La justicia sostuvo que el Polo Obrero dio origen a una “organización criminal”, de carácter “estable y permanente”, montada en base a una división de roles y con alcance nacional, la que fue sostenida al menos desde junio de 2020 hasta marzo de 2024. En ese lapso hubo un desvío de más de 300 millones de pesos que correspondían al plan Potenciar Trabajo. En su pedido de elevación a juicio de varios referentes de la agrupación por extorsiones, coacción y fraude al Estado, el fiscal Gerardo Pollicita explicó cómo los dirigentes sociales usaron para beneficio personal el dinero público.

“Esta organización tenía como finalidad cometer múltiples delitos en perjuicio de las personas en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica y del Estado Nacional, con el fin de obtener un lucro indebido y el poder intrínseco derivado del manejo de miles de individuos”, escribió en un extenso dictamen el fiscal Pollicita.

A la cabeza de dicha estructura criminal se encuentra Eduardo Belliboni, como organizador junto a referentes nacionales como Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. Después, como miembros en el ámbito territorial de esta ciudad, se acusó a los referentes María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.

Esta organización implementó un esquema de “extorsiones y amenazas coactivas con el fin de controlar y manejar —en lo que públicamente se ha denominado “gerenciamiento”— a miles de personas a lo largo y ancho del país”.

La maniobra garantizaba, remarcó Pollicita, “el poder de dirigirlas a su voluntad y sustraerles una parte del dinero que aquellos recibían del Estado como ayuda social, para lo cual corrompieron las facultades que le habían sido asignadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo”.

Se trata de una nómina de 83.530 personas y los documentos incorporados al expediente,“revelaron que a todos ellos les sustraían parte del plan, lo que les permitió obtener importantes sumas de dinero”.

La recaudación esperada solamente entre agosto de 2023 y febrero de 2024 era mayor a 313 millones de pesos.

La investigación a cargo del juzgado de Sebastián Casanello y el fiscal Pollicita, expuso un esquema de sustracción de fondos a través de lo que el Polo Obrero llamaba las “cápitas”. Es uno de los eslabones del fraude ocasionado al Estado Nacional “mediante la facturación apócrifa”.

En simultáneo, el Ministerio Público Fiscal describió, un mecanismo mediante el cual “obligaron a miles de personas en todo el país a movilizarse en las actividades a las que convocaban, lo que se erigió como la principal fuente de poder para los acusados”.

El Polo Obrero -sostiene el dictamen- firmó tres acuerdos en junio de 2020, 2021 y 2022 y los subsidios se concretaron en cuatro pagos a través de transferencias bancarias. La primera fue de 75 millones de pesos, la segunda de 37,5 millones de pesos, le siguió otra -ya en 2022- de 36,2 millones y en enero de 2023, un último pago de 37,5 millones de pesos.

La Cooperativa de Trabajo El Resplandor firmó dos acuerdos en junio de 2021 y diciembre de 2022. Fueron tres los desembolsos que se hicieron a favor de dicha organización: dos de 37,5 millones de pesos y el último en enero de 2023, por 99.900.000 pesos.

Hay más números. Cuando procesó a Belliboni y los demás acusados, el juzgado señaló que entre junio de 2020 y diciembre de 2022 el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor manejaron 361 millones de pesos en concepto de subsidio institucional.

El juez federal determinó que el dinero que no respondía a los gastos volcados en las facturas “truchas”, se habría utilizado para sostener y financiar la actividad partidaria del Polo Obrero.

La fiscalía de Pollicita sostuvo que se empleaban facturas truchas y se simulaban gastos no concretados –al menos a través de las firmas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Coxtex SA-, «para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

Se determinó que Cotex no tenía sede comercial y ni actividad real. La AFIP la definió como una “usina de facturas apócrifas”. En el marco del expediente que tramita en el juzgado de Casanello, se detectaron dos facturas por 5,1 millones de pesos.

En cuanto a la imprenta Rumbos, sin sede comercial, se detectaron 179 facturas por 31 millones de pesos.

La ruta de esos fondos no acababa allí. “El fin por el cual actuaron los imputados fue destinar el lucro indebido obtenido a través de las fuentes ilícitas al beneficio particular, tanto en provecho propio de los integrantes de la organización como en el financiamiento de su actividad político-partidaria”, explicó la fiscalía en su dictamen.

Los registros secuestrados en la sede del Polo Obrero y otros elementos de prueba recabados permitieron a los investigadores acreditar que los acusados “utilizaban los fondos ilícitos obtenidos para solventar gastos personales, cobrarse una suma fija de dinero mensual (que era registrado como “sueldo” o “renta”), percibir ingresos extraordinarios (bajo el concepto de “bono” y/o “aguinaldo”).

Junto a todo ello, la fiscalía también determinó que en algunos casos, los dirigentes sociales, “se apropiaron de alimentos o fondos de la asamblea”.

Con esas pruebas, Pollicita concluyó que Eduardo Belliboni “utilizaba el dinero ilícito para su propio beneficio”.

A modo de ejemplo, se mostraron documentos que dan cuenta de una contabilidad paralela, “de las que se desprenden gastos como “nafta Chiquito”, “VISA Chiquito”, “estacionamiento y peaje Chiquito”, “viáticos Chiquito”, “farmacia Chiquito”; entre otros. «Chiquito» es el apodo de Belliboni.

El fiscal también estableció que el dirigente «disponía de un automóvil del Polo Obrero para su uso personal”.

A su vez, “la organización instauró una especie de ‘salario’ o ‘contraprestación’ para beneficio de los propios imputados, que se nutría tanto de las “cápitas” extraídas extorsivamente a las víctimas como de fondos del Estado Nacional y hasta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Entre los elementos de prueba citados que dan sustento a dicha acusación, se citó un mensaje del celular de Gianna Puppo enviado por ella el 26 de diciembre de 2023, titulado “liquidación de sueldos CABA septiembre” que muestra que varios de los acusados cobraban fondos mensuales de Potenciar Trabajo: —“Nexo doble”—, de “Veredas” —en clara alusión al programa Veredas Limpias— y de “Caja CABA” —lo que, como hemos visto, obedece a la recaudación de cápitas de la “regional CABA”—.

Para justificar esos desvíos también se usaban las «usinas de facturas truchas» como Ediciones e Impresiones Rumbos. En los allanamientos se dio con un listado de nombres, un número de CBU, el monto “a cobrar” por cada uno de ellos y, al final de todo, una columna que reza “a pagar por Rumbos”.

Estas sumas de dinero se asignaban los integrantes del Polo Obrero, de carácter mensual, y que según la documentación a veces, eran calificados como “renta” y, en el caso de Eduardo Belliboni “era de 522.500 pesos en marzo de 2024 —equivalentes a USD 585, a la cotización oficial de entonces (892)”, se detalló.

El sistema también preveía la asignación de pagos extraordinarios, como “bonos” y “aguinaldos” «a Belliboni, Cantero y Palma”, reveló la fiscalía.

Algo similar ocurría con parte del dinero del Programa Veredas Limpias porteño, que el Polo Obrero cobraba a través de la Cooperativa de Trabajo El Resplandor. Ese dato explica, a criterio del Ministerio Público Fiscal, la “inclusión del concepto de ‘veredas’ dentro de las diversas fuentes de ingreso de cada uno de los acusados, en la “liquidación de sueldos”.