El juez Enrique Lavié Pico, del fuero contencioso administrativo federal, habilitó este jueves la feria judicial para tratar, por separado, distintos amparos presentados contra la totalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno de Javier Milei.

Esto representa un revés para el Ejecutivo, ya que el magistrado además desarmó el amparo colectivo que inició el Observatorio del Derecho a la Ciudad y en el que se sumaban las distintas demandas contra el decreto. Ahora, se abren más posibilidades de que sea declarado inconstitucional.

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El magistrado -que se encuentra de turno en la feria judicial- ordenó que sean remitidas a “las jurisdicciones correspondientes las actuaciones que hubieran sido vinculadas al presente proceso” colectivo. La decisión de Lavié Pico habilita a que los jueces federales de distintas jurisdicciones puedan tramitar y resolver en los casos que se abran contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

En este sentido, el juez consideró que se volvía inoficioso el pedido de inhibitoria del Estado Nacional para acumular las causas en trámite en el fuero laboral al fuero contencioso administrativo federal. Ahora, el Gobierno nacional podría apelar la decisión del juez Lavié Pico para que sea revisada por la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo Federal.

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“El juez Dr. Lavié Pico acaba de habilitarnos la feria judicial y nos desvincula del proceso colectivo. Ahora vamos por la cautelar”, escribió en la red social X el abogado Jorge Rizzo, promotor de uno de los recursos contra el DNU. Y agregó: “Lavié Pico desestimó la inhibitoria del Ejecutivo. Quiere decir que esos amparos continúan en el fuero Laboral. Con esto y el desguace del proceso colectivo se produjo una durísima continuidad de golpes al mentón de los equipos jurídicos del PEN. Viva la República Carajo”.

“La normativa cuestionada modifica leyes que regulan materias muy disímiles entre sí y que tramitarían en diferentes ámbitos judiciales, por lo que podrá, en su caso, examinarse de manera independiente y en relación a cada materia ante los diferentes tribunales en su competencia específica, ya que las decisiones sobre su aplicación y/o validez podrían ser diferentes en cada supuesto y en cada jurisdicción”, expresó el magistrado.

“Es por esta razón que no se puede aseverar -en este caso que los intereses colectivos que la actora asume representar en esta causa- se encuentran en la misma situación o que los mismos resulten homogéneos y menos aún que ante esta instancia judicial puedan examinarse cuestiones vinculadas, en su caso, a la competencia material atribuida por ley a otros tribunales de justicia, en sus respectivas jurisdicciones territoriales”, sentenció el juez.

Se trata de la primera derrota judicial para el Gobierno. El Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación a cargo de Rodolfo Barra, reclamaba que todas las causas contra el DNU pasen a ese expediente colectivo porque allí se analiza el decreto completo. El pedido lo hizo en la causa que la CGT inició en el fuero laboral.