mecanismo que no dependa de un decreto o de la firma de un funcionario”.