Con el inicio de la audiencia pública por la tarifa del gas este lunes 8 de enero, el Gobierno da el primer paso para intentar regularizar los valores de los servicios públicos, tras años de precios congelados o que aumentaban de acuerdo a la decisión de los funcionarios de las anteriores gestiones kirchneristas.

En esta primera instancia, distribuidoras y transportadoras de gas natural se encuentran analizando junto a los funcionarios del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) sus propuestas sobre aumentos de tarifas que rondarían pedidos mayores al 200%, según pudo saber iProfesional de fuentes del mercado.

Se trata de ajustes que serán mensuales y que se comenzarían a aplicar a partir de febrero o marzo, según adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, en declaraciones periodísticas.

La audiencia de esta jornada será prolongada ya que participarán 124 expositores en representación de compañías, de asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

También se considerarán el tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes;

El tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC) y, por la reversión del Gasoducto Norte. El primero en exponer, a las 9 de la mañana fue el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, a quien le siguió Martín Vauthier, en representación del Ministerio de Economía.

Los servicios públicos podrían aumentar más de un 200%

Sincerar precios 

Si bien los pedidos de subas estimadas serán mayores al 350% el impacto en las tarifas de los usuarios del servicio de gas, por ejemplo, de Metrogas, no superaría el 200%, aunque la última palabra la tendrá Secretaría de Energía, cuyos funcionarios serán los encargados de determinar de manera independiente los ajustes, aunque podrá tener en cuenta las propuestas de los distintos entes.

En concreto, lo que se debatirá forma parte de la estrategia del presidente Javier Milei de «sincerar» los precios de la economía, planchados artificialmente por años de gestiones kirchneristas donde se establecieron congelamientos y cepos que llevaron el costo del gas a precios irrisorios a partir de la aplicación de subsidios tarifarios.

De hecho, solamente el año pasado, el gobierno de Alberto Fernández afrontó, a través de subsidios, el 60% del costo de generación eléctrica y el 67,3% del gas natural

Precisamente, el ministro Caputo sostuvo que el recorte en este sentido será de dos puntos del PBI que representa cerca del 40% del déficit.

Esta estrategia beneficiará a las empresas, ya que les permitirá recomponer sus finanzas a partir de que les ingresará dinero genuino a sus arcas que incidirán en los resultados de los balances anuales.

La idea de las autoridades nacionales es cambiar el esquema que venía funcionando hasta ahora para pasar a subsidiar la demanda en lugar de inyectar fondos en el sector, subsidiando solamente a los sectores de menores recursos.

El nuevo sistema tendrá un fuerte impacto en el bolsillo de los usuarios

Por eso, en la audiencia se debatirán tres precios: el de la generación (lo que cuesta producir la energía); el transporte (el sostenimiento de la infraestructura de las líneas de alta tensión) y el Valor Agregado de Distribución que es precisamente el ingreso que perciben las distribuidoras.

Electricidad, con esquema similar

Luego de definirse el nuevo precio del gas, será el turno de la electricidad, también a partir de dos audiencias públicas convocadas también para este mes.

La primera será el 26 de enero y se debatirá el valor de las tarifas para los usuarios de Edesur y Edenor y tres días después, el 29 de enero, se pondrá en discusión el valor del transporte de energía, que impactará en todo el país.

En este caso, desde las empresas anticipan que los pedidos de incrementos rondarán también el 350%, porcentaje que impactará en una suba del 40% en las tarifas de los usuarios de las empresas distribuidoras.

En este sentido, el mecanismo es similar al del gas ya que las autoridades libertarias van a definir los precios de generación y transporte para todo el país, y el VAD en el área correspondiente a la Nación, ya que en el resto del país es definido por cada provincia.

En la actualidad, se aplica el mecanismo heredado de la gestión kirchnerista de segmentar los precios de las tarifas según el nivel socioeconómico de los usuarios.

Desde las empresas eléctricas anticipan que los pedidos de incrementos rondarán también el 350% 

Los que se encuentran en el nivel más alto o renunciaron voluntariamente al beneficio ya no reciben subsidios, mientras que el resto de la población se divide en dos grupos y, según su condición económica y reciben un mayor o menor porcentaje de subsidios.

Está claro que tanto en la electricidad como en el gas, las tarifas se encuentran muy retrasadas con relación a los valores reales, teniendo en cuenta el proceso inflacionario que sufre la Argentina desde hace ya una década; el congelamiento dispuesto por el kircnerismo y la incesante suba de costos que las empresas deben afrontar todos los meses sin poder retocar sus ingresos.

Es más, solamente en el 2023 hubo un abaratamiento brutal de las tarifas, debido a la decisión del Gobierno de suspender los aumentos a partir de abril, la devaluación del dólar y la inflación.

Con este marco de fondo, el 19 de diciembre el Gobierno dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar la «emergencia del sector energético nacional» hasta el 31 de diciembre próximo.

El objetivo es «establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios».

La medida además cuestiona la política que vino aplicando el kirchnerismo al identificar «la ausencia de un esquema tarifario que brinde señales para un consumo eficiente y racional de energía para los distintos segmentos y tipos de usuario».

La medida mantiene la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Enargas, los organismos encargados de la realización de las audiencias públicas, la definición de los cuadros tarifarios y el control de las empresas prestadoras.

Además, el decreto convoca a la realización de una Revisión Tarifaria Integral (RTI) para los servicios de luz y gas, que deberá completarse antes de fines de 2024.